Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes impulsados por el rechazo de Estados Unidos a la contrapropuesta de Irán para un alto el fuego duradero.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, aumentó un 2,88 %, hasta 104,21 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en junio, subió un 2,78 %, hasta 98,07 dólares.

“El bloqueo de las negociaciones agravará la disrupción en el suministro regional”, advirtieron los analistas de Eurasia Group.

Tras más de un mes de tregua en la guerra, la vía diplomática entre Washington y Teherán avanza a los tumbos. A través del mediador pakistaní se envían propuestas para consolidar el alto el fuego, sin resultados concluyentes.

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La respuesta iraní a la última propuesta estadounidense “es para tirar a la basura”, dijo Trump el lunes a periodistas en la Casa Blanca.

Los expertos de Eurasia subrayaron que además de no vislumbrarse ningún avance decisivo, “el tráfico en el estrecho de Ormuz está paralizado”.

Incluso en el hipotético caso de una reapertura de la estratégica vía a mediados de mayo, transcurrirían “de 45 a 50 días” antes de que haya un verdadero “alivio para el mercado”, el tiempo necesario para que la producción se reanude y el tráfico marítimo vuelva a la normalidad, estimaron los analistas de Société Générale.

A pesar de este flujo de noticias pesimistas, los precios del crudo pueden mantenerse en líneas generales estables en los niveles actuales, según Natasha Kaneva, de JPMorgan.

Esto se explica porque “el reequilibrio se produciría más por una caída de la demanda de productos (refinados) que por un nuevo repunte de los precios del crudo”, explicó.

En otras palabras, “el precio del crudo podría estabilizarse en torno a los 100 dólares”, pero los precios en las gasolineras estarán mucho más elevados o con una gasolina más difícil de encontrar, señaló Kaneva.

• Fuente: AFP

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El hombre de California acusado de haber intentado asesinar al presidente estadounidense Donald Trump durante una cena de gala de la prensa en Washington el mes pasado se declaró no culpable.

Cole Allen, de 31 años, se declaró no culpable durante una comparecencia este lunes ante el juez Trevor McFadden en un tribunal federal de distrito en la capital del país.

McFadden fijó una audiencia de seguimiento del caso para el 29 de junio.

Allen, quien compareció vestido con un mono naranja y esposado, enfrenta cuatro cargos en relación con el ataque del 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel del centro de Washington y podría afrontar cadena perpetua si es declarado culpable.

Está imputado de intentar asesinar al presidente, transportar un arma de fuego y municiones a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave, usar un arma de fuego durante un delito violento y agredir a un agente federal.

Los abogados de Allen buscan que el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, y Jeanine Pirro, la fiscal federal para el Distrito de Columbia, sean apartados del caso porque fueron invitados a la cena.

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Según la investigación, este profesor e ingeniero con alta formación académica viajó en tren desde su casa en California hasta Washington con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y numerosos cuchillos.

Allen, que vivía en un suburbio de Los Ángeles, había ingresado como huésped en el hotel Washington Hilton donde se realizaba la gala.

Pero nunca llegó a acercarse a Trump ni al resto de los más de 2.000 invitados que asistían a la cena.

El presidente, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios del gobierno fueron sacados rápidamente del lugar por agentes de seguridad después de que se escucharan disparos.

En el piso superior, Allen fue reducido y arrestado por las fuerzas del orden casi de inmediato después de irrumpir en un control de seguridad y efectuar un solo disparo, que supuestamente alcanzó en el pecho a un agente del Servicio Secreto, causándole heridas leves.

Trump había boicoteado la tradicional gala durante su primer mandato (2017-2021) y también en 2025, pero decidió asistir este año.

Este ataque constituye el tercer intento de asesinato contra Trump, de 79 años, en menos de dos años.

El presidente republicano fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin de campaña presidencial en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos, matando a un asistente e hiriendo levemente al presidente en la oreja.

Unos meses después, otro hombre armado fue arrestado en un campo de golf de West Palm Beach, Florida, donde jugaba Trump.

• Fuente: AFP

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, representará a su país este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima jurisdicción de la ONU, en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, cuando era vicepresidenta de Maduro. Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó apenas dos viajes fuera de Venezuela, a los países vecinos caribeños Granada y Barbados. En esos viajes, Rodríguez lució en su vestimenta un broche dorado que mostraba a Venezuela, pero con el territorio en disputa, gesto que provocó indignación en Guyana.

La alta funcionaria venezolana desembarcó el domingo en Países Bajos para ponerse al frente de la delegación de su país en la CIJ. En declaraciones que reprodujo el canal oficial venezolano, Rodríguez afirmó que Venezuela “es el único que tiene titularidad” sobre el disputado territorio de Esequibo. “Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial, es Venezuela”, dijo.

“No hay duda alguna. Venezuela es la única titular de este territorio”, insistió. Su presencia en el imponente Palacio de la Paz, en La Haya, dijo, tiene como objeto defender “derechos históricos” sobre la “Guayana Esequiba”. En su canal en Telegram, Rodríguez señaló que “el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”. La CIJ realizó desde el 4 de mayo tres audiencias públicas sobre esta disputa territorial, y este lunes está prevista la cuarta y última.

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial que data del siglo XIX. La disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita. El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama ese territorio, que abarca 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme. La parte venezolana pasó a cuestionar activamente ese fallo arbitral desde 1962, y ello condujo a la firma del acuerdo de 1966.

Venezuela afirma que el acuerdo firmado en 1966 con el Reino Unido en Ginebra -antes de la independencia de Guyana- sienta las bases de una solución negociada a la controversia. Por ello, sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española.

Fuente: AFP.

Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.

Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.

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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.

Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.

En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.

La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:

• Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
• Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
• Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
• Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
• Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
• Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.

Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.

A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.

En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.

Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.

A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.

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