Paraguay se prepara para recibir, entre octubre y diciembre de este año, a autoridades sanitarias de Chile, Taiwán, la Unión Europea, Egipto y Perú, en el marco de cinco auditorías internacionales vinculadas al sector pecuario.

Las inspecciones apuntan a renovar habilitaciones, mantener mercados vigentes y avanzar en la apertura de nuevos destinos y productos cárnicos.

El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, explicó que este tipo de controles forma parte de la dinámica habitual del sector, considerando la cantidad de mercados a los que llega la producción nacional.

“Todos los años tenemos algunas auditorías, no todos los mercados vienen todos los años, pero todos los años tenemos de algún lado”, señaló en comunicación con La Nación/Nación Media.

Entre las inspecciones previstas, destacó la de la Unión Europea, que se realizará para mantener el estatus sanitario y verificar los requisitos exigidos para el ingreso de carne paraguaya. En tanto, Taiwán evaluará nuevos establecimientos exportadores y reinspeccionará plantas que ya forman parte de su circuito comercial. En este proceso también se prevé la revisión de nuevas plantas, como el frigorífico Cerrito, ubicado en Presidente Hayes.

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Burt también puso el foco en Perú, mercado que busca avanzar en la habilitación de nuevos productos. La auditoría peruana contempla la habilitación de la línea de harina de carne y hueso, además de la revisión de los exportadores de carne vacuna.

En el caso de Egipto, el representante de la CPC aclaró que no se trata de una apertura inicial, sino de una inspección dentro del proceso de mantenimiento del mercado. Las autoridades egipcias prevén renovar licencias e incorporar más frigoríficos bovinos a su nómina oficial.

El resultado de estas auditorías será clave para sostener el acceso de la carne paraguaya a mercados internacionales y al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para la industria frigorífica y la producción pecuaria nacional.

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El gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el retiro en el Congreso de su proyecto de reformas a la seguridad que generó escasos apoyos y críticas de diversos sectores políticos, incluido el oficialismo.

El paquete proponía ocho modificaciones a la Constitución, entre estas la creación de un estado crítico de excepción que podría decretarse por 240 días, sin aprobación del Parlamento, y restringir las libertades de movimiento y reunión en caso de grave amenaza para la seguridad pública.

Su retiro el martes por la noche es un duro golpe para el mandatario ultraderechista. El endurecimiento de las medidas de seguridad fue una de sus principales propuestas de campaña de mano dura contra el crimen.

Una comisión del Senado trabajó paralelamente en otra reforma para reemplazar la del oficialismo. El ejecutivo optó por respaldar este proyecto, que fue ingresado el miércoles.

“Dado ese trabajo (de los senadores) y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado”, dijo en un mensaje televisado desde el Congreso el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

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El nuevo proyecto busca calificar al crimen organizado como una amenaza contra los derechos fundamentales, segregar a los presos para evitar delitos desde las cárceles y establecer la duración de los estados de emergencia en 30 días, cuyas prórrogas deben tener autorización parlamentaria.

La propuesta original de Kast fue ampliamente reprobada por los legisladores, incluidos varios de sus aliados derechistas y de la propia coalición de gobierno.

La oenegé internacional Human Rights Watch expresó preocupación por el estado de excepción planteado y otras medidas relacionadas, como la posibilidad de interceptar comunicaciones y requisar bienes.

Cientos de manifestantes salieron a las calles de Santiago en setiembre para rechazar las reformas y protagonizar choques con la policía.

Chile es uno de los países más seguros de América Latina, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua.

La tasa de homicidios de Chile fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.

• Fuente: AFP

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Fiscales arrestados, dinero escondido en una ambulancia y acusaciones de narcotráfico y corrupción desde Estados Unidos: una tormenta sacude a la justicia de Bolivia tras la detención del fiscal general Roger Mariaca. En prisión preventiva por seis meses en una cárcel de Potosí, en el sur del país, el exfuncionario de 38 años es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada.

Fue capturado por la policía la semana pasada en Santa Cruz (este) en un operativo en el que resultaron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales. Días antes, Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o vínculos con el narco. A continuación, cuatro puntos clave para entender qué se juega en Bolivia.

Mariaca fue nombrado a la cabeza del Ministerio Público en 2024 por el Congreso controlado en ese momento por el oficialista Movimiento al Socialismo que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y el entonces mandatario Luis Arce (2020-2025). Morales es hoy el principal opositor del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

Antes, Mariaca era jefe de fiscales en Santa Cruz, el departamento más golpeado por el narcotráfico. “Su figura siempre ha sido controvertida” por “casos polémicos” bajo su supervisión, dice a la AFP la socióloga boliviana Luciana Jáuregui.

Uno de ellos fue la investigación contra el narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del cono sur.

Desde agosto de 2025, como fiscal general, el accionar de Mariaca tomó un “carácter político”, según Jáuregui, que menciona el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, detenido por intento de feminicidio y presunta corrupción que salpica al gobierno y a la familia presidencial. Mariaca denunció a la prensa que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos fue una “presión” por la investigación contra Cerimedo.

Washington sostiene que como fiscal recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, acusación que él niega. El gobierno boliviano denuncia que bajo su mandato la Fiscalía se convirtió en una “organización criminal”. En la noche de su detención, una ambulancia fue interceptada cuando salía de su residencia con 300.000 dólares escondidos, según las autoridades.

Cuando llevaba el caso Marset en 2023, el narco uruguayo eludió un megaoperativo para ser capturado. El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que entonces las autoridades fiscales “lo dejaron salir” y “le devolvieron sus bienes incautados”. Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo y expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su detención, que la AFP no ha podido verificar, en el que supuestamente dice a policías: “Mariaca es mi amigo”.

El gobierno asegura que el operativo contra Mariaca y los otros detenidos fue realizado por la policía boliviana con cooperación de inteligencia de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país “respalda firmemente” a Paz. Lo mismo hicieron los 15 países miembros del Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha contra el crimen transnacional en la región liderada por la administración de Donald Trump. “De alguna forma, la presión externa está siendo un punto” de apoyo para Paz “frente a su debilidad interna”, dice Jáuregui.

El mandatario ganó la elección con una coalición de fuerzas que después se deshizo, mientras que en las calles fuertes protestas han puesto a su gobierno contra las cuerdas. En el poder desde noviembre, Paz padece un “desgaste” debido a sus recientes medidas económicas impopulares, dijo a la AFP la politóloga Adriana Rodríguez.

Después de la captura de Mariaca, la Fiscalía nombró a Luis Montaño como nuevo jefe, pero el gobierno de Paz lo denunció por obstruir el caso y lo desconoció. La madrugada del sábado, tras una larga sesión, el Congreso designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, tras aprobar una reforma para destituir a Mariaca y reemplazarlo.

Una senadora de la oposición cuestionó la presencia de funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú, a los que grabó. Según Adriana Rodríguez, la Fiscalía es escenario de una “pugna de poder político” mientras se elige a su titular definitivo. Para la socióloga Jáuregui, el gobierno de Paz “está buscando (...) construir una nueva legitimidad a partir de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”.

Fuente: AFP.

El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general, detenido tras ser señalado por Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico, y designó el sábado a un interino tras una prolongada sesión de urgencia. Roger Mariaca, que ejerció la jefatura del Ministerio Público desde 2024 hasta su arresto el miércoles, será reemplazado por José Armando Urioste de forma interina.

Urioste tiene una amplia trayectoria como juez y académico en el departamento del Beni (noreste). “Estamos recibiendo una institución que demuestra, por los acontecimientos de esta semana, que está totalmente empañada por actos de corrupción, manchada por la trayectoria lamentable de los colegas”, dijo Urioste en entrevista al diario El Deber.

“Vamos a investigar. Yo soy enemigo de hacer una cacería de brujas. Yo considero que hay un principio de presunción de inocencia, pero también existe el principio de objetividad”, indicó. La designación se realizó con 113 votos a favor y 11 en contra, tras extensas negociaciones y varias nominaciones sin consenso que se extendieron desde la noche del viernes hasta las 6:30 locales (10:30 GMT).

“Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el doctor Urioste”, señaló tras la votación a mano alzada el presidente del Senado, Diego Avila. El Congreso tuvo que modificar primero la normativa para permitir la suspensión del fiscal general al existir en su contra una imputación delictiva o prisión preventiva.

La noche del viernes, el presidente centroderechista Rodrigo Paz promulgó la ley y el Congreso retomó la sesión para tramitar el reemplazo. Mariaca es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega.

Esta semana, Washington le retiró la visa junto a otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su captura dos días después fue “fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”, dijo el presidente Paz en la sede de gobierno.

Horas después de la detención de Mariaca, la Fiscalía nombró como interino a Luis Montaño, el funcionario más antiguo de la institución, pero el gobierno de Paz desconoció la designación y anunció que sería detenido por usurpar funciones y obstaculizar las pesquisas contra Mariaca.

Según el Ministerio de Gobierno, el exjefe del Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo de este año con ayuda de la DEA y expulsado a Estados Unidos.

Por este caso también fueron detenidas el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia. Paz destacó la participación en estas capturas del Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos de derecha impulsada por Washington para combatir el crimen transnacional.

Fuente: AFP.