El gobierno de Gustavo Petro radicó ayer lunes una nueva propuesta de consulta popular ante el Congreso colombiano, que se resiste a apoyar las reformas de izquierda y mantiene un enfrentamiento con el presidente.
El mandatario intenta ampliar los beneficios y derechos en materia laboral y de salud con una consulta popular que ahora tiene 16 preguntas, luego de que el Senado rechazara en una confusa votación una primera propuesta de consulta la semana pasada.
Petro acusó al Legislativo de “falta de razón” y “humanidad”, señaló un presunto “fraude” y llamó a la movilización social. El mecanismo de consulta popular debe contar con la aprobación del Senado antes de convocar a los colombianos a las urnas.
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“Nos ha tocado recurrir al pueblo” ante el bloqueo, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en una rueda de prensa. El sindicato obrero más grande del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), convocó huelgas nacionales en pro de las reformas el 28 y 29 de mayo.
Además de los cambios al sistema laboral, la segunda propuesta incluye cuatro nuevas preguntas sobre la reforma de salud, también bloqueada en el Congreso. Aborda temas como la producción y comercialización de medicamentos o el acceso para los colombianos a un sistema de salud “integral”.
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El mandatario denuncia un supuesto “bloqueo institucional” del Congreso y ha advertido que, si el proceso electoral no avanza en el Legislativo, aprobará los cambios por decreto.
Fuente: AFP
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IPS gana tiempo: crisis de la Caja se posterga 8 años, pero aún son necesarias más reformas
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se han destinado G. 1.218 billones para dicho fin.
En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.
“En agosto del 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó, el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.
Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.
Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.
Mediante esta normativa se extendió el período de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.
“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.
Más reformas
La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.
Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.
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Colombia: detienen a presunto autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe
La Policía de Colombia ha anunciado este sábado la detención del presunto autor intelectual del atentado hace un mes contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, que todavía convalece en estado grave por los disparos recibidos el 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, en Bogotá.
El individuo ha sido identificado como Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, detenido tras una operación efectuada en la localidad de Engativá, también en Bogotá, de acuerdo con múltiples fuentes policiales a medios colombianos.
Hernández se enfrentará a cargos por “tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos”, en referencia al joven sicario que ejecutó el atentado contra Uribe y que acabó detenido nada más efectuar los disparos.
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Alias ‘El Costeño’ no solo se puso en contacto con el menor de 15 años que disparó contra el precandidato; sino que también se comunicó con otros detenidos: Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, la mujer que le entregó al joven la pistola Glock con la que se cometió el crimen; y con Carlos Eduardo Mora, el conductor del vehículo que reconocería el lugar donde se cometería el hecho y garantizaría la huida de los implicados.
La Interpol había publicado este pasado viernes una “circular roja” sobre Hernández, una notificación para alertar a las autoridades de 196 países de la posible presencia de ‘El Costeño’, cuando se creía que había conseguido abandonar el país.
Fuente: Europa Press.
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Tensión diplomática entre EE. UU. y Colombia se reaviva por “consultas urgentes”
Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llamaron ayer jueves a consultas a sus máximos representantes diplomáticos, en un nuevo episodio de tensiones que fractura aún más la relación entre ambos países históricamente aliados. Washington dio el primer golpe con el llamado a “consultas urgentes” del encargado de negocios estadounidense en Bogotá, John McNamara, “luego de repudiables e infundadas declaraciones de los más altos cargos del gobierno de Colombia”.
Así lo afirmó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, sin aclarar a qué se refería. El presidente colombiano, Gustavo Petro, convocó de su lado a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña. La relación bilateral está en sus horas más bajas. En los últimos meses el mandatario izquierdista y su homólogo estadounidense, Donald Trump, chocaron por temas como la deportación de migrantes y la guerra arancelaria.
El fin de semana se sumó la revelación de un presunto complot para derrocar a Petro con ayuda de políticos colombianos y estadounidenses. El diario español El País publicó audios que sugieren una trama golpista liderada por el excanciller de Petro, Álvaro Leyva, en un caso que investiga la fiscalía.
Petro había denunciado en junio un supuesto intento golpista organizado por la “extrema derecha” colombiana y estadounidense. Entonces, afirmó que un “líder”, a quien no identificó, había hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El mandatario descartó durante un discurso el jueves en Bogotá que Rubio “esté en un golpe de Estado” contra su gobierno. “No creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando (...) se ponga a pendejear con un golpe de Estado” en Colombia, agregó.
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Renuncia canciller colombiana
Aunque por razones distintas, la canciller colombiana, Laura Sarabia, anunció su renuncia el jueves en la mañana alegando “diferencias” con Petro.
La dimisión de la mujer más poderosa del primer gobierno de izquierda de Colombia no está directamente relacionada con la tormenta con Estados Unidos, pero la vacancia del Ministerio de Relaciones Exteriores dificulta aún más los posibles acercamientos que moderen la tirante relación entre ambos países.
Sarabia se distanció del presidente por desacuerdos en varios temas, el último de ellos sobre la extensión del contrato a la empresa que fabrica y distribuye pasaportes colombianos.
En una carta al mandatario, la ministra aseguró que no comparte “decisiones” que se han tomado “en los últimos días” y que le impiden “acompañar” el proyecto de izquierda.
El gobierno de Petro sufre una crisis de gabinete por el que han pasado más de 50 ministros, para 19 carteras, en tres años.
Sarabia, de 31 años y sin una carrera política previa, fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro en 2022. Tras su victoria, se convirtió en jefa de gabinete, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero fue nombrada canciller, la más joven en la historia moderna de Colombia.
“Fue vital en la campaña por su orden y disciplina”, dijo Petro en la red social X tras la renuncia, llamándola “hormiguita organizadora”.
Sarabia buscaba que Washington renueve la certificación a Colombia como aliado antidrogas. La decisión se conocerá en los próximos meses, en momentos en los que el país rompe récords mundiales de producción de cocaína.
Relaciones tensas
Además del llamado a consultas a McNamara, Estados Unidos tomará otras medidas “para que quede clara” su “profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral”, dijo la portavoz del Departamento de Estado.
Bruce no detalló qué acciones tomará Washington, pero subrayó que Colombia sigue siendo “un socio estratégico esencial”.
El jueves, 30 legisladores colombianos pidieron en una carta al Congreso estadounidense que investigue a los parlamentarios republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez por “acciones injerencistas”, supuestamente al haber “mantenido reuniones” con Leyva.
“Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya”, escribió el jueves en X Giménez, y calificó al mandatario como un “socialista narcoterrorista”.
“Escojan el enemigo, nosotros no somos”, respondió el jueves Petro. “Yo no me arrodillo ni me dejo presionar, ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista”.
El ingreso de Colombia en el megaproyecto chino Nuevas Rutas de la Seda y su búsqueda de nuevos socios comerciales también irritan a Estados Unidos.
Además, el gobierno colombiano rechazó extraditar a Estados Unidos a dos guerrilleros requeridos por delitos de narcotráfico. Petro discrepa con Washington sobre el enfoque de la lucha antidrogas, que considera un “fracaso”. A poco más de un año de dejar el poder, el izquierdista apuesta por atacar el consumo en las grandes potencias y negociar la paz con los grupos armados.
Fuente: AFP.
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Colombia: incautan primer narcosubmarino teledirigido del Clan del Golfo
La Armada de Colombia anunció el miércoles la primera incautación de un narcosubmarino no tripulado en el mar Caribe controlado de manera teledirigida, equipado con una antena Starlink y con capacidad para transportar 1,5 toneladas de cocaína. El uso de semisumergibles por parte de los carteles del narcotráfico para transportar droga hacia Estados Unidos y Europa es una práctica común en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.
Según la Armada, la nave requisada cerca de la ciudad de Santa Marta (norte) era propiedad del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante del país. No tenía drogas en su interior, pero la fuerza pública considera que los narcos realizaban pruebas antes de usarla. Imágenes compartidas por las autoridades muestran la proa del narcosubmarino gris con una antena del proveedor satelital Starlink, propiedad del multimillonario Elon Musk, según dijo la Armada a la AFP.
El uso de narcosubmarinos está documentado desde hace al menos dos décadas, pero las distancias de sus recorridos son cada vez mayores y su uso cada vez más frecuente. Las autoridades regionales incautaron un récord de 38 narcosubmarinos en el Atlántico y el Pacífico en 2018, según el centro de reflexión estadounidense Insight Crime.
En noviembre de 2024, un semisumergible cargado con cinco toneladas de cocaína, cuyo destino era Australia, fue incautado en el Pacífico por las autoridades colombianas. El hallazgo “refleja la migración hacia sistemas más sofisticados no tripulados”, que usan para “dificultar su rastreo por radar e incluso operar con autonomía parcial por parte de redes criminales”, dijo en rueda de prensa el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.
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“Talón de Aquiles”
Fabricadas en Colombia, estas embarcaciones rústicas y ligeras viajan a ras de la superficie del agua, recorren distancias más largas que las lanchas rápidas y son difíciles de rastrear para las autoridades.
Al menos desde 2017, “los carteles mexicanos habían contratado expertos en tecnología y también ingenieros para poder generar un submarino no tripulado” y facilitar sus rutas de droga en el Pacífico colombiano, aseguró Juana Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Los dos principales carteles de narcotráfico en México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mantienen operaciones en el país sudamericano, que según la ONU concentra el 67 % de los cultivos de hoja de coca del mundo.
El Clan del Golfo, un grupo de origen paramilitar, hace negocios con ambos grupos, según las autoridades.
Con la incorporación de estas tecnologías, los narcotraficantes “se evitan costos” y logran un traslado “más seguro” de la droga, agregó la experta. “Es un talón de Aquiles para las autoridades”.
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La legislación colombiana castiga el uso, construcción, comercialización, tenencia y transporte de semisumergibles con penas de hasta 14 años de prisión.
Según Cabezas, el uso cada vez más frecuente de tecnologías avanzadas evidencia una “globalización” del conflicto armado colombiano de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales.
En los últimos años, grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC han aumentado los ataques con drones cargados de explosivos y han incrementado el uso de las redes sociales para reclutar menores. Para desarrollar estas tecnologías, los grupos armados reclutan a técnicos e ingenieros en muchos casos bajo coacción. “Hay una necesidad de perfiles tecnológicos en este momento”, aseguró Cabezas.
Fuente: AFP.