Colombia atraviesa horas de conmoción tras dos ataques coordinados atribuidos a disidencias de las FARC.
Un camión cargado con explosivos estalló este jueves en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, dejando al menos seis muertos y decenas de heridos, mientras que en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron, provocando la muerte de 13 agentes.
El presidente Gustavo Petro calificó lo ocurrido como “un día de muerte” y responsabilizó a facciones enfrentadas de las disidencias de la extinta guerrilla. En Cali, las autoridades confirmaron la captura de al menos dos sospechosos y reforzaron la seguridad en la zona.
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El atentado en Cali, descrito como el más grave desde 2019, provocó daños en viviendas y comercios, lo que obligó a evacuar varios sectores. En Antioquia, el ataque contra el helicóptero se produjo durante labores de erradicación de cultivos ilícitos, en un hecho atribuido al frente 36 de las disidencias.
La Fiscalía colombiana investiga la participación de estructuras vinculadas al llamado Estado Mayor Central, mientras que el Gobierno anunció un refuerzo militar en las regiones afectadas.
Estos hechos se producen en un contexto de creciente violencia, tras años de relativa calma desde la firma del acuerdo de paz de 2016. Analistas advierten que, si bien el país está lejos de los niveles de violencia de décadas pasadas, los ataques muestran una reorganización y capacidad operativa renovada de los grupos armados ilegales.
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EE. UU. canceló visas a altos funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.
“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.
Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.
Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.
Los sancionados
El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.
También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.
El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.
Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.
“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.
Fuente: AFP.
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Colombia pretende construir diez megacárceles al estilo del modelo Bukele
Colombia dispondrá de una megacárcel para los criminales más peligrosos del país al estilo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, dijo el martes a la AFP una fuente de una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. El presidente derechista Abelardo de la Espriella, en el poder desde agosto, pretende construir diez megacárceles en zonas remotas del país durante su mandato de cuatro años.
El penal llamado Renacer está “en medio de la nada” en el Magdalena (norte), lejos del mar Caribe, y tendrá capacidad para 1.974 presos que estarán en total aislamiento, explicó a la AFP una fuente de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Su construcción se inició durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), pero quedó paralizada por falta de fondos.
Va en un “88 % de construcción” y será inaugurada “en el menor tiempo posible”, señaló el funcionario. De la Espriella lleva a cabo una guerra frontal contra las poderosas mafias del país, a las que ofrece “cárcel o tumba”. Quiere que los recónditos centros de reclusión no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que estén custodiados por una división especial del Ejército.
Quiero “que no llegue ni la señal de la Santa Cruz”, dijo en campaña el derechista, que hace frecuentes alusiones religiosas. El costo de la megacárcel asciende hasta el momento a 291.000 millones de pesos colombianos (unos 87 millones de dólares).
“La directriz del presidente De la Espriella fue: necesitamos que reactiven eso ya”, añadió el funcionario del USPEC.
Imágenes compartidas por el organismo muestran enormes pabellones que recuerdan a la famosa prisión salvadoreña CECOT en un espacio de 22 hectáreas.
También celdas con pequeñas camas, pegadas a los baños.
El modelo carcelario de Bukele, criticado por abusos a los derechos humanos y dignidad de los reclusos, también ha sido bandera de líderes derechistas en la región como Daniel Noboa en Ecuador o Keiko Fujimori en Perú.
En agosto, De la Espriella también pidió recluir a los presos más peligrosos en buques en medio del mar, un proyecto que avanza la Armada colombiana.
La alcaldía de Medellín, la segunda ciudad del país, avanza otro penal de máxima seguridad con capacidad para 1.300 personas.
Fuente: AFP.
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Netanyahu alerta sobre ataques y lanza una amenaza antes de las elecciones en Israel
Israel entra en la recta hacia sus elecciones legislativas bajo una nueva advertencia de seguridad. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó este martes que existen señales de que los enemigos del país podrían intentar perpetrar ataques en el período previo a los comicios, según se hizo eco el medio RT.
Netanyahu lanzó un mensaje directo a quienes pudieran intentar aprovechar la campaña electoral para atacar a Israel. “No se metan con nosotros. Nuestro largo brazo los alcanzará en cualquier lugar y en cualquier momento”, afirmó, dejando en claro que una eventual agresión podría desencadenar una respuesta.
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Fuerte disputa interna
La advertencia agrega tensión a un escenario político ya marcado por una fuerte disputa interna. Las elecciones para la Knéset, el Parlamento israelí, se celebrarán el 27 de octubre de 2026, cuando los ciudadanos elegirán a los 120 integrantes de la Cámara.
Netanyahu, líder del Likud, buscará mantenerse al frente del Gobierno, mientras sus principales rivales incluyen a:
- Naftali Bennett
- Yair Lapid
- Avigdor Liberman
- Yair Golan
- y Gadi Eisenkot, entre otros dirigentes que intentarán modificar la composición del Parlamento y formar una mayoría de Gobierno.
Con la campaña electoral en marcha, la advertencia de Netanyahu coloca nuevamente la seguridad en el centro de la escena y abre un período especialmente sensible para Israel, donde cualquier ataque durante las semanas previas a la votación podría tener repercusiones tanto militares como políticas.
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Militares y policías de Perú se enfrentan con disidentes de las FARC en frontera con Colombia
Militares y policías de Perú se enfrentaron a miembros del grupo armado Comandos de la Frontera, conformado por disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC, en una zona fronteriza con Colombia, informó el gobierno peruano.
El fuego cruzado se produjo en un pequeño centro poblado de la región de Putumayo, en el noreste peruano, luego de que el grupo fuera ubicado tras labores de inteligencia.
El enfrentamiento, de cuya fecha no informan las autoridades, “obligó a los criminales a huir”, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Tres de ellos cayeron al río Yaricaya.
“Las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos”, señalaron las autoridades.
Las fuerzas de seguridad peruanas retomaron el control de la zona donde encontraron un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra y municiones.
También se incautaron “equipos ligeros de combate, uniformes tipo ejército de Colombia, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas”, según la institución.
El ministerio indicó que la operación “Zancudo” de las fuerzas combinadas tenía por objetivo el control territorial de la zona fronteriza y garantizar la seguridad de la población local.
Comandos de la Frontera es uno de los grupos disidentes de la disuelta guerrilla marxista FARC, que dejó de existir a mediados de la década pasada al entregar sus armas al gobierno colombiano, con el que firmó un acuerdo de paz.
El viernes pasado el recientemente asumido gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, capturado jefe de los Comandos de la Frontera.
Entre el 21 y 25 de setiembre, las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia se reunieron en Lima para firmar acuerdos de seguridad y cooperación fronteriza.
- Fuente: AFP