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Por 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausen­cias, la Cámara Baja aprobó en sesión extraor­dinaria la destitución de Miguel Prieto como inten­dente de Ciudad del Este. De esta forma, el opositor –aco­sado por decenas de denun­cias, dos imputaciones, una auditoría de Contraloría y una intervención– queda fuera del municipio. Tras el trámite legislativo, ahora la Justicia Electoral deberá convocar a elecciones en los próximos 90 días para las internas y para los comicios que definirán al intendente que completará el mandato de Prieto, que se cumple a finales del próximo año 2026.

Raúl Latorre, Hugo Meza, Daniel Centurión, José Rodrí­guez, Yamil Esgaib, Virina Villanueva De peña, Arturo Urbieta, Leonardo Saiz Arce, Carmen Jiménez de Ovando, Jorge Barressi , César Cerini, Roberto González, Édgar Chávez, Alejandro Aguilera, Miguel del Puerto, David Jara Espinoza, Édgar Olmedo, Carlos Godoy, Avelino Dáva­los, Sebastián Remesowsky, Christin Brunaga, Germán Solinger, Néstro Castellano, Carlos Arrechea , Esteban Samaniego, Héctor Figue­redo, Bettina Aguilera, Luis González, Liz Acosta, Rocío Abed, Juan Manuel Añazco, Jazmín Narváez, Carlos Núñez Salinas, Jatar Fer­nández, Johana Vega, Saúl González, Néstor Castellano, Pedro Ortiz , Fabiana Soto, Santiago Benítez, Cristina Villalba, Benjamín Cantero, Rubén Rousillón, Ida Cateb­bekke, José Adorno, Francisco Petterrsen.

Jorge Ávalos Mariño, Mauri­cio Espínola, Ramón Maciel.

Johanna Ortega, Emilio Pavón, Ariel Villagra, Pastor Vera Bejarano, Carlos María López, Constancia Benítez, Alejo Ríos, Salyn Buzarquis, Carlos Pereira, Del Pilar Vázquez, Arnaldo Valdez, Guillermo Rodríguez, Roya Torres, Miguel Martí­nez , Walter García, Marcelo Salinas, Dalia Estigarri­bia, Rodrigo Blanco, Rubén Rubin, Federico Franco, Laidy Galeano, Pedro Gómez , Billy Vaesquen, Alejandro Zenna,Raúl Benítez, Dios­nel Aguilera, Manuel Ace­vedo, Cleto Giménez, Rocío Vallejo, Graciela Aguilera.

La intervención concluyó que las 12 causales señaladas por la Contraloría General de la República fueron constatadas y son las siguientes:

1. Estados Financieros pre­sentados con graves inconsis­tencias como saldos irregula­res, clasificaciones erróneas y variaciones injustificadas.

2. Incumplimiento de dispo­siciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

3. Inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias.

4. Incumplimiento de los procesos de contratación empleando transferencias para la ejecución de obras.

5. Incumplimiento de los pro­cesos legales establecidos para las transferencias a organiza­ciones no gubernamentales.

6. Irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales.

7. Irregularidades en la ges­tión del patrimonio de los bie­nes municipales.

8. Irregularidades en las transferencias a organiza­ciones sin fines de lucro.

9. Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o parque fueron ejecu­tados en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royal­ties y compensaciones.

10. Pagos a los proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto.

11. Pagos realizados a provee­dores sin que estén cumplidas las exigencias legales.

12. Inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empresas proveedoras de la municipa­lidad en cuanto a la cantidad de empleados.

“El informe final del inter­ventor, Ramón Ramírez, fue muy contundente sobre las irregularidades detectadas en la administración municipal, por eso una mayoría votó por la destitución. Hay funcionarios que cobraban cheques destinados a las organizaciones sin fines de lucro, las llamadas comisiones vecinales y subcomisiones vecinales, específicamente en che­ques de 600 millones de guaraníes, cobrado por un funcionario de la Secretaría de Administración de Finanzas”.

El colmo de la hipocresía política se vivió tras la destitución de Miguel Prieto.

En conferencia de prensa, el exintendente de Ciudad del Este intentó erigirse como víctima y dar lecciones de democracia, pero la escena hablaba por sí sola: estaba rodeado de sus cómplices de siempre.

A su lado apareció nada menos que Fran Arrúa, su hombre de confianza, hoy presidente del partido Yo Creo. Para quienes no recuer­dan, este es el mismo Fran Arrúa que, cuando se des­empeñaba como director de Finanzas de la Municipali­dad, instruyó a su secretaria a “efectivizar” 600 millones de guaraníes en cheques des­tinados a comisiones.

El Ministerio Público acusó a Prieto y a otros 10 funciona­rios por un esquema de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en el marco de millonarias transferencias a comisiones vecinales y organizaciones fantasmas. Entre los nom­bres señalados aparece el de Arrúa, cuya mano estuvo detrás de la firma y cobro de cheques que, en teoría, esta­ban destinados a comisiones, pero que terminaron alimen­tando la caja paralela del clan Prieto.

El informe final de la inter­vención también lo nom­bra: se constató que che­ques librados a nombre de comisiones fueron efecti­vizados directamente por Arrúa, un modus operandi que refuerza la existencia de un esquema de desvío sis­temático de fondos muni­cipales.

Hoy, con Prieto destituido y hundido en denuncias de corrupción, resulta casi cómico verlo flanqueado por un perso­naje como Arrúa, intentando vender la idea de que encar­nan la “nueva política”. En la práctica, ambos representan lo contrario: el reciclaje de los mismos vicios que hundieron a Ciudad del Este.

La paradoja es brutal: Prieto, destituido por corrupción, y Arrúa, acusado de cobrar che­ques de comisiones, presu­miendo de demócratas y pala­dines de la transparencia.

Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, resaltó el trabajo que lleva adelante el interventor municipal, Ramón Ramírez, que no solo está confirmando las denuncias que presentaron ellos como organización civil; o las que hizo la propia Contraloría General que motivó la intervención misma, sino que está sacando a luz nuevos hechos que no estaba a conocimiento de la ciudadanía.

En conversación con La Nación/Nación Media, resaltó que son personas bastante técnicas, que están presentando todas las conclusiones que desde el principio ya sabían que iban a ser positivas. En el sentido de que el mayor ente contralor que tiene el país es la Contraloría General de la República emitió, con todos los técnicos que tiene, un informe sobre las evidencias que ahora el equipo de intervención está corroborando.

“Como organización civil estamos súper satisfechos, porque se confirman todas las denuncias que veníamos haciendo. Además, no es, como decían ellos, sobre una persecución política, porque acá se hacen trabajos técnicos, se corroboran con documentos. A pesar de que, no es tan bueno para la ciudad, lógicamente porque afecta a todo lo que es la gestión pública, pero sí estamos satisfechos en el sentido de la comprobación de los hechos”, remarcó.

Asimismo, resaltó que se han verificado y constatado, para presentar una denuncia tan seria ante el Ministerio Público, la existencia de un esquema de defraudación a las arcas municipales, en la administración del intendente Miguel Prieto. Ya que se emitían comprobantes legales de la municipalidad, pero los recursos no ingresaban a la tesorería finalmente.

Al respecto, la licenciada Montiel señaló que este esquema se repite no solo en la dirección de Impuestos Inmobiliario que estaba a cargo de la prima del intendente, Prieto, la cual fue calificada por el propio jefe comunal como “la más impoluta” y que gracias a ella supuestamente aumentó la recaudación. Indicó que por lo dicho por el propio Prieto, este esquema de caja paralela se repite en otras dependencias.

Remarcó que en la Municipalidad de Ciudad del Este, existe toda una cadena de responsabilidad, desde los funcionarios, directivos y hasta el intendente municipal.

Señaló que el interventor explicó que en este caso, el sistema que tiene la municipalidad permite los accesos mediante los perfiles de usuarios, en el cual la directora de Impuestos Inmobiliarios es la que tenía el administrador de la base de datos y la que, justamente, liquidó y modificó, los ingresos de los últimos años de pago, más o menos.

“Hay toda una cadena de responsabilidades. Ahí están involucradas varias personas, inclusive la gente de auditoría interna. Porque si auditoría interna supuestamente tenía ya un informe referente a hechos que se habían denunciado; y no sé si en el informe que menciona Prieto, en su supuesta denuncia también señala otro departamento, como el caso del impuesto inmobiliario. La gente de administración y finanzas también tienen que aclarar esto”, precisó.

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La policía de Perú detuvo el martes a dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones de terreno en el distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería sobre el río Amazonas, una zona que recientemente desató una controversia fronteriza entre ambos países. Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil. Lima sostiene que en Santa Rosa los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.

Según imágenes difundidas por la televisora estatal TVPerú, los colombianos fueron interceptados por agentes policiales y llevados a una comisaría con sus equipos de GPS por realizar trabajos sin autorización. “Han sido intervenidos dos ciudadanos (colombianos) en esta zona de frontera. La policía se va a encargar del procedimiento”, dijo Marcial García, funcionario encargado de Migraciones del Perú en Santa Rosa.

Los detenidos alegaron desconocer que necesitaban un permiso y afirmaron que su labor era demarcar y medir el nivel del terreno para un consorcio de su país con el fin de construir un muelle en la orilla opuesta, en territorio colombiano. “Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, dijo uno de los topógrafos citado por la prensa.

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Los detenidos se identificaron como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón. El incidente es el tercero en la zona desde que el pasado jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla. Ese mismo día un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa y provocó la protesta de Perú por la incursión.

El lunes, el aspirante a la presidencia colombiana y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, plantó en Santa Rosa la bandera de su país tras cruzar en bote el Amazonas. Las autoridades peruanas la retiraron minutos después. Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa, pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.

La declaración de Petro provocó el enérgico rechazo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Según Lima, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y envió a funcionarios a la zona. Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.

Fuente: AFP.

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