Investigan a la canciller de Colombia por presunto lavado de activos
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Fuente: AFP
La canciller de Colombia, Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, es investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, indicó el viernes una fuente de la institución.
La Fiscalía inició la pesquisa tras recibir una denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas, una organización civil que supervisa la gestión pública. Según el informe, el patrimonio de la ministra habría aumentado de forma injustificada desde su llegada al gobierno de la mano del presidente izquierdista en 2022.
“El tema está en indagación, una fase que es reservada”, dijo la fuente a la AFP.
Sarabia fue jefa de gabinete de Petro, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero se convirtió en ministra de Relaciones Exteriores.
Su hermano, Andrés Sarabia, y su esposo, Andrés Parra, también son mencionados por la Red de Veedurías Ciudadanas. De acuerdo con la denuncia, en los últimos años el hermano pasó de tener un “exiguo patrimonio y una vida austera” a “contar con un multimillonario patrimonio inexplicable”.
La oenegé también asegura que la canciller no incluyó en su declaración de bienes una empresa que constituyó junto a ellos dos. Laura Sarabia no se había pronunciado el viernes sobre la investigación en curso.
Es el segundo caso de este tipo que involucra a una persona cercana a Petro. A mediados de 2023, la fiscalía capturó al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito con dinero que supuestamente recibió de un exnarcotraficante para la campaña electoral del actual mandatario.
El primogénito del presidente, que espera la sentencia en libertad tras cumplir prisión preventiva, asegura que Gustavo Petro desconocía esas transacciones.
Carta abierta de la viuda de Marcelo Pecci a 3 años de su muerte
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Al cumplirse este sábado tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, su esposa Claudia Aguilera divulgó una emotiva carta abierta haciendo un nuevo reclamo para que se haga justicia al recordar los terribles momentos que le tocó vivir el 10 de mayo de 2022 en la playa de Barú.
“Me desgasto día a día al pensar en lo que ocurrió. Perdóname, amor, por no poder recordarte sonriendo, por no recordar la calidez de tu abrazo y solo ver y escuchar los tres disparos; por recordar tu cuerpo ensangrentado y tu corazón desvaneciéndose poco a poco”, expresa la periodista.
También menciona que su hijo Marcelito ya ha cumplido 2 años de edad, que cada vez se le parece más y está comenzando a hablar muy bien. Le comenta que le habla de su padre, pero tal vez no lo suficiente. Resalta que desea protegerlo de todo lo malo que les ha tocado vivir como familia, “de la infamia de vivir en un país sin justicia”.
Aguilera manifiesta que la memoria de su esposo asesinado aún “molesta a las autoridades, a actores judiciales y a políticos de este país. Personas que tal vez prefieren encubrir, no sé a quién o a quienes, y borrar, de paso, tu legado".
“Te pido perdón, Marcelo Pecci, por la inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan”, continúa su carta. Así también, reconoce pesar por sentirse alejada de Dios en los momentos que le abruma la tristeza
“Perdóname por ya no creer en la justicia. Te pido perdón por sentirme impotente ante la crueldad e inmensidad de los hechos. Amor, son tres años aciagos. Perdóname por no escribirte líneas más esperanzadoras”, comparte en un tramo final.
Aguilera se despide pidiéndole a su esposo que le de la fuerza para no claudicar y mantener la fe. Señala que tanto sus padres, hermanos, sobrinos, amigos y tantas personas que lo han amado lo van a recordar y seguir honrando su memoria buscando que se haga justicia en algún lugar del mundo.
A tres años del asesinato de Pecci: el crimen que sacudió a la justicia regional sigue exigiendo respuestas
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Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)
Este 10 de mayo se cumplen tres años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en una playa de Barú, Colombia, y el caso, lejos de cerrarse, sigue dejando muchas preguntas sin respuestas. El crimen, que estremeció a Paraguay y a gran parte de América Latina, se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta la lucha contra el crimen organizado en la región.
Pecci, fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, fue asesinado mientras se encontraba con su esposa —la periodista Claudia Aguilera, embarazada de pocos meses— durante su luna de miel, en un atentado que, según las investigaciones del Ministerio Público de Colombia, fue planificado con precisión por redes criminales transnacionales.
“Son tres años y lamentablemente no se sabe todavía quiénes fueron los autores de morales de su muerte. Hasta el momento la justicia está incompleta, pero las esperanzas son las últimas que se pierden, espero que en poco tiempo se pueda llegar a saber realmente quienes fueron”, dijo Maricel Albertini, madre de Pecci en comunicación con La Nación/Nación Media.
Claudia Aguilera presenció el momento en que su esposo, Marcelo Pecci, fue asesinado. Foto: Néstor Soto
Desde entonces, nueve personas han sido capturadas, juzgadas y condenadas por su participación, entre ellos los autores materiales y algunos intermediarios logísticos. Sin embargo, el autor intelectual del crimen sigue en las sombras y se desconoce si fue una persona, un grupo criminal e incluso no se sabe de qué país vino la orden para acabar con la vida de Pecci.
Durante estos tres años, la figura de Marcelo Pecci ha sido recordada en múltiples escenarios como ejemplo de integridad profesional y valentía. Sin embargo, su familia insiste en que los homenajes deben ir acompañados de avances concretos en la identificación y juzgamiento de los verdaderos responsables detrás del asesinato.
“Tengo entendido que ahora hay una cooperación entre Paraguay y Colombia, creo que están intercambiando datos, pero no se sabe realmente, yo creo que la orden no solo salió solo de Paraguay y es un grupo más bien a nivel internacional, pero esas son suposiciones mías, porque no hay mucha información sobre eso”, expresó.
El clamor por la justicia
En marzo de este año, la familia presentó una demanda contra el Estado colombiano y el hotel donde ocurrió el crimen, señalando fallas de seguridad y omisiones graves. La familia pide un resarcimiento de USD 2,4 millones y su defensa alegan se suministraron datos de suma relevancia y se facilitó el acceso de los asesinos a lugares reservados.
En Colombia, la investigación ha tenido avances significativos, pero también retrocesos dolorosos. El asesinato en prisión de Francisco Luis Correa, quien habría sido un testigo clave por su rol de coordinador entre los autores materiales y los autores intelectuales, fue un golpe a la causa. Para muchos, su muerte representa una muestra más de la capacidad de las estructuras criminales para obstruir la justicia incluso dentro del sistema penitenciario, puesto que existen severas dudas de que su fallecimiento haya sido simplemente producto de una rencilla entre reclusos.
Desde organismos internacionales hasta embajadas extranjeras, la presión para esclarecer el caso se mantiene. Estados Unidos ha reiterado su compromiso en apoyar la lucha contra el crimen organizado en Paraguay, y asociaciones de fiscales de toda Iberoamérica han elevado su voz para exigir justicia y recordar el legado de Pecci.
En Asunción, este nuevo aniversario estará marcado por conmemoraciones y recordaciones organizadas por la familia Pecci y por sus excompañeros del Ministerio Público, a quien les une el reclamo de poder llegar a la verdad, porque a tres años del crimen, la justicia sigue siendo una deuda pendiente.
“Muere el que es olvidado y él siempre está vivo, a menudo le hacen homenajes y siempre se le recuerda. Él está aunque no esté presente de cuerpo con nosotros, su alma está entre nosotros”, cerró diciendo su Maricel.
Maricel Albertini, madre de Pecci, señaló que la familia siente la presencia de su hijo. Foto: Gentileza
Una pistola, dos rifles, 53 cartuchos de diferentes calibres, fueron incautados de un departamento allanado en Pdte. Franco, en investigación de un supuesto hecho de amenaza. Foto: Gentileza
Ante supuesta amenaza, allanaron vivienda e incautaron armas de fuego y cartuchos
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Alberto Torres y agentes de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, allanaron un departamento y encontraron armas de fuego, cargadores con cartuchos de distintos calibres y un hombre fue aprehendido, Fernando Adrián Sandoval Martínez (30).
El procedimiento fue ayer en los departamentos 14 y 19 del edificio Alfa, ubicado entre las calles Calandria y Canario, barrio San Lorenzo de Presidente Franco, según Investigaciones de la Policía.
Es en investigación de un supuesto hecho de amenaza a una mujer, con vídeos de por medio donde se exhibieron las armas, refirió a La Nación/Nación Media, el fiscal Alberto Fernández.
“Encontramos las armas y el hombre que estaba en el departamento coincide con la persona denunciada”, dijo el agente fiscal.
Fueron incautadas tres armas de fuego: una pistola de la marca Glock, calibre 9mm, modelo G19MO5, con funda de color negro, con un cargador conteniendo 15 cartuchos sin percutir;un rifle marca Tinck, modelo ARX-15M5, calibre 223 RIM, con mira telescópica y linterna; un rifle modelo 1892, marca Winchester, con culata de madera color negro, conteniendo 1 cartucho calibre 380.
También encontraron un cargador con 15 cartuchos calibre 9mm, sin percutir; un cargador color negro, conteniendo 23 cartuchos calibre 223; una caja de polímero de color amarillo; un DVR marca Hikvisión color blanco y una máscara de payaso, de material silicona o goma.
El aprehendido fue derivado a la Dirección de Policía de Alto Paraná, tras la revisión médica de rigor.
Investigan desaparición de 350.000 metros de cable de la Ande
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El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.
“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.
El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.
“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.
El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.