El senador estadounidense y jefe de la diplomacia de su país, Marco Rubio, exigió este lunes que se haga justicia por la muerte del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, quien falleció después de permanecer dos meses en cuidados intensivos y someterse a varias cirugías.
Uribe, de 38 años, fue víctima de un atentado armado el pasado 4 de junio en Bogotá, cuando un grupo de sicarios abrió fuego contra el vehículo en el que se desplazaba. El político, también senador y reconocido por su postura crítica frente a grupos armados ilegales, recibió múltiples impactos de bala que le provocaron graves heridas abdominales y torácicas.
Desde entonces, permaneció internado en un hospital capitalino, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas en un intento por estabilizarlo. Sin embargo, su estado de salud continuó deteriorándose hasta que se confirmó su deceso el domingo 10 de agosto.
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“Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables”, expresó Rubio a través de la red social X, antes Twitter. El mensaje se suma a las manifestaciones de rechazo de líderes políticos nacionales e internacionales, quienes demandan el esclarecimiento del crimen.
Las autoridades colombianas han señalado como posibles responsables a una disidencia de las antiguas FARC liderada por Iván Márquez. El caso permanece bajo investigación, mientras sectores de la sociedad civil exigen resultados rápidos y condenas ejemplares para los autores materiales e intelectuales.
El asesinato de Uribe ha generado conmoción en Colombia, donde la violencia política vuelve a golpear en medio del proceso electoral. Organismos de derechos humanos han advertido que los candidatos de diferentes tendencias enfrentan un riesgo creciente, especialmente en regiones donde operan grupos armados.
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Datos clave
- Miguel Uribe murió el 10 de agosto tras sobrevivir dos meses a un atentado armado ocurrido en Bogotá.
- Fue sometido a varias cirugías, pero nunca logró salir de cuidados intensivos.
- Marco Rubio exigió justicia y expresó solidaridad con la familia y el pueblo colombiano.
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Falleció Farías Kronawetter, imputado en caso de filtración de Seprelad
El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.
La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.
Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.
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Vínculo con Giuzzio
En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.
En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.
Imputación
El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).
La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).
El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.
Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.
El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.
Equipo paralelo en Seprelad
El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.
“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.
También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.
“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.
Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.
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Ecuador aumenta al 50 % sus aranceles a Colombia por insuficiente lucha antinarco
Ecuador elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30 % a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.
La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado. El ministro ecuatoriano de Producción y Comercio Exterior, Luis Jaramillo, aseguró que su país “ha cortado el diálogo” con Colombia, al no recibir una “respuesta favorable” al pedido de mayor control fronterizo.
“No puede haber comercio sostenible si no hay control de frontera y seguridad”, dijo Jaramillo al canal Ecuavisa. Lamentó que Colombia haya prohibido el ingreso por vía terrestre de algunos productos agrícolas ecuatorianos como arroz, aguacate o banano.
Las cancilleres y ministros de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. Tras el anuncio del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y, como respuesta, este elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.
Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica. Colombia solicitó a Ecuador que retire los aranceles. En su frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.
Fuente: AFP.
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Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecen en una campaña electoral violenta
Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecieron el miércoles a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, marcadas por la violencia política, informó este jueves el ministro de Defensa.
El país vive su mayor crisis de seguridad en una década de cara a los comicios, en los que los colombianos también elegirán el sucesor del presidente Gustavo Petro el 31 de mayo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció la “desaparición” de dos aspirantes a escaños legislativos: Andrés Vásquez, miembro de un partido de derecha que aspira al Senado, y Anita Guetío, una indígena que busca llegar a la Cámara baja.
Vásquez desapareció la mañana del miércoles cuando salía de la casa de su padre en Pelaya, un pueblo del departamento de Cesar (norte), según su esposa. Familiares encontraron su automóvil abandonado.
Por su parte, Guetío perdió contacto cuando se trasladaba el miércoles por una carretera del departamento de Cauca (suroeste), donde operan grupos guerrilleros.
Sánchez no precisó las razones de sus desapariciones. “Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, escribió en la red X.
Estos hechos se suman a varios ataques contra políticos en Colombia, donde continúan operando múltiples grupos criminales tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC de 2016.
El 10 de febrero, la senadora indígena Aida Quilcué, que pertenece al partido de Petro, fue secuestrada durante algunas horas en Cauca.
En agosto pasado murió el senador de derecha Miguel Uribe, quien aspiraba a ser candidato presidencial en estas elecciones.
El dirigente opositor fue baleado durante un acto público en Bogotá y las investigaciones apuntan que los autores intelectuales son guerrilleros de una disidencia de las FARC.
Los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal intentan imponer su control territorial mediante la violencia.
- Fuente: AFP
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Ecuador aumenta aranceles a Colombia al 50 % por no hacer lo suficiente en lucha antinarco
Ecuador elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.
Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30 % a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.
La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado.
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Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.
Tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.
Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.
Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles. En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.
- Fuente: AFP