Estados Unidos designó el miércoles como organización terrorista extranjera a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones como parte de su estrategia para soportar el combate a los grupos del narcotráfico en América Latina.

“No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, durante una visita a Quito para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, aliado cercano de Donald Trump.

Los grupos armados de Ecuador “tienen capacidad terrorista ya nivel de la región. Y eso hay que enfrentarlo, eso hay que desmantelarlo, eso hay que derrotarlo”, añadió el secretario de origen cubano durante su gira de tres días en Ecuador, Colombia y Perú.

Rubio señaló ante la prensa que Los Tiguerones son responsables de ataques contra civiles, miembros de la fuerza pública y periodistas.

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La organización ilegal participó en enero de 2024 en el asalto armado al canal TC Televisión, que fue transmitido en vivo en medio de una ola de violencia desatada por la fuga del capo del narco Adolfo ‘Fito’ Macías, jefe máximo de Los Choneros y que fue extraditado en 2025 a Estados Unidos.

La organización se dedica al tráfico de drogas y armas, así como a la minería ilegal, lavado de activos, extorsión y sicariato, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Este es uno de los mayores actores en la guerra entre agrupaciones criminales en Ecuador, convertido en el país más violento de la región con una tasa de homicidios de 51 por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a uno cada hora.

Se estima que el 70 % de la cocaína producida en los Colombia y Perú pasa por Ecuador.

Noboa, quien es uno de los principales aliados de Trump en la región, sostiene desde 2024 una lucha frontal contra el crimen organizada con apoyo militar de Estados Unidos.

Desde 2025 el Departamento de Estado también ha designado organizaciones terroristas a los grupos ecuatorianos Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.

• Fuente: AFP

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En un procedimiento del denominado operativo Nexus 2, realizado ayer en Itacurubí de la Cordillera, fue capturado Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, presunto exsecretario del narco uruguayo Sebastián Marset (hoy detenido en Estados Unidos); y está imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py”. Se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años.

La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el interior de establecimientos penitenciarios como desde el exterior. El sospechoso capturado cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.

“Y dentro de lo que es la investigación del caso señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios, personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. Y en ese sentido se han identificado personas que también estaban operando para esta estructura desde fuera de esos establecimientos penitenciarios. Una de esas personas es el procesado que fue capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La agente del Ministerio Público agregó: “De hecho, el mismo ya estaba identificado, se había formulado imputación ya en febrero de este año y como consecuencia de la detención que no fue posible efectivizar y que él no fue localizado en el domicilio, en su momento se solicitó una declaración de rebeldía que fue acogida favorablemente por el juzgado y ya con información de que el mismo nuevamente había retornado al domicilio, que estaba identificado en nuestro caso, es que se procedió a una solicitud de allanamiento judicial para la detención, así como también incautación de evidencias que pudiera tener en su poder al tiempo de esa detención”.

“Nosotros ya el día de ayer le convocamos a sede fiscal, le informamos los hechos que se le atribuyen, él estuvo en presencia de su abogado de confianza y los hechos punibles concretamente son los dispuestos en los artículos 21, 44 y 42 de la Ley de drogas. Todos relacionados al tráfico dentro de lo que sería el ingreso ilícito de sustancias prohibidas al territorio nacional, la comercialización, así como la asociación para acometer ilícitos establecidos en la ley de drogas”, detalló la fiscal Cubilla.

Durante las indagaciones también se confirmó el nexo del procesado con el ámbito deportivo. Si bien al momento de su captura no ejercía funciones activas, anteriormente estuvo vinculado al Club Deportivo Capiatá y a un club local de la zona de Itacurubí de la Cordillera.

La Cámara de Apelación, integrada por los magistrados Arnaldo Fleitas, Camilo Torres y José Waldir Servín, ratificó de manera unánime que Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y los demás implicados en el caso Berilo deberán enfrentar un juicio oral y público. Con esta resolución, el tribunal de alzada confirmó la determinación previa adoptada por el juez penal de Garantías, Miguel Palacios.

Tras esta confirmación, el siguiente paso procesal consistirá en el sorteo correspondiente para designar a los jueces que integrarán el Tribunal de Sentencia, quienes tendrán la responsabilidad de juzgar a los acusados. La causa judicial, enmarcada en el conocido “Operativo Berilo”, investiga una compleja estructura criminal presuntamente dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.

Según las pesquisas de la Fiscalía, esta red civil y comercial operaba transportando cargamentos de estupefacientes procedentes de Bolivia, cruzando el territorio paraguayo, para finalmente introducirlos en el mercado de Brasil.

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La acusación del Ministerio Público refiere que “Cucho” Cabaña se desempeñaba como el supuesto líder y principal financista de la organización criminal. Por su parte, varios de sus familiares directos y un entorno de colaboradores cercanos cumplían roles específicos y tareas logísticas diferenciadas dentro del esquema.

En lo que respecta al exdiputado Ulises Quintana, también procesado en la causa, la Fiscalía le atribuye haber realizado supuestas gestiones de influencia para facilitar las operaciones de la banda, así como intervenciones directas para lograr la liberación de personas vinculadas al grupo y de sumas de dinero incautadas.

Al analizar los recursos presentados por las defensas técnicas, la Cámara de Apelación sostuvo firmemente que la resolución que elevó la causa a juicio oral no presenta vicios de nulidad ni errores en la aplicación de la ley. Al verificar que el proceso se ajustó estrictamente a las normas vigentes, los camaristas rechazaron las apelaciones y ratificaron la validez de la remisión del expediente a la etapa de juzgamiento público.

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Las autoridades mexicanas atribuyeron el lunes al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación el inusual atentado con coche bomba contra una comisaría que dejó diez heridos en una zona clave para el trasiego de droga donde repunta la violencia. La potente explosión ocurrió la noche del domingo en la localidad de Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, en plena celebración de sus fiestas patronales.

Dos de los heridos son policías y ocho civiles, tres de ellos, menores de edad. Dos sufrieron heridas graves, aunque las autoridades no precisaron si se trata de agentes o vecinos. Este lunes, la calle del atentado permanecía acordonada por la policía. En ella yacían al menos seis autos destruidos entre los escombros de los inmuebles cercanos, comprobó una periodista de la AFP.

La onda expansiva también golpeó las fachadas de las viviendas y retorció la puerta metálica de un negocio, mientras pedazos de ladrillos y vidrios quedaron regados en el suelo. Este es el último incidente en el reciente repunte de la violencia en este estado del centro de México con rutas claves para el tráfico de drogas. En julio se hallaron cinco cuerpos colgados de un puente en una población a unos 75 km de Ojocaliente.

Es además el tercer ataque con explosivos en Zacatecas en menos de una semana, pese a que este tipo de atentados suelen ser poco utilizados por los grupos criminales mexicanos.

Un hombre estacionó el auto cargado de explosivos tras una patrulla de la policía municipal, lo dejó encendido y se fue caminando, explicó el secretario de gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza en conferencia de prensa. Una mujer policía “iba a revisar el vehículo y justo antes de salir de la comandancia se activó el mecanismo explosivo”, agregó Reyes. El automóvil había sido robado en abril en el vecino estado de Jalisco.

“Mi hijo estaba en este cuarto (...) y dice que sintió un aire caliente y en eso sintió que se estremeció toda la casa”, declaró a la AFP una vecina que declinó dar su nombre por razones de seguridad. El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, informó que el ataque se dio tras la detención el sábado de un joven de 18 años que manifestó “ser sicario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

“No descartamos que la agresión de ayer sea una reacción” a esta captura, dijo Camacho a la radio Fórmula. “Todo indica” que la explosión fue obra de dicho grupo criminal, agregó. Designado por Estados Unidos en febrero de 2025 como “organización terrorista extranjera”, el CJNG ha extendido su influencia por todo México, según un informe de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA.

Junto al Cártel de Sinaloa, se ha convertido en uno de los principales blancos de la lucha contra el tráfico de droga en el país.

La explosión, de gran potencia, dañó 17 inmuebles y 11 autos, según el reporte de las autoridades que suspendieron el inicio de clases previsto para este lunes. Zacatecas parecía haber dejado atrás sus años más cruentos, cuando las matanzas a manos del crimen organizado y el desplazamiento forzado eran cotidianas. Sin embargo, desde julio la violencia criminal vuelve a sacudir esta región.

Fuente: AFP.