Diez personas murieron en una riña dentro de un penal en Sinaloa, México, informó el gobierno de ese estado azotado por la violencia del narcotráfico. Decenas de efectivos del Ejército y la policía entraron al penal con armas largas y escudos antimotines. Un blindado también llegó al lugar al igual que ambulancias, constató un periodista de la AFP.

Familiares de los reclusos se agolparon a las afueras del penal ubicado en la ciudad turística de Mazatlán para clamar por información. “¡Por favor, tengo a mi hijo adentro, necesito saber de él, apiádense!”, gritaba una mujer. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez, informó poco después en un video publicado en redes sociales que “perdieron la vida nueve personas privadas de libertad y un menor de edad que se encontraba de visita, y 16 personas privadas de la libertad resultaron heridas” que fueron trasladadas a un hospital.

No ofreció más detalles de los hechos que llevaron a este enfrentamiento. En las cárceles de este estado están presos varios integrantes del cártel de Sinaloa, sumido en una guerra interna que deja ya más de 1.000 muertos desde 2024.

Las facciones enfrentadas son “Los Chapitos” y “La Mayiza”, fieles a los líderes históricos de la banda: Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos encarcelados en Estados Unidos. Este es el segundo incidente de este tipo en una cárcel en Sinaloa en 2026. El 31 de mayo, siete presos fallecieron dentro de una cárcel en Culiacán, la capital del estado.

Fuente: AFP.

Ecuador anunció el jueves que empezará a usar los letales drones de ataque estadounidenses MQ-9 Reaper en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Washington ya ha desplegado soldados y naves militares aéreas y marítimas en Ecuador, convertido en uno de sus principales aliados en el combate al tráfico de drogas.

Serán dos los drones con los que Ecuador reforzará las operaciones en la convulsa frontera con Colombia. “¡Drones Reaper: los nuevos cazadores del narcotráfico!”, dijo el ministerio de Defensa en redes sociales. Los MQ-9 Reaper, que han sido empleados por Estados Unidos en guerras contra Irán y en África, sirven como aeronaves espías y para ataques de precisión. Cada uno vale unos 30 millones de dólares.

“La cooperación internacional con #EstadosUnidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, señaló el ministerio en un comunicado. El gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva militar contra los grupos narcotraficantes en Latinoamérica, en alianza con varios gobiernos de derecha.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó en un video que “con dos de estos (drones)” se puede cubrir “los 732 kilómetros de frontera con Colombia”.

“Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento del control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones” estadounidenses, añadió.

Con el apoyo de Ecuador, Estados Unidos realiza operaciones militares en el Pacífico oriental.

Al menos siete barcos pesqueros de bandera ecuatoriana han sido hundidos cargados de combustible supuestamente al servicio de organizaciones narco.

Pese a la ofensiva conjunta, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una grave crisis de seguridad que convirtió al país en uno de los más violentos en 2025 con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Conocidos como “cazadores asesinos”, los drones MQ-9 Reaper son aeronaves no tripuladas “de gran autonomía y equipadas con sensores y sistemas avanzados” que “amplían la capacidad para obtener información y detectar movimientos asociados a las economías criminales”, de acuerdo con el ministerio.

Según medios internacionales, el Pentágono planea trasladar la mayor parte de su flota de drones MQ-9 Reaper desde África a países aliados en la región como Colombia, Ecuador y Panamá para el combate al narcotráfico.

Noboa fue el primer mandatario latinoamericano en autorizar operaciones militares conjuntas en su país este año.

La Constitución de Ecuador prohíbe las bases militares extranjeras en la nación y los ciudadanos ratificaron en un referéndum el año pasado esa restricción. Ecuador forma parte del Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha encabezada por Trump.

Fuente: AFP.

Fiscales arrestados, dinero escondido en una ambulancia y acusaciones de narcotráfico y corrupción desde Estados Unidos: una tormenta sacude a la justicia de Bolivia tras la detención del fiscal general Roger Mariaca. En prisión preventiva por seis meses en una cárcel de Potosí, en el sur del país, el exfuncionario de 38 años es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada.

Fue capturado por la policía la semana pasada en Santa Cruz (este) en un operativo en el que resultaron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales. Días antes, Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o vínculos con el narco. A continuación, cuatro puntos clave para entender qué se juega en Bolivia.

Mariaca fue nombrado a la cabeza del Ministerio Público en 2024 por el Congreso controlado en ese momento por el oficialista Movimiento al Socialismo que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y el entonces mandatario Luis Arce (2020-2025). Morales es hoy el principal opositor del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

Antes, Mariaca era jefe de fiscales en Santa Cruz, el departamento más golpeado por el narcotráfico. “Su figura siempre ha sido controvertida” por “casos polémicos” bajo su supervisión, dice a la AFP la socióloga boliviana Luciana Jáuregui.

Uno de ellos fue la investigación contra el narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del cono sur.

Desde agosto de 2025, como fiscal general, el accionar de Mariaca tomó un “carácter político”, según Jáuregui, que menciona el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, detenido por intento de feminicidio y presunta corrupción que salpica al gobierno y a la familia presidencial. Mariaca denunció a la prensa que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos fue una “presión” por la investigación contra Cerimedo.

Washington sostiene que como fiscal recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, acusación que él niega. El gobierno boliviano denuncia que bajo su mandato la Fiscalía se convirtió en una “organización criminal”. En la noche de su detención, una ambulancia fue interceptada cuando salía de su residencia con 300.000 dólares escondidos, según las autoridades.

Cuando llevaba el caso Marset en 2023, el narco uruguayo eludió un megaoperativo para ser capturado. El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que entonces las autoridades fiscales “lo dejaron salir” y “le devolvieron sus bienes incautados”. Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo y expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su detención, que la AFP no ha podido verificar, en el que supuestamente dice a policías: “Mariaca es mi amigo”.

El gobierno asegura que el operativo contra Mariaca y los otros detenidos fue realizado por la policía boliviana con cooperación de inteligencia de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país “respalda firmemente” a Paz. Lo mismo hicieron los 15 países miembros del Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha contra el crimen transnacional en la región liderada por la administración de Donald Trump. “De alguna forma, la presión externa está siendo un punto” de apoyo para Paz “frente a su debilidad interna”, dice Jáuregui.

El mandatario ganó la elección con una coalición de fuerzas que después se deshizo, mientras que en las calles fuertes protestas han puesto a su gobierno contra las cuerdas. En el poder desde noviembre, Paz padece un “desgaste” debido a sus recientes medidas económicas impopulares, dijo a la AFP la politóloga Adriana Rodríguez.

Después de la captura de Mariaca, la Fiscalía nombró a Luis Montaño como nuevo jefe, pero el gobierno de Paz lo denunció por obstruir el caso y lo desconoció. La madrugada del sábado, tras una larga sesión, el Congreso designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, tras aprobar una reforma para destituir a Mariaca y reemplazarlo.

Una senadora de la oposición cuestionó la presencia de funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú, a los que grabó. Según Adriana Rodríguez, la Fiscalía es escenario de una “pugna de poder político” mientras se elige a su titular definitivo. Para la socióloga Jáuregui, el gobierno de Paz “está buscando (...) construir una nueva legitimidad a partir de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”.

Fuente: AFP.

Tras estabilizarse de las graves lesiones sufridas en su celda de la Unidad Penitenciaría Industrial Esperanza, el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, ya está en condiciones de recibir el alta médica, sin embargo, será el juzgado el que decida si volverá al centro de reclusión o a su vivienda. Además, confirmaron que aún no está listo para declarar.

Según el informe médico que el Hospital Nacional de Itauguá enviará al juzgado, el paciente ya está en condiciones de dejar la internación hospitalaria, pero aclaran que aún presenta un lapsus mental y secuelas cognitivas que requieren un estricto acompañamiento ambulatorio.

En el documento resaltaron que hoy el paciente está en condiciones de salir del centro asistencial, porque ya se levanta, camina, ya le retiraron la traqueotomía, ya come, se maneja relativamente solo. Sin embargo, no está en condiciones de declarar, según profesionales psiquiatras del HNI.

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Este informe médico y las recomendaciones dadas deberán ser corroboradas por profesionales del Poder Judicial. Así también, resaltaron que pese a que esté en condiciones de ser dado de alta debe seguir bajo cuidado o tratamiento ambulatorio, por la decisión donde irá, sea en su casa o la cárcel, debe tomar el juzgado.

El exgobernador del departamento Central se encontraba cumpliendo una condena de 10 años de prisión, hasta que el 6 de setiembre pasado su compañero de celda alertó a los guardias de que estaba inconsciente y ensangrentado en el baño.

Aunque inicialmente las autoridades barajaron la hipótesis de un ataque o un accidente cerebrovascular (ACV), peritajes forenses posteriores y análisis del circuito cerrado del penal reforzaron la teoría del Ministerio Público sobre una caída accidental de su propia altura, lo que derivó en su internación de urgencia y posterior tratamiento en cuidados intensivos.

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