• Guayaquil, Ecuador. AFP.

Ecuador recapturó ayer miércoles luego de un año y medio de búsqueda a alias Fito, máximo criminal y narcotraficante del país, desangrado por la guerra entre el Estado y los grupos delincuenciales que negocian con cocaína. El presidente Daniel Noboa anunció el arresto del líder mafioso de Los Choneros, la principal banda ecuatoriana dedicada también a delitos como el tráfico de armas y el sicariato.

Su gobierno había informado en enero del año pasado de la fuga del capo de una prisión en el puerto de Guayaquil, suroeste del país. La recaptura ocurrió durante un operativo en la ciudad de Manta, un puerto pesquero en el oeste de Ecuador y bastión de Los Choneros. Adolfo Macías, nombre real del narco, “está en manos del Bloque de Seguridad”, un grupo especial de las fuerzas militares y policiales en la lucha contra el narcotráfico, celebró el mandatario en la red X.

Tras su detención, Fito fue llevado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil. Llegó a la ciudad en una avioneta de la que bajó escoltado por policías y militares, observó un fotógrafo de la AFP.

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El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una rueda de prensa que los uniformados hallaron a Fito escondido en un búnker. El escondite de Macías evoca escenas de película. A ese sótano se accedía al levantar una baldosa del piso en una lujosa residencia.

El gobierno, que promueve la mano dura contra el crimen, prometió capturar a más mafiosos. “Estamos atrás de ellos, nada y nadie nos va a detener”, lanzó Reimberg.

Las fotografías de la captura muestran al criminal barbado y tirado con el pecho contra el piso. En otras aparece usando pantalones cortos junto a los ministros del Interior y de Defensa.

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Tras la fuga de Macías, Ecuador enfrentó amotinamientos en prisiones, la toma armada de un canal de televisión, explosiones de autos bomba y la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios.

El escape y los posteriores hechos violentos significaron un fuerte golpe para Noboa, que le declaró la guerra a los grupos armados que hicieron del país uno de los más violentos de Latinoamérica.

Estos hechos llevaron al mandatario a declarar un “conflicto armado interno” en Ecuador, lo que le permite desde entonces mantener militares desplegados en las calles y prisiones.

Fito estaba preso desde 2011 y pagaba una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Cuando escapó era sospechoso de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en Quito en agosto de 2023. Sin embargo, esa indagación tomó otro rumbo y apuntó hacia Los Lobos, rivales de Macías.

Ecuador está atrapado en medio de una sangrienta guerra de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro y las extorsiones. En su mayoría están aliadas con carteles mexicanos y de países balcánicos, así como con guerrillas colombianas.

La tasa de homicidios en el país creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023. Las mafias se enfrentan entre sí por el control de los territorios para el envío de droga, cuyo principal destino es Estados Unidos y Europa.

Noboa aseguró que inició trámites para la extradición de Macías a Estados Unidos. “Estamos a la espera de su respuesta”, indicó. La fiscalía de Nueva York lo acusa de tráfico de cocaína y de armas.

Washington “apoya al Ecuador en sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional a favor de la seguridad de la región”, señaló la embajada de Estados Unidos en Quito en un mensaje de felicitación a Noboa en la red X.

La maniobra militar y policial para capturar a Macías duró 10 horas. Fue un operativo que “se ejecutó con precisión, sin bajas, con un alto nivel de preparación”, dijeron las Fuerzas Militares. Noboa advirtió que “caerán más” delincuentes. “Recuperaremos el país. Sin tregua”, sentenció.

El mandatario atribuyó la captura de Fito a leyes aprobadas recientemente por el Congreso de mayoría oficialista para combatir las economías criminales y ampliar las facultades del Bloque de Seguridad. La detención de Macías se da pocos días después de la fuga de otro líder criminal, identificado como alias Fede, quien comandaba al grupo Las Águilas.

Un hombre barbado y corpulento puso en jaque a Ecuador hasta su recaptura este miércoles: Adolfo Macías, alias Fito, la mente maestra del crimen en un país sumido en la violencia del narco. El antiguo taxista convertido en capo de la mafia pasó a ser el principal objetivo de la fuerza pública en enero de 2024, luego de fugarse de una cárcel del puerto de Guayaquil (suroeste).

El gobierno del presidente Daniel Noboa divulgó entonces imágenes de su rostro con la leyenda “SE BUSCA” y ofreció un millón de dólares por información que llevara a su paradero. Sus hombres, agrupados en una banda llamada Los Choneros, respondieron con fuerza: coches bomba, retenciones de guardias penitenciarios e incluso la toma armada de un canal de televisión que transmitía un programa en vivo.

Tras meses de persecución, Fito cayó en la ciudad costera de Manta en un fuerte operativo militar y policial en el que no hubo disparos. Estaba, según las imágenes divulgadas por la prensa, en un búnker al que se accedía al levantar una baldosa del suelo en una lujosa mansión.

Tras su recaptura el presidente Noboa pronosticó que “caerán más” capos de la mafia. “Recuperaremos el país. Sin tregua”, sentenció. Poco más se conoce sobre el líder de Los Choneros que su pasado humilde y su ascenso hasta lo más alto de la organización tras los fallecimientos de sus predecesores y amigos, entre ellos alias Rasquiña, un ícono del mundo criminal en el país.

Antes de la fuga, Fito era el mandamás de su prisión en Guayaquil. La cárcel estaba adornada con imágenes que exaltaban su propia figura, las armas, los dólares y los leones. Videos dan cuenta de las celebraciones que tenía dentro del centro penitenciario con músicos y pirotecnia. Incluso llegó a grabar en un patio un videoclip de un narcocorrido en su honor, interpretado por un mariachi y su hija. En la grabación aparece saludando, riendo y acariciando un gallo de pelea.

Fito ejercía “un control interno importante del centro penitenciario”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un reporte de 2022 realizado tras un encuentro con el capo El nuevo capo se graduó de abogado en prisión, donde pagaba una condena a 34 años por los delitos de tenencia de armas, tráfico de drogas, delincuencia organizada y asesinato.

Los Choneros, que primero se dedicaban al crimen común con asaltos en alta mar, lograron nexos con narcotraficantes colombianos y luego mexicanos. Actualmente tienen vínculos con los carteles de Sinaloa, el Clan del Golfo (mayor exportador de cocaína del mundo) y mafias balcánicas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. El Ministerio de Defensa estima que la banda hace presencia en 10 de las 24 provincias de Ecuador.

En redes sociales, Los Choneros amenazan a periodistas y lanzan advertencias a otras bandas en videos con ritmos urbanos de fondo. “Activos, Choneros, aquí somos leones. Con el tío Fito, como se supone, controlando el barrio aquí somos patrones”, dicen en una de sus tantas canciones. Cuando Fito escapó de prisión, lo señalaban como el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

El entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) ordenó su traslado a una cárcel de máxima seguridad, en una espectacular operación de la fuerza pública que desató protestas de reclusos. La investigación luego tomó otro rumbo y se enfocó en Los Lobos, la banda rival, como responsables del magnicidio. En 2013, Fito ya se había escapado, pero su evasión duró apenas tres meses.

• Quito, Ecuador. AFP.

El Congreso de Ecuador aprobó ayer martes endurecer las penas para adolescentes vinculados con el crimen organizado y expulsar inmediatamente a extranjeros que cometan delitos dentro del país, que vive una violencia sin precedentes por cuenta del narcotráfico.

Con 84 votos a favor de 148 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la Ley de Integridad Pública incluye reformas a una veintena de normas vigentes como de movilidad humana, tránsito, función judicial, el código de la niñez y adolescencia, entre otras.

Este es el segundo proyecto de ley del presidente Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes y que busca dar fuerza a su guerra contra el crimen organizado. Ecuador está envuelto en un sangriento conflicto territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. La tasa de homicidios creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023.

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Esta ley plantea que los menores que cometan delitos relacionados con el crimen organizado, como homicidios, “van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años, es decir van a ser juzgados como adultos”, dijo la asambleísta oficialista Valentina Centeno durante la sesión.

Agregó que los adolescentes que delaten a los reclutadores podrán rebajar su pena “hasta un 50 %”. La Unicef en Ecuador expresó su “preocupación por la incorporación de reformas regresivas”. Estas medidas “no han demostrado ser efectivas” y “podrían empeorar la situación del sistema penitenciario”, señaló el organismo en un comunicado, al recordar que la norma contraviene la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Centeno defendió que “esta ley no es contra los adolescentes, es contra las mafias que los usan, es contra la impunidad”. Esto “va a resultar es un masivo encarcelamiento de adolescentes que se van a perfeccionar en los delitos y que van a salir a tempranas edades a seguir delinquiendo porque no van a conocer otra realidad”, dijo a la AFP la abogada Consuelo Bowen, de la organización Cepam, que acompaña a mujeres y familias víctimas de violencia.

Agregó que “al final lo que se busca es únicamente la punición. (Esta medida) hace que la sociedad no asuma su responsabilidad con respecto a la niñez y adolescencia en el Ecuador”. La normativa también plantea la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial. El gobierno ha denunciado que el crimen organizado se ha infiltrado en la justicia para conseguir impunidad.

• El Tambo, Colombia. AFP.

El ejército y la policía de Colombia liberaron ayer lunes “sin un solo disparo” a 57 militares retenidos el fin de semana por pobladores de un enclave guerrillero en el suroeste del país y capturaron a una veintena de presuntos secuestradores, anunciaron las autoridades. El presidente izquierdista Gustavo Petro emprendió en 2024 una ofensiva para recuperar el control de esa zona conocida como Cañón del Micay, enclave de producción de cocaína y donde operan grupos armados como bandas criminales y guerrillas, pero se ha encontrado con una fuerte resistencia de los locales.

“El rescate perfecto, sin un solo disparo”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras abrazar a uno de los soldados rescatados que llegaron a una base en Popayán, capital del conflictivo departamento del Cauca. Los cuatro suboficiales y 53 soldados quedaron en libertad tras una operación de rescate en la que militares y policías capturaron a “más de veinte personas” en “flagrancia”, dijo Petro en X.

“Volviendo a casa (...) con ganas de ver a la familia”, dijo con una sonrisa uno de los soldados rescatados en un video difundido por el Ministerio de Defensa el lunes en la noche. Los soldados fueron retenidos el fin de semana por habitantes de dos pueblos del Cauca que viven del cultivo de hoja de coca.

Un primer pelotón quedó en manos de pobladores el sábado en medio de una operación en el municipio de El Tambo, mientras que otro grupo fue rodeado el domingo cuando se dirigía hacia el vecino El Plateado.

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El gobierno señala al Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, de haber perpetrado el “secuestro”.

Las retenciones de uniformados son una práctica común en las zonas cocaleras de Colombia. Para impedir el avance de la fuerza pública, los grupos ilegales instrumentalizan a civiles y les obligan a cometer estas acciones.

A diferencia de otras ocasiones en las que organizaciones humanitarias han apoyado en las liberaciones, esta vez las comunidades “se negaron” a dialogar con la estatal Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, dijo el ministro Sánchez, por lo que “se optó por un rescate”.

Imágenes captadas por un reportero de la AFP el lunes muestran a cerca de un centenar de militares fuertemente armados recorriendo a trote el municipio de El Tambo, mientras vehículos blindados se abren paso por las calles del pueblo.

El gobierno adelanta “pesquisas” sobre los capturados, pues “huyeron en varias direcciones” cuando llegaron las tropas, dijo en una declaración en video el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Las autoridades ofrecen recompensas de hasta 120.000 dólares por información que lleve a detener a líderes guerrilleros locales.

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Colombia, inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, vive su peor crisis de seguridad en la última década.

Petro intentó negociar la paz con el EMC durante más de un año, pero Mordisco abandonó los diálogos en 2024. Desde entonces, aumentó su presión violenta contra el estado.

En el suroeste del país también son cada vez más frecuentes los ataques con explosivos y emboscadas armadas con víctimas mortales, entre uniformados y civiles.

La reciente ola de violencia en Colombia tiene focos activos en varias regiones, entre ellas, la del Catatumbo en la frontera con Venezuela, que desde enero sufre una arremetida del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que deja más de un centenar de muertos y unos 65.000 desplazados.

El primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia llegó con la intención de desactivar el prolongado conflicto con negociaciones de paz con grupos guerrilleros y narcotraficantes.

Pero a un año y medio de dejar el poder, su plan denominado “paz total” ha dejado pocos resultados y el Ejecutivo ha endurecido su discurso contra las guerrillas.

“O se desmovilizan y se someten a la justicia (...) o son capturados o abatidos”, advirtió contra las fuerzas del EMC el ministro Sánchez. Mordisco es el criminal más buscado del país y Petro lo compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar. Según las autoridades, huye por la Amazonía tras ser herido en un operativo de la fuerza pública.

• Quito, Ecuador. AFP.

Ecuador investigará el origen del patrimonio de jueces y fiscales que liberen a narcotraficantes, secuestradores y homicidas, informó el gobierno de Daniel Noboa, cuya bandera es la mano dura contra el delito. El país sufre una sangrienta guerra entre narcos y mafias internacionales. Ecuador cerró 2024 con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica.

“En innumerables ocasiones, la Policía Nacional ha tenido que capturar hasta diez veces a un mismo criminal porque ha recibido beneficios de la justicia. Esto se acabó“, señaló la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado. La entidad agregó que “desde ahora se ejecutará el análisis del origen patrimonial y licitud del origen de los fondos de todos aquellos jueces, fiscales y su entorno, que otorgan medidas procesales sustitutivas o la libertad” a asesinos, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes.

Recientemente se conoció que un grupo de presuntos secuestradores fue liberado por orden de un juez después de raptar a cuatro comerciantes, entre ellos una ciudadana china, en el puerto de Guayaquil. Las víctimas aparecieron muertas días más tarde encadenadas y dentro de un pozo.

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“Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras, extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad”, dijo el ministro del Interior, Jhon Reimberg, en un video difundido en X. Entre enero y abril de 2025 el Ministerio del Interior registró 3.084 homicidios.

A inicios de junio, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una ley para combatir las bandas criminales. Una de las medidas es extender el tiempo máximo de prisión preventiva para así evitar que los acusados queden libres durante el proceso. La norma también contempla otorgar un indulto presidencial a miembros de la fuerza pública condenados por hechos ocurridos en combate.

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