La derechista Laura Fernández asumió ayer viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América. En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.

Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico. “Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado”, dijo, al señalar como inaceptable que “el narcotráfico encuentre grietas” en el sistema democrático costarricense.

Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador. “Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”, manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad. Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. “Ya no más alcahueterías”, subrayó.

Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado “gobierno de la continuidad”. Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.

“La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar”, dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.

Opositores y analistas consideran que su proyecto apunta a una hegemonía similar a la de Bukele, quien acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas, criticada por grupos de derechos humanos.

“Vamos a revisar nuestra institucionalidad (...) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría”, aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.

Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá “una diarquía (gobierno compartido)” y riesgo de una “concentración de poder” en un expresidente “con tentaciones autoritarias”.

Constantino Urcuyo, doctor en sociología política de La Sorbona, cree que el “modelo Bukele no tiene cabida en Costa Rica”, pese al giro a la derecha y rasgos de “autoritarismo” en el gobierno saliente.

Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.

Al ser nombrado ministro de la Presidencia y de Hacienda, mantendrá inmunidad frente a investigaciones que lo señalan de corrupción y de hacer campaña a favor de Fernández, lo cual tenía prohibido por ley.

Aliada, como Chaves, de Donald Trump, la segunda mujer en gobernar Costa Rica afianza a la derecha en Latinoamérica, tras recientes triunfos en Chile, Bolivia y Honduras. En su giro a la derecha, Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos, acepta 100 deportados mensuales desde Estados Unidos y se adhirió al Escudo de las Américas, una alianza antidrogas continental liderada por Kristi Noem.

A la investidura asistieron el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, Noem, el rey Felipe VI y los presidentes de Israel, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala y Dominicana. Bukele se ausentó.

Washington ha retirado visas a críticos al gobierno y hace poco a los directivos del principal periódico costarricense, La Nación, al que Chaves llama “prensa canalla”.

Costa Rica retrocedió en libertad de prensa y derechos sexuales, según oenegés humanitarias.

Hija de agricultores, católica y madre de una niña pequeña, Fernández se considera “liberal en lo económico y conservadora en lo social”. Eligió llamarse presidente, sin “a”. Aunque la pobreza bajó del 23% al 15% en cuatro años, Costa Rica es el sexto país latinoamericano más desigual y el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que trabaja más -tras México-, pero cuyos empleados ganan menos.

Fuente: AFP.

La justicia de El Salvador inició ayer lunes un juicio contra unos 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla. Entre miles de crímenes, según la Fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su “guerra” contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos.

La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los 486 cabecillas se le atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre estos 29.000 homicidios. “Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años”, afirmó el fiscal.

Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre ellos están miembros de la “ranfla” (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores. La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus dos facciones-, consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80 % del territorio nacional, según Bukele.

Al grupo “además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo”, lo que atenta contra “la soberanía nacional”, según un comunicado de la Fiscalía General. Esta es la “primera vez” que se realiza un juicio masivo “contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes”, añadió.

Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.

Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, se dedicaban a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200.000 personas, tomando en cuenta a unos 80.000 reportados como desaparecidos.

La Fiscalía dijo tener “abundantes pruebas para pedir las penas máximas”, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y “terroristas”, según una reforma legal recientemente aprobada.

En la instalación ayer lunes de la llamada “audiencia única abierta”, el juzgador -no identificado- mencionó que estos grupos perturbaron por décadas “la paz” y la “seguridad del Estado”, por lo que serán juzgados “con todo el peso de la ley”, según el centro de juzgados.

El caso “revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido”, agregó.

Oenegés de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han criticado los juicios masivos por el riesgo de que sean condenados inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haber eliminado la audiencia de valoración de pruebas, según reformas legales.

Según el fiscal que no se identificó, en esta audiencia comparecen de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. El fiscal señaló que esperan terminar “pronto” el juicio, sin precisar fechas.

Fuente: AFP.

• Fotos: Gentileza

El Costa Rica Fashion Week 2026 (CRFW) Forever Green, uno de los escenarios más destacados de la moda sostenible en el mundo, contó por primera vez con la participación de marcas paraguayas que llevaron al ámbito internacional una propuesta que conjugó trabajo artesanal, diseño contemporáneo e identidad cultural.

Maura Marti, para su sello del mismo nombre; Guadalupe Quiñones, para Morena Toro; y Antonella Scavone, para Toni Gie Joyería Contemporánea tomaron parte con gran éxito y repercusión en una exposición permanente así como en un desfile, en el marco del evento.

Consolidando una propuesta que trasciende la moda para posicionar a la artesanía como un lenguaje vivo de identidad cultural, las diseñadoras paraguayas ofrecieron una puesta en escena que reunió piezas únicas que reflejan la riqueza de técnicas ancestrales, el respeto por los materiales y el valor del trabajo hecho a mano. Exhibieron creaciones en cuero, textiles tradicionales y filigrana.

Desde sus distintas miradas, lograron poner en valor el vínculo entre diseño contemporáneo y saberes tradicionales. Cada colección evidenció no solo calidad estética, sino también el profundo arraigo cultural que las sustenta, integrando historias, territorios y comunidades que mantienen viva la tradición artesanal.

En un escenario internacional caracterizado por la constante renovación de tendencias, Paraguay ofreció una mirada auténtica, reafirmando que la innovación también puede surgir desde lo propio, desde el origen y desde el tiempo dedicado a cada proceso creativo.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el realce musical del arpa paraguaya, interpretada por el artista Nicolás Carter, cuya ejecución aportó una atmósfera emotiva y profundamente identitaria, acompañando la pasarela con un sello sonoro distintivo del Paraguay.

La presencia de nuestro país en este importante evento fue posible gracias al trabajo articulado entre la Embajada de Paraguay en Costa Rica y el Instituto Paraguayo de Artesanía ( IPA), reafirmando el compromiso institucional con la promoción de la cultura y el posicionamiento internacional de la artesanía nacional.

Asimismo, el objetivo fue impulsar la proyección del talento nacional y fortalecer los lazos culturales a través de la moda como lenguaje universal.

En efecto, la participación paraguaya no solo visibilizó el talento de sus artesanos y diseñadores, sino que además instaló una reflexión clave dentro de la industria: la necesidad de valorar el componente cultural, la trazabilidad y el trabajo humano como pilares fundamentales de una moda con identidad y propósito.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer jueves la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas” en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” antipandillas que cumple cuatro años. Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, consigna parte del texto de la reforma a la Ley Penal Juvenil que forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen propuesta por Bukele.

La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos, pero contempla “revisiones periódicas” de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir “libertad controlada”. A propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de marzo la prisión perpetua después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en lucha contra la delincuencia.

“Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional” por lo que “la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, precisa el texto de la reforma que ayer jueves contó con 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

El diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo que “miles” de salvadoreños “sin vinculo de pandillas” siguen “esperando un juicio justo” y lamentó que “gente buena esté pagando por algo que no hizo”.

También el parlamento aprobó reformas al Código Penal en las que establece que juzgados de lo Criminal tendrán “competencia exclusiva” en los procesos “contra adultos y menores de edad” que cometan delitos sancionados con prisión perpetua.

Los mismos tribunales realizarán la “revisión obligatoria” de la pena perpetua y podrán otorgar un “régimen de libertad controlada” en el caso delitos de menores de edad que hayan cumplido 25 años de prisión, y en los adultos la revisión será cuando hayan purgado entre 30 y 40 años.

La legislación salvadoreña tenía como condena máxima 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia por buena conducta o por trabajos para la comunidad.

Este mismo jueves el parlamento con 57 votos prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial justo cuando el viernes se cumplen cuatro años de esa medida que ampara la guerra antipandillas. A la fecha, según fuentes oficiales, fueron detenidos 91.650 presuntos pandilleros. Unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Según oenegés de derechos humanos muchos inocentes permanecen tras las rejas.

Fuente: AFP.