El gobierno de El Salvador aseguró este miércoles que destruyó completamente el mando de las pandillas en el país, pero continuará el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
Vigente desde marzo de 2022, el régimen de excepción da sustento legal a la ofensiva contra las pandillas, al permitir arrestos sin orden judicial.
“Con todos los principios de guerra del primer año, del segundo año, del tercero, hemos logrado, primero, destruir por completo la organización criminal a nivel de su gobierno (mando)”, dijo ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, al canal privado Telecorporación Salvadoreña.
Indicó que las fuerzas de seguridad han detenido a “la mayor cantidad de miembros” de pandillas y acabaron con el “monopolio del crimen” que ejercían esas bandas, que se financiaban con la extorsión, el sicariato y la venta de drogas.
El gobierno de Bukele asegura que las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos- asesinaron a unas 200.000 personas en tres décadas, más que los 75.000 muertos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El Salvador ha pedido apoyo a Estados Unidos Unidos, México, Guatemala, Honduras y Belice para arrestar a pandilleros que han huido del país y las autoridades “patrullan” las redes sociales para detectar “remanentes” de las pandillas en el país.
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Según cifras oficiales, más 89.000 presuntos pandilleros fueron detenidos bajo el régimen de excepción, aunque unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian abusos y que miles de inocentes siguen tras las rejas.
La “guerra” contra las pandillas de Bukele, en el poder desde 2019, ha reducido al mínimo los índices de violencia en el país, lo que facilitó su reelección en 2024.
Villatoro vaticinó que El Salvador podría cerrar 2025 con entre 1 y 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras recordar que 2024 cerró con 1,9. La tasa de 2021 fue de 18 muertos por cada 100.000 habitantes.
El ministro descartó la derogación del régimen de excepción: “lo que estamos haciendo va para largo”, dijo. El régimen de excepción “es algo que ha valido la pena”, afirmó el ministro, al cuestionar que organizaciones de derechos humanos “lo venden como algo malo”.
- Fuente: AFP
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Estado paraguayo impulsa acciones para cumplir compromisos con pueblos originarios
El vicepresidente y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, destacó que la protección y restitución de los derechos de los pueblos originarios son un compromiso fundamental del Gobierno del Paraguay y el eje central de la gestión en la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI).
Al respecto, desde la Vicepresidencia de la República informaron que el Estado paraguayo coordina acciones para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en las comunidades Yakye Axa y Xákmok Kásek. En ese marco, se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por la directora general de Derechos Humanos, María Teresa Peralta, y el director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, Santiago Ammatuna.
El encuentro reunió a representantes convencionales de las comunidgdes indígenas Yakye Axa y Xákmok Kásek, junto con referentes estratégicos del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Durante la reunión, se definieron pasos críticos para garantizar los derechos territoriales y la calidad de vida de las comunidades, destacándose los siguientes puntos:
- Titulación de tierras: avances técnicos en los trabajos de mensura, paso fundamental para la seguridad jurídica de sus territorios. Infraestructura y acceso: gestiones para asegurar la transitabilidad permanente del camino de acceso a la comunidad Yakye Axa.
- Conectividad: acuerdos sobre el reglamento interno para el uso de caminos de interconexión.
- Reparación simbólica: revisión de la propuesta estatal para la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“El objetivo central es articular de manera efectiva las acciones del Estado para honrar los compromisos asumidos ante los organismos internacionales y asegurar el bienestar de las familias indígenas", señalaron las autoridades durante el cierre de la jornada.
Compromisos a corto plazo
Como conclusión de la mesa de trabajo, las instituciones presentes resolvieron potenciar la capacidad de gestión del Indi en coordinación directa con los ministerios competentes. Esta sinergia busca eliminar trabas burocráticas y dar cumplimiento efectivo a los puntos acordados, reafirmando la voluntad del Estado de saldar las deudas históricas con ambas comunidades.
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Paraguay presenta ante la ONU avances históricos y desafíos en derechos humanos
En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.
El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.
Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.
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Cumplimiento de recomendaciones
En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.
Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.
Desarrollo social y reducción de la pobreza
Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.
Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.
Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.
Justicia, salud y seguridad social
En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.
Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.
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Transformación del Sistema Penitenciario
El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.
Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.
Protección de grupos vulnerables
En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.
En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.
Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.
Desafíos y compromiso final
Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.
“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.
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Paraguay garantiza soberanía ante la recepción de 25 migrantes no admitidos en EE. UU.
El presidente de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera, informó que Paraguay recibirá a migrantes en el marco del memorándum de entendimiento con los Estados Unidos. Señaló que está previsto para este jueves el arribo al país de un grupo de 25 personas, en el marco del instrumento de cooperación internacional suscrito entre Paraguay y el gobierno norteamericano.
En conferencia de prensa, Vera explicó que este acuerdo establece un mecanismo para el traslado ordenado y seguro de nacionales de terceros países de habla hispana que se encuentran en territorio estadounidense y que no han sido admitidos en suelo norteamericano. Cada caso ha sido evaluado de manera individual, en pleno respeto a la soberanía nacional, las leyes migratorias y el derecho internacional.
“Paraguay, en ejercicio de su soberanía, retiene en todo momento la facultad de aceptar o rechazar cada caso de manera individual, previa revisión de la información correspondiente”, manifestó.
Sin costo para el Estado paraguayo
Asimismo, señaló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia humanitaria inmediata, incluyendo alojamiento, alimentación y atención médica, sin costo para el Estado paraguayo, facilitando posteriormente el retorno de estas personas a sus países de origen.
Vera destacó que este proceso se desarrolla con estricto respeto a los derechos humanos, la dignidad y la seguridad, reafirmando el compromiso de Paraguay con la cooperación internacional.
Aliado importante
Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, destacó que Paraguay es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en el mundo.
“Esta colaboración en el campo de migraciones es otro elemento de esa alianza estratégica que hemos venido construyendo durante los últimos tiempos”, manifestó.
Agradeció la colaboración del Gobierno paraguayo y aclaró que las personas incluidas en este mecanismo no tienen solicitudes de asilo pendientes en su país, y que el objetivo no es que lleguen a Paraguay para iniciar procesos de asilo, sino facilitar su retorno seguro y ordenado a sus países de origen.
En tanto, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, enfatizó que Paraguay no ha renunciado ni renunciará a su soberanía en la toma de decisiones respecto a cada caso, y que se realizan todos los controles de seguridad correspondientes dentro de la potestad migratoria.
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Comenzó el juicio a 486 líderes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos en El Salvador
La justicia de El Salvador inició ayer lunes un juicio contra unos 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla. Entre miles de crímenes, según la Fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su “guerra” contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos.
La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los 486 cabecillas se le atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre estos 29.000 homicidios. “Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años”, afirmó el fiscal.
Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre ellos están miembros de la “ranfla” (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores. La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus dos facciones-, consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80 % del territorio nacional, según Bukele.
Al grupo “además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo”, lo que atenta contra “la soberanía nacional”, según un comunicado de la Fiscalía General. Esta es la “primera vez” que se realiza un juicio masivo “contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes”, añadió.
“Con todo el peso de la ley”
Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.
Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, se dedicaban a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.
En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200.000 personas, tomando en cuenta a unos 80.000 reportados como desaparecidos.
La Fiscalía dijo tener “abundantes pruebas para pedir las penas máximas”, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y “terroristas”, según una reforma legal recientemente aprobada.
En la instalación ayer lunes de la llamada “audiencia única abierta”, el juzgador -no identificado- mencionó que estos grupos perturbaron por décadas “la paz” y la “seguridad del Estado”, por lo que serán juzgados “con todo el peso de la ley”, según el centro de juzgados.
El caso “revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido”, agregó.
Oenegés de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han criticado los juicios masivos por el riesgo de que sean condenados inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haber eliminado la audiencia de valoración de pruebas, según reformas legales.
Según el fiscal que no se identificó, en esta audiencia comparecen de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.
Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. El fiscal señaló que esperan terminar “pronto” el juicio, sin precisar fechas.
Fuente: AFP.