Fuerzas militares confirmaron el ataque sobre dos instalaciones nucleares en un fuerte avance.

• AFP

Estados Unidos e Israel atacaron ayer viernes dos insta­laciones nucleares en Irán, donde Washington espera haber cumplido sus objeti­vos de guerra en un par de semanas. Los precios del petróleo subieron en medio de los combates en el Golfo y en Líbano, sin que se vislum­bre un final claro. Y eso pese a que el presidente estadouni­dense, Donald Trump, insiste en que las negociaciones indi­rectas con Irán “van bien”. Ayer viernes pospuso “hasta el lunes 6 de abril” su ultimá­tum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él “a petición del Gobierno iraní”.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó tras asistir al G7 que Irán no ha contestado a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado “mensajes” que muestran interés por la vía diplomática. El diálogo indi­recto no acalla las armas. “Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debili­tados de lo que han estado en la historia reciente”, declaró Rubio.

El ejército israelí confirmó haber atacado el reactor nuclear de agua pesada de Arak, en el centro de Irán, poco después de que medios iraníes reportaran bombar­deos sobre el lugar. También confirmó ataques a “una planta de extracción de uranio situada en Yazd, en el centro de Irán”, horas después de que la organi­zación de energía atómica de la república islámica informara que hubo bombardeos de Esta­dos Unidos e Israel en la ins­talación. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reiteró su lla­mado a la “contención militar para evitar cualquier riesgo de accidente”. Irán no se ami­lana. Su ministro de Relacio­nes Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que el país impondrá un “precio muy alto por los crí­menes israelíes”. “Israel atacó dos de las mayores siderúrgicas de Irán, una planta eléctrica y sitios nucleares civiles, entre otras infraestructuras. Israel afirma que actuó en coordi­nación con Estados Unidos”, declaró en redes sociales.

Irán amenazó con bombardear sitios industriales que tengan vínculos con Estados Unidos.

• AFP.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó ayer vier­nes que Teherán impondrá un “precio muy alto por los crímenes israelíes”, tras ata­ques a complejos siderúr­gicos y dos instalaciones nucleares.

“Israel atacó dos de las mayores siderúrgicas de Irán, una planta eléctrica y sitios nucleares civiles, entre otras infraestructu­ras. Israel afirma que actuó en coordinación con Esta­dos Unidos”, declaró Araqchi en una publicación en redes sociales.

Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron a los empleados de los sitios industriales de la región “que tienen accionistas esta­dounidenses, así como a las industrias pesadas aliadas con el régimen sionista” y les pidieron “que abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo”. Prometieron que llevarán a cabo ataques en represalia.

Los Guardianes de la Revo­lución, el ejército ideoló­gico de la república islámica, advirtieron a los empleados de instalaciones industria­les de la región con “accio­nistas estadounidenses” y de las “industrias pesa­das aliadas con el régimen sionista” que “abandonen inmediatamente sus luga­res de trabajo” porque pro­meten llevar a cabo ataques en represalia. Horas antes recomendaron alejarse de “los lugares donde están esta­cionadas las tropas estadou­nidenses” y obligaron a tres barcos a dar media vuelta en el estrecho de Ormuz, una ruta que, según ellos, queda cerrada a los buques que ven­gan o se dirijan a puertos vin­culados al “enemigo”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que aplazaba al 6 de abril su amenaza de destruir la infraestructura eléctrica de Irán, a petición de Teherán, e indicó que las negociaciones iban “muy bien”.

En su cuenta de X, expresó: “A petición del gobierno de Irán, por medio de esta declaración anuncio que suspendo el período de destrucción de instalaciones energéticas por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 (hora del Este de EE. UU.).

Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas de los medios falsos y otros, avanzan de muy buena manera.

Según recordó la agencia AFP, el sábado, el presidente había dado primero 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas del país.

El lunes, en un inesperado giro, anunció que ambos países habían iniciado negociaciones “muy buenas y fructíferas”, por lo que concedió un nuevo plazo, de cinco días, que vencía este viernes.

• Fuente: AFP y X

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La acusación del tribunal para el distrito del este de Virginia expone que el narco nacido en Uruguay operó y tuvo su momento de mayor expansión durante el gobierno anterior.

• HOY.COM.PY

La acusación formu­lada por la Fiscalía de Estados Unidos ratifica que el narcotrafi­cante uruguayo Sebastián Marset extendió sus ope­raciones en Paraguay en el periodo de tiempo que coincidía con el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2019). El documento presentado por autorida­des norteamericanas ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia señala que Sebastián Mar­set habría iniciado su acti­vidad ilícita en Paraguay y la región por lo menos desde noviembre del 2019, extendiéndose hasta parte de 2021, inclusive.

La franja de tiempo men­cionada en la acusación fis­cal coincide con el periodo en que Mario Abdo Bení­tez ocupó la Presidencia de la República (2018-2023). A su vez, coincido con el período en que Arnaldo Giuzzio se desempeñaba como titular de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), institución en la que se desempeñó como ministro desde agosto de 2018 hasta enero de 2021. Tras su salida de dicho organismo, el exfiscal de Delitos Económicos fue nombrado como ministro del Interior.

Una de las personas que formaban parte del cír­culo cercano de Sebastián Marset para el tráfico de drogas era Marcus Vini­cius Espíndola, quien, de hecho, también posee vín­culos muy cercanos con Arnaldo Giuzzio, a quien entregó una camioneta en forma de préstamo para unas vacaciones en Bra­sil y con quien tuvo con­tactos para tratar de acce­der a licitaciones estatales, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Para­guay se consolidó como un centro logístico clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con cifras récord en lo rela­cionado con incautaciones de estupefacientes.

Se estima que en un periodo de solo 16 meses entre 2020 y 2022, se enviaron más de 42 toneladas de droga a territo­rio europeo desde nuestro país. Tan solo en 2021 fueron enviados aproximadamente 32.000 kilos de cocaína con destino a puertos del Viejo Continente.

Una de las decisiones que habrían propiciado este paso indiscriminado de droga fue la que adoptó el exministro de la Senad Arnaldo Giuzzio, quien en 2020 firmó una reso­lución que desmanteló la Dirección de Investi­gación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT). Esta unidad era la encargada de realizar fiscalizacio­nes directas en los puer­tos privados, desde donde partían los contenedores hacia Europa.

Dicha medida implicó el retiro de agentes especia­les de las terminales por­tuarias privadas, lo que dejó los puertos de nues­tro país sin una vigilancia estatal durante el periodo de mayor auge de expor­tación de droga.

La audiencia que estaba prevista para ayer 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se rea­lizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comuni­cación con el defendido. De acuerdo con informes periodís­ticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Vir­ginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y lle­vado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organiza­ción, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Para­guay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal. Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requi­sitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogra­mada para este 25.

Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y YouTube responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, y ordenó a las empresas pagar 3 millones de dólares en daños.

La decisión abre la puerta a posibles indemnizaciones mucho mayores.

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y que esa negligencia fue un factor central en el daño causado a la demandante.

Los jurados también determinaron que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.

“La hora de rendir cuentas ha llegado”, dijeron los abogados de la demandante en un comunicado.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa “respetuosamente discrepa” con el veredicto.

El panel atribuyó a Meta el 70 % de la responsabilidad por el daño sufrido por la demandante -una parte de 2,1 millones de dólares de la indemnización compensatoria- y a YouTube el 30 % restante, es decir, 900.000 dólares.

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“Tres millones de dólares es un tirón de orejas para empresas como Meta y YouTube, que son dos de los mayores vendedores de publicidad del mundo”, dijo Jasmine Engberg, de Scalable, que hace un seguimiento de la industria de las redes sociales.

“Pero si estas empresas se ven obligadas a rediseñar sus productos, eso supone una amenaza existencial para sus modelos de negocio”, enfatizó.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con malicia, conducta abusiva o fraude, una conclusión que abona el terreno para una fase separada de daños punitivos.

La demandante, identificada en los documentos judiciales por sus iniciales K.G.M. y presentada solo como Kaley en el juicio, es la figura central de un caso modelo que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los menores.

Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre brillo labial y un juego infantil en línea.

Se unió a Instagram a los nueve, burlando un bloqueo que su madre había implementado para mantenerla fuera de la plataforma.

Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales “realmente afectó (su) autoestima”, y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar aficiones, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con los demás.

En los alegatos finales, el abogado de la demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de codicia corporativa.

Sostuvo que funciones como el desplazamiento infinito (scrolling), la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de “me gusta” fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes.

Meta y YouTube sostuvieron en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la conflictiva relación de Kaley con su madre y puso a los jurados una grabación en la que aparentemente se escucha a la madre gritarle e insultarla.

YouTube cuestionó cuánto tiempo pasaba realmente Kaley en su plataforma; su abogado dijo al tribunal que los registros de uso mostraban que ella promediaba poco más de un minuto al día en las mismas funciones que sus abogados calificaron de adictivas.

El jurado rechazó los argumentos de la defensa en las siete preguntas de cada formulario de veredicto que les fue entregado.

Un jurado diferente de Nuevo México determinó el martes que Meta era responsable de poner en peligro a los niños al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, y a otros riesgos.

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La fiscalía había solicitado la indemnización máxima de 2.200 millones de dólares, pero el jurado otorgó una cantidad menor, de 375 millones de dólares.

Fuente: AFP