“Se quiere desinformar, tratar de instalar hechos falsos como verdaderos a través de calumnias, difamaciones y lo mediático”, afirmó el abogado Pedro Ovelar, quien salió al paso del intento de reflotar una campaña contra el exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, con la reaparición del exembajador Marc Ostfield, aliado del gobierno abdista.

“Parece difícil de creer que un diplomático pueda actuar así, ya que siempre, en materia de los convenios y tratados, los embajadores no pueden incidir en la política interna, pero Marc Ostfield tuvo una injerencia directa, descarada y abierta en los asuntos internos del país“, afirmó Ovelar, este jueves, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ovelar acotó: “La forma en que el diplomático actuó comunicando las sanciones, pontificando desde un púlpito sobre lo que teníamos que pensar, hacer o actuar los paraguayos fue realmente una grosera intromisión en los asuntos internos, partidarios con la finalidad de incidir en unas elecciones nada más y nada menos para elegir a un presidente de la República”.

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Las afirmaciones de Ovelar surgieron ante los cuestionamientos realizados por el exembajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, contra la decisión del Departamento del Tesoro del país norteamericano referente al levantamiento de las sanciones financieras a Cartes, en octubre del 2025.

“Hay que poner un punto final y ver si paran con esto. Acá hay una gran frustración por el fracaso y no se trata solo de una persona, sino de un grupo o clan, que se desarrolló de manera constante, coordinada, al unísono. Están metidos desde el Ejecutivo anterior, grupos políticos de la oposición y periodistas que fueron parte de una trama“, sostuvo Ovelar.

El diplomático, destituido apenas asumió la actual administración de Donald Trump, lanzó su crítica hace un mes mediante sus redes sociales y fue recogido recientemente por los medios locales que fungieron como aliados del gobierno de Mario Abdo Benítez, en la campaña de ataques contra Cartes.

El 2 de noviembre de 2025, el diario Clarín publicó el artículo titulado: “El informe diplomático que expuso la trama secreta de la injerencia del exembajador de EE.UU. en Paraguay”. El conocido medio argentino expuso: “El documento pone en evidencia como el diplomático Marc Ostfield jugó en la interna colorada contra Santiago Peña, el candidato de Horacio Cartes”.

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César Chávez, símbolo de la comunidad latina y máxima figura de la lucha campesina en Estados Unidos, habría abusado sexualmente de menores de edad y violado y acosado mujeres del movimiento que dirigió, según una investigación del diario The New York Times que recoge esas acusaciones. Los ataques sexuales se habrían extendido durante años, y entre las denunciantes se cuenta Dolores Huerta, la prominente líder del movimiento que por primera vez acusó a su compañero de lucha de abusos que derivaron en dos embarazos.

Chávez, quien falleció el 23 de marzo de 1993, encabezó desde los años 1950 en California movilizaciones campesinas por reivindicaciones salariales y mejores condiciones de trabajo. Llegó a liderar multitudinarias marchas y boicots nacionales que lo convirtieron en una figura venerada. California hizo de su fecha de nacimiento, el 31 de marzo, un feriado regional, en tanto que Washington lo honró con diversos reconocimientos. Escuelas, auditorios, calles y plazas llevan su nombre.

Según la investigación publicada ayer miércoles por el New York Times, decenas de sus colaboradores ocultaron durante décadas los abusos de los que ahora es acusado, mientras sus presentas víctimas no los denunciaron. Dos mujeres afirmaron que Chávez abusó de ellas en la década de 1970, cuando eran menores de edad. Ambas son hijas de militantes de la Unión de Campesinos (UFW), el mayor sindicato campesino de Estados Unidos, que Chávez cofundó en 1962.

Una de las mujeres, Ana Murguía, dijo que el líder comenzó a tocarla de forma inapropiada cuando tenía 12 años y él más de 40. Aclaró que no hubo penetración. Otra mujer, Debra Rojas, afirmó que los abusos físicos comenzaron cuando ella tenía 13 años, y que mantuvo relaciones sexuales completas con el dirigente desde los 15, lo que encuadra como violación bajo la ley de California.

La UFW, que Huerta cofundó y en la que militó durante 30 años junto a Chávez, afirmó en un comunicado no haber “recibido ningún reporte directo”, ni tener “conocimiento de primera mano de estas acusaciones”. Sin embargo, la organización canceló su participación en la conmemoración del Día de César Chávez, el 31 de marzo, debido a las “graves acusaciones” que son “incompatibles con los valores” de la UFW.

Dolores Huerta, de 95 años, y quien mantuvo una relación de pareja con un hermano de Chávez, dijo al diario que Chávez la forzó a tener sexo en dos ocasiones en los años 1960, encuentros que derivaron en sendos embarazos que ella escondió. Ambos bebés fueron entregados por Huerta a otras familias. “Guardé este secreto por tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores del campo fue la obra de mi vida”, señaló ayer miércoles en un comunicado.

“Saber que lastimó a niñas me revuelve el estómago”, agregó, al tiempo que pidió salvaguardar la lucha campesina. “Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes alcanzadas para los trabajadores del campo”. La investigación del New York Times reveló que Chávez, que tuvo ocho hijos con su única esposa Helen Chávez, habría engendrado otros fuera del matrimonio, incluyendo los dos de Huerta, y que acosó a otras mujeres del movimiento.

Fuente: AFP.

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles que amplió la lista de países cuyos ciudadanos, si desean viajar a Estados Unidos, deberán depositar una fianza de 15.000 dólares. Esta medida, que se aplica a las visas de negocios y de turismo, es decir, no para inmigrantes, ya afecta a 38 países y se extenderá a otros doce, entre ellos Nicaragua y Granada, a partir del 2 de abril, informó el Departamento de Estado.

El programa se lanzó el año pasado con el objetivo de frenar las estancias prolongadas más allá del periodo autorizado, como parte de la amplia ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal. La fianza se devuelve si el titular del visado regresa a su país dentro del plazo establecido o si finalmente no viaja.

Enviar de vuelta a un inmigrante ilegal cuesta al contribuyente estadounidense una media de 18.000 dólares, según el Departamento de Estado. Además de Nicaragua y Granada, se incorporaron al programa Camboya, Etiopía, Georgia, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. De América ya habían sido incluidos Venezuela y los caribeños Antigua y Barbuda, Cuba y Dominica.

Entre los otros 38 iniciales, la gran mayoría están en África (Benín, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Yibuti, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue y Túnez).

De Asia, Eurasia y Oceanía figuran Camboya, Bangladés, Bután, Georgia, Mongolia, Nepal, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, así como Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. En enero, Estados Unidos congeló en 75 países los trámites de visados de inmigrante, destinados a las personas que planean residir allí de forma permanente.

Fuente: AFP.

Estados Unidos y sus aliados en América Latina y el Caribe han abierto una nueva etapa de cooperación antidrogas mediante extradiciones, inteligencia compartida y planes de seguridad que se basan en buena parte en el modelo salvadoreño, a pesar de las críticas de organismos internacionales.

Es el “Escudo de las Américas” que Trump y mandatarios de 16 países (la mitad de la región) anunciaron el pasado 8 de marzo en una cumbre celebrada en Doral (Florida). La agencia antidrogas (DEA) recibió el sábado al narco uruguayo Sebastián Marset, tras su captura en Bolivia, apenas un año después de entrar en la lista de fugitivos más buscados en Estados Unidos.

Marset compareció ante el juez el lunes, tras una expulsión muy rápida por parte de las autoridades bolivianas. Pero la colaboración también pasa entre otros países, como el bombardeo de Ecuador de un campo de entrenamiento de un grupo disidente de las FARC en una zona fronteriza con Colombia.

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció ese ataque, pero en entrevista con la AFP, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reconoció que hay colaboración entre su país, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos para sofocar esos focos de rebelión.

El FBI abrió oficina permanente en Ecuador, cuyo gobierno acaba de declarar toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado. Washington también anunció el pasado viernes el arresto, con fines de extradición, del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de ser uno de los líderes de “Los Piratas”, la filial chilena de la pandilla Tren de Aragua. Este capo podría ser deportado en breve a Chile.

El gobierno Trump, consciente del giro conservador que tomó la región, parece decidido a acelerar el paso, antes de que se abra otro ciclo político contrario a sus intereses. La colaboración pasa en ocasiones por otros caminos más inesperados. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en enero la detención del chileno Armando Fernández Larios, ex militar y agente de la DINA, la temida policía política del régimen de Augusto Pinochet.

Larios, que se había declarado culpable del asesinato del ex ministro chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, vivía desde finales de los años 1980 en Estados Unidos.

Tras casi cuatro décadas podría ser expulsado en breve a su país, según confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a la AFP.

Con Brasil, México y Colombia, que no acudieron a la cumbre de Doral, la cooperación en inteligencia se mantiene, según reconocen los mandatarios de esos países y fuentes diplomáticas en Washington.

Trump mantiene la presión sobre la mexicana Claudia Sheinbaum, como demuestra la violenta operación que acabó con la muerte del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La presión económica del presidente Donald Trump y sus veladas amenazas militares la han obligado a actuar”, considera Amanda Mattingly, ex diplomática y fundadora de ACM Global Intelligence.

Con Brasil, el próximo capítulo de una relación con altibajos podría ser la designación oficial de dos poderosas facciones criminales, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), como grupos terroristas. Esa denominación provoca tensión en el gobierno brasileño.

Interrogado por la AFP, un portavoz del Departamento de Estado indicó que Washington no “anticipa posibles designaciones como organizaciones terroristas”, pero que está “comprometido a tomar las medidas apropiadas contra grupos extranjeros que participen en actividades terroristas”.

Esa lucha que incluye nuevos y controvertidos aspectos como los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, provocan alarma entre algunos países de la región.

“Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida”, denunció el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, durante las audiencias que acaba de celebrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala. “La CIDH carece de competencia para examinar las cuestiones (que) se refieren a la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario”, reaccionó el Departamento de Estado.

Fuente: AFP.