El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.

El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.

Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.

“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.

Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.

“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.

En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.

Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.

Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?

Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.

P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?

R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.

P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?

R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.

P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?

R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.

P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?

R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.

P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?

R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.

P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?

R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.

Con información de AFP.

Las carreteras quedaron completamente despejadas este martes en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinado a poner fin siete semanas de protestas contra el gobierno.

Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.

El presidente de centroderecha Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares limpiar las rutas. “Nuestras carreteras han sido liberadas”, señaló este martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaban las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en un contexto de crisis económica, la más grave en 40 años.

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En una declaración emitida este martes, Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su “profunda preocupación” por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de “socavar y derrocar” al gobierno representan una “grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática” de Bolivia.

“Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional”, añaden en el texto.

El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó por su parte durante la Asamblea General de la OEA en Panamá que el narcotráfico financia a la “izquierda radical” en Bolivia. El crimen organizado “busca subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, declaró.

El gobierno de Paz acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de haber impulsado las protestas y de haberlas financiado con dinero proveniente del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas.

Los últimos puntos de bloqueo se extinguieron, tras declarar Morales el lunes su suspensión temporal. Todos estaban en el departamento de Cochabamba, bastión del líder indígena en el centro del país.

Organizaciones sociales comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de ruta para exigir la salida de Paz y para reclamar por la venta de gasolina de mala calidad.

• Fuente: AFP

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El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso Pedro Sánchez, fue condenado ayer lunes a 24 años de cárcel por corrupción, en un fallo que podría debilitar al presidente del Gobierno socialista en el tramo final de la legislatura. El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.

Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.

La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros quebraderos de cabeza judiciales, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.

A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.

El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.

“El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio” y “es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno”, dijo a la prensa Feijóo. “De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata”, sentenció el dirigente conservador.

La sentencia del caso Ábalos “concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción”, informó el poder judicial en un comunicado.

“Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama” y otros hechos, como los 10.000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o “la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas”.

El tribunal destaca asimismo “el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado”.

El exministro denunció durante el juicio un intento de “politizar” el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un “uso torticero de la justicia”.

También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.

La sentencia supone un duro golpe para el PSOE y el gobierno, que han tratado de marcar distancias con quien fue durante años uno de los principales artífices del ascenso de Sánchez al poder.

Desde su puesto como secretario de organización, el exministro fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.

El fallo llega en un momento políticamente delicado, con el ejecutivo en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos, y bajo presión por los diversos frentes judiciales que afectan a su entorno, cuando falta un año para que concluya la legislatura.

Pese a la condena, el horizonte judicial del exministro Ábalos no se cierra con esta sentencia. Otras líneas de investigación derivadas del mismo caso siguen abiertas en la Audiencia Nacional y podrían dar lugar a nuevos procedimientos en el futuro.

Para la oposición, la sentencia confirma la existencia de un entramado de corrupción en el corazón del gobierno socialista, mientras que desde el Ejecutivo se insiste en desvincular estos hechos de la actual dirección política. Con este fallo, la justicia española cierra de momento la primera gran pieza del llamado “caso Koldo”, pero deja abiertas múltiples derivadas que seguirán marcando la agenda política en los próximos meses.

Fuente: AFP.

El expresidente boliviano Evo Morales anunció la suspensión ayer lunes de los bloqueos que persistían en el departamento de Cochabamba, luego de que el gobierno de Rodrigo Paz decretó hace tres días un estado de excepción para poner fin a las protestas en el país. Con la entrada en vigor de la medida decretada por el presidente, el abastecimiento en Bolivia empezó a normalizarse después de siete semanas de protestas.

Desde principios de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca paralizaron carreteras en varios puntos del país en contra del presidente de centroderecha Paz, a quien responsabilizan de la peor crisis económica del país en 40 años. El mandatario, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos en la capital administrativa La Paz y su vecina El Alto.

Refugiado en la región selvática del Chapare, Morales declaró al término de una asamblea de dirigentes cocaleros ayer lunes que “por ahora un cuarto intermedio” en los bloqueos, cuyos últimos focos se concentraban en su bastión Cochabamba, en el centro del país.

En el momento más álgido de la crisis, llegó a haber unos cien cortes de rutas en Bolivia, pero el número se redujo significativamente tras la declaración el sábado del estado de excepción.

La medida permite el despliegue interno de las fuerzas armadas, restringe el derecho a manifestarse y prohíbe bloquear rutas.

Los bloqueos afectaron corredores estratégicos que comunican La Paz y El Alto con la región agropecuaria de Santa Cruz y con los puertos de Chile y Perú, sobre el océano Pacífico.

En Garita de Lima, un mercado popular de La Paz, cientos de habitantes compraban ayer lunes alimentos llegados en las últimas horas tras el levantamiento de los cortes. “Hoy se ha normalizado. En los días anteriores había cuatro cuadras de fila, pero ahora está más tranquilo. Ya no nos peleamos para comprar”, dijo a la AFP Rosa Quispe, una comerciante de 48 años que esperaba para comprar pollo.

Aunque con esperas, los clientes conseguían ayer lunes los productos sin las enormes filas de las últimas semanas ni las disputas para abastecerse, mientras camiones descargaban carne, verduras y otras mercaderías. “Pero la mayoría de la gente no tiene platita (dinero), con o sin bloqueo igual no hay tantos clientes”, dijo a la AFP Mari Soria, una vendedora de 40 años que ofrecía hígado y barriga de res en un puesto callejero.

“Hoy ya bajaron los precios, pero igual la gente está optando por el pollo que es lo más barato”, agregó. El abastecimiento de combustibles, problemático incluso desde antes de los bloqueos, seguía siendo difícil. Las filas de taxis, vehículos particulares y autobuses aún eran extensas ayer lunes en las estaciones de servicio de La Paz y El Alto. Pero cientos de camiones cisternas, procedentes de Chile y Perú y que habían estado paralizados durante semanas, descargaban gasolina y diésel en la planta procesadora de Senkata para su posterior distribución.

Morales permanece refugiado en Lauca Eñe, una localidad cocalera del Chapare, para evitar la ejecución de una orden de captura por presunta trata de una menor, acusación que él rechaza.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró al canal televisivo Unitel que se prepara un plan para permitir la entrada de fuerzas de seguridad a esa región.

Aseguró que la operación se llevará a cabo “con tranquilidad y calma”.

El presidente Paz acusa a Morales de estar detrás de las protestas y de recibir apoyo financiero de narcotraficantes, sin haber aportado pruebas que respalden estas afirmaciones. El exmandatario rechaza las acusaciones y afirma que detrás de su eventual captura está la mano de Estados Unidos.

Durante una reunión pública en el Chapare, el líder indígena denunció reiterados cortes de electricidad que, según dijo, forman parte de una guerra psicológica contra la región. “Si otra vez nos cortan (la luz), bueno, nos movilizamos, tomamos una (planta eléctrica) y nosotros nos administramos para que nunca nos falte energía”, advirtió.

Fuente: AFP.