Estados Unidos aseguró ayer martes que los carteles del narco mexicanos, supuestamente en colaboración con el movimiento Antifa (extrema izquierda), han puesto precio a las cabezas de agentes de lucha contra la inmigración ilegal en ciudades como Chicago. “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha obtenido información de inteligencia creíble de que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas internos, han puesto recompensas sobre el personal de ICE y CBP”, explicó el comunicado.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la patrulla fronteriza (CBP) protagonizan desde hace meses importantes redadas en esa ciudad del noreste de Estados Unidos, en medio de crecientes protestas. El presidente Donald Trump anunció la semana pasada el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para apoyar esas operaciones, a pesar de las fuertes protestas del gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago.
“Los carteles han divulgado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra los agentes federales”, que incluye, siempre según el DHS, varios niveles de recompensas. En concreto, “2.000 dólares por reunir inteligencia o ‘doxxing’ [en inglés, difundir la identidad o datos personales] de agentes”.
Luego “5.000-10.000 dólares para secuestrar o asaltar de forma no letal” a esos agentes federales. Y finalmente “hasta 50.000 dólares por el asesinato de altos cargos”, asegura el texto. “En Portland y en Chicago, los grupos Antifa han suministrado apoyo logístico”, con material para las manifestaciones o ese supuesto espionaje sobre los agentes desplegados en las calles de la ciudad.
Trump declaró al movimiento Antifa, que según expertos es una constelación de grupos de ideología anarquista sin una estructura de mando, como “grupo terrorista interno”. El texto detalla que las fuerzas de seguridad han detectado a miembros de bandas como los Latin Kings apostados en azoteas en Chicago, equipados con armas y transmisores de radio, para comunicarse la posición de los agentes en tiempo real.
“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, a vigilancia mediante drones y a amenazas de muerte” aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citada en el comunicado. Según los datos de su departamento, el ICE ha enfrentado un aumento de 1000% de ataques de todo tipo. La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los ejes del segundo mandato de Trump, y una de las críticas más asiduas de la oposición demócrata.
Fuente: AFP.
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El gobierno Trump concluye la operación especial antimigratoria en Minesota
El gobierno de Donald Trump da por cerrado el operativo especial contra la inmigración ilegal en el estado de Minesota (norte), anunció este jueves el zar fronterizo Tom Homan, tras semanas de incidentes y la muerte de dos activistas por agentes federales.
Miles de agentes federales llegaron al estado de Minesota (norte) en diciembre para llevar a cabo redadas masivas contra inmigrantes irregulares.
Esas operaciones provocaron la reacción de vecinos y activistas, incidentes diarios y la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.
“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya” en Minesota, dijo el funcionario, Tom Homan, en una rueda de prensa en la capital estatal, Mineápolis.
“Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana” explicó. Homan sugirió que los operativos podrían tener lugar en alguna otra ciudad.
“La próxima semana vamos a desplegar a los agentes que están aquí de nuevo en sus lugares de origen, o en otras zonas del país donde se los necesite. Pero vamos a seguir haciendo cumplir las leyes de inmigración”, dijo.
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Los demócratas piden reformas en profundidad de las operaciones del Servicio de migraciones y aduanas (ICE), que incluyen poner fin a las patrullas móviles, prohibir que los agentes oculten su rostro y exigir órdenes judiciales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aduce que los agentes se cubren el rostro para evitar que los activistas los identifiquen y el hostigamiento se traduzca en amenazas a sus familias.
Las divergencias entre demócratas y republicanos, que deben ponerse de acuerdo sobre el presupuesto del DHS en el Congreso, podría provocar un cierre gubernamental parcial a partir del viernes.
Mineápolis, gobernada por los demócratas, es una ciudad “santuario”, es decir, que la policía local no colabora con las agencias federales de migración.
El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, reaccionó al anuncio de Homan con las mismas críticas. La operación de ICE, dijo, “ha sido catastrófica para nuestros vecinos y negocios, y ahora es momento de un gran regreso”.
El gobernador, Tim Walz, se declaró por su parte “cautelosamente optimista”.
Redadas violentas
Las redadas en Mineápolis pronto se volvieron violentas, con enfrentamientos a diario en las calles entre agentes enmascarados y activistas.
Uno de los incidentes que conmovieron a Estados Unidos fue el caso del niño ecuatoriano Liam Conejo, de cinco años, que quedó en manos de agentes federales durante el intento de detener a su padre, indocumentado.
Ambos fueron trasladados a un centro de detención en Texas, y quedaron en libertad provisional por orden de un juez, a la espera de juicio.
Luego la indignación provocada por la muerte de los activistas Renee Good y Alex Pretti en enero desembocó en la llegada urgente de Homan a Mineápolis.
Veterano del DHS, Homan negoció con las autoridades del estado medidas para suavizar el impacto de los operativos antimigrantes.
El gobierno de Trump asegura que su objetivo principal con este tipo de despliegues es localizar ante todo a los indocumentados que además han cometido otro tipo de delitos.
Los demócratas, y organizaciones de defensa de los migrantes, sostienen que las redadas son excesivamente indiscriminadas, y que incluso personas con nacionalidad estadounidense han sido detenidas.
Homan aseguró que tras las negociaciones con las autoridades del estado “ahora podemos arrestar a extranjeros delincuentes dentro de la seguridad de las cárceles en todo el estado en el momento en que vayan a ser puestos en libertad, como ya lo hemos hecho en otros estados”.
- Fuente: AFP
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EE. UU. anunció el retiro de 700 agentes migratorios de Minesota
El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles el retiro “inmediato” de 700 policías de migración (ICE) de Minesota, tras semanas de tensión en la capital estatal, Mineápolis, por la muerte de dos personas a manos de agentes federales. Horas después del anuncio, el presidente estadounidense aseguró el miércoles en una entrevista en la NBC lo que le ha enseñado los incidentes en Mineápolis: “Aprendí que quizá podríamos usar un toque un poco más suave. Pero hay que seguir siendo firmes”.
El zar fronterizo, Tom Homan, anunció sin embargo que el despliegue contra la inmigración seguirá en marcha con unos 2.000 agentes que seguirán tras la reducción. Homan dijo que la reducción de efectivos tendría lugar “de inmediato”. El alcalde de Mineápolis, Jacob Fry, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, ambos demócratas, calificaron el anuncio como “un paso adelante en la dirección correcta”, pero instaron al gobierno federal a acabar pronto con su extensa operación de inmigración en el estado.
La operación “Metro Surge”, como se denomina el operativo de la policía migratoria, debe acabar “inmediatamente”, dijo el alcalde Fry en una publicación en X. Walz adoptó un tono similar y pidió “una reducción mayor y más rápido” del número de agentes, así como investigaciones lideradas por el estado sobre los tiroteos mortales ocurridos en Mineápolis.
El presidente se quejó de las palabras de ambos: “Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Tuve conversaciones estupendas con ellos. Y luego los veo despotricando y echando espuma. Literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido”. Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato.
Menos agentes de ICE
“Hemos logrado avances significativos”, añadió Homan, que dio cifras de estos operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas. Antes del inicio de estos operativos, solo había 150 oficiales de inmigración en el estado. El zar fronterizo citó un aumento de la cooperación con las autoridades locales y aseguró que hay “menos” necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad, escenario de protestas por las redadas ordenadas por la Casa Blanca.
Ahora hay “más agentes que toman bajo custodia a extranjeros criminales directamente en las cárceles” en lugar de detenerlos, lo que requiere menos personal, agregó. “El presidente Trump tiene toda la intención de realizar deportaciones masivas durante su administración, y las acciones de las agencias de inmigración continuarán todos los días en todo el país”, afirmó Homan. Homan también arremetió contra la “retórica extrema” hacia el personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al recordar que “ya en marzo de este año dije que, si no se detenía la retórica de odio, temía que hubiera derramamiento de sangre, y lo ha habido”.
“Usar un toque más suave”
Agentes federales dispararon y mataron a la civil desarmada Renee Good, de 37 años, cuando trataba de alejarse en su vehículo de los oficiales de ICE el mes pasado, lo que desató protestas y críticas de grupos de derechos civiles y de funcionarios locales. Otro residente de Mineápolis, el enfermero Alex Pretti, también de 37 años, fue reducido por los agentes federales que luego le dispararon y mataron en la calle dos semanas después del primer tiroteo.
Ambas víctimas mortales eran ciudadanos estadounidenses. Los asesinatos causaron el rechazo en el país y a nivel internacional por las versiones falsas del gobierno sobre lo ocurrido, y aumentaron la preocupación de la población por las operaciones federales de inmigración. Trump retiró al oficial a cargo, el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, y lo reemplazó por Homan, quien prometió reducir los operativos.
Fuente: AFP.
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Trump promulga ley que pone fin a cierre parcial del gobierno de EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el martes una ley que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno federal.
Esto representa “una gran victoria para el pueblo estadounidense”, celebró Trump en la Casa Blanca, al firmar el texto adoptado por la Cámara de Representantes.
La ley de financiación concluye oficialmente la parálisis presupuestaria vigente desde el sábado en medio de desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre la financiación de la policía de inmigración (ICE), después de que dos manifestantes murieran a manos de agentes federales en Mineápolis (Minesota).
- Fuente: AFP
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“Liam ya está en casa”, informan sobre niño latino detenido por el ICE en Mineápolis
Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención dos semanas atrás en Mineápolis por parte de agentes federales migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado, informó el domingo un legislador. “Liam ya está en casa, con su gorro y su mochila”, escribió en X Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, junto a una fotografía del niño.
El 20 de enero, Liam y su padre fueron detenidos en las calles de Mineápolis en una redada efectuada por agentes del servicio de inmigración (ICE) destinada a detener y expulsar a indocumentados. Este cuerpo federal está bajo el foco de la polémica por la manga ancha con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente por la muerte de dos manifestantes a manos de dos agentes del ICE en enero en Mineápolis.
La foto del niño en el momento de su detención, en la que aparece asustado, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila que sostiene una silueta vestida de negro, conmovió al mundo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el niño había sido detenido por el ICE después de que su padre, presuntamente un inmigrante ilegal, tratara de huir para evitar su arresto.
Padre e hijo estuvieron 12 días en un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1.800 kilómetros de distancia de esta ciudad del estado norteño de Minesota. Un juez federal ordenó el sábado la liberación de ambos. El magistrado afirmó en su auto que “este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implique traumatizar a los niños”.
“También parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia”, escribió este juez de Texas nombrado por un presidente demócrata. Tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad el sábado y Joaquín Castro, según dijo él mismo, los llevó el domingo por la mañana a Minesota. “No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares”, aseguró.
Dos meses en casa
Ana, Carlos y su hijo Luis llevan encerrados en su casa de Mineápolis dos meses, desde que agentes federales comenzaran las redadas para detener a inmigrantes por orden de Donald Trump. Las cortinas de la casa de esta familia mexicana permanecen cerradas todo el día, y la puerta está reforzada con una barra de metal para evitar que la tiren abajo.
Llegaron a esta ciudad del norte de Estados Unidos hace más de una década, pero en las últimas semanas su sueño americano se ha convertido en pesadilla. Mineápolis se ha vuelto el epicentro del descontento de parte de la sociedad contra las políticas de Trump después de que dos agentes del ICE, el controvertido servicio federal de control de inmigración, mataran a tiros a dos manifestantes.
“Es inhumano vivir así, como prisionero en su propia casa”, declaró Ana a la AFP utilizando un seudónimo, al igual que su marido y su hijo. Esta madre de 47 años tiene cuatro hijos. Luis se queda encerrado con ella porque nació en México. Los otros tres son estadounidenses de nacimiento, pero ella se preocupa mucho cada vez que salen de casa.
“Siempre tengo el miedo de que, aunque son ciudadanos, sabemos que ya no están respetando y que solo por el color de su piel se los pueden llevar”, dijo con voz temblorosa. Los hijos saben que deben enviar un mensaje antes de volver a casa, o de lo contrario no se les abrirá la puerta cuando llamen.
A sus 15 años, Luis ansía poder ir y venir como lo hacen sus hermanos y hermanas, y sueña con ir al restaurante de comida rápida que hay al final de la calle “cuando las cosas mejoren (...) Ahora mismo está literalmente tan cerca, pero tan lejos”. Luis atiende a sus clases desde casa. Después se entretiene con videojuegos, a veces cinco horas al día. “Es lo único que me hace olvidar lo que está pasando”, murmura.
Su padre Carlos está furioso por la situación que atraviesan. Trabaja instalando encimeras de granito. La familia ha gastado en casi tres años 11.000 dólares en abogados para tramitar los visados. Los padres tienen permiso de trabajo, pero ese documento ya no los protege del arresto y deportación.
“Ellos te dan un papel para trabajar, pero no sirve para estar legalmente en este país. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Carlos.
“Nos sentimos como si Trump nos hubiera hecho un fraude a nosotros. No creo que nos merezcamos esto. Nosotros no hemos hecho nada malo, no somos convictos”, añade este hombre de 43 años.
Existe un temor generalizado entre los vecinos de Mineápolis a la violencia de los agentes migratorios.
Trump ha ordenado intensificar las redadas en bastiones demócratas, como Mineápolis, Los Ángeles y Chicago. Carlos explica que las cosas han cambio radicalmente entre el primer y el segundo mandato del republicano. De 2017 a 2021, no sentía la necesidad de encerrarse porque las operaciones estaban más focalizadas.
Operación Metro Surge
Dos hombres que Carlos conocía fueron deportados durante el primer mandato de Trump. “Uno estaba en el tráfico de drogas, el otro golpeaba a su mujer”, explica. Mientras la Operación Metro Surge continúa en Mineápolis, surgen preguntas sobre cuántas personas inocentes se ven afectadas por las redadas.
En Los Ángeles, durante un aumento de las redadas el verano pasado, las estadísticas mostraron que más de la mitad de los inmigrantes detenidos no tenían antecedentes penales. Normalmente, entre el trabajo de Carlos y los trabajos ocasionales que Ana realiza como cocinera o cajera, la pareja suele ganar 6.000 dólares al mes. Pero desde diciembre no han tenido ingresos.
Para pagar los 2.200 dólares del alquiler de enero, pidieron prestados 1.500 dólares a un amigo. No saben cómo se las arreglarán el mes que viene, pero rezan para que los agentes federales sean enviados a otra parte del país. La situación les genera angustia. “¿Y si nunca acaba?”, se pregunta Carlos. “El presidente tiene que estar tres años más, tres años es bastante tiempo”. Ana ya se hace a la idea de volver a México. “Lo único que me detiene aquí son los sueños de mis hijos”, confiesa.
Fuente: AFP.