Debido a que la Procuraduría General de la República en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no fue notificada, el Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la condena dictada en procedimiento abreviado contra Khalil Ahmad Hijazi y la suspensión del proceso para Laila Khalil Hijazi. Fue una resolución en mayoría de los camaristas Arnaldo Fleitas, Paublino Escobar y Camilo Torres, quienes anularon la resolución dictada el 29 de mayo del 2024, por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.

En la audiencia preliminar, el magistrado Otazú había condenado mediante procedimiento abreviado a Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Hussein Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos, Juan Carlos Sorazabal Rodríguez y Hamze Ali Hijazi a la pena de dos años de prisión, pero con la suspensión de la ejecución de la condena. Ante esta sentencia con la salida procesal los condenados debían abonar la suma de G. 400 millones cada uno como reparación del daño social.

También, en la misma audiencia preliminar, el juez concedió la suspensión condicional del procedimiento a Laila Hijazi donde también debía reparar el daño.

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Los citados más arriba habían sido imputados por delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo que la fiscala María Estefanía González les acusó y solicitó la apertura a juicio oral, pero en la preliminar, se allanó al procedimiento abreviado. Según la Fiscalía se habrían usado facturas con valores inferiores a los reales para importar principalmente productos electrónicos.

De esta manera, las operaciones declaradas fueron por unos USD 79,9 millones, cuando el valor real habría ascendido a aproximadamente USD 132,2 millones, con una diferencia superior a USD 52,5 millones a favor del fisco. Sin embargo, con la medida dictada a favor de los procesados, la diferencia ni siquiera se acerca a lo que los mismos debían abonar como reparación del daño social.

Es así que el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, apeló la resolución con el argumento de que, como víctimas del hecho punible, no habían sido notificados de la audiencia preliminar, lo que les impidió participar de la importante diligencia.

Igualmente, el entonces procurador general de la República, Marco Aurelio González, durante la tramitación de la causa, cuestionó la resolución ya que la preliminar se realizó sin representantes de la Procuraduría General.

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Cientos de militares y policías custodian el jueves las calles de la turística ciudad de Santa Marta, en Colombia, luego de operativos contra una banda narcotraficante que desató una ola de ataques y obligó a cerrar comercios y dejó las calles vacías. En la madrugada del martes, el golpe del gobierno derechista de Abelardo de la Espriella contra un cabecilla narco de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y 12 de sus colaboradores generó balaceras contra comercios y quema de vehículos en la ciudad.

El jueves, De La Espriella anunció la captura de 13 personas en operativos entre policía y ejército, además de la incautación de cocaína, celulares, municiones y panfletos intimidatorios, en un mensaje en X. También dijo que cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos fueron detenidos en Barranquilla y en Santa Marta, en el Caribe colombiano.

“Voy a acabar con esta estructura criminal”, aseveró el mandatario respecto a la ACSN. Santa Marta, una de las grandes capitales turísticas de Colombia, recibe a cientos de miles de visitantes anualmente. El jueves se vieron policías patrullando las playas de la ciudad, así como agentes armados en operativos de seguridad en otros sectores.

Mailen Quintero, hermanastra de uno de los abatidos en los operativos contra la banda narco, aseguró a la AFP que este era un campesino que recogía café y no tenía relación con el grupo armado de origen paramilitar.

“Mi hermano... se dedicaba a las labores del campo”, dijo la mujer de 23 años, afuera de las dependencias de la autoridad forense de Barranquilla.

“El presidente Abelardo de la Espriella lo hizo pasar por un autodefensa”, denunció la familiar del abatido Ricardo Andrés Rodríguez, de 18 años.

Las ACSN se financian del narcotráfico y la extorsión y siembran el terror en la zona. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

Tras la arremetida, De la Espriella desplegó 1.100 policías y militares en la ciudad para plantar cara al narco.

Tras los cuestionamientos de los familiares, el ministerio de Defensa defendió el operativo militar.

La fiscalía y la autoridad forense deben “esclarecer la totalidad de los hechos” y “establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona”, declaró el ministerio el jueves en un comunicado.

Los comercios de Santa Marta comenzaron a reabrir progresivamente sus puertas el jueves, tras varias jornadas con las calles desiertas.

“Confíen en la fuerza pública, tenemos al Ejército y la policía aquí en el corazón de Santa Marta”, instó desde el mercado municipal María Margarita Guerra, gobernadora regional, a Caracol Radio.

No obstante, varios pobladores dijeron a la AFP que los pequeños comercios de barrio siguen cerrados y que aún hay temor. Es habitual que las ACSN extorsionen y exijan pagos a los comerciantes de la zona. También tienen la fuerza suficiente para imponer restricciones al comercio y la movilidad.

El aeropuerto de Santa Marta y los atractivos turísticos como el Parque Nacional Natural Tayrona, declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera, funcionaron con normalidad durante estos días. Esta es una de las mayores muestras de fuerza del crimen organizado desde que De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto.

Fuente: AFP.

La cancillería colombiana anunció el jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, en un movimiento que se alinea con Estados Unidos, su mayor aliado. El gobierno del derechista Abelardo de la Espriella dijo que la decisión responde a la nueva política exterior colombiana “en materia de seguridad nacional hemisférica”.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ruptura se formalizó el 19 de septiembre. Bogotá precisó que se mantendrán las relaciones consulares. El gobierno iraní tiene “vínculos” con “grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país”, señala el documento publicado en X, sin dar más detalles.

En un comunicado aparte, Colombia declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de Irán. “Este grupo reprime a la población iraní y ataca en operaciones encubiertas, más allá de las fronteras de Irán”, agregó. Bogotá aseguró que las acciones de Teherán en la guerra en Medio Oriente, entre ellas el bloqueo en el estrecho de Ormuz y los ataques a países de la región, “deterioraron la confianza”.

Estados Unidos e Israel desataron la guerra en Medio Oriente a finales de febrero con un ataque conjunto a Irán. En el curso del conflicto, Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes y Teherán impide el paso por el estrecho de Ormuz, por donde antes de la confrontación transitaba una quinta parte de los hidrocarburos a nivel mundial.

Fuente: AFP.

Un tribunal de Argentina condenó este jueves a 20 años de prisión a la exmonja Kumiko Kosaka por abusos sexuales contra niños sordos en un instituto religioso en la provincia de Mendoza, al oeste del país.

Kosaka había sido absuelta en 2023 por los crímenes sexuales cometidos contra niños en el Instituto Próvolo, en la ciudad de Luján de Cuyo, entre 2005 y 2016, pero en agosto la Corte Suprema provincial revocó la absolución y encomendó a otro tribunal que dictara sentencia.

La exreligiosa de 51 años, que dejó los hábitos cuando iniciaron las denuncias, fue condenada por dos hechos de abuso sexual en calidad de partícipe y en otros tres como autora.

Vestida con un jean y una camiseta, Kosaka asistió a los tribunales acompañada solo por su abogado, observó la AFP.

Tras la sentencia permanecerá en libertad, ya que tiene pendientes recursos de apelación presentados previamente. Sin embargo, el tribunal dispuso la prohibición de que salga del país y de la provincia de Mendoza, donde debe fijar domicilio.

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“Se está haciendo una reparación de un daño muy grande”, dijo a la prensa el fiscal Alejandro Iturbide, quien había solicitado que la exmonja fuera condenada a 22 años.

Por su parte, Ariel Lizarraga, padre de una de las víctimas, se dijo satisfecho de “haber llegado al punto final” luego de 10 años de litigio.

“Con todos los altibajos que tuvimos, hemos llegado a encontrar la justicia que veníamos buscando para mi hija y para todas las víctimas del caso Próvolo”, dijo a la AFP.

En el juicio que se sustanció en 2019 habían sido condenados los sacerdotes Horacio Corbacho (a 45 años de prisión) y el italiano Nicola Corradi (a 42 años y medio, fallecido en 2021) por abuso de niños sordos de entre cuatro y 17 años. También el jardinero Armando Gómez (a 18 años) y el exmonaguillo Jorge Bordón (a 10).

En ese proceso, Kosaka y otras ocho mujeres habían sido absueltas, aunque la decisión sobre la japonesa criada en Argentina luego fue revertida.

Fuente: AFP

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