La controvertida reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, destinada a flexibilizar el régimen laboral vigente, ya es ley tras un tratamiento parlamentario acompañado de protestas sindicales y una huelga general que afectó la actividad la semana pasada.
La llamada “ley de modernización laboral” es presentada por el gobierno como una herramienta para fomentar el empleo en blanco, facilitar nuevas contrataciones y reducir la litigiosidad; mientras los sindicatos la consideran “regresiva” y “anticonstitucional”, la repudiaron en la calle y se aprestan a combatirla también en los tribunales. A continuación, cuatro claves de la reforma laboral impulsada por Milei:
La “Ley de Modernización Laboral” modifica la Ley de Contrato de Trabajo vigente y otros regímenes.
Permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir a partir de un banco de horas o con francos compensatorios.
Las vacaciones pueden fraccionarse en tramos de siete días, en lugar de en un mínimo de 14 como era hasta ahora.
Aunque el proyecto explicita que estos cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.
La ley reduce los montos de las indemnizaciones por despido y habilita para costearlas un fondo financiado con contribuciones mensuales deducidas de los aportes jubilatorios.
Además, explicita los criterios de actualización de montos para el pago de los juicios laborales, que hasta ahora quedaban a consideración de cada juez, y permite a los empleadores pagar las sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas.
El gobierno sostiene que la norma permitirá “unificar criterios”, evitar juicios laborales y aliviar a las pequeñas y medianas empresas.
Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, dijo a la AFP que estas modificaciones incumplen “el deber del Estado de proteger la fuente de trabajo” al eliminar el “efecto disuasivo” de las indemnizaciones sobre los despidos sin causa.
Dirigentes opositores advirtieron que podría redundar en un desfinaciamiento de las cajas previsionales.
La nueva norma habilita a los empleadores a pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especies: es decir, con comida, habitación u otros bienes y servicios.
Además permite renegociar contratos para ajustar salarios según métricas de productividad, cumplimiento de objetivos o desempeño.
Los convenios colectivos hechos por empresa o regionales tendrán prioridad por sobre los convenios establecidos de cada sector laboral.
Además, se derogan algunos estatutos profesionales, entre ellos el de periodistas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y los sindicatos del sector rechazaron la derogación al considerar que constituye “un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.
La norma incorpora porcentajes mínimos de funcionamiento durante huelgas del 75 % para rubros como telecomunicaciones, aeronáutica comercial y educación y del 50 % para un amplio número de industrias incluyendo medicamientos, siderurgia, alimentos, construcción, minería y comercio electronico.
Además, las asambleas de personal y los congresos de delegados deberán contar con autorización del empleador, y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
Para Cremonte “la restricción del derecho de huelga es ostensiblemente contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El Abogado, que asesora a varios sindicatos locales, explicó que el control de constitucionalidad en Argentina es “difuso” por lo que “pueden pasar años hasta que se vaya consolidando una jurisprudencia que determine que haya inconstitucionalidad”.
Fuente: AFP.