• Buenos Aires, Argentina. AFP.

La justicia argentina allanó seis domicilios en la provincia de Buenos Aires para investigar si se realiza un documental no autorizado sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el que una de las juezas fue acusada de participar, informó el viernes una fuente oficial.

El juicio por la muerte del astro del fútbol fue suspendido el martes pasado por una semana para investigar si una de los tres jueces del caso, Julieta Makintach, colaboró en el ingreso de cámaras a las audiencias para la producción de un documental sin aprobación de las partes.

“Sí, hubo”, dijo una fuente vinculada a la investigación que pidió no ser identificada cuando se le pidió confirmación de los allanamientos informados por la prensa local.

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El juicio para determinar la responsabilidad del equipo médico de Maradona en su muerte se lleva a cabo en un tribunal en San Isidro, una localidad al norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca de donde residía el astro del fútbol cuando falleció el 25 de noviembre de 2020.

La policía allanó la noche del jueves dos productoras audiovisuales y cuatro domicilios particulares, detalló la fuente.

Uno de los domicilios está vinculado a una mujer que atiende cotidianamente las audiencias del juicio y que había sido señalada el jueves de la semana pasada por una de las defensas como una de los realizadores del documental, informó el diario La Nación.

Makintach reconoció posteriormente que se trataba de una “amiga de la infancia” que le pidió permiso para asistir y se desligó de la realización de un documental, en declaraciones en la audiencia del martes y luego a diferentes medios nacionales.

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Sobre la jueza recayeron además tres recusaciones por parte de dos defensas: una fue rechazada y luego apelada y las otras dos deberán resolverse el próximo martes cuando se reanude el juicio, cuya continuidad peligra por este escándalo.

Maradona, ganador del Mundial de México-1986 con la selección argentina, falleció por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes.

Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente y por la que pueden pasar entre 8 y 25 años en prisión. Una octava acusada será juzgada en un proceso separado. A lo largo del proceso que comenzó el 11 de marzo, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

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