El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, removió este jueves al ministro de Justicia, envuelto en un escándalo por una condena de prisión que quiso mantener oculta.
El ministro Freddy Vidovic asumió el cargo el 9 de noviembre, tras el juramento de Paz para un período de cinco años.
El ahora exfuncionario había sido condenado en 2015 a tres años de prisión por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaúnde, quien fue asesor del expresidente Ollanta Humala.
Belaúnde fue capturado en Bolivia hace 10 años y entregado a la justicia peruana por pedido de Lima, que lo reclamaba por vínculos en un caso de corrupción que afectó a Humala, preso por corrupción.
Uno de los abogados del empresario era Vidovic, quien fue señalado de apoyar al exasesor presidencial peruano en un intento fallido de fuga de Bolivia.
Ante el escándalo, Paz lo removió del cargo y designó a Jorge Franz García como nuevo ministro de Justicia, según el decreto publicado este jueves.
El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo reveló la noche del miércoles que existía la sentencia de tres años contra Vidovic, y que, por lo tanto, “no podía ejercitar cargo público”.
Antes de conocer su destitución, Vidovic reconoció en su cuenta de Facebook que fue condenado, pero que entonces sufrió “secuestro y tortura” y que el fallo estuvo “viciado de nulidad”.
Las autoridades no han precisado si el exministro cumplió su condena. Vidovic llegó al Ministerio de Justicia, como abogado personal del vicepresidente Edmand Lara.
- Fuente: AFP
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Caso Sol Chávez: Corte confirmó condena contra odontóloga y química farmacéutica
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas de cuatro años de prisión para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y de tres años de pena privativa de libertad para la química farmacéutica Sandra Hermosa, quienes fueron halladas culpables de homicidio culposo por la muerte de la joven Sol Chávez.
En abril de 2021, la víctima falleció tras intoxicarse por el consumo de flúor en el marco de un tratamiento odontológico.
Las dos acusadas fueron condenadas en un tercer juicio oral llevado a cabo en mayo del año pasado. Con la resolución judicial adoptada por la máxima instancia judicial, las sentencias quedaron firmes y deberán ser cumplidas, es decir ambas tendrán que pisar la cárcel de mujeres de Emboscada.
La máxima instancia judicial concluyó que tanto la sentencia dictada en primera instancia como el fallo del Tribunal de Apelación se ajustaron a derecho. Asimismo, sostuvo que el colegiado respondió a los planteamientos de la defensa, por lo que la discrepancia de las recurrentes no radicaba en la falta de respuesta, sino en el contenido de la decisión adoptada.
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De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 tras consumir cuatro cápsulas de flúor de 500 miligramos cada una, conforme a la prescripción realizada por la odontóloga, totalizando 2.000 miligramos.
Según expuso la Fiscalía durante el juicio, la cantidad administrada superaba ampliamente los parámetros señalados por la ciencia médica.
En cuanto a la química farmacéutica Sandra Hermosa, el fallo tuvo por acreditado que incurrió en una actuación negligente al no advertir que la dosis indicada resultaba potencialmente letal y al no comunicarse con la profesional que emitió la prescripción, pese a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.
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Histórica condena por violencia digital: 10 años por hostigar a su expareja desde la cárcel
La Justicia paraguaya dictó la condena más alta registrada en el país por un caso de violencia psicológica ejercida a través de medios telemáticos, marcando un precedente en la lucha contra la violencia digital y la protección de las mujeres víctimas de agresiones sistemáticas.
La agente fiscal María Eusebia Segovia Cabrera, titular de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género N.º 4 de Asunción, obtuvo una sentencia de 10 años de pena privativa de libertad y dos años de medidas de seguridad contra un hombre hallado culpable del hecho punible de violencia familiar agravada, en la modalidad de violencia psicológica ejercida mediante medios digitales.
La condena, considerada la más severa aplicada hasta la fecha en Paraguay por este tipo de delitos, fue dictada tras un juicio oral y público en el que el Ministerio Público logró acreditar un prolongado patrón de hostigamiento, amenazas e intimidaciones dirigidas contra la víctima, quien es expareja del condenado y madre de sus tres hijos menores.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el proceso, el hombre sometió a la mujer a amenazas de feminicidio, presiones psicológicas y actos reiterados de violencia a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, audios y videos enviados durante un período de un año y diez meses, mientras permanecía recluido en distintos establecimientos penitenciarios del país.
La Fiscalía presentó un amplio conjunto de pruebas testimoniales, documentales, periciales y evidencias digitales que permitieron reconstruir la conducta sistemática del acusado y demostrar la persistencia de los actos de violencia pese a su condición de privado de libertad.
El Ministerio Público también acreditó que el condenado contaba con antecedentes de violencia contra la misma víctima. En 2023 ya había sido condenado a tres años de prisión por hechos similares, mientras que registraba otra condena previa por violencia familiar dictada en el año 2018.
El Tribunal de Sentencia, integrado por la jueza Olga Ruíz, en carácter de presidenta, y los magistrados Mario García y Celia Salinas, valoró de manera conjunta la totalidad de las pruebas incorporadas al juicio, otorgando especial relevancia a la evidencia digital, los informes técnicos especializados, la prueba documental y las declaraciones testificales.
Entre los elementos determinantes figuró el informe psicológico practicado al acusado mediante la aplicación del instrumento SARA (Spousal Assault Risk Assessment), una herramienta internacional utilizada para evaluar el riesgo de violencia contra la pareja. El estudio, solicitado por el Ministerio Público, arrojó un nivel de riesgo moderado, reforzando la necesidad de medidas de protección y prevención.
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En consecuencia, el Tribunal resolvió por unanimidad hacer lugar íntegramente a la pretensión punitiva planteada por la Fiscalía, imponiendo una pena de 10 años de prisión y dos años adicionales de medidas de seguridad.
La sentencia constituye un precedente relevante en materia de violencia digital en Paraguay y refleja el creciente reconocimiento judicial de las agresiones psicológicas ejercidas a través de medios tecnológicos como una forma grave de violencia de género.
Desde el Ministerio Público señalaron que el fallo reafirma el compromiso institucional con la protección integral de las víctimas y con el cumplimiento de los estándares internacionales asumidos por el Estado paraguayo.
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Bolivia: acusan a Evo Morales de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas
El expresidente boliviano Evo Morales rechazó ayer jueves una denuncia penal presentada por grupos de derecha que lo acusan de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas contra el gobierno que desabastecieron a varias ciudades de Bolivia recientemente. En mayo y junio, Bolivia registró durante siete semanas protestas callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.
La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles por los cortes. El presidente Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción. El comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado de empresarios y líderes civiles de derecha, presentó el miércoles ante la fiscalía una denuncia contra Morales, el dirigente obrero Mario Argollo y el indígena Vicente Salazar por el daño económico que causaron los cortes al país.
El abogado de los denunciantes, Diego Coimbra, declaró a periodistas que el recurso también pide la captura de Morales y los dos dirigentes por “riesgo de fuga y obstaculización” de las investigaciones.
El periódico boliviano El Deber afirma que la fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia y abrió una investigación contra Morales y los dos dirigentes, pero el organismo no lo confirmó oficialmente.
“Procesos ha habido tantos... y les he ganado a todos”, dijo Morales ayer jueves en rueda de prensa tras conocerse la denuncia.
El expresidente se encuentra desde fines de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, fugitivo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor, que él denuncia como persecución.
Para el sindicalista cocalero, el grupo que presentó este recurso no tiene “ninguna autoridad para hablar de bloqueos” porque ellos mismos han sido “promotores” de cortes de rutas, como en 2019, afirma, cuando impulsaron su renuncia tras las elecciones en las que fue acusado de fraude.
El gobierno de Paz ha culpado a Morales por las protestas sociales y lo acusó de financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin presentar pruebas. Su gobierno ha dicho que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, sin fijar una fecha.
Fuente: AFP.
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Condenan a 20 años a un hombre por violación y robo a una mujer a punta de revólver
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un hombre fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable por coacción sexual, violación y robo agravado, durante un juicio oral que culminó hoy en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal N.º 10 de Ciudad del Este, representó al Ministerio Público en la acusación.
Se trata de Odilón Miguel Amarilla Gómez (31), alias “Macaco”, quien tiene una condena anterior por robo agravado también y cuenta con otras causas penales por robo, hurto agravado y desacato. La víctima es una joven que tenía 20 años al momento de la agresión.
Durante el juicio, tras valorar los elementos probatorios, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano, resolvió condenar al acusado.
Los hechos se registraron el 3 de abril de 2025, aproximadamente a las 2:40, en el interior de una vivienda ubicada en kilómetro 4,5 Acaray de Ciudad del Este. En esa ocasión, el hoy condenado ingresó a la fuerza al inmueble tras violentar la puerta y se dirigió hasta la habitación de la joven que se encontraba descansando.
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Según lo expuesto en juicio, el hombre la amenazó con un arma de fuego (revólver) mientras cargaba diversos objetos como joyas, ropas, calzados, perfumes, tarjetas bancarias y un teléfono celular de la marca Redmi Xiaomi, en una maleta y dos mochilas.
Posteriormente, bajo amenaza de dispararle en la cabeza, el agresor forzó a la víctima a practicarle sexo oral; luego la empujó a la cama, la obligó a desvestirse y la sometió sexualmente. Luego, huyó del lugar con las pertenencias robadas. Inmediatamente, la agredida salió a la vía pública a pedir auxilio. Una vez contenida fue a presentar la denuncia ante la comisaría jurisdiccional.
En el marco de la causa, los médicos forenses Eduardo Cano y Tania Morínigo, confirmaron científicamente la agresión sufrida por la joven. Asimismo, una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas brindó contención a la mujer y constató un severo quiebre emocional e indicadores de alto trauma.
En prosecución de la causa, el 4 de abril de 2025, a las 20:00, agentes policiales detuvieron a Odilón Amarilla Gómez, en la vía pública del kilómetro 4,5. Intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido y recuperado de su poder una maleta roja con parte de las pertenencias robadas.
La víctima reconoció plenamente los objetos y al autor del hecho, mediante anticipo jurisdiccional de prueba, según el juzgamiento. Con la producción de estas evidencias, el fiscal Osvaldo Zaracho confirmó en juicio los hechos punibles y la reincidencia del acusado para derivar en el fallo condenatorio.
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