El senador Rodrigo Paz, quien sorprendió al vencer en la primera vuelta de este domingo, señaló que de ganar la presidencia en el balotaje buscará cambiar el modelo económico impuesto por la izquierda en los últimos 20 años en Bolivia. Escrutado el 92 % de las actas electorales, Paz alcanza el 32,1 % de los votos, según un reporte preliminar del Tribunal Supremo Electoral.
El candidato del Partido Demócrata Cristiano, economista de 57 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) se medirá en segunda vuelta con Jorge Quiroga, expresidente de derecha (2001-2002), el 19 de octubre. Espero que el parlamento “nos ayude a cambiar este modelo económico que trabaja para el Estado y no para los bolivianos”, dijo Paz ante sus simpatizantes en La Paz.
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Ninguna encuesta anticipó su paso a segunda vuelta. Una semana antes de las elecciones lo ubicaban entre el tercer y quinto puesto. “Esta es una señal de cambio, y esa señal de cambio es la grandeza del pueblo boliviano que quiere otro destino”, afirmó Paz. También felicitó a su próximo rival. “Hemos clasificado a una final. Aún no hemos ganado nada”, señaló. Lejos de las polémicas entre Quiroga y Samuel Doria Medina, que acaparaban los telediarios, hizo una campaña discreta.
Prometió una incorporación de las clases medias y bajas a la vida económica del país con créditos accesibles, libre importación de productos y una reforma tributaria para incentivar la industria nacional. Paz nació en 1967 en España, en el seno de una familia expulsada de Bolivia por las dictaduras militares. Tiene la nacionalidad boliviana por el origen de su padre.
Fuente: AFP.
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Gobiernos del Escudo de las Américas instan a respetar los resultados electorales en Colombia
Un grupo de 13 países -incluido el Paraguay- que integran la alianza Escudo de las Américas hicieron un llamado a respetar el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia, en medio de la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella.
La declaración es respaldada por los gobiernos de Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago y Paraguay.
El pronunciamiento se conoció luego de que el presidente Petro, volviera a cuestionar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.
Garantizar el proceso de transición
“Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin motivos debidamente fundamentados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre con respecto al curso normal de la transición institucional”, refiere el manifiesto.
Así también los gobiernos expresaron su rechazo a cualquier acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por los ciudadanos y, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes. Así como cualquier situación que busque obstruir la transición institucional, conocida en Colombia como el proceso de empalme.
“La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino más bien un deber constitucional e institucional diseñado para garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular”, subraya.
Por ello, desde esta alianza de países se hace “un firme llamado a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta adhesión a la Constitución, la ley y los principios democráticos; a respetar los resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes”.
Se pide a las autoridades colombianas garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente, “de acuerdo con los más altos estándares del estado de derecho”.
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Bolivia: acusan a Evo Morales de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas
El expresidente boliviano Evo Morales rechazó ayer jueves una denuncia penal presentada por grupos de derecha que lo acusan de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas contra el gobierno que desabastecieron a varias ciudades de Bolivia recientemente. En mayo y junio, Bolivia registró durante siete semanas protestas callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.
La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles por los cortes. El presidente Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción. El comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado de empresarios y líderes civiles de derecha, presentó el miércoles ante la fiscalía una denuncia contra Morales, el dirigente obrero Mario Argollo y el indígena Vicente Salazar por el daño económico que causaron los cortes al país.
El abogado de los denunciantes, Diego Coimbra, declaró a periodistas que el recurso también pide la captura de Morales y los dos dirigentes por “riesgo de fuga y obstaculización” de las investigaciones.
El periódico boliviano El Deber afirma que la fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia y abrió una investigación contra Morales y los dos dirigentes, pero el organismo no lo confirmó oficialmente.
“Procesos ha habido tantos... y les he ganado a todos”, dijo Morales ayer jueves en rueda de prensa tras conocerse la denuncia.
El expresidente se encuentra desde fines de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, fugitivo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor, que él denuncia como persecución.
Para el sindicalista cocalero, el grupo que presentó este recurso no tiene “ninguna autoridad para hablar de bloqueos” porque ellos mismos han sido “promotores” de cortes de rutas, como en 2019, afirma, cuando impulsaron su renuncia tras las elecciones en las que fue acusado de fraude.
El gobierno de Paz ha culpado a Morales por las protestas sociales y lo acusó de financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin presentar pruebas. Su gobierno ha dicho que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, sin fijar una fecha.
Fuente: AFP.
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Excandidato peruano apela ante la CIDH contra victoria de Keiko Fujimori
El candidato izquierdista derrotado en las presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, informó ayer miércoles que presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando la victoria de la derechista Keiko Fujimori. Sánchez alega un presunto fraude en los votos de peruanos en el exterior, por lo que presentó una “medida cautelar” ante la CIDH, informó su partido, Juntos por el Perú, en una declaración enviada a la prensa.
La petición fue anunciada dos días después de que la autoridad electoral de Perú finalizara el escrutinio, según el cual, Fujimori resultó electa con 50,13 % de los votos en la segunda vuelta del 7 de junio, frente a un 49,86 % de Sánchez. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la diferencia es de menos de 50.000 votos.
El Jurado Nacional de Elecciones, máximo tribunal electoral de Perú, rechazó previamente un pedido de Sánchez para anular los votos en el exterior por considerar sus alegatos infundados. El izquierdista asegura que si se descartan los votos en el exterior, que favorecieron masivamente a Fujimori, él sería el ganador de las elecciones.
Afirma que hubo un “cambio de reglas en pleno proceso electoral, impidiendo que en la segunda vuelta se digitalicen las actas de las votaciones en el extranjero” en los consulados peruanos, según el comunicado enviado ayer miércoles.
Esa situación “impide conocer con certeza los resultados de las elecciones realizadas fuera del Perú”, agrega.
Sánchez ya había anticipado que no reconocería una eventual victoria de Fujimori y que recurriría a la CIDH por sentirse “afectado en sus derechos políticos”.
Está previsto que el Jurado Nacional de Elecciones, máximo tribunal electoral del país, proclame oficialmente a Fujimori como presidenta electa este viernes.
La mandataria electa, de 51 años, recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el poder el 28 del mismo mes.
Sustituirá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031.
Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos. El triunfo de Fujimori se suma al de los líderes de derecha que han vencido en las urnas en los últimos tiempos en Latinoamérica, algunos con el respaldo explícito del presidente estadounidense Donald Trump.
Fuente: AFP.
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El Chapare, la región cocalera donde se esconde el prófugo Evo Morales
A metros de un regimiento militar donde soldados montan guardia, decenas de cocaleros acampan en protesta pese a que rige un estado de excepción que lo prohíbe: en el Chapare boliviano, los movimientos sociales le disputan el control territorial al gobierno. En esta región selvática y pobre del centro de Bolivia se refugia el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y protegido por pobladores que desde hace semanas conforman el núcleo más duro de manifestaciones contra el actual mandatario de derecha Rodrigo Paz.
El izquierdista Morales anunció la última semana de junio una tregua en los cortes de rutas que desabastecieron de alimentos y combustibles por casi dos meses a ciudades bolivianas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas. Pero los manifestantes permanecen en vigilia a la vera de las precarias carreteras del Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare y de unos 260.000 habitantes, listos para volver a la acción.
Protegidos del sol bajo toldos de lona y provistos de montañas de piedras para frenar el tránsito, estos trabajadores de la hoja de coca -principal motor productivo de la región- muestran carteles exigiendo la renuncia de Paz y reciben aliento de vecinos de la zona. “La lucha sigue hasta que se vaya este maldito gobierno”, dice a la AFP Rosalía Vilca, de 39 años, mientras vende el plato típico “salchipapa” en la plaza del municipio de Shinahota.
“Que Paz venga si es machito, aquí nos vamos a alzar para cuidar al Evito porque con él hemos vivido 14 años de felicidad”, agrega, frente a una amenaza del gobierno de intervenir en el Chapare para capturar al exmandatario (2006-2019).
Sobre Morales, exsindicalista cocalero y primer presidente indígena de Bolivia, pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de menor, que él denuncia como persecución. La Fiscalía lo acusa por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.
“La vida por Evo”
La coca es omnipresente en el Chapare, desde cultivos en comunidades rurales de acceso vedado para extraños hasta tramos de rutas ocupados para el secado artesanal de la cosecha al sol. La planta es la materia prima de la cocaína. Más del 90 % de lo que se produce en la región no pasa por el mercado autorizado, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, aunque no necesariamente todo va al narcotráfico.
Los pobladores defienden su producción para usos heredados de costumbres milenarias de pueblos indígenas, como el “chasqueo”: mascado de coca para mitigar el cansancio, hambre y frío.
“En las ciudades dicen que los chapareños somos narcotraficantes, pero no es así: aquí trabajamos y también sufrimos los bloqueos, aunque son por una causa justa”, dice Zulma Torres, de 42 años y trabajadora de la terminal de buses de Shinahota.
“En el Chapare estamos dispuestos a dar la vida por Evo”, advierte, ante acusaciones no probadas de Paz acerca de que Morales recibiría financiamiento del narcotráfico.
El exmandatario tiene su base de operaciones políticas en Lauca Eñe, un poblado de 900 habitantes dentro de Shinahota donde está la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estructura sindical de los cocaleros.
Sin policías a la vista, a Lauca sólo se puede ingresar con custodia de los asesores de Morales, tras atravesar una barricada de madera y paja con torres de vigilancia y hombres pertrechados con lanzas, escudos de chapa de barril y ‘walkie-talkies’.
En las calles del poblado, familias enteras acampan desde hace meses a la intemperie como escudo humano para el expresidente.
Se alimentan en ollas populares, mezclan el quechua con el español y se turnan para montar guardia en puntos de control.
“No me voy a rendir, el que negocia su sobrevivencia no es digno”, dijo el martes Morales en una entrevista con la AFP.
“Somos discriminados”
En las rutas del Chapare, tiendas improvisadas venden bidones de gasolina a valores exagerados: un mercado ilegal favorecido por una escasez de combustibles que afecta a Bolivia desde antes de los bloqueos. “Somos discriminados por el gobierno central, no nos quiere para nada y la gasolina ya ni entra al Trópico: compramos en la calle a precio alto y estamos jodidos”, dice Nicolás García, un chofer de 52 años.
En los últimos días, los chapareños también sufrieron apagones eléctricos que Morales atribuyó a una supuesta represalia del gobierno. “Así sólo van a convulsionar más al pueblo boliviano, provocan enfrentamientos”, dice Mario Flores, de 51 años, verdulero de Shinahota. “Le achacan al Evo que financia los bloqueos, pero aunque seamos campesinos y no hayamos estudiado, sabemos que el gobierno tiene la culpa”, lanzó.
Fuente: AFP.