Nicaragua tendrá dos jefes de la Policía por una reforma constitucional aprobada por el Congreso, así como tiene dos presidentes desde febrero, informó este jueves el gobierno.
La Asamblea Nacional, controlada por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, dio luz verde a una reforma a la carta magna para que la pareja gobernante designe a “dos jefes” de la policía.
La reforma, que opositores en el exilio creen que servirá para aumentar la persecución a los críticos del gobierno sandinista, entrará en vigor una vez que sea ratificada por el Congreso en 2026.
El director de Policía, Francisco Díaz, afirmó que la reforma ayudará a que la institución sea “más eficiente” al enfrentar el crimen organizado, el “terrorismo, tráfico de drogas y armas, ciberdelitos y lavado de dinero”.
Te puede interesar: Brasil golpea al crimen organizado que blanqueaba en el sector de combustibles
Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial y está sancionado por Estados Unidos, indicó que la medida ayudará a “fortalecer y proteger la paz”.
Por su lado, Murillo dijo que los dos jefes policiales se van a distribuir “el trabajo de cobertura” en la seguridad pública. Medios nicaragüenses editados en el exilio señalaron que la reforma busca que Díaz tenga menos funciones. “Podría convertirse en un jefe decorativo”, expresó el diario La Prensa.
Un informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua identificó por primera vez en abril a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua, con Ortega y Murillo a la cabeza, como responsables de graves “crímenes” de derechos humanos y “represión sistemática”.
Dentro del “régimen represivo” los Expertos incluyeron a Díaz, quien asumió la dirección de la Policía en 2018 en medio de protestas contra el gobierno, que Ortega consideró como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. La represión a las manifestaciones dejó más de 300 muertos, según la ONU.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una “dictadura familiar”, junto a Murillo, de 73 años.
- Fuente: AFP
Lea más: Colombia negocia liberación de 33 militares retenidos en zona guerrillera
Dejanos tu comentario
Tras destitución de Jerí, Perú establece récord de cambios de mandatarios en la década
Perú vive una inestabilidad política desde hace una década que este martes alcanzó un nuevo récord cuando el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí, el séptimo jefe de Estado desde 2016.
La estadística demuestra que la presidencia peruana devino en un trabajo de alto riesgo en la última década. En ese lapso, solo uno de siete mandatarios completó su período.
El nombre del octavo presidente se conocerá este miércoles cuando el Congreso elija a su nuevo jefe, quien automáticamente se convertirá en mandatario encargado en reemplazo de Jerí. Gobernará hasta julio, tras las elecciones generales de abril.
El origen de la inestabilidad se remonta a los comicios de 2016, cuando estalló un choque de poderes entre un Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil, situación que se mantiene debido a la fragmentación y falta de consenso político.
El capítulo más reciente lo protagonizó Jerí, destituido este martes y quien estuvo en el cargo desde el 10 de octubre. En ese entonces era jefe del Congreso y asumió la presidencia interina tras la destitución de Dina Boluarte.
Del grupo de siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de correr la misma suerte y solo uno completó su mandato interino.
Cronología
1) Kuczynski, forzado a renunciar: La crisis empezó en el gobierno de derecha de Pedro Pablo Kuczynski, elegido en julio de 2016 por cinco años tras derrotar en una apretada elección a la populista Keiko Fujimori.
Durante ese quinquenio, Fujimori tuvo mayoría absoluta en el parlamento y forzó la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018, en vísperas de que el Congreso lo destituyera por el escándalo de Odebrecht. Gobernó 20 meses.
2) Vizcarra, destituido en 2020: Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, asumió el poder en marzo de 2018 para completar un mandato previsto hasta julio de 2021. Heredó la enemistad del fujimorismo.
El 10 de noviembre de 2020, el Congreso lo destituyó en un juicio político por “incapacidad moral permanente”, un artículo constitucional que le permite al parlamento cesar al mandatario. Estuvo 32 meses en el poder.
3) Merino, el breve: La caída de Vizcarra llevó al poder al entonces jefe del Congreso, Manuel Merino, quien permaneció cinco días al frente del país. Renunció tras violentas protestas que dejaron dos muertos.
4) Sagasti, la excepción: Tras la dimisión de Merino, el parlamento eligió al centrista Francisco Sagasti como presidente de transición con el fin de aplacar la ira en las calles. Es el único que completó un mandato de ocho meses hasta julio de 2021 luego de las elecciones de ese año.
5) Castillo, destituido: Pedro Castillo, el maestro de escuela de origen campesino, cuya presidencia de 2021 a 2026 se vislumbraba como una reivindicación de los peruanos pobres y excluidos, acabó destituido en diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Sin mayoría parlamentaria y con un congreso controlado por la derecha, Castillo ejerció solo 17 meses. Su remoción desató protestas con medio centenar de muertos.
6) Boluarte, destituida: La vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte, lo reemplazó. La única mujer mandataria de Perú fue removida del cargo el 10 de octubre pasado por el mismo Congreso que la encumbró. Fue presidenta 34 meses.
Su destitución, que ocurrió tras un juicio político en el que se alegó su incapacidad para el cargo, se produjo en medio de masivas protestas por una ola de inseguridad y extorsiones en el país.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
OEA se declara “alarmada” ante transgresión de DD. HH. en Nicaragua
La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.
El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.
Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.
“Erosión democrática”
La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.
“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.
Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.
En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.
“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.
“Tortura” y “desaparición forzada”
Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.
Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.
Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.
“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Nicaragua condena por corrupción a histórico comandante sandinista
La justicia de Nicaragua condenó por corrupción al histórico comandante sandinista Bayardo Arce, exasesor económico del presidente Daniel Ortega, y confiscó sus bienes, informó este martes el gobierno nicaragüense, sin precisar la pena.
Arce, de 76 años, fue encarcelado a finales de julio del año pasado tras caer en desgracia por una purga interna en los círculos de poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, la depuración es dirigida por la copresidenta Rosario Murillo con el aval de Ortega, su esposo, para garantizar la sucesión.
La Procuraduría General de Justicia señaló en un comunicado que un juzgado de Managua declaró en juicio la “responsabilidad penal” del comandante sandinista por el delito de “lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado”.
Según la acusación, Arce orquestó un “esquema estructurado” para la utilización de “fondos de origen ilícito” por casi 3.000 millones de dólares, relacionado con la evasión de impuestos mediante el uso de sociedades mercantiles y cuentas bancarias.
Te puede interesar: Costa Rica ampliaría el espectro de la derecha en Latinoamérica
Junto a su asistente, Ricardo Bonilla, también condenado, utilizaron “testaferros” y realizaron “préstamos ficticios y transferencia internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”, de acuerdo con la Procuraduría.
Por el caso, el ente judicial ordenó la “cancelación de sociedades” y el “decomiso de bienes” de Arce y Bonilla, sin mencionar si la condena también implica una sentencia de prisión.
Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que pierde el favor del gobierno en Nicaragua. Henry Ruiz está en arresto domiciliario desde marzo de 2025 y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en setiembre de 2024.
Arce y Daniel Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.
Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.
- Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Liberaron a 38 personas que celebraron la captura de Maduro en Nicaragua
El gobierno de Nicaragua, encabezado por el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, excarceló a 38 presos que celebraron en redes sociales la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó ayer miércoles una ONG en el exilio. La ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, registró al menos 71 detenidos entre el 3 y 8 de enero por celebrar o manifestar estar a favor de la captura durante una operación militar estadounidense de Maduro, aliado de Ortega y Murillo.
“Lo que hemos confirmado (...) es que 38 personas de ese grupo fueron excarceladas”, dijo la vocera de la ONG, Claudia Pineda, en entrevista con el periódico digital 100 % Noticias, también en el exilio. Pineda, quien no dio mayores detalles de las fechas de las liberaciones, indicó que los excarcelados quedaron bajo un régimen de “reporte y control” en el que deben “informar cada movimiento que van a hacer”.
Hasta el momento el gobierno nicaragüense no se han pronunciado sobre estas excarcelaciones como sí hizo a principios de enero, cuando anunció la liberación de “decenas” de opositores y críticos encarcelados ante la presión de Estados Unidos.
La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos recriminó recientemente al “régimen ilegítimo de Murillo y Ortega” por detener nicaragüenses por darle “me gusta” a publicaciones en redes sociales y exigió la liberación de todos los presos políticos. El jueves pasado, Ortega se sumó “al clamor” para la liberación de Maduro, quien junto a su esposa Cilia Flores enfrentan en Nueva York un juicio por supuesto tráfico de drogas.
Fuente: AFP.