La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez pre­sentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presi­dente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad ban­caria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los agentes fisca­les solicitaron el comiso espe­cial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, representante legal de la Conmebol, tam­bién presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nico­lás Leoz Almirón, y el fiducia­rio, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.

Según la investigación, estos fondos provenían de activi­dades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener infor­mación adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.

Además, la entidad debió rea­lizar una verificación in situ para corroborar la existen­cia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la insti­tución estaba obligada a jus­tificar por escrito los moti­vos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monito­rear constantemente la rela­ción comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida dili­gencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la exis­tencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.

Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas esta­blecía que, ante el lanza­miento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los direc­tivos acusados habrían reci­bido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebra­ción de los contratos de fidei­comiso el 4 de febrero de 2016.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.

“Acá se trata de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público con­tra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una acti­vidad de investigación larga, realmente es un buen ejem­plo de lo que implica recopi­lar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy rele­vante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fis­calía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldí­var y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan cir­cunstancias especialmente graves durante el juicio oral.

La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.

Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.

El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.

Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.

En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.

Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.

El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.

La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.

La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.

El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.

La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado violento desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.

Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos”.

Entre los funcionarios señalados están el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

La fiscalía dijo que la facción de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán del cártel de Sinaloa, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.

“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.

El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.

• Fuente: AFP

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“Nadie va a querer acompañar una dupla si no hay esperanzas”, manifestó el diputado y dirigente político del Guairá, Alejando Aguilera, al argumentar que la puja para acompañar a Pedro Alliana en las elecciones generales del 2028 expone el éxito del proyecto presidencial de Honor Colorado.

“Esta puja por acompañar a Alliana en la chapa presidencial demuestra la fuerza de Honor Colorado, porque nadie va a querer acompañar una dupla si no hay esperanzas de que el proyecto llegue y por lo visto que los muchachos ven que el proyecto de Alliana tiene altas posibilidades de llegar", afirmó en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El precandidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez, destacó la gran fuerza que está teniendo su campaña en cada caminata que va llevando en los distintos barrios capitalinos. Si bien los resultados de las últimas encuestas le han otorgado una importante ventaja, resaltó que la medición más relevante es lo que se siente en el encuentro personal con los ciudadanos.

En conversación con La Nación/Nación Media, Pérez destacó que en los poco más de 40 días que quedan para las internas partidarias previstas para el 7 de junio; la estrategia principal será intensificar las caminatas, de tal modo a fortalecer aún más su postulación y ser finalmente el candidato por la lista 1 de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en los comicios del 9 de octubre.

Permisionarios del Mercado de Abasto de Asunción realizan una manifestación desde tempranas horas de este lunes, exigiendo a la comuna capitalina el cambio del director por supuestas irregularidades.

Los manifestantes cerraron media calzada de la avenida Defensores del Chaco, a la entrada del mercado, en el carril que conduce al centro de Asunción.

La primera promoción del Programa MoPaDual en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) cuenta con 21 jóvenes, de los cuales 18 son hombres y 3 mujeres, que culminaron exitosamente su formación en la especialidad de Operación de Redes y Conexiones de Agua Potable, desarrollada entre enero de 2024 y enero de 2026.

“No hay mejor política social que el empleo y la educación. Porque sin educación es mucho más difícil alcanzar nuestros sueños. Por eso, vamos a seguir trabajando para cuidar, fortalecer y potenciar el talento de los jóvenes paraguayos”, expresó Mónica Recalde, titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), durante el acto de entrega de certificados a los egresados, el pasado 17 de abril.

La Policía investiga la muerte del joven bombero y analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Abel Antonio Duarte Núñez (21), bombero voluntario y guardia de seguridad, fue asesinado en Ñemby tras salir de su turno laboral en la madrugada del domingo.

Cinthia Núñez, madre de la víctima, relató que su hijo fue asesinado a la salida de su trabajo e indicó que estaba recibiendo amenazas por parte de la expareja de su novia.

El Ministerio de Salud informó que en el marco de la estra­tegia impulsada desde la cartera, el fin de semana se llevaron a cabo jornadas quirúrgicas en el Hospital Nacional de Itauguá, con el objetivo de disminuir la lista de espera de procedimientos programados.

En dos días de intervencio­nes, un total de 47 pacientes accedieron a cirugías, en su mayoría correspondientes a patologías no complejas, señalaron desde el minis­terio.

El programa Adultos Mayores incorpora hoy a más de 8.000 beneficiarios de 68 años cumplidos hasta noviembre. También ingresan comunidades indígenas, personas con discapacidad y otras.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) comunicó el pago a los nuevos beneficiarios del programa Adultos Mayores, a través del Banco Nacional de Fomento (BNF).