Perú: enfrentamientos contra la policía registraron 19 heridos
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Al menos 19 personas resultaron heridas en Perú durante protestas el fin de semana contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, informaron el domingo autoridades y defensores de derechos humanos. Cientos de personas marcharon el fin de semana en el centro de Lima hacia las sedes de los poderes públicos bajo un fuerte dispositivo de contención policial.
Grupos de jóvenes lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la fuerza pública, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones de goma, observaron periodistas de la AFP. “Un efectivo policial sufrió quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov durante la marcha convocada por diversos colectivos”, informó el sábado la Policía Nacional, junto a imágenes de los enfrentamientos en redes sociales.
Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) registró el domingo que hubo 18 heridos de los enfrentamientos, incluido un periodista. “Hacemos un llamado a la policía a respetar el derecho a la protesta, no había ninguna justificación para que disparen gran cantidad de gases lacrimógenos y mucho menos para que se agreda a las personas”, dijo a la AFP Mar Pérez, abogada de la CNDDHH.
Una nueva marcha de cientos de transportistas y el colectivo de jóvenes Generación Z en rechazo a la “corrupción” y las “extorsiones” fue dispersada por decenas de policías con gases lacrimógenos la noche del domingo. Los jóvenes intentaron nuevamente sobrepasar una barrera de seguridad de rejas que estaba frente al Parlamento en Lima.
“Estamos marchando contra la corrupción, por la vida y contra criminalidad que nos viene matando todos los días”, dijo el domingo a la AFP la ingeniera Adriana Flores de 28 años. El malestar social aumentó después de que el gobierno de Boluarte reglamentara el 5 de setiembre una ley que obliga a los jóvenes a aportar a fondos privados de pensiones, pese a la precariedad laboral y a una tasa de informalidad que supera el 70%.
Boluarte bate récords de impopularidad en la recta final de su mandato, que concluirá el 28 de julio de 2026. El Congreso, de mayoría conservadora, tampoco goza de aceptación, porque es visto como una institución corrupta, de acuerdo con varios estudios de opinión. Las protestas también han escalado en los últimos seis meses en Perú a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.
El gobierno boliviano afronta protestas de varios sectores
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Las protestas de varios sectores en Bolivia contra el gobierno se intensificaron este martes con choques entre manifestantes y policías y decenas de bloqueos de carreteras, en medio de una grave crisis económica. En la ciudad de El Alto, campesinos aimaras tomaron vías urbanas para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre. Por la noche, entre una bruma de gases lacrimógenos, se enfrentaron con policías antimotines, según imágenes difundidas por medios locales.
Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas presionan al gobierno. Los pedidos van desde aumentos salariales y la estabilización de la economía hasta la no privatización de empresas públicas. Bolivia pasa por su peor trance económico en cuatro décadas, con una inflación interanual de 14% a abril.
Horas antes, obreros y maestros salieron a las calles de La Paz, a unos 15 kilómetros. “Estoy decepcionada de nuestro gobierno. ¿Qué nos había prometido? Que todo iba a mejorar, pero nada ha mejorado”, dijo a la AFP Nancy Mena, de 43 años, docente de una escuela rural.
Este martes también se reportaron 67 puntos de bloqueo en las carreteras del país, según la Policía Nacional. Los choferes de carga pesada comenzaron con los cortes hace varios días, a los que luego se sumaron profesores y campesinos. En los mercados de La Paz, los precios de productos como la carne de pollo y algunos vegetales se han disparado por la escasez derivada de la toma de caminos, reporta la prensa local.
“Son los bloqueadores los que te aumentan el precio de los productos (...), los que te generan desempleo, (...) los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa”, dijo Rodrigo Paz en un video difundido en sus redes sociales. Grupos afines al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo de la justicia por el caso de la presunta trata de una menor, también empezaron este martes una marcha de unos 180 kilómetros desde Oruro (sur) con el objetivo de llegar a La Paz.
Detienen en Perú a cinco personas por una red internacional de pornografía infantil
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La policía detuvo este jueves en Perú a cinco personas acusadas de pertenecer a una organización internacional de pornografía infantil con presencia en Europa y América, informó a la AFP la institución.
El operativo se realizó en la madrugada en tres distritos de Lima y en las regiones de Tacna y San Martín.
“Se ha capturado a cinco personas que son integrantes de esta red internacional dedicada a la pornografía infantil”, dijo a la AFP el general Eric Ángeles, jefe de la dirección de investigación de Ciberdelincuencia.
“Dentro de esta red criminal se ha identificado a 142 personas de 13 países, tanto de América como de Europa”, que accedieron a contenido sexual a través de un chat grupal en una aplicación de mensajería, indicó el oficial.
Ángeles señaló que en el operativo policial se encontraron videos de menores de 14 años. Las imágenes se almacenaban para ser difundidas en un canal de WhatsApp administrado por una persona de nacionalidad nicaragüense, según las investigaciones.
El caso surgió a raíz de una alerta internacional brindada por la policía de Colombia, quienes informaron sobre unos números telefónicos de Perú que compartían contenido explícito e ilegal en el chat grupal, informó la policía.
Perú sanciona con penas de hasta 15 años de cárcel los delitos de pornografía infantil.
Perú extraditó a “Pequeño J” por un triple homicidio en Argentina
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Perú extraditó ayer lunes a Argentina al peruano Tony Valverde, señalado como presunto autor intelectual de un brutal triple feminicidio ocurrido en las afueras de Buenos Aires en septiembre pasado, informó la policía. Valverde, apodado “Pequeño J”, es requerido por la justicia argentina en un caso que las autoridades vinculan con el narcotráfico y que provocó una fuerte conmoción en el país.
El sospechoso de 20 años fue entregado a Interpol Argentina en el aeropuerto de Lima para su traslado a Buenos Aires, tras permanecer recluido desde octubre en una prisión de Lima. “Ya se llevó a cabo la extradición de Pequeño J. Ya está en manos de Interpol Argentina”, dijo a la AFP el coronel Hans Ruiz, jefe de Interpol en Lima, quien lideró el operativo.
Según la fiscalía peruana, será “juzgado por el delito de homicidio agravado”. Valverde es señalado como autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, primas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados el 24 de septiembre, cinco días después de su desaparición, enterrados en el patio de una casa en la periferia sur de Buenos Aires.
Según la investigación, las víctimas fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por redes sociales ante un grupo cerrado de usuarios, en lo que las autoridades argentinas consideran un castigo por un presunto robo de drogas. El caso sacudió a Argentina, donde miles de personas se manifestaron para exigir justicia.
Valverde es además sospechoso de dirigir una banda de narcotráfico en el sur de Buenos Aires. Fue detenido el 30 de septiembre en el distrito de Pucusana, en el sur de Lima. Ese mismo día, un presunto cómplice argentino, Matías Ozorio, de 28 años, fue arrestado al norte de la capital peruana y posteriormente deportado. Otras siete personas fueron detenidas en Argentina.
Roberto Sánchez, candidato presidencial por el partido Juntos por el Perú, en la sede del partido en Lima, el 25 de abril de 2026. Foto: Connie France/AFP
Perú: candidato de izquierda radical consigue leve ventaja para el balotaje
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Más de dos semanas después de la primera vuelta de las presidenciales en Perú, aún se desconoce quién será el adversario de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, aunque el candidato de izquierda radical Roberto Sánchez aumentó levemente la ventaja respecto al ultraconservador Rafael López Aliaga. Con el 96 % de las papeletas de las elecciones del 12 de abril escrutadas el lunes, se da por clasificada a la candidata de derecha para la segunda vuelta del 7 de junio, con el 17 % de los votos.
Sánchez y López Aliaga obtienen respectivamente el 12 % y el 11,9 % de los sufragios. La ventaja del primero aumentó desde el viernes pasado en poco más de 2.000 votos, para situarse en 22.600. “Nosotros, como ciudadanos, estamos plenamente convencidos y tranquilos de estar ya en la segunda vuelta”, declaró Sánchez a la prensa el sábado.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que los resultados definitivos no se conocerán antes del 15 de mayo, ya que la mayoría de las actas que aún deben procesarse presentan anomalías y tendrán que ser examinadas por los jurados electorales. En este contexto de incertidumbre, una encuesta de Ipsos difundida el domingo por el diario Perú 21 esboza las correlaciones de fuerzas de cara a la segunda vuelta.
Keiko Fujimori estaría cabeza a cabeza con Sánchez, con un 38 % de los votos para cada uno, signo de una fuerte polarización. El voto en blanco o nulo alcanzaría el 17 % en este escenario. Frente a Rafael López Aliaga, en cambio, Fujimori sería derrotada, ya que él obtendría el 34 % de los votos frente al 31 % de la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori. El voto en blanco o nulo llegaría al 27 %. La primera vuelta estuvo marcada por retrasos en el envío del material electoral, que impidieron votar a más de 50.000 electores y obligaron a las autoridades a prolongar la votación un día más.
La misión de observación de la Unión Europea mencionó “graves deficiencias”, si bien afirmó no haber constatado “ninguna prueba objetiva” de fraude, a diferencia de las acusaciones de López Aliaga. Más de 27 millones de electores fueron llamados a las urnas en estos comicios obligatorios, que deben renovar también el Parlamento, con el regreso a un sistema bicameral inédito desde 1990.