Nicaragua tendrá dos jefes de la Policía por una reforma constitucional aprobada por el Congreso, así como tiene dos presidentes desde febrero, informó este jueves el gobierno.
La Asamblea Nacional, controlada por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, dio luz verde a una reforma a la carta magna para que la pareja gobernante designe a “dos jefes” de la policía.
La reforma, que opositores en el exilio creen que servirá para aumentar la persecución a los críticos del gobierno sandinista, entrará en vigor una vez que sea ratificada por el Congreso en 2026.
El director de Policía, Francisco Díaz, afirmó que la reforma ayudará a que la institución sea “más eficiente” al enfrentar el crimen organizado, el “terrorismo, tráfico de drogas y armas, ciberdelitos y lavado de dinero”.
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Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial y está sancionado por Estados Unidos, indicó que la medida ayudará a “fortalecer y proteger la paz”.
Por su lado, Murillo dijo que los dos jefes policiales se van a distribuir “el trabajo de cobertura” en la seguridad pública. Medios nicaragüenses editados en el exilio señalaron que la reforma busca que Díaz tenga menos funciones. “Podría convertirse en un jefe decorativo”, expresó el diario La Prensa.
Un informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua identificó por primera vez en abril a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua, con Ortega y Murillo a la cabeza, como responsables de graves “crímenes” de derechos humanos y “represión sistemática”.
Dentro del “régimen represivo” los Expertos incluyeron a Díaz, quien asumió la dirección de la Policía en 2018 en medio de protestas contra el gobierno, que Ortega consideró como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. La represión a las manifestaciones dejó más de 300 muertos, según la ONU.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una “dictadura familiar”, junto a Murillo, de 73 años.
- Fuente: AFP
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El Salvador aprobó prisión perpetua para menores homicidas y violadores
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer jueves la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas” en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” antipandillas que cumple cuatro años. Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, consigna parte del texto de la reforma a la Ley Penal Juvenil que forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen propuesta por Bukele.
La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos, pero contempla “revisiones periódicas” de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir “libertad controlada”. A propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de marzo la prisión perpetua después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en lucha contra la delincuencia.
“Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional” por lo que “la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, precisa el texto de la reforma que ayer jueves contó con 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.
El diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo que “miles” de salvadoreños “sin vinculo de pandillas” siguen “esperando un juicio justo” y lamentó que “gente buena esté pagando por algo que no hizo”.
También el parlamento aprobó reformas al Código Penal en las que establece que juzgados de lo Criminal tendrán “competencia exclusiva” en los procesos “contra adultos y menores de edad” que cometan delitos sancionados con prisión perpetua.
Los mismos tribunales realizarán la “revisión obligatoria” de la pena perpetua y podrán otorgar un “régimen de libertad controlada” en el caso delitos de menores de edad que hayan cumplido 25 años de prisión, y en los adultos la revisión será cuando hayan purgado entre 30 y 40 años.
La legislación salvadoreña tenía como condena máxima 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia por buena conducta o por trabajos para la comunidad.
Este mismo jueves el parlamento con 57 votos prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial justo cuando el viernes se cumplen cuatro años de esa medida que ampara la guerra antipandillas. A la fecha, según fuentes oficiales, fueron detenidos 91.650 presuntos pandilleros. Unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Según oenegés de derechos humanos muchos inocentes permanecen tras las rejas.
Fuente: AFP.
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Itaipú: la tarifa es prioridad y el Anexo C pasó a segundo plano, afirma ingeniero
Para el ingeniero y exasesor técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Fabián Cáceres, la discusión del Anexo C del tratado de Itaipú quedó en segundo plano para los gobiernos de Santiago Peña y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Agregó que el punto clave del debate gira en torno a la fijación de una nueva tarifa de la hidroeléctrica, razón por la cual persiste el manto de hermetismo desde ambas administraciones.
“Se tiene que ser bien claros, lo que realmente se pretende es extender el acuerdo (de 2024). El anexo C va por otra cuerda y ya no genera beneficios para el Paraguay. Actualmente, la tarifa es de USD 19,28 por kW/mes y el Brasil tiene la esperanza de que quede a USD 10 KW/mes“, refirió este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cáceres comentó: “Lo que se pretende de alguna forma es que la tarifa de USD 19,28 por kW/mes no vaya al piso y que por lo menos permita todavía disponer de suficientes recursos y, a la vez, enfocarse en la promoción de nuevas fuentes de generación de energía".
“Tocar el Anexo C ya no tiene sentido, además los tiempos ya no dan. Esto era de interés cuando había una gran diferencia entre lo que llevaba Paraguay y Brasil (en materia de distribución de energía). Hoy prácticamente nuestro país estará consumiendo a la par que Brasil”, afirmó Cáceres.
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Acuerdo histórico
La fijación del precio de la tarifa a USD 19,28 por kW/mes, en mayo del 2024, fue calificada como un acuerdo histórico tras años de negociaciones. Su vigencia se extiende hasta el año 2026 y llegó a generar alrededor de USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.
Además se estableció el mantenimiento del acuerdo operativo de la Itaipu, la posibilidad inmediata para Paraguay de vender al mercado libre brasileño su parte de la energía no consumida. En dicha ocasión los gobiernos de Peña y Lula habían fijado que la renegociación del Anexo C debía concluir a finales del 2024, pero el proceso fue dilatándose en medio de una serie de conflictos como el espionaje que fue impulsado por Brasil contra autoridades paraguayas, entre junio de 2022 y marzo de 2023.
Así como el reclamo realizado por Peña a Lula, en diciembre de 2025, cuando el mandatario brasileño tomó la iniciativa de inaugurar por separado el Puente de la Integración, costeado con fondos de Itaipú. El hecho fue calificado por el economista como “una mezquindad política” que dejó un “un sabor amargo”.
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Negociación de Itaipú: el encuentro Lula-Peña es “una buena señal”, dice experto energético
El docente y experto energético Victorio Oxilia consideró como “una buena señal” la reunión bilateral que mantuvieron los mandatarios Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, ayer domingo en la ciudad de Campo Grande (Brasil), para retomar la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú, para fijar las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la entidad binacional.
“Tal vez se dieron algunas orientaciones o se ajustaron algunas propuestas y contrapropuestas. El encuentro de ayer es una buena señal, se los vio a los dos sonriendo y muy cómodos. Obviamente, en esa reunión, las cosas ya fueron digeridas debido a que el encuentro técnico más relevante fue en la semana pasada con la presencia de dos ministros importantes del Brasil, el canciller Mauro Vieira y el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira“, indicó este lunes al programa ”Así son las cosas" emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Oxilia surgen teniendo en cuenta los impasses que se registraron en el transcurso del proceso de revisión, como el espionaje que fue impulsado por Brasil contra autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la represa, entre junio de 2022 y marzo de 2023.
Así como el reclamo realizado por Peña a Lula, en diciembre de 2025, cuando el mandatario brasileño tomó la iniciativa de inaugurar por separado el Puente de la Integración, costeado con fondos de Itaipú. El hecho fue calificado por el economista como “una mezquindad política” que dejó un “un sabor amargo”.
“Hay que considerar que en los últimos meses, Lula y Peña no se reunieron y había ahí un resquemor, aparentemente a raíz de la inauguración del Puente de la Integración, la cuestión del espionaje, fricciones que se dieron y que, de cierta manera, mostraban que ambos presidentes no se encontrarían”, dijo.
No obstante, Oxilia considera que dichos conflictos no influenciarían en el proceso de la renegociación. “Itaipú se maneja de una manera blindada, es algo demasiado estrátegico para ambos países, es algo concreto con historia. Ahora, lo que sí podría incidir es la buena voluntad del presidente Lula“, afirmó.
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Oxilia detalló que, en el marco de la revisión, Lula tendría como fin principal lograr una tarifa más razonable para Brasil. “Yo creo que la base que ellos toman es siempre el memorándum que firmamos en el 2024, que dio origen a la tarifa actual USD 19,28 por kW/mes (vigente hasta este año 2026), a los excedentes financieros", comentó.
El experto energético acotó: “De la revisión del Anexo C saldría una tarifa más razonable para el mercado brasileño. La tarifa es una cuestión muy importante para Lula, teniendo en cuenta que hoy en día Brasil ya ingresó a un periodo electoral bastante duro y, por lo tanto, el tema de la tarifa es muy vital para él".
A la vez, manifestó: “La renegociación está en un punto donde faltan ajustes de puntos finales y no sabemos si se dieron o si fueron más favorables para uno que para el otro”.
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Anexo C: Gobierno informará este lunes sobre el desarrollo de la bilateral entre Peña y Lula
El mandatario Santiago Peña y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvieron este domingo una reunión bilateral con la finalidad de avanzar en la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú, en donde se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la entidad.
La reunión entre ambos líderes políticos se concretó en la ciudad de Campo Grande, Brasil, en el marco de la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15 de la CMS).
La revisión fue retomada luego de varios meses tras el impasse generado por el espionaje que fue impulsado por el Brasil contra autoridades paraguayas, en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional.
De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El espionaje fue autorizado por el gobierno del exmandatario Jair Bolsonaro en junio del año 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del año 2023, había referido el gobierno de Lula mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.
Al tomar estado público esta situación, el gobierno de Peña se vio obligado el 2 de abril del 2025, a suspender temporalmente la revisión del Anexo C como una medida para obtener informaciones oficiales sobre el espionaje. Este hecho fue calificado por las autoridades paraguayas como una grave violación del derecho internacional. El impasse fue zanjado el 17 de noviembre del 2025, tras la entrega de un informe confidencial a Paraguay por parte del Brasil.
El encuentro se desarrolló a las 17:43 y finalizó aproximadamente cerca de las 18:30. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia confirmaron que tanto Peña y Lula decidieron no emitir una declaración conjunta con relación al tema abordado.
También se comunicó que mañana lunes a las 12:00, el jefe de gabinete de la Presidencia, Javier Giménez y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, brindarán una conferencia en torno a las conversaciones sobre la renegociación del Anexo C.
Sin embargo, también se detalló que los presidentes junto a sus delegaciones analizaron los detalles respecto al precio de la energía y su afectación en el desarrollo de nuestras naciones a corto y largo plazo.
Analizaron también la realidad geopolítica mundial y regional y valoraron el Mercosur como institución integradora a nivel regional y mundial. Destacaron la importancia de fortalecer los lazos entre nuestros países y desde ahí generar vínculos con otras regiones del mundo.
Hablaron especialmente sobre la situación en Venezuela y el interés de colaborar en la reconstrucción de la democracia en ese país. En el encuentro el presidente Lula manifestó su deseo de visitar Paraguay en visita oficial e igualmente invitó al presidente Peña a una visita de Estado en Brasil.
Antecedentes
El tratado de la Itaipú Binacional fue el instrumento jurídico, diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.
El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.