El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo el martes que su país y Colombia lanzarán operaciones militares contra el crimen organizado desde “el día número uno” del gobierno del ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella. El abogado asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, al que Ecuador acusa de no haber hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera común.

“Hay que entrar con fuerza y con determinación y junto con las fuerzas armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno”, declaró Reimberg a periodistas. Los señalamientos de Quito derivaron en un deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que se aplicaron mutuamente impuestos a las importaciones de hasta 100 %.

“Estamos a puertas de que haya un cambio de gobierno en Colombia, por cierto, muy favorable para nosotros, porque al fin tendremos con quien trabajar en esta lucha contra el crimen organizado”, agregó Reimberg. Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal. El país es uno de los más violentos de Latinoamérica.

En 2025, Ecuador reportó 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

El ministro dijo que los últimos cuatro años hubo “puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos disidentes” que operan en ambos lados de la zona limítrofe.

El martes De la Espriella anunció la instalación en Medellín de una oficina del Escudo de la Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico. Colombia fue excluida en marzo de la iniciativa, de la que forma parte Ecuador, por los choques entre Petro y Trump.

Fuente: AFP.

Un sismo de magnitud 7,3 sacudió este viernes el sur de México y parte de Centroamérica, lo que provocó escenas de pánico en localidades cercanas al epicentro, aunque sin víctimas hasta ahora, según las autoridades.

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados de mexicanos de Chiapas y Oaxaca así como en Guatemala y El Salvador, constataron periodistas de la AFP.

Tras el sismo, la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta de tsunami, la cual fue desactivada unas dos horas más tarde, tras detectarse variaciones menores en el mar.

Según el servicio sismológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró poco antes de las 09h00 locales (15H00 GMT) con epicentro a 48 km de la localidad de Aquiles Serdán, en la frontera de México y Guatemala.

El sismológico mexicano de su lado ha registrado más de 30 réplicas con intensidades de hasta 6,8.

En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, hubo algunas escenas de pánico en los contados edificios altos de la ciudad.

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“Se siente horrible allá arriba”, dijo a la AFP Aracelí Sánchez, una empleada gubernamental que estaba en un edificio de 15 pisos. “Hubo gente que lloró”, añadió con voz agitada tras bajar por las escaleras de emergencia. El gobierno de Chiapas canceló la jornada laboral.

Autoridades de protección civil reportaron que una mujer resultó lesionada luego de lanzarse, en una crisis nerviosa, desde un tercer piso. Según medios locales, se trata de una migrante haitina.

En Ciudad de Guatemala, la intensidad del terremoto llevó a evacuar varios edificios y se cancelaron las clases en localidades fronterizas.

“No nos empujemos. ¡Por favor, mantengamos la calma!”, orientaba una mujer a decenas de empleados que eran desalojados en las afueras del Instituto del Seguro Social.

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Las autoridades de los países afectados no reportaron víctimas en los primeros balances e inspecciones.

Solo el gobierno de Chipas informó de daños materiales menores en instalaciones oficiales en dos municipios.

“Conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en X.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas”, añadió.

Ciudad de México, sacudida en 1985 y 2017 por poderosos sismos, está a más de 800 kilómetros del epicentro, pero en redes sociales hay algunos reportes de personas que dicen haberlo percibido. Algunos edificios altos fueron evacuados por precaución.

México y Centroamérica se ubican en distintas placas tectónicas cuyos movimientos convierten a la región en una de las más sísmicas en el mundo.

• Fuente: AFP

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Estados Unidos designó al cártel de Juárez y al grupo Los Viagras, ambos en México, como organizaciones terroristas extranjeras, anunció este jueves el Departamento de Estado.

Esta designación se añade a seis que Washington promulgó el año pasado contra los cárteles y organizaciones del crimen organizado en México.

La designación como organización terrorista permite más margen de maniobra de las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el contexto de una gran ofensiva contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

“El Cártel de Juárez y Los Viagras son violentos cárteles narco-terroristas que han perpetrado numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora de nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— asesinados por sicarios de La Línea, la facción dominante del Cártel de Juárez” explicó el comunicado del Departamento de Estado.

El ataque del 4 de noviembre de 2019 causó conmoción en ambos lados de la frontera.

Una familia de la comunidad mormona que viajaba en una camioneta fue atacada a balazos por un comando armado.

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El presidente Donald Trump decidió aumentar sustancialmente el combate a los cárteles transnacionales y al crimen organizado tras volver al poder, y en febrero de 2025 anunció la decisión de considerar terroristas a esos cárteles, a pesar de las críticas desde sectores jurídicos.

El 20 de febrero de 2025 designó como terroristas al cártel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación, al cártel del Golfo, al cártel del Noreste (antiguamente los Zetas) a la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

Esa misma medida se ha aplicado igualmente a organizaciones guerrilleras colombianas, o a grupos criminales en Venezuela y Brasil.

“Las designaciones de terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, negándoles el acceso al sistema financiero de Estados Unidos y a los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques” advirtió el Departamento de Estado.

La formulación “narcoterroristas” permitiría también, a juicio del gobierno Trump, operaciones como los ataques que lleva a cabo regularmente contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con más de 200 muertos hasta ahora.

Estados Unidos considera también que tiene el derecho a atacar fuera del país a líderes de esos cárteles y grupos criminales como ha hecho durante décadas contra Al Qaeda o el Estado Islámico.

Juristas y organizaciones internacionales consideran que esa amalgama entre narcotráfico y terrorismo es dudosa desde el punto de vista legal.

El líder del Tren de Aragua venezolano, también designado organización terrorista extranjera, ‘Niño’ Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el pasado 13 de junio.

México se opone oficialmente a la intervención estadounidense en su territorio.

• Fuente: AFP

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El gobierno de México informó el miércoles que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para castigar con hasta 70 años de cárcel el feminicidio.

México es uno de los países más afectados por la violencia contra las mujeres, con una decena de asesinatos en promedio al día, según Naciones Unidas.

El feminicidio ha sido motivo de protestas en los últimos años, porque además, en muchos casos, los agresores salieron impunes.

La iniciativa será presentada ante el Congreso bicameral, que ya reformó la Constitución el 6 de mayo para abrir paso a esta ley.

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El proyecto homologa la definición del delito y unifica la forma como se investiga, juzga y sanciona. El gobierno apuntó que los 32 estados del país lo hacen de forma distinta y en muchos casos no toma en cuenta el contexto de violencia en el que viven las víctimas.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que espera que la ley lleve a que “haya cero impunidad” en este delito.

La propuesta establece penas de entre 50 y 70 años de prisión. Actualmente, los estados del país tienen sanciones distintas. Por ejemplo, en Zacatecas es de 30 a 50 años de cárcel.

También establece agravantes que pueden aumentar la sanción como que la víctima sea niña, adolescente o esté embarazada. Además, prohíbe la prescripción del delito.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, confió en que la iniciativa será aprobada en setiembre, cuando inicia un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.

• Fuente: AFP

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