El expresidente de Bolivia, quien entregó el poder el 8 de noviembre tras finalizar su gobierno, fue detenido este miércoles 10 de diciembre, supuestamente por corrupción. Se lo acusa de irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a un programa del llamado Fondo Indígena, durante su época como ministro de Economía.

Según las autoridades judiciales se le imputa haber autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, cuando esos recursos deberían haber sido destinados a proyectos de apoyo a comunidades indígenas.

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Según diversos medios, la detención generó denuncias de su entorno. Por ejemplo, la exfuncionaria de su gobierno, María Nela Prada, declaró que la detención fue arbitraria y la calificó de “secuestro ilegal”.

En un corto video publicado por Nela en redes sociales, el medio RT informó que Arce fue “secuestrado de manera totalmente ilegal” en la zona de Sopocachi, un barrio ubicado al oeste de La Paz.

“De forma extraoficial, indicó que fue conducido a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz. Luego le confinaron al local Grupo Fides que efectivamente está allí para brindar declaraciones“, indicaron.

Repercusiones

A Luis Arce se lo acusa penalmente por presunto desfalco o malversación de fondos públicos. Su detención abre un proceso judicial —por ahora bajo investigación— que podría derivar en cargos formales, medidas cautelares, y eventualmente juicio. Agregaron que la situación podría tener repercusiones políticas ya que afecta al legado del gobierno saliente y al partido al que él pertenece.

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El mandato presidencial de Arce había finalizado hace pocos días y su detención ocurre en un momento de transición de gobierno, tras las elecciones que dieron paso a una nueva administración.

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