Argentina solicitó a una jueza estadounidense suspender el fallo que le ordena entregar el 51 % de las acciones de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para saldar una deuda de 16.100 millones de dólares, según el escrito publicado este miércoles por la prensa local. La solicitud fue presentada el martes por la tarde ante la jueza Loretta Preska de Nueva York en tanto Argentina prepara los argumentos de la apelación.
Si la petición de suspensión no fuera atendida, Argentina recurrirá a tribunales superiores al argumentar que el cumplimiento de la orden de Preska representa para la petrolera un “daño irreparable”, de acuerdo al texto de la presentación. En el escrito Argentina argumentó que el caso tiene “circunstancias extraordinarias” y que no se trata de una “simple disputa comercial entre empresas”.
“Esta disputa afecta la soberanía de Argentina” porque se dirime sobre “activos estratégicos” del país, afirmó el documento. También deja claro que “los demandantes no se verían perjudicados por una suspensión que sólo mantendría el statu quo a la espera de la revisión” de apelación.
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Y explica que Argentina “no puede vender sus acciones en YPF sin la intervención del Congreso” para su aprobación. El lunes, la jueza había ordenado la entrega de las acciones para saldar la deuda que beneficia a dos empresas afectadas por la nacionalización de petrolera en 2012.
La sentencia fija además un plazo de 14 días para la transferencia del paquete de acciones a una cuenta de custodia en el Banco de Nueva York Mellon (BNYM), antes del cambio de titularidad a los beneficiarios. En 2012, Argentina expropió 51 % de las acciones de YPF, entonces parcialmente controlada por la española Repsol.
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Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar el litigio.
Pero accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4 % del capital de YPF, presentaron en 2015 una demanda alegando que Argentina había obviado presentar una oferta pública de adquisición (OPA). El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales. Ahora sería beneficiario del 38 % de la sentencia.
Fuente: AFP.