Dos puentes en Ecuador resultaron afectados el miércoles por ataques con explosivos, en medio de una seguidilla de atentados similares que el gobierno considera una represalia de las bandas criminales por su ofensiva militar para doblegarlas. La noche anterior un hombre murió y 26 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en las afueras del centro comercial más grande del puerto de Guayaquil, en el suroeste. En el lugar la policía halló otras cuatro cargas explosivas de alto poder que no fueron activadas.
La ciudad apenas se recuperaba de la jornada violenta cuando autoridades locales informaron un nuevo ataque. Imágenes difundidas por fuentes oficiales muestran daños en la base de los pilares de dos puentes, donde está inhabilitado el tránsito. Ecuador está sumido en la violencia por numerosas bandas dedicadas al narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones y minería ilegal.
El martes el gobierno informó que bombardeó asentamientos de minería ilegal en la provincia de Imbabura.
“Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales)”, expresó el presidente Daniel Noboa.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo a la prensa que la policía investiga a la banda criminal Los Lobos, “quienes serían los autores (de los tres ataques) en represalia a la destrucción de la minería ilegal”.
El gobierno de Noboa aplica una política de mano dura contra el crimen. Sin embargo, en el primer semestre del año los homicidios aumentaron un 47 % con respecto al mismo periodo del 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Manifestaciones indígenas
Un sector de los indígenas y el gobierno de Ecuador alcanzaron el miércoles un acuerdo para poner fin a las manifestaciones en la provincia de Imbabura, principal foco de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. Los dirigentes de la mayor organización indígena del país, Conaie, no participaron en el diálogo que se realizó en la andina ciudad de Otavalo, a unas dos horas de Quito.
Al encuentro con el ministro del Interior, John Reimberg, acudieron líderes de campesinos y de pueblos quichuas del norte del país agrupados en la Unorcac y la FICI. Ellos resolvieron suspender los bloqueos en las carreteras a cambio de mantener mesas de trabajo con el Ejecutivo y el traslado de los manifestantes detenidos a la provincia de Imbabura.
También pidieron al gobierno analizar la propuesta de congelar el precio del diésel y una investigación sobre la muerte de manifestantes.
“Pensando en la población hemos decidido que hoy vamos a retirarnos a nuestros territorios y nos declaramos en asambleas permanentes”, dijo a la prensa Mesías Flores, presidente de la FICI.
El ministro el Interior, de su lado, afirmó que “hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”.
La víspera, Otavalo fue escenario de violentos choques entre manifestantes y uniformados durante al menos ocho horas.
De acuerdo con el balance de la Conaie, en 24 días de manifestaciones han muerto tres personas, dos de ellas por impactos de bala presuntamente de las fuerzas del orden.
El gobierno no ha presentado un balance de víctimas civiles. Según sus cifras, el martes 13 soldados resultaron heridos en los enfrentamientos.
En septiembre las comunidades de Imbabura retuvieron a 17 militares durante tres días. Una caravana presidencial también fue atacada.
Esto “es un inicio de diálogo”, expresó Martha Tuquerres, presidenta de la Unorcac y exigió al gobierno “una disculpa pública a todos los pueblos y nacionalidades”. “No somos terroristas”, enfatizó. El gobierno ha denunciado que detrás de las protestas hay “actos terroristas” y amenazó a los responsables hasta con 30 años de cárcel. Las mesas de trabajo entre las organizaciones y el gobierno empezarán el lunes.
Fuente: AFP.