Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron excluidos de nuevo de la lista de países invitados para la celebración de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la primera semana de diciembre en República Dominicana, informó el martes el país organizador.
Los tres países fueron igualmente marginados de la edición anterior de Los Ángeles en 2022, al ser señalados de ser regímenes dictatoriales.
República Dominicana, que asumió en 2023 la presidencia pro tempore de la Cumbre las Américas, explicó que la decisión este año “responde a un criterio estrictamente multilateral” en un contexto de “polarización política” y en favor de “priorizar el éxito del encuentro”.
“Favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, indicó un comunicado oficial del gobierno dominicano. Sin embargo, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió en X que una cumbre “construida sobre la exclusión y coerción está condenada al fracaso”.
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El jefe de la diplomacia cubana expresó “preocupación y rechazo a (la) decisión impuesta por gobierno EEUU a República Dominicana” de excluir a los tres países.
Las autoridades dominicanas aclararon que mantienen una relación bilateral de “características propias” con cada uno de estos países: ininterrumpida con Cuba y “cordiales” con Nicaragua, mientras que con Venezuela la relación quedó suspendida tras la denuncia de fraude en las pasadas elecciones.
“El gobierno dominicano no ha reconocido la legitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales celebradas allí”, indicó el texto en referencia a los comicios de 2018 y 2024, que fueron tachados de fraudulentos por la oposición y varios países.
- Fuente: AFP
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Nicaragua: tres claves detrás del proyecto para anular elecciones libres
“No les quedará más que ladrar”, respondió el presidente Daniel Ortega a la masiva condena internacional por su decisión de prohibir formalmente la participación de opositores en las elecciones de Nicaragua, donde gobierna con poder absoluto junto a su esposa Rosario Murillo.
El Congreso anunció que aprobará en septiembre una reforma constitucional que establece un mandato presidencial de siete años “renovables” -cuyo mecanismo no precisó- y excluye a los partidos opositores a los que Ortega llama “golpistas” al “servicio” de Estados Unidos.
Ortega reveló su iniciativa el 19 de julio en el aniversario de la revolución sandinista. Dice que así protege al país de la injerencia de Washington, al que acusa de patrocinar las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU. Estas son las claves que explican su decisión.
La sucesión
El exguerrillero izquierdista gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza. Volvió al poder en 2007 y se mantiene acusado por sus críticos de fraudulentas reelecciones y de instaurar una “dictadura dinástica”.
En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo, y, al señalarlos de “traición a la patria”, los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.
La oposición ya estaba entonces anulada de facto, por lo que para Dora María Téllez, excomandante guerrillera refugiada en España, lo crítico de la reforma está en la “renovación” de mandato, más que en eliminar las elecciones competitivas.
Con 80 años, lupus y problemas renales, Ortega reformó la Constitución en 2025 para ascender a Murillo de vice a copresidenta y supeditar a ellos todos los poderes del Estado.
Para el exaspirante presidencial Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, Ortega busca garantizar una sucesión del poder en Murillo, cinco años menor, y en Laureano, de 42, uno de sus ocho hijos en cargos públicos.
“Tienen un trauma sucesorio y miedo”, dijo Téllez a la AFP, al señalar que ambos temen, no solo a la oposición, sino a traiciones en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla), varios de cuyos dirigentes históricos han sido encarcelados.
La presión internacional
Maradiaga y Téllez no descartan que la reforma sea para adelantarse a presiones del presidente Donald Trump -tras las ejercidas en Cuba y Venezuela- que obliguen a abrir espacio a la oposición.
Como la Unión Europea, Estados Unidos ha impuesto sanciones al gobierno nicaragüense desde 2018.
“Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones”, advirtió el miércoles Michael Kozak, responsable para América Latina en el Departamento de Estado, al proponer una reunión de cancilleres de la OEA para analizar medidas antes de que se apruebe la reforma.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que recibe crédito de bancos internacionales y del FMI.
“Debe elevarse seriamente la presión. No pueden continuar financiando a una dictadura”, subrayó Maradiaga.
Para Téllez, los comunicados de condena no le hacen “ni cosquillas” al gobierno, que apuesta por “seguir haciendo lo que le da la gana con absoluta impunidad”.
Luciano García, miembro de un partido exiliado en Costa Rica, dice que Trump podría aplicar en Nicaragua -aliada de China y Rusia- “la vía quirúrgica, como fue la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela”.
Pero considera que la comunidad internacional “se inclina por el camino más largo: sanciones económicas, pese al alto costo para la población”.
La oposición
Las protestas de 2018 “marcan un antes y un después”, dice García. Casi un millón de nicaragüenses se han exiliado, no hay prensa independiente y, además del FSLN, solo quedan partidos minoritarios afines al gobierno.
Juan Sebastián Chamorro, también excandidato preso y ahora exiliado en Estados Unidos, afirma que Nicaragua, “como China, Corea del Norte y Cuba”, formalizará un sistema de partido único con el FSLN.
Maradiaga destaca, no obstante, que hay una “resistencia interna silenciada por la cárcel, la persecución y el miedo”, y el reto de la oposición exiliada es conectarse con ella y el “descontento” que existe, “incluso en el FSLN”, para “construir una alternativa democrática creíble”.
En el exilio hay movimientos diversos que no han logrado unirse, pero no significa que la oposición esté “desarticulada” pues sigue denunciando abusos y exigiendo presión internacional, apuntó García. Para el exdiputado Eliseo Núñez, refugiado en Costa Rica, la oposición debe apuntar a un “cambio por vía democrática”. “Otro camino activaría un nuevo ciclo de violencia”, advirtió.
Fuente: AFP.
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Estiman más de 10.000 desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
¿Mil, 10.000 o 50.000? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó hace casi un mes y medio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer. La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron al menos 6.125 muertos, según el último saldo oficial.
Salvo algún hallazgo milagroso, a más de 40 días de la tragedia se considera “desaparecidas” a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros. El último parte oficial publicado el lunes indica la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los terremotos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.
En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.
“Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto”, dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.
“Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando” escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.
¿Cuántos desaparecidos hay?
Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50.000.
Fue un “error”, estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. “Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10.000”, añadió.
Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.
El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.
Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.
El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30.000 personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19.000 que se salvaron y 2.000 fallecidos.
Según este recuento, faltaban 9.000 personas. 9.000 más 2.000 resulta en 11.000 muertos. ¿Será este el balance final?
El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló la semana pasada de casi 6.000 muertos y, según un registro de habitantes, al menos 1.338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.
Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.
Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17.000 y 41.000 desaparecidos.
Según la página “Venezuela Te Busca”, unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17.790 “quedan por localizar”.
El sitio “Desaparecidos Terremoto Venezuela” data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29.518 que siguen “sin contacto”.
Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41.311 “desaparecidos”. La fuente diplomática aplaudió la “buena voluntad” de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.
Descansar en paz"
En “eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido”, advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.
El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.
Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.
“Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz”, lamentó este policía de 50 años. “Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos” por recuperar de entre los escombros, afirma. Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.
Fuente: AFP.
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Gobierno de Venezuela y oposición sostienen primer encuentro hacia una transición política
El gobierno interino de Venezuela y delegados de la oposición sostuvieron el jueves en Caracas un primer encuentro en el diálogo auspiciado por Estados Unidos, que muchos esperan que desemboque en una transición política y en elecciones. Sin la presencia de la líder de la oposición y Nobel de la Paz María Corina Machado, el proceso arrancó siete meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.
En este tiempo, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha gobernado bajo fuerte presión de Washington. Las partes informaron que “suscribieron principios de respeto a la soberanía nacional” y “negociación de buena fe”, “protección de los derechos humanos” y “políticos de todas las fuerzas”, según una declaración conjunta difundida en las redes sociales.
La mesa fue encabezada, de un lado, por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, y del otro, por Dinorah Figuera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría legislativa en 2015, pero cuyos resultados fueron rechazados por Maduro. El proceso de diálogo “busca alcanzar la estabilización, la reconciliación política y una transición pacífica”, señaló la delegación opositora en un comunicado al término del encuentro.
La reunión se desarrolló a puertas cerradas en el Centro de Convenciones en el complejo militar de La Carlota. Solo se autorizó a los fotógrafos ingresar para una fotografía antes del inicio de las conversaciones. En esta instancia, que comenzó con varias horas de retraso, las delegaciones acordaron la metodología, los ciclos de trabajo y la agenda de discusión. En principio, sesionarán hasta el 12 de agosto.
Estados Unidos, “un garante”
Washington saludó el inicio del diálogo. “Estas conversaciones directas representan una oportunidad única”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. El texto recuerda que el objetivo del gobierno de Donald Trump para Venezuela se desarrolla en tres fases: “estabilización, recuperación económica y reconciliación política”.
Al llegar a Venezuela el miércoles desde España, donde ha vivido exiliada, Figuera dijo que este proceso busca cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, en el órgano electoral nacional y una reivindicación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. El diálogo despierta expectativa entre miembros de la oposición y familiares de presos políticos.
El dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de Machado, destacó en X que “esta vez sí existe un garante que asegure que el chavismo cumpla su palabra”.
“Esperamos que Venezuela logre cuanto antes la liberación de TODOS los presos políticos, nuevos poderes públicos y un cronograma electoral que incluya la elección presidencial”, dijo en su mensaje, en el que proclamó a Machado “como candidata” presidencial.
“No son una ficha de canje”
Observadores aseguran que Washington veta el retorno de Machado a Venezuela, aunque el gobierno estadounidense lo niega. Trump, de su lado, alaba el trabajo de Rodríguez y ha sugerido en su red social Truth Social que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.
Por otra parte, los venezolanos más izquierdistas no perdonan el giro de 180 grados del gobierno chavista tras 25 años de discursos antiimperialistas.
“¡Ni colonia ni tutela, la patria no se entrega!” y “Gringo go home”, gritaban militantes de izquierda venezolanos en recientes protestas en las que han quemado banderas estadounidenses.
Un grupo de familiares de presos políticos solicitaron el jueves a Figuera buscar la liberación de sus seres queridos.
Los presos políticos “no son una ficha de canje, nosotros pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos”, pidió a Figuera la hermana de un militar preso.
Mayra Morales, de 40 años, y decenas de personas llevan 60 días de vigilia en un campamento instalado cerca de la embajada de Estados Unidos en Caracas.
Exigen que el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, abogue por la liberación de sus familiares, pero no han sido recibidos por el diplomático.
Fuente: AFP.
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EE. UU. sanciona al ministro de Fuerzas Armadas cubanas y cúpula de la industria militar
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, general Álvaro López Miera, así como responsables y cinco empresas del sector industrial militar de la isla.
Los sancionados están implicados en “la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad”, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
Estados Unidos considera que Cuba es un Estado que “patrocina el terrorismo” y una “amenaza a la seguridad nacional”, y ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla desde principios de año.
Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un largo informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución castrista, en especial en América Latina y el Caribe.
Ese informe “relata las continuas asociaciones del régimen cubano con Rusia y China, ambos proveedores de hardware (equipamiento, ndlr) militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad para Cuba”, indica el comunicado.
Las sanciones alcanzan al ministro López Miera y a su viceministro Roberto Legrá, al que se acusa de estar involucrado en la compra de armamento ruso. También abarcan a altos funcionarios del ministerio.
Asimismo, fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en la embajada en Moscú, que medios de comunicación en el exilio acusan de estar involucrada en el supuesto reclutamiento de cubanos para participar en la guerra contra Ucrania.
Waldo Pérez Cortés, agregado militar en la embajada cubana en Pekín, también está sancionado.
La lista incluye entidades como Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, todas ellas especializadas en la compra y reparación de equipamiento militar.
De acuerdo a la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos.
Washington, que tiene a Cuba sometida a un embargo desde 1962, activó este año un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos a la isla.
El gobierno de Donald Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad del gobierno cubano.
También ha presentado cargos contra el líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, acusado de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aviones civiles procedentes de Florida, cuando era ministro de Defensa.
- Fuente: AFP
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