Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron un cargamento irregular de combustible de aviación que iba a ser destinado presuntamente a abastecer redes logísticas vinculadas con el narcotráfico que operan en el Chaco paraguayo. En el procedimiento detuvieron a una persona.

Durante un control efectuado en el kilómetro 160 de la ruta PY09, en la zona de Moisés Galeano, Presidente Hayes, los agentes especiales del Departamento Regional n.° 6 detuvieron una camioneta de la marca Chevrolet, modelo Montana, que era guiada por Derlis Osmar Morel Benítez y transportaba en la parte trasera cinco bidones de plásticos de 200 litros que contenían combustible de aviación.

En la verificación, los intervinientes constataron que el cargamento carecía de documentaciones, por lo que se procedió a la incautación de la carga y detención del conductor. También fueron decomisados un teléfono celular y documentos que serán analizados en el marco de la investigación iniciada.

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El reporte de la Senad destaca que “el transporte de combustible de aviación en Paraguay está estrictamente regulado debido a su naturaleza y a los riesgos asociados a su utilización. En este caso, la carga era trasladada de manera absolutamente irregular, sin documentación que respaldara su origen, tenencia o destino”.

Añade que los elementos reunidos hacen presumir que el combustible podría estar destinado al abastecimiento de aeronaves utilizadas para actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas, modalidad empleada por organizaciones criminales que operan en zonas del Chaco. Intervino en el procedimiento la fiscal Norma Paredes, de la Unidad Ordinaria de Villa Hayes.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció que la “izquierda radical” en América Latina es financiada por el narcotráfico, y criticó las protestas que enfrentó el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en un discurso al inaugurar la Asamblea General de la OEA el lunes. Desde principios de mayo, sindicatos, indígenas y cultivadores de coca bloquearon carreteras en varios puntos del país en contra de Paz, a quien responsabilizan de la peor crisis económica del país en 40 años.

Paz llegó a un acuerdo el viernes con la principal central obrera para pacificar el país y decretó un estado de excepción. Ayer lunes, el expresidente izquierdista Evo Morales anunció el levantamiento temporal de los últimos cortes de rutas. “El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, dijo Mulino.

“Este es un problema serio, muy serio, que estamos enfrentando todos como podamos (...) los problemas de Rodrigo Paz no son distintos a los de cualquier país amenazado por la izquierda radical y el narcotráfico que lo financia”, añadió.

Mulino también manifestó que avaló una propuesta de la OEA para enviar a Bolivia una misión de cancilleres y ministros de seguridad y defensa para apoyar a Paz y evaluar la situación en ese país. Paz, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa al expresidente Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos.

Fuente: AFP.

Se entregó un policía involucrado en el megaasalto de Santa Rita. Se trata del suboficial primero Néstor Iván Ramírez Marín (29), conocido con el alias de Gato. Se presentó voluntariamente en la mañana de este martes en la Comisaría 14ª de Melgarejo, departamento de Guairá, para ponerse a disposición de la justicia.

El agente policial quedó recluido en una celda de seguridad a disposición del Ministerio Público. Llegó a la sede policial acompañado de su abogada defensora, Emiliana Sanabria, y formalizó su entrega a las 07:45.

Ramírez Marín presta servicios en la Comisaría 11.ª de Juan E. O’Leary, Alto Paraná. Sobre el uniformado, contaba con orden de detención por un supuesto robo agravado ocurrido en Paso Yobái, donde fue atacada una empresa minera.

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Según los investigadores, el uniformado también supuestamente estaría siendo vinculado a otras causas, entre ellas el millonario asalto registrado en Santa Rita.

La investigación por el millonario asalto contra bancos y una casa de cambios sigue avanzando. Ya fueron detenidas varias personas durante allanamientos en Minga Guazú y otras zonas del país.

Entre los aprehendidos figura un ciudadano brasileño con antecedentes por robos agravados y tráfico de drogas, además de otros sospechosos vinculados al manejo de explosivos utilizados en el atraco.

Durante los procedimientos, incautaron chalecos antibalas, armas de fuego, pasamontañas, “miguelitos”, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, bandas para fajado de billetes y un vehículo que habría sido utilizado por la organización.

La Policía y la Fiscalía continúan con operativos en distintos puntos del país para ubicar a los prófugos y determinar la participación de cada sospechoso en uno de los mayores golpes criminales registrados recientemente en Alto Paraná.

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La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.

La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.

La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.

Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.

El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.