El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, ha reaccionado ayer jueves a la decisión de la Cámara de Diputados de tramitar de manera urgente la ley de amnistía para los condenados por la trama golpista de 2022 --incluido el expresidente Jair Bolsonaro--, recordando que será la Justicia quien tenga la “última palabra”.

Alckmin ha evitado pronunciarse sobre la posible respuesta del Gobierno a esta amnistía --que desde algunos sectores del oficialismo consideran ya una derrota, si bien no evitaría la inhabilitación de Bolsonaro--, que ha de toparse con una revisión del Senado que tan solo prevé una reducción de las penas de cárcel.

“Es un tema del legislativo (...), que establece las leyes, las reglas de convivencia de una sociedad, nadie está por encima o al margen de la ley”, ha dicho el vicepresidente brasileño en declaraciones a la prensa, remarcando que, aunque existe la separación de poderes, la Justicia “tiene la última palabra”.

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Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la tramitación de urgencia de la ley de amnistía por 311 votos a favor y 163 en contra tras meses de negociaciones y una intensa presión por parte de la oposición que finalmente logró convencer al ‘centrao’, el bloque formado por fuerzas aparentemente sin orientación ideológica que se mueven por intereses particulares del que dependen izquierda y derecha.

Con todo, no cuenta con un texto definido y tampoco con una fecha de votación fijada, pero, de esta forma, podrá ser debatida directamente en el pleno sin tener que pasar por las comisiones correspondientes. El Tribunal Supremo ya ha adelantado que una amnistía en su sentido más amplio sería inconstitucional.

El Tribunal Supremo de Brasil ha abierto una nueva investigación al expresidente Jair Bolsonaro y sus tres hijos --Flávio, Eduardo y Carlos--, además de a otra veintena de aliados, por alentar a la población a saltarse las reglas contra la pandemia del coronavirus, en base al informe de la comisión parlamentaria de 2021.

También están bajo investigación, entre otros, su exjefe de gabinete Onyx Lorenzoni, el exministro de Asuntos Exteriores Ernesto Araújo y las diputadas Beatriz Kicis y Carla Zambelli, detenida en Italia a la espera de extradición tras su condenada por un ataque informático al Consejo Nacional de Justicia.

Los investigados son sospechosos de diferentes crímenes contra la administración pública, tales como incitar al incumplimiento de las normas contra la pandemia, pero también por el desvío de recursos, fraude en las licitaciones, sobrecostes, contratos con empresas fantasma, aprovechando el periodo de excepcionalidad. Además de políticos afines a Bolsonaro, en la lista del Supremo hay también empresarios, periodistas, o personalidades de internet.

Algunas de las causas que arrastra Bolsonaro se remontan precisamente a la pandemia, a la que llegó a definir como una “gripecita”. El inicio del proceso por golpe de Estado --por el que ha sido condenado a 27 años de cárcel-- surgió mientras estaba siendo investigado por la supuesta falsificación de su cartilla de vacunación para poder sortear las restricciones de viaje internacionales que impusieron los gobiernos de todo el mundo para evitar el aumento de los contagios.

Fuente: Europa Press.