Tras el ataque que dejó dos policías y un civil fallecidos en Canindeyú, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Estado responderá con firmeza para identificar y capturar a los responsables. Señaló que las investigaciones avanzan bajo dos líneas principales, un posible accionar del EPP o de organizaciones del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa que brindó desde su despacho, lamentó la pérdida de dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil, durante el ataque al puesto policial n.º 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. Señaló que la institución se encuentra de luto ante este terrible atentado. Además, aseguró que ya están brindando toda la contención necesaria a los familiares de los fallecidos.

Confirmó que pasado las 23:15 se registró este ataque cobarde y cruel contra esta subcomisaría un grupo de personas que contaban con mayor poder de fuego, sin necesidad de búsqueda de interés económico.

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“Esto fue un ataque al Estado paraguayo y será respondido con la misma fuerza y con todo el peso del Estado y de la ley, porque este hecho no quedará impune. Lastimosamente existen este tipo de incidentes, pero ya se encuentra en el lugar el comandante de la Policía Nacional, anoche hablé con el ministro de Defensa y se le informó de inmediato al presidente de la República que nos dio todo el respaldo y vamos detrás de ellos”, enfatizó.

Informó que se activó en el lugar un inmediato rastrillaje, con apoyo de las Fuerzas Militares junto a lo mejor que se tiene en la Policía Nacional; además de llevar adelante una inspección en el lugar del atentado con el equipo de Criminalística, forenses, para un análisis de los casquillos, tomando las declaraciones del sobreviviente herido y del que logró escapar para obtener todos los datos sobre lo sucedido.

“Todavía no queremos calificar quiénes fueron los responsables del ataque, por razones de investigaciones en curso y porque también tenemos que cerrar algunos elementos que se está investigando en el terreno. Las dos hipótesis que se está manejando como posibilidad es que uno podría ser miembros del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo)”, remarcó.

Enfatizó que es una posibilidad no confirmada aún, aunque existe algunos elementos que señala a este grupo criminal, como uso de artefactos explosivos “molotov”, que ha sido un cobarde sistema para incendiar comisarías y una patrullera. La segunda cuestión que se analiza es que este grupo de atacantes llegaron a pie, ya que hasta este momento no se identificó ningún vehículo que haya transportado a estas personas.

Como terceros elementos que está siendo evaluado es que aparentemente estas personas estaban uniformadas. “No podemos hablar todavía si se trataba de uniformes camuflados. Por de pronto esperaremos a que se analicen los casquillos encontrados, las balas que fueron extraídos de los cuerpos de las víctimas, y con eso probablemente se tenga un panorama más claro”, indicó.

Mencionó igualmente, que la otra hipótesis que se maneja claro está dirigida hacia el crimen organizado; sabiendo que en el departamento de Canindeyú se han llevado a cabo fuertes golpes al crimen organizado y narcotráfico, teniendo en cuenta que recientemente cayó en la zona 9 toneladas de drogas, en un operativo conjunto y coordinado con la Prefectura Naval, las fuerzas de la Policía Nacional.

Indicó además que recientemente se llevaron a cabo intervenciones en campamentos, además de otros allanamientos que se realizaron a propiedades privadas, además de que se detuvieron a líderes que están instrumentados con el crimen organizado.

“Hace rato que estamos viniendo en una confrontación diaria y en este caso particular, lastimosamente nos tocó a nosotros. Es un mensaje que se ha dejado, y a lo mejor faltaría para saber si se trata de uno u otro grupo es el famoso panfleto que comunica algo. Pero atacar a una institución del Estado no va a quedar impune, vamos a responder con la misma fuerza y los pondremos a disposición de la Justicia y no vamos a descansar hasta que los agarremos”, remarcó.

Por otra parte, el ministro Riera reconoció que el desafío para los dos años que resta de este Gobierno, será invertir en mejorar las infraestructuras. Resaltó que si bien, cuando arrancó el proceso de transformación y mejoramiento de la Policía Nacional, lo que se priorizó fue la movilidad y comunicación, por eso las primeras inversiones fue la adquisición de 600 patrulleras nuevas y 2800 radios, 1500 motocicletas, se triplicó el número de Lince, además de la compra de chalecos antibalas.

“Nuestra deuda con la Policía Nacional y la ciudadanía es fortalecer nuestra infraestructura, hay 1200 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Este fue un puesto policial de menor rango, de los más chicos. Hay un esfuerzo y desafío para invertir en infraestructura en los próximos dos años. Además, al incorporar 15 mil policías más se complica más, ya que no se puede construir una comisaría como la que estaba, sino que se debe hacer mucho más grande”, acotó.

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“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.

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La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.

El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.

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La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.

La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

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El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.

Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.

Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.

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Un sismo de magnitud 5,1 que se registro ayer sábado en una región andina de Perú dejó cinco personas fallecidas y 21 heridos, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

“Lo que tenemos hasta ahora son 5 fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados (confirmados, ndlr) por el Ministerio de Salud”, dijo el jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, a la radio Exitosa.

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El movimiento sísmico ocurrió a las 21:24 locales (02:24 GMT) a una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 km al este de Lima en la región de Junín, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Por lo alejado del lugar los primeros reportes preliminares no informaban de fallecidos. “El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado”, dijo un poblador de Chongos Bajo al canal N de televisión.

Según explicó Vásquez, la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades. “Tenemos 48 viviendas destruidas y 300 damnificados que también han sido atendidos por el gobierno regional, que se les ha llevado carpas y frazadas”, indicó el funcionario.

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Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática. En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú se producen al menos 400 sismos de una magnitud de 4,0 grados, de los cuales un centenar son perceptibles por la población

Fuente: AFP