Honduras adoptó el martes medidas que endurecen las condiciones carcelarias, al estilo de las que ha impuesto el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, como parte de una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico. En Honduras operan pandillas como Barrio 18 y sus archienemigos de la Mara Salvatrucha, a las que se relaciona con el narcotráfico y la alta tasa de homicidios en el país (24 por cada 100.000 habitantes), cuatro veces más que el promedio global.

Las restricciones penitenciarias aprobadas por el Congreso, por solicitud del gobierno derechista del presidente Nasry Asfura, se suman a la declaratoria del viernes pasado como organizaciones terroristas de varios grupos criminales, incluidas las pandillas. Las disposiciones apuntan al aislamiento de los presos de alta peligrosidad y a eliminar las medidas sustitutivas de cárcel para presuntos miembros de esas organizaciones criminales.

El paquete modifica el Código Procesal Penal y establece que los supuestos miembros de esas estructuras serán enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura. También ordena que los prisioneros de esos grupos delincuenciales solo tendrán derecho a una hora de sol y patio, ya sea de forma individual o en grupos reducidos de no más de dos personas.

Asimismo, contempla crear juzgados especializados para conocer exclusivamente casos relacionados con integrantes de esos grupos.

Estas disposiciones se aprueban el mismo día en que el Escudo de las Américas, la alianza regional antidrogas liderada por Washington, anunció un pacto para combatir a una veintena de grupos criminales en la región.

La guerra antipandillas de Bukele, que redujo los homicidios a mínimos históricos, se desarrolla bajo un régimen de excepción que ha llevado a la cárcel, desde 2022, a unas 92.000 personas sin orden judicial.

Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, asumió en enero su mandato con el objetivo principal de reducir la criminalidad.

Fuente: AFP.

El exdiputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Edgar Acosta, afirmó que el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, no tiene “ni una posibilidad” electoral de cara a los comicios presidenciales del 2028. Aseguró que es un actor importante, pero que no reúne los requisitos para liderar una chapa presidencial.

“Yo tengo mediciones donde participo con amigos, y cuando uno está también en el sector privado, me di cuenta que las mediciones no solamente hacemos los políticos. Las mediciones hacen los sectores económicos, financieros y otros son los que analizan candidaturas”, señaló a la 1020 AM.

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En este punto, garantizó: “Ricardo no tiene una sola posibilidad”, al aludir al perfil del jefe departamental liberal. “Y eso tiene que entender porque de lo contrario caemos en una situación de generar una expectativa, primero desde el punto de vista de lo que significa que la sociedad le conozca, un porcentaje ínfimo y nadie te vota si no te conoce”, subrayó.

El político liberal consideró además “fundamental” que Estigarribia tiene que aclarar las dudas que se generan en cuanto a su honorabilidad. “Si vos querés aparentar, parecer, tenés que ser diferente. Y por otro lado también yo espero siempre de mi candidato una posibilidad de debate, una cuestión de intelectualidad, algo fuerte”, remarcó.

El exparlamentario insistió que Ricardo Estigarribia “no reúne los requisitos” aunque manifestó que sería una necedad no reconocer que es un actor importante al ser el gobernador del departamento Central.

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El Banco Central de Brasil redujo el miércoles su tasa de interés de referencia por quinta vez consecutiva, a tres semanas de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección. La tasa Selic, una de las más altas del mundo, bajó de 14 % a 13,75 %, informó el Comité de Política Monetaria (Copom) en un comunicado.

El recorte era ampliamente esperado por más de un centenar de instituciones financieras y consultoras sondeadas por el diario Valor Económico. La decisión del Copom ocurre a contracorriente de la tomada el miércoles por la Reserva Federal de Estados Unidos de subir 0,25 puntos sus tasas de interés para contener la inflación, algo que no hacía desde mediados de 2023 y que la Casa Blanca calificó de “desafortunado”.

El Banco Central brasileño retomó en marzo un ciclo de recortes tras casi dos años con tasas elevadas. Sin embargo, se ha mantenido cauteloso ante un “entorno externo” que calificó de “incierto”, por la indefinición de los conflictos armados en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la política monetaria de las economías avanzadas.

En el plano interno, el organismo advirtió que persisten riesgos “más elevados que lo usual” para la inflación, con tendencia al alza. La inflación se desaceleró en los últimos meses, situándose por debajo del techo de la meta oficial, de 4,5 %. Sin embargo, las expectativas de inflación para 2026, según la encuesta Focus del Banco Central, siguen por encima de la meta oficial, en 4,9 %.

El costo de vida es una de las principales preocupaciones del electorado brasileño y ocupa un lugar central en la campaña presidencial. Lula se medirá el 4 de octubre con el derechista Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro. Desde su regreso al poder en 2023, el izquierdista presiona por una reducción de la Selic para estimular la economía del gigante sudamericano.

Las tasas altas encarecen el crédito y desestimulan el consumo, lo que reduce la presión sobre los precios, pero también la inversión. El martes, Lula cuestionó la autonomía del Banco Central y abogó porque la figura del presidente tenga poder de intervenir en determinados momentos en la economía.

“Alguien pensaba que un Banco Central independiente iba a resolver el problema del mundo. No lo resuelve”, dijo en una entrevista con la televisora Record. Según las encuestas, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta. La próxima reunión del Copom está prevista para después de los comicios de octubre.

Fuente: AFP.

La policía brasileña realizó el jueves un vasto operativo por el presunto desvío de recursos públicos hacia la productora de un biopic sobre el exmandatario Jair Bolsonaro, una cinta envuelta en investigaciones que afectan la campaña presidencial de su hijo Flávio. La operación puso el foco en el campo conservador de cara a las elecciones de octubre, mientras una crisis inédita entre jueces en la corte suprema preocupa al gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección.

Lula y Flávio Bolsonaro están empatados en las encuestas para una probable segunda vuelta, por lo que se prevé una lucha ajustadísima. El diputado bolsonarista Mario Frias, del Partido Liberal, y la productora audiovisual Karina Gama están entre los blancos de la operación del jueves, según una decisión judicial consultada por la AFP.

Gama es titular de Go Up Entertainment, productora de “Dark Horse”, protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel en la piel del ultraderechista Jair Bolsonaro. Frias es productor ejecutivo de la película que aún no se estrena. A ambos se les prohibió salir del país y la policía incautó siete armas de fuego a Frías, dijo una fuente de la Policía Federal (PF) a la AFP.

La operación indaga sobre un “supuesto desvío de recursos públicos provenientes de enmiendas parlamentarias” por “centenas de millones de reales” (millones de dólares), informó una nota policial.

Las enmiendas son un instrumento para que legisladores destinen discrecionalmente recursos a proyectos de interés público.

Go UP Entertainment fue uno de los 49 blancos de allanamiento e incautación ejecutados el jueves.

Se indaga si recursos asociados a contratos públicos con el instituto sin fines de lucro Conhecer Brasil, presidido por Karina Gama, “posteriormente fueron direccionados” a Go Up Entertainment, según la decisión judicial.

Flávio Bolsonaro afirmó en un acto de campaña que la operación es un “intento de interferencia política”.

El juez del supremo que autorizó la operación es Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula.

“Dark Horse” quedó en la mira luego de que Flávio Bolsonaro reconociera en mayo haber pedido giros millonarios al banquero Daniel Vorcaro - hoy preso - para supuestamente pagar la película.

La policía indaga si aquellos fondos se usaron en realidad para financiar a otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y con una condena en Brasil por coacción a la justicia.

La operación del jueves corre en paralelo a esta otra investigación.

Por su lado, el campo de Lula muestra preocupación por el eventual impacto en la contienda electoral de la crisis desatada en el supremo, a raíz precisamente del caso Vorcaro, detenido por fraude financiero.

Exministro de Jair Bolsonaro, el juez André Mendonça pidió investigar mensajes del banquero a un número atribuido a su colega Alexandre de Moraes, en los que pedía ayuda para eludir la investigación que luego llevó a su arresto y la liquidación de su banco Master.

Moraes condujo en 2025 el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro por golpismo.

La crisis en el supremo puso a la campaña de Lula a la “defensiva”, dijo una fuente del gobierno bajo el anonimato.

Aunque la fuente atribuyó el momento “delicado” a hechos que no tienen “nada que ver” con Lula, señaló que resultan difíciles de explicar a un electorado que asocia a Moraes al antibolsonarismo.

Dijo confiar en que aún falta correr “mucha agua bajo el puente” hasta las elecciones del 4 de octubre. El Partido de los Trabajadores de Lula mantuvo el jueves una reunión de su dirigencia en la que se trató del impacto electoral de la polémica, dijo una fuente petista a la AFP.

Fuente: AFP.