Un juez fue asesinado a tiros el jueves en la provincia ecuatoriana de Manabí, donde bandas criminales dedicadas al narcotráfico imponen el terror, informó la Policía.
Un pistolero abrió fuego contra el juez Marcos Mendoza cuando acompañaba a sus hijos a la escuela en la localidad del Montecristi, en el oeste del país.
Al menos 15 jueces o fiscales han sido asesinados en Ecuador desde 2022, según un reporte de la ONG Human Rights Watch.
El magistrado fue “interceptado por una persona en una motocicleta, quien le propina disparos”, declaró a la prensa el coronel Giovanni Naranjo.
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Las indagaciones apuntan como presuntos responsables a Los Lobos, una de las mayores organizaciones narcotraficantes de Ecuador, según el jefe policial. El juez “no tenía seguridad porque nunca se solicitó a la policía nacional”, agregó.
En junio, Mendoza fue suspendido de sus funciones durante un mes tras haber intentado comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, en medio de una investigación relacionada con el narcotraficante extraditado Adolfo Macías, informó entonces el Consejo de la Judicatura sin dar más detalles.
“Este hecho estremecedor evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los jueces del país”, señaló la Asociación de Jueces de Ecuador en un comunicado.
Los magistrados “día a día enfrentan presiones, amenazas y riesgos por ejercer su deber con independencia y valor”, agregó.
El presidente Daniel Noboa apuesta por doblegar a las numerosas bandas criminales del país con despliegues militares y policiales, estados de excepción y la promoción de leyes para quienes cometan delitos.
Pese a esa política de mano dura, en el primer semestre del año los homicidios aumentaron un 47 % con respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
- Fuente: AFP
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Justicia de Ecuador dicta prisión preventiva contra excandidata presidencial de izquierda
La justicia de Ecuador dictó una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial de izquierda Luisa González por el presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023, informó el viernes la Fiscalía.
González, de 48 años, fue detenida la víspera para una audiencia de formulación de cargos en medio de una investigación sobre el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.
El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva, según un mensaje en X, sin detallar las razones por las cuales la opositora estará detenida mientras es investigada y antes de que haya posibles condenas.
La excandidata se declaró “perseguida política” del gobierno derechista de Daniel Noboa, según un audio de la audiencia publicado en sus redes sociales.
En él se le escucha dirigirse a un juez y expresar su disposición para “colaborar con la justicia” ya la vez “exigir un trato justo”.
González pertenece a Revolución Ciudadana (RC), partido del expresidente Rafael Correa (2002-2017), un duro crítico del presidente Noboa desde su autoexilio en Bélgica.
“Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado”, declaró la excandidata presidencial.
La RC fue inhabilitada este año y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre.
En el denominado caso Laberinto que envuelve a González, la Fiscalía indaga el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023, que se celebraron de manera anticipada.
Ese año González perdió con el 48 % de los votos frente a Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador y que ha impuesto un gobierno de mano dura contra el crimen.
Noboa achaca al correísmo haber abierto la puerta al narcotráfico que hoy ha convertido al país en una de las naciones más violentas de la región. González y Noboa volvieron a disputar la presidencia en 2025.
- Fuente: AFP
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Juez ordena secuestro de vehículos y embargo de cuentas de Eddie Jara y su exesposa
El juez Osmar Legal dispuso el embargo preventivo de los fondos existentes y de los que pudieran ingresar en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y productos financieros habilitados en el sistema bancario, financiero y cooperativo registrados a nombre de los imputados Eddie Ramón Jara Rojas (por presunto enriquecimiento ilícito) y Karina Estefana Otazú Fleitas, exesposa de Jara (por presunto lavado de dinero).
Igualmente, el magistrado decretó la prohibición de innovar y contratar sobre varios vehículos, entre ellos un Jeep Compass Limited (modelo 2025), un Jeep Commander (modelo 2024) y un Toyota Land Cruiser.
También se ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los procesados, así como el secuestro de los rodados mencionados, oficiando a la Dirección del Registro de Automotores y a la Comandancia de la Policía Nacional para su inscripción y cumplimiento efectivo.
Asimismo, el juez Legal admitió la imputación contra Jara y su exesposa, y fijó para el próximo 6 de noviembre, a las 7:40 y 7:50, la audiencia de imposición de medidas cautelares, instancia en la que se definirá si los procesados litigarán en libertad o bajo prisión preventiva.
Más de G. 5.399 millones sin justificar
La investigación está encabezada por la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien presentó el acta de imputación N.º 04/26 durante la noche del jueves.
Según los investigadores, el análisis patrimonial permitió identificar una diferencia de G. 5.399.450.612 que no habría sido justificada, equivalente al 97,33 % del patrimonio examinado por el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que existen movimientos financieros que no guardarían correspondencia con los ingresos lícitos documentados del exfuncionario. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron declaraciones juradas de bienes y rentas, documentos tributarios, registros bancarios y distintas operaciones económicas vinculadas al exdirectivo de la petrolera estatal.
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Detienen a excandidata Luisa González en Ecuador por presunto lavado de activos
La policía de Ecuador detuvo el jueves a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González por presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2023, en la que fue elegido el actual mandatario, Daniel Noboa. González, de 48 años, pertenece a Revolución Ciudadana, partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), feroz crítico de Noboa desde su autoexilio en Bélgica.
El partido, que denuncia una persecución política, fue inhabilitado este año y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre. “Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda”, señaló González en una carta difundida en su cuenta de X. Agregó que en la “dictadura de Noboa” el “ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente”.
Otras figuras de Revolución Ciudadana están tras las rejas, como el exalcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, condenado por comercialización ilegal de combustible subsidiado, o el exvicepresidente Jorge Glas, por corrupción en una cárcel de máxima seguridad construida por Noboa. La Fiscalía detuvo este jueves a tres personas, incluida González, “por su presunta participación en el delito de #LavadoDeActivos” en el caso Laberinto, escribió en X la entidad.
Las autoridades investigan “el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023”, según informó la Fiscalía en un video. Ese año, González perdió en segunda vuelta con 48% de los votos frente a Noboa. Ambos volvieron a ser rivales en el balotaje de 2025, en medio de una ola de violencia ocasionada por el narcotráfico que golpea al país. Según la Fiscalía, los involucrados crearon “un entramado” para “canalizar aproximadamente 500.000 dólares”.
“Garantías de defensa”
Pese a la fuerte lluvia, una veintena de simpatizantes se concentró en las afueras de la Fiscalía en Quito a la espera de un eventual traslado de González, pero se retiraron del lugar horas más tarde. “Es totalmente una persecución política en contra de la compañera Luisa Magdalena González. Ella es una mujer honesta”, dijo a la AFP Mónica Robayo, una ama de casa de 40 años que se unió a la protesta.
“Esto instaura o visibiliza lo que hemos venido diciendo en este último tiempo: Ecuador vive una dictadura”, dijo más temprano en una rueda de prensa Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana. Anunció que reportarán el caso a organismos internacionales. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo que sigue “con preocupación” el caso en medio de “un proceso electoral marcado por el cambio de fecha y la cancelación y suspensión de partidos”.
“Las autoridades deben darle todas las garantías de defensa y debido proceso” a González, escribió en X. González trató de inscribir su candidatura para la prefectura de su natal Manabí, histórico bastión de Revolución Ciudadana en la costa ecuatoriana. Sin embargo, fue rechazada en septiembre por el Tribunal Contencioso Electoral tras una objeción del partido oficialista ADN y el derechista Creo.
Denuncias de obstrucciones
De acuerdo con Rivadeneira, la actual detención tiene su origen en “un proceso ya juzgado” en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que se solucionó con el pago de una multa de más de 6.000 dólares. En enero, las autoridades allanaron la vivienda de González en el marco de una investigación por un presunto financiamiento irregular desde Venezuela a su campaña de 2023, algo que rechazó la excandidata.
Una fuente de la Fiscalía precisó a la AFP que la actual investigación no está relacionada con el caso que se abrió a inicios de año. Revolución Ciudadana, el mayor partido de oposición en Ecuador, denuncia obstrucciones del gobierno para permitir la participación de sus candidatos a alcaldías y prefecturas. La pugna empezó en marzo cuando el partido fue inhabilitado por nueve meses debido a una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos.
Luego, la autoridad electoral decidió adelantar a noviembre las elecciones locales que debían celebrarse en 2027, lo que le impidió a Revolución Ciudadana inscribir a sus candidatos porque la sanción seguía vigente. El correísmo optó por buscar auspicio en otros partidos. Sin embargo, como ocurrió con González, no todas las candidaturas fueron inscritas, por reclamos presentados ante la autoridad electoral.
Fuente: AFP.
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Juez otorgó medidas alternativas a exintendente de Villa Hayes
El juez penal de garantías, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, y a su hijo, Esteban David Ríos Isasi, imputados por supuesta administración en provecho propio por un presunto negociado con un terreno municipal en Remansito, por cuya adjudicación no se habría realizado pago alguno.
Otazú dispuso la prohibición de cambiar de domicilio, mantener los números de celular informados al Juzgado y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.
Además, fueron intimados a presentar, en un plazo de 20 días, el título de propiedad y el informe de condiciones de dominio del inmueble ofrecido como fianza. La garantía deberá cubrir G. 25.000.000 por cada procesado, por un total de G. 50.000.000.
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Según la imputación fiscal, entre 2020 y 2021, el entonces intendente habría beneficiado a su hijo con un certificado de ocupación de un inmueble municipal de 2.512,02 metros cuadrados, ubicado en San Jorge–Remansito. Posteriormente, el terreno fue adjudicado a Ríos Isasi, quien presuntamente no abonó el arrendamiento ni el precio de la adquisición definitiva.
El 26 de noviembre de 2020, Ríos Ayala expidió el certificado de ocupación a favor de su hijo. En 2021, este solicitó el arrendamiento del inmueble y el procedimiento culminó con un contrato que fijó un canon anual de G. 120 por metro cuadrado, monto que tampoco habría sido pagado.
El 25 de octubre de 2021, Ríos Isasi solicitó la compra definitiva del terreno. La Junta Municipal de Villa Hayes, mediante la Resolución JM N.º 510/2021, del 2 de noviembre de ese año, aprobó la adjudicación por G. 32.068.447 y autorizó al entonces intendente a suscribir la escritura de transferencia.
Sin embargo, según un informe remitido por la Municipalidad al Ministerio Público, no existen registros de pagos por la adquisición definitiva ni comprobantes contables.
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