El candidato por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (centro), cerró su campaña en El Alto, departamento de La Paz. Foto: Jorge Bernal/AFP
Presidenciables prometen acabar con modelo de izquierda en Bolivia
Compartir en redes
El millonario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga, favoritos para las elecciones del domingo en Bolivia, cerraron sus campañas este miércoles con la promesa de desmontar las políticas estatistas implementadas por los gobiernos de izquierda en los últimos 20 años. Bolivia, con 11,3 millones de habitantes, está por experimentar un golpe de timón en medio de una profunda crisis económica.
Prácticamente empatados en las encuestas, los dos candidatos de derecha disputarían un balotaje el 19 de octubre. De confirmarse esta proyección, terminará la hegemonía del diezmado Movimiento al Socialismo (MAS), que lideraron Evo Morales y su sucesor y exaliado Luis Arce. Una mayoría culpa al gobierno de Arce de la peor crisis que enfrenta Bolivia - otrora un país rico en gas - desde la década de 1980.
Doria Medina y Quiroga prometen planes de choque muy similares para Bolivia, basados en un recorte drástico del gasto público y en el desmonte progresivo de los millonarios subsidios estatales a los combustibles que agotan las divisas del país. “En 100 días vamos a lograr parar la inflación, vamos a lograr que vuelvan los combustibles, vamos a lograr que vuelvan los dólares”, dijo Doria Medina frente a sus votantes. Anticipó un gobierno de austeridad.
La inflación interanual a julio llegó al 24,8 % y la escasez de dólares y combustibles golpea los bolsillos de la clase media y de los pobres. Por su lado, Quiroga anunció un “cambio radical” si fuera elegido. “Vamos a cambiar todo, absolutamente todo, son 20 años perdidos”, dijo Quiroga en su cierre de campaña en La Paz.
Anunció nuevas leyes para explotar los recursos naturales, hoy nacionalizados, y reducción de impuestos. Marcela Sirpa, una comerciante aimara de 63 años y de polleras rosadas, marchó en La Paz junto a la caravana de Quiroga, el expresidente (2001-2002) que fue brazo derecho del exdictador Hugo Banzer.
Sirpa confió dos veces en la izquierda, pero no lo hará más. “Nos ha metido a todos al barranco”, dijo a la AFP. En una avenida de El Alto, a 4.100 metros de altura, Jonathan Vega, chef de cocina de 25 años, espera que “vuelva la estabilidad al país” durante el cierre de campaña de Doria Medina. A partir del jueves no habrá actividad proselitista.
La encuestadora Ipsos-Ciesmori otorga un 21,2 % de las preferencias a Doria Medina y un 20 % a Quiroga. Con Morales inhabilitado para postular y sin Arce en busca de una reelección, el candidato de la izquierda mejor posicionado es el presidente del senado Andrónico Rodríguez. Marcha en quinto lugar con 5,5 % de intención de voto.
Residentes permanecen cerca de agentes de policía en una zona bloqueada en Cruce Ventilla, El Alto, Bolivia, el 20 de junio de 2026. Foto: Aizar Raldes/AFP
Paraguay se une a declaración conjunta a favor de la democracia en Bolivia
Compartir en redes
El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.
El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.
Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.
“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.
Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.
“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.
El expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales, gesticula durante una entrevista con la AFP, con un retrato del líder revolucionario argentino Ernesto "Che" Guevara de fondo, en Lauca Ene, provincia de Tiraque, departamento de Cochabamba, Bolivia, el 23 de junio de 2026. Foto: Martín Bernetti/AFP
Evo insinúa una “guerra civil”
En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.
“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.
Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.
“No negociamos”
Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?
Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.
P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?
R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.
P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?
R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.
P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?
R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.
P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?
R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.
P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?
R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.
P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?
R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.
Esteban González Pons (centro), jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE en Colombia 2026, en Bogotá, el 23 de junio de 2026. Foto: Raúl Arboleda/AFP
Colombia: observadores electorales de UE descartan “irregularidades” en el balotaje
Compartir en redes
La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó ayer martes “irregularidades” en el balotaje más reñido de la historia de Colombia, que ganó la ultraderecha el domingo con un estrecho margen. El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, dijo que reconocerá la victoria del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella solo después del escrutinio final, “prácticamente completado”, según la MOE.
De la Espriella, que se hace llamar “El Tigre”, venció con el 49,6 % de los sufragios, con poco más de 250.000 votos, según el preconteo de la institución que organiza las elecciones. “No hemos observado ninguna irregularidad” en el conteo de papeletas, respondió a una pregunta de la AFP Esteban González Pons, jefe de la misión de observación de la UE en Colombia.
La misión de la UE desplegó 150 observadores electorales para la segunda vuelta presidencial en Colombia. Los seguidores de la izquierda, que salieron a las calles a protestar desde el domingo, compartieron en redes sociales imágenes comparando actas electorales al estilo de los seguidores de la opositora María Corina Machado en Venezuela.
La misión diplomática aseguró que, según su monitoreo, los resultados del preconteo y el escrutinio final coinciden “en el 99,9 %”.
La ONG estadounidense Centro Carter, por su parte, también avaló la “transparencia” de la entidad que organiza los comicios.
Ambos organismos destacaron la participación de más del 63 %, la más alta de la historia del país.
La MOE señaló la “solidez” de la democracia colombiana, a pesar del ambiente de “polarización” y “violencia” que marcó la campaña presidencial.
De la Espriella trepó a la presidencia con un fuerte discurso contra la izquierda y una de las mejores campañas políticas del país, según expertos. Gobernará a partir del 7 de agosto hasta el 2030, después de cuatro años con Gustavo Petro al frente del primer gobierno de izquierda del país, que impulsó una fuerte inversión social y aún es muy popular entre las clases bajas.
Habitantes locales cruzan la carretera que conecta Desaguadero con La Paz, en Laja (Bolivia), días después de que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declarara el estado de emergencia. Foto: AFP
Bolivia despeja carreteras tras siete semanas de bloqueos
Compartir en redes
Las carreteras quedaron completamente despejadas este martes en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinado a poner fin siete semanas de protestas contra el gobierno.
Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.
El presidente de centroderecha Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares limpiar las rutas. “Nuestras carreteras han sido liberadas”, señaló este martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaban las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en un contexto de crisis económica, la más grave en 40 años.
Te puede interesar: Bolivia: Evo Morales suspende bloqueo de rutas por estado de excepción
En una declaración emitida este martes, Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su “profunda preocupación” por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de “socavar y derrocar” al gobierno representan una “grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática” de Bolivia.
“Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional”, añaden en el texto.
El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó por su parte durante la Asamblea General de la OEA en Panamá que el narcotráfico financia a la “izquierda radical” en Bolivia. El crimen organizado “busca subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, declaró.
El gobierno de Paz acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de haber impulsado las protestas y de haberlas financiado con dinero proveniente del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas.
Los últimos puntos de bloqueo se extinguieron, tras declarar Morales el lunes su suspensión temporal. Todos estaban en el departamento de Cochabamba, bastión del líder indígena en el centro del país.
Organizaciones sociales comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de ruta para exigir la salida de Paz y para reclamar por la venta de gasolina de mala calidad.
Perú: Sánchez pide anular votos del extranjero para recuperar ventaja electoral
Compartir en redes
El izquierdista Roberto Sánchez pidió ayer lunes la anulación de los votos emitidos en el extranjero en la ajustada segunda vuelta presidencial de Perú, una medida que podría afectar unos 300.000 sufragios cuando el conteo oficial da una estrecha ventaja a la derechista Keiko Fujimori. Con 99,70 % de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,111 % de los votos frente al 49,889 % de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.
Fujimori, aventaja por poco más de 40.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados. Para declarar un ganador deben ser aún revisadas actas impugnadas que contienen unos 82.000 votos. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio. “Hemos presentado la solicitud de nulidad de oficio para que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares”, indicó Sánchez en X.
“El procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial”, agregó el candidato, sin presentar pruebas.
Sánchez alega presuntas irregularidades administrativas y de custodia del organismo electoral en la votación del extranjero que representa unos 300.000 votos y que favoreció en gran parte a Fujimori.
El dirigente sostiene que, excluyendo el voto emitido fuera del país, mantiene una ventaja de unos 25.000 sufragios sobre su rival.
Fuerza Popular, agrupación de Fujimori, ha señalado que esperará el 100 % del conteo para proclamarse ganadores.
Una delegación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.
El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.
Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.