Este jueves, se dio a conocer como actuó Gianina García, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante su traslado al penal de mujeres Martín Mendoza de Emboscada, ocasión en la que amenazó de muerte a los militares que participaron del procedimiento. Además, de que su pareja tomaría represalias y se arrepentirían del cambio.

El documento fue emitido por la Suprema Corte de Justicia Militar y remitida a la jueza Rosarito Montanía. En este relatan la situación por la que pasaron funcionarios militares la semana previa y el mismo día de la ejecución del traslado de García, en el que la tensión subió y fueron amenazados de muerte.

El informe señala con detalles todo lo que se vivió entre el 16 al 20 de febrero dentro del penal militar de Viñas Cué. En ese periodo, la mujer recibió la visita de su abogado Balbino Garcete en dos ocasiones y consultó con la psiquiatra Lilian Ovelar. La familia no la visitó y se tenía un ambiente tenso, indica.

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El 20 de febrero, día del traslado, la situación se desbordó cuando García vio que los militares se preparaban para la ejecución de la orden y opuso resistencia, amenazando a los uniformados y serían víctimas de represalias por parte de Sebastián Marset.

“Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”, fueron las palabras de la mujer, según el documento firmado por el coronel Luis Vega de la Dirección de Justicia Militar.

La mala conducta se viene repitiendo desde el año pasado, una de las situaciones fue el 1 de diciembre cuando la mujer amenazó con suicidarse y luego rompió todas las cámaras de seguridad de su celda. Gianina Gar­cía Troche está imputada en el marco del operativo a Ultranza Py porque habría colaborado con el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.

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Ayer se desarrolló el Operativo Nexus II, dirigido por el Ministerio Público y el Departamento de Inteligen­cia y de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco del cual se realizaron nueve allanamientos y lograron detener a tres personas. Se incautaron vehículos, dinero, proyectiles, celulares y docu­mentación con rutas hacia Bolivia y Colombia.

Según Fernando Ruiz Díaz, jefe de Inteligencia, este sería la segunda fase del operativo que se inició en diciembre del año pasado y que apuntaba a desbaratar a un grupo crimi­nal ligado al narcotraficante uruguayo prófugo de la justi­cia Sebastián Marset.

En esta oportunidad, las ope­raciones estuvieron a cargo de la fiscala Ingrid Cubilla y se logró detener a tres perso­nas, que fueron identificadas como Cindy Peralta, Álvaro Cáceres Cabrera y Luis Moli­nas, alias Chon, exjugador de futsal del Club Cerro Por­teño.

En tanto, el exjugador de Olimpia Víctor Hugo Cen­turión Miranda y Dionisio Manuel siguen prófugos y cuentan con orden de cap­tura. De acuerdo a los datos, Centurión se encargaba de recibir a los pilotos y sus naves que venían cargadas de dro­gas a territorio nacional y les proveía de combustible, logís­tica, lugares donde podían quedarse y marcaba la hoja de ruta en Paraguay.

“Estas dos personas no se encontraban en sus viviendas cuando se realizaron estos pro­cedimientos. Se pudo consta­tar que Centurión era uno de los principales eslabones que se encargaba de recibir estas aeronaves internacionales con cargamentos de drogas”, deta­lló Ruiz Díaz en conferencia de prensa.

En paralelo, también se rea­lizaron requisas en centros penitenciarios en las que se incautaron celulares que serán analizados.

Las operaciones eran realiza­das por personas que guardan reclusión y eran encargadas de contactar a grupos internacio­nales. “Personas que estaban privadas de libertad tenían contactos con eslabones del crimen organizado en Boli­via y Colombia. Ellos pedían drogas que llegaban al país mediante vuelos irregulares y pistas clandestina”, mencionó.

El juicio del exministro abdista de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, por su presunto nexo con el criminal brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, será el próximo 17 de febrero. Este supuesto narco fue el objetivo de la Operación Turf, desplegada el 15 de febrero de 2022 en Paraguay y Brasil, al igual que Lindomar Reges Furtado, quien había logrado fugarse, señalado como el “rey de la cocaína” y vinculado con el prófugo uruguayo Sebastián Marset, según la investigación brasileña.

La investigación paraguaya develó chats entre Giuzzio (quien entonces ejercía el cargo de ministro del Interior) y Espindola desde julio de 2021 hasta febrero de 2022, incluso a horas de la captura del segundo en Brasil, con un llamativo mensaje sobre el pago pendiente por la reparación de una camioneta, por lo que el brasileño supuso que el ministro se había equivocado de “Marcus”.

En tanto, el esquema de Marset estaba en la mira de la Operación Smart, que inició en mayo del 2021 y descubrió que Reges operaba para la misma organización criminal. Smart y Turf derivaron en la Operación A Ultranza Py, lanzada el 22 de febrero de 2022. Giuzzio encabezó la Senad entre agosto de 2018 y el 22 de enero de 2021, cuando pasó a Interior; y fue reemplazado por Zully Rolón, su mano derecha en el ente antidrogas, quien seguía en el cargo cuando se realizó Turf.

En su fuga desde un barrio privado de Hernandarias, Reges dejó un teléfono iPhone que fue incautado en el marco de la Operación Turf. El 14 de abril de 2025, el juez Osmar Legal autorizó a la Fiscalía paraguaya extraer los datos del aparato telefónico, a pedido del agente fiscal José Martín Morínigo. Mientras que Reges fue atrapado dos meses antes, el 2 de febrero de 2025, en un condominio ubicado en un barrio lujoso de Rio de Janeiro, en Brasil.

Dicha detención propició que el Ministerio Público solicitara que se incluyeran como prueba los datos extraídos del celular de Reges, en la apertura del juicio de Giuzzio, el 4 de marzo de 2025, que, sin embargo, fue interrumpido por nuevas chicanas presentadas por la defensa del procesado. Estos recursos procesales se destrabaron en octubre de 2025 y se fijó el juicio para los próximos 17 y 18 de febrero de 2026.

“Se trata de una extracción realizada en Brasil y solicitamos la obtención de datos de los teléfonos incautados de Lindomar Reges Furtado. Nosotros creemos que existe información que podría valorarse dentro del marco de este juicio”, comentó el fiscal Jorge Arce a Nación Media, en marzo del año pasado, sobre el requerimiento realizado a la justicia brasileña vía exhorto y planteado ante el tribunal de sentencia, que no se analizó al suspenderse la audiencia. Se sospecha que Giuzzio recibió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga.

En la investigación brasileña, la Fiscalía de Río de Janeiro señaló que Gianina García Troche, pareja de Marset, habría formado parte de una operación de lavado de activos a favor de Lindomar Reges Furtado, en la compra de propiedades de lujo para ocultar que a su beneficiario. La uruguaya (recluida en la cárcel militar Viñas Cue de Paraguay) es nombrada junto a Stella Maris Duarte Pereira, hermana de la pareja de Furtado, en el traspaso de un inmueble en el Condominio Solar Das Crisalidas de Foz de Yguazú (Brasil), que término en un contrato de arriendo a favor de Lindomar.

Reges solía frecuentar la empresa Black Eagle Group SA (nombre comercial de Ombú SA), encargada de fabricar vehículos blindados de alta gama en Ciudad del Este y que pertenecía a Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, según la declaración a la fiscalía de Gilberto Enciso, en su carácter de gerente de la mencionada firma: “Lo conozco de vista porque solía frecuentar la empresa, junto a Marcus. Lo habré visto en dos o tres oportunidades, no se iba muy seguido. Era amigo de Marcus porque cliente nuestro no era”.

También Marset fue visto en el mismo local, que también visitaría Giuzzio para que Enciso le entregara un vehículo prestado a título gratuito por Marcus para realizar un viaje a Brasil, en diciembre de 2021. “De vista lo conozco, no tengo relaciones con él. Fue a la empresa una o dos veces junto a Marcus, pero el sí se llevó un vehículo de la marca Ford Raptor, color blanco para blindar. Creo que fue a finales de 2020”, comentó el gerente sobre la presencia del narco uruguayo buscado en la causa A Ultranza Py.

Según el acta de imputación por cohecho pasivo agravado (soborno), Giuzzio, en su carácter de ministro del Interior, mantuvo varios encuentros con Vinicius, en aquel entonces administrador de las empresas Black Eagle Group SA y Ombú SA, del rubro de blindaje para vehículos y elementos de protección, y habría recibido favores a cambio de direccionar algunas licitaciones para sus productos en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Así, en diciembre de 2021, amparado por Giuzzio, el empresario brasileño presentó equipos tácticos en la sede de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fuerza de Operaciones Policiales Especiales).

La gestión de Giuzzio ten la Senad también se vincula con el “arco libre” al narcotráfico, debido a que firmó una resolución en mayo del 2020 que eliminaba la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), responsable de los controles en los puertos del país, en cuando en Europa comenzaban a duplicarse cifras de decomisos de toneladas de cocaína enviadas desde Paraguay.

Precisamente, las operaciones Smart, Turf y A Ultranza Py identificaron a una estructura criminal que operaba en Paraguay para traer drogas desde Bolivia y Colombia con destino a puertos brasileños, desde donde se enviaban a Europa. La droga se introducía en contenedores para su exportación, utilizando una exportación legítima, principalmente cargamentos de frutas o pintura, para enviar la droga al extranjero.

La información sobre la supuesta presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la zona del Urubó, Bolivia, tiene contenido político, según el ministro del Interior, Enrique Riera, quien contactó con el agregado policial paraguayo en el vecino país para obtener datos precisos sobre las sospechas surgidas desde el gobierno boliviano.

Afirmó que los dichos de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre la supuesta ubicación del prófugo tendría más bien un componente político que policial, debido a la ruptura entre el presidente y el vicepresidente de ese país.

“Cuando recibimos la información, lo que hicimos fue hablar con nuestro agregado policial allá. Tenemos por primera vez agregados en las capitales departamentales de nuestros vecinos que es de utilidad, y nos informó que va a chequear la información policial. Pero por ahora tiene más contenido político”, señaló a la 780 AM.

Una aparente fricción en las relaciones del mandatario boliviano y su segundo sería la razón por la que se lanzó el rumor en el vecino país.

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“Un vicepresidente no hace estos avisos de dónde está un delincuente muy buscado en toda la región si no es con intenciones de golpear a su propio Ejecutivo. Esa es mi lectura”, subrayó.

El ministro manifestó que Paraguay está en “alerta media” porque la exesposa de Marset y la familia de la mujer están en nuestro país.

“Forzaron salir de Viñas Cue, querían ir otro lado, después tuvieron problemas de enfermedad, después tuvieron problemas de denuncias, vino el tema de intentar meter un teléfono. Siempre es un problema y él (Marset) siempre habla de que están separados, de que su señora no sabía nada, pero realmente creemos que más tarde o más temprano va a caer en manos de la Justicia”, refirió.

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