La izquierda del presidente Gustavo Petro se proyecta como una de las fuerzas dominantes del Congreso de Colombia en una disputa cerrada con la derecha, que marcará el ritmo de las campañas de cara a las presidenciales del 31 de mayo. Pacto Histórico, el partido de Petro, será el más numeroso en el Senado por encima de la principal fuerza opositora de derecha, según los resultados parciales de las elecciones legislativas. Y en la cámara baja sumó apoyos para imponerse como uno de los más importantes, en un Congreso dividido con el que deberá hacer alianzas para conseguir mayorías.

Con casi el 99 % del conteo, la izquierda avanza en el Congreso como sucedió en 2022, cuando Petro fue elegido como el primer mandatario de esa corriente política en la historia del país y el primer exguerrillero en subir al poder. Estas elecciones toman el pulso del Colombia con miras a las presidenciales, en las que marchan como favoritos el senador Iván Cepeda, del partido oficialista, y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

“Hoy comienza nuestro segundo tiempo con una bancada fuerte”, celebró Cepeda. De su lado, De la Espriella lamentó que la izquierda se quedara con “la bancada más grande del Congreso”. “Eso es muy grave”, apuntó en un video. Las encuestas proyectan un balotaje el 21 de junio, en un país fracturado por más de medio siglo de conflicto armado. “Estoy preocupado por la pelea entre los extremos”, dijo a la AFP José Chamorro, un diseñador de 48 años.

Dos ataques guerrilleros en el sur del país mancharon la jornada electoral que había sido pacífica hasta el cierre de los colegios electorales. La autoridad encargada de organizar las elecciones denunció que los rebeldes hostigaron dos centros de votación durante el conteo de sufragios, sin que se reporten víctimas. Previo a los comicios los observadores electorales denunciaron múltiples actos violentos contra líderes políticos, incluido el asesinato el año pasado del aspirante presidencial de derecha Miguel Uribe.

Los resultados determinan también los últimos cinco meses del mandato de Petro, sin posibilidad de reelección. Cepeda quiere persistir en las reformas que el mandatario no logró hacer realidad al perder las mayorías en el Congreso cerca del final de su periodo. Los legisladores se opusieron a cambiar el sistema de salud o hacer una reforma tributaria ante un déficit fiscal.

El presidente respondió con constantes marchas multitudinarias en las que dio fuertes discursos en contra del Congreso, desprestigiado entre el electorado desde hace años por múltiples escándalos de corrupción. Una de las propuestas de la izquierda es modificar la Constitución, lo que analistas consideran un riesgo de que el presidente concentre poder.

“Espero que (los congresistas) sean coherentes con lo que han dicho, que sean críticos, que no se queden callados, que sean veedores”, dijo Ángela Álvarez, una empresaria exportadora de cacao de 36 años. La izquierda sufrió un golpe al perder los escaños en el Congreso que el acuerdo de paz de 2016 había asegurado para los excombatientes de la guerrilla FARC. El pacto les garantizó por 8 años diez puestos, pero el beneficio termina en 2026 y su partido no sólo se quedó sin legisladores, sino que se juega su supervivencia por falta de votos.

La derecha tiene margen para fortalecerse en el nuevo Congreso, que asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del nuevo mandatario. El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el dirigente de derecha más influyente del siglo, participó como candidato del Centro Democrático al Senado, pero según las proyecciones no alcanzará el umbral para ocupar un escaño.

La candidata de su partido, la senadora Paloma Valencia, ganó el domingo las primarias entre aspirantes de derecha, por lo que enfrentará a Cepeda, De la Espriella y un puñado de candidatos. Muy popular por su feroz combate a las guerrillas, el poderoso exmandatario intentará que uno de sus pupilos gane la presidencia, como ya sucedió en elecciones anteriores.

La oposición responsabiliza a Petro por el repunte del narcotráfico y la violencia en medio de frustradas negociaciones de paz con los grupos armados. Uribe está de vuelta en el ruedo político luego de que un tribunal revocara en octubre una condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a paramilitares y fraude procesal.

Fuente: AFP.

La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.

Los colombianos eligen el domingo un nuevo Congreso en unas elecciones que medirán la temperatura de cara a las presidenciales, en las que la izquierda de Gustavo Petro aspira a conservar el poder. Aliados del primer mandatario izquierdista de Colombia buscan reforzar su presencia en el legislativo ante la derecha, otrora la mayor fuerza política del país, que espera recuperar terreno antes de los comicios presidenciales del 31 de mayo.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para elegir a 285 congresistas desde las 8:00 hasta las 16:00 locales (13:00-20:00 GMT). En las urnas calificarán la gestión del actual Congreso que, si bien dio luz verde a algunas de las ambiciosas reformas de Petro, cerca del final de su mandato rechazó propuestas como cambiar el sistema de salud o hacer una reforma fiscal para aumentar impuestos a los más ricos.

El presidente respondió a los legisladores opositores con constantes marchas multitudinarias en las que dio fuertes discursos en contra del Congreso, desprestigiado entre el electorado desde hace años por múltiples escándalos de corrupción en un país que intenta salir de más de medio siglo de conflicto armado. “Para que haya un cambio en este país tiene que ser un milagro”, dice a la AFP Marta Sandoval, una chef de 39 años.

El nuevo Congreso asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del sucesor de Petro. Las encuestas dan como favoritos para las presidenciales al senador izquierdista Iván Cepeda, un hombre fuerte de la izquierda que pertenece al mismo partido del presidente, y a Abelardo de la Espriella, un abogado cercano a la derecha que se presenta como un “outsider”.

Ante el descrédito, los partidos han recurrido a personalidades de redes sociales para conquistar votantes. Cepeda, el favorito en la carrera presidencial, aspira a persistir en las reformas de la izquierda, por lo que debe contar con un Congreso aliado, como no sucede con Petro. “Gracias al Congreso que tenemos bien o mal, no pasaron varias reformas que eran nefastas para el país”, sostiene Damaris Pavón, una politóloga de 37 años, disgustada con la labor del mandatario.

Otros como Elvira Camacho, una secretaria jubilada de 64 años, prefieren votar por quienes garanticen “una continuidad” de las ideas del mandatario actual. Una de las propuestas de la izquierda es modificar la Constitución, lo que analistas consideran un riesgo de que el presidente concentre poder. La derecha pretende recuperarse del golpe que sufrió en 2022 al perder la bancada más grande del Congreso y la presidencia.

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el dirigente derechista más influyente del siglo, es uno de los candidatos al Senado en un intento que busca movilizar votantes que respaldaron su guerra contra las guerrillas. El exmandatario rechaza políticas de Petro como la “paz total”, una apuesta por negociar con grupos armados ilegales que se fortalecieron en lugar de dejar las armas. La violencia continúa siendo un actor en las elecciones. Durante la campaña electoral fue asesinado el año pasado el senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser un candidato presidencial.

Fuente: AFP.

El Ministerio Público, a través de un análisis del Observatorio, difundió un informe donde visibiliza cinco hechos punibles en los que predominan las víctimas mujeres -niñas, adolescentes y jóvenes- registrados entre los años 2021 y 2025 en Paraguay, evidenciando el fuerte impacto que estos delitos generan en la vida de las afectadas.

Durante este periodo de cinco años se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo. A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.

En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se recuerda hoy, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal. La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.

Comprender estas consecuencias resulta fundamental para dimensionar el impacto real del fenómeno, explicó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.

La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas clave para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales. Cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración profunda en los procesos de desarrollo psicológico. La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.

El trauma puede manifestarse de diversas maneras, tales como recuerdos intrusivos, miedo persistente, dificultades para confiar en otras personas –especialmente en los adultos–, así como problemas en la regulación emocional.