Al menos 14 personas se encuentran desaparecidas luego de las dos explosiones en un recinto militar de Bolivia que dejaron dos muertos y más de 80 heridos, según un nuevo balance difundido este sábado por el ministerio de Defensa.

Los estallidos se produjeron la tarde del viernes en el Regimiento Bolívar de la localidad de Viacha, a 30 kilómetros al suroeste de La Paz. Los decesos y heridos fueron confirmados la noche del viernes por el ministerio de Defensa y este sábado un jefe militar dio la lista actualizada de personas que falta por hallar.

“Catorce uniformados que se encontraban en el sector afectado por las dos explosiones registradas en el centro militar de Viacha no fueron localizados hasta el momento”, señaló en un comunicado el coronel Antonio Amaru, comandante del recinto Bolívar.

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Un primer reporte del gobierno sobre personas desaparecidas mencionó el número de siete y ahora fijó en 14. Se trata de un sargento, funcionario de las Fuerzas Armadas, y 13 conscriptos de 18 y 19 años que realizan un año de servicio militar, obligatorio en Bolivia.

Este sábado aún se observan paredes destruidas de la guarnición militar. También escombros en las calles, postes metálicos de luz doblados, árboles derribados, casas de ventanas con vidrios rotos y familiares que aún esperan una versión oficial de cuál es la situación de los desaparecidos, observó un fotógrafo de la AFP.

El coronel Amaru señaló que “las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en el área afectada”. Aún se investigan las causas del incidente.

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en un informe del viernes confirmó las dos explosiones. La primera habría involucrado “pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar” y luego la segunda “de mucho mayor magnitud” con elementos que se indagan.

La policía de Bomberos señaló que el incidente fue controlado. El alcalde de Viacha Jenrry Patzi se quejó con sollozos de que en su municipio de unos 114 mil habitantes “no hay un pinche (simple) hospital de segundo nivel para dar soporte a esto”.

Fuente: AFP

Dos fuertes explosiones en una dependencia militar de Bolivia donde se guardaba material pirotécnico dejaron ayer viernes al menos dos personas muertas y 81 heridas en una ciudad al sur de La Paz, según un balance del Ministerio de Defensa.

Las dos detonaciones, la segunda la más dañina, ocurrieron alrededor de las 14:30 locales (18:30 GMT) en Viacha, a 30 km de la sede de gobierno. Viviendas con ventanas rotas, escombros volando por los aires y una densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad: las imágenes quedaron grabadas en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

En los alrededores del recinto militar decenas de policías cerraron el paso a los transeúntes y a la prensa, constató un colaborador de la AFP. “Hasta este momento tenemos dos personas fallecidas confirmadas y siete personas reportadas como desaparecidas”, dijo Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, en conferencia con los medios.

Los muertos y los desaparecidos son militares que sirven en la instalación, confirmó la institución en un comunicado posterior. “Tenemos además 81 personas reportadas heridas, dos de ellas en estado de gravedad”, agregó Justiniano.

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Un informe anterior de la policía daba cuenta de dos muertos, siete desaparecidos y 59 heridos. Vecinos de la zona fueron evacuados a un albergue temporal. Según el ministro, “todavía no es prudente” que vuelvan a sus hogares, pues “existen viviendas afectadas por la onda expansiva”.

En la zona afectada se interrumpió el suministro de luz. En las próximas horas se continuarán trabajos para remover los escombros, informó a la prensa el coronel Roger Roca, vocero de la policía. “Se tiene controlado el incidente”, agregó. Bomberos trabajaban con camiones cisternas en el lugar para reducir el foco de calor, según imágenes difundidas por medios locales.

El presidente Rodrigo Paz expresó su “profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones”.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, afirmó en X el mandatario.

El ministro Justiniano precisó que hubo dos explosiones. “La primera habría involucrado pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar”. “Posteriormente se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud”, cuya causa y el material que explosionó todavía “están siendo determinados”, explicó.

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Sin embargo, el Ministerio de Defensa precisó en un comunicado que ningún tipo de armamento bélico fue detonado. La institución también informó que la Fiscalía, que desplazó investigadores al lugar, abrió una pesquisa penal por “homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos”.

“En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación”, dijo Justiniano.

Fuente: AFP

El gobierno de Bolivia informó el miércoles que puso bajo su supervisión temporal a la petrolera estatal YPFB por deficiencias en la importación y distribución de combustibles, en medio de una grave crisis de abastecimiento. Además de la intervención, el Ministerio de Hidrocarburos anunció que el gobierno tiene “la intención” de quitar “paulatinamente” a YPFB su rol de comercializadora para cedérselo a empresas privadas y dedicarse a la explotación, exploración y refinación.

La compañía estatal se encarga hasta ahora de comercializar el combustible, un proceso que incluye desde su importación hasta su distribución en el mercado interno. Largas filas de espera son comunes en las gasolineras, en las que algunos conductores duermen en sus vehículos.

El problema del suministro se ha convertido en el principal obstáculo del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre de 2025 con la promesa de dar solución a la escasez. “El gobierno nacional dispone la Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB para recuperar su eficiencia, fortalecer el abastecimiento de combustibles y transparentar su cadena logística”, informó la oficina presidencial en Facebook.

La intervención tiene un plazo de hasta 180 días y no implica la supresión de la empresa. Según el decreto, publicado el martes en la gaceta oficial, se busca “obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis”.

Una comisión de intervención será integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas y por el viceministro de Transparencia, quienes recomendarán auditorías y acciones.

“Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y (...) es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria” de intervención, dijo en conferencia de prensa Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos.

Blanco atribuyó la escasez a “deficiencias logísticas en la importación y distribución” de YPFB.

“La intención del gobierno nacional es que” la estatal “vuelva a su rol natural” de exploración, explotación y refinación y “no se dedique a comercializar hidrocarburos”, dijo el alto funcionario.

En diciembre, Paz eliminó los subsidios a los combustibles, una política emblemática de los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) que hundió a Bolivia en su peor crisis económica en cuatro décadas.

Agotó las reservas en divisas y terminó por complicar la continuidad de las importaciones de los mismos carburantes que se subsidiaban.

Paz prometió que el cese de las subvenciones acabaría con las largas filas de espera en las gasolineras, pero eso no ocurrió hasta ahora.

Y a ese malestar se sumó en enero una ola de denuncias contra YPFB por distribuir una gasolina contaminada, que dañó al menos a 36.000 vehículos hasta junio.

Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, denunció a la prensa que “la mitad del combustible” importado por el Estado termina contrabandeado a otros países, con la complicidad de trabajadores de YPFB.

Algunas protestas intermitentes de campesinos se reportan desde la semana pasada, luego de que el Ejecutivo duplicara el precio del diésel hasta los 1,5 dólares por litro para evitar que por su bajo precio interno se destine al contrabando, que señala como causa del desabastecimiento actual.

Con neumáticos y árboles derribados, decenas de campesinos manifestantes se juntaron para cerrar por 24 horas el paso a una fila de camiones y otros vehículos en la localidad de Cuatro Cañadas, uno de los cuatro puntos de bloqueo registrados en el departamento oriental de Santa Cruz el miércoles, constató la AFP. Las tomas de vías desafían el estado de excepción que el gobierno decretó para apagar las anteriores protestas contra la crisis económica, que paralizaron al país entre mayo y junio.

Fuente: AFP.

Este miércoles se entregó la segunda condenada por la muerte de María Sol Chávez. Se trata de la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa, quien se presentó esta mañana ante la Comisaría 12.ª de Asunción y quedó detenida. La misma preparó la receta prescripta por la odontóloga.

Luego de presentarse en la sede policial, la mujer será trasladada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, para coordinar los trámites correspondientes para su posterior reclusión. Es la segunda condenada en el caso de la muerte ocurrida el 9 de abril de 2021 por una sobredosis letal de flúor. Hermosa recibió una condena de 3 años de cárcel.

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La otra implicada, la odontóloga Lilian Graciela Espinoza de Rodríguez (60), se entregó ayer martes en la Comisaría 13° de Itá Enramada, donde quedó detenida. La doctora fue sentenciada a 4 años de prisión por prescribir el medicamento, lo que fue calificado como homicidio culposo.

La especialista había prescripto el consumo de 2 gramos de flúor por día durante 14 días. El primer consumo de la dosis indicada por la profesional le produjo un fallo multiorgánico fulminante a la paciente María Sol Chávez, que falleció el 9 de abril de 2021.

La condena fue dictada en mayo del año 2025, pero, desde entonces, las sentenciadas presentaron varios incidentes que impidieron el cumplimiento. Sin embargo, la condena ahora quedó firme y ambas deberán ir a la cárcel.

“Para nosotros, es un día de gloria en nombre de nuestra hija María Sol; de alguna manera, un poco de justicia, porque nada me va a devolver a mi hija y el dolor de su ausencia para mí es eterno”, dijo María Edith Franco de Chávez, madre de la víctima, al canal GEN.

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