La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.
El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.
Acusación
La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Fuente: AFP
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LN PM: edición del 28 de agosto
Consejo de Salud: fiscal evalúa pedir juicio a Prieto tras admisión de siete imputados
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, este viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Apertura del WRC ueno Rally rugió en Encarnación con más de 10.000 personas
Encarnación vivió una noche histórica el jueves 27 de agosto con la ceremonia inaugural del WRC ueno Rally del Paraguay 2026, que convocó a más de 10.000 personas en el Sambódromo de la ciudad, además de miles de aficionados que se congregaron en los alrededores, la Costanera y la Fan Zone. La largada simbólica tuvo como protagonistas a las 60 tripulaciones, sus vehículos y un espectacular show de trompos y donuts.
“Más de 10 mil personas: plateas, preferencia, palcos, deportistas, medios y artistas. Y unos miles más en las afueras del Sambódromo, en la vuelta de exhibición de la Costanera y Fan Zone”, confirmó Rodrigo Maluff, ministro asesor del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, al destacar la masiva participación registrada durante el acto encabezado por el mandatario Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Peña formaliza el traspaso de tierras para el Gran Hospital de Alto Paraná
El nuevo Decreto n.º 6.692 destina un predio militar de más de nueve hectáreas en Ciudad del Este para el futuro centro de salud. Los detalles sobre el costo, los plazos de la obra y las firmas constructoras aún aguardan definición oficial.
El presidente Santiago Peña firmó el decreto mediante el cual desafectó un predio de la Tercera División de Infantería en el kilómetro 8 de Ciudad del Este. El inmueble pasa ahora al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la edificación del Gran Hospital de Alto Paraná. Esta obra de alta complejidad beneficiará a más de un millón de ciudadanos de la región.
Déficit en IPS: Prevén contratar 500 médicos y reestructurar deudas
El asesor económico del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, detalló las proyecciones tras la aprobación con modificaciones de la Ley de Emergencia en la Cámara de Senadores. La normativa apunta a cubrir la marcada falta de profesionales de blanco y habilitar herramientas financieras extraordinarias para aliviar el ahogamiento económico del Fondo de Enfermedad y Maternidad.
En entrevista con el canal GEN/Nación Media, el funcionario confirmó que la institución requiere reponer unos 500 médicos. Esta demanda se acentuará en septiembre debido a la adecuación a la ley que reduce la carga horaria de 24 a 12 horas semanales.
Fiscalía pidió rechazar chicana de Arnoldo Wiens en el caso metrobús
Los fiscales Yeimy Adle y Giovanni Grisetti solicitaron a la Cámara de Apelación rechazar la chicana de excepción de falta de acción por prescripción presentada por la defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens acusado por lesión de confianza por el caso metrobús, que consideran improcedente. Asimismo, sostienen que el hecho de presentar por presentar recursos sin fundamento podría considerarse como ejercicio abusivo del derecho.
Vaticano designa a monseñor Gabriel Escobar como nuevo obispo auxiliar de Asunción
El papa León XIV nombró a monseñor Gabriel Narciso Escobar Ayala como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, informó este viernes a través de un posteo en redes sociales la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).
“El santo padre, el papa XIV, manifestando su cercanía al santo y fiel pueblo de Dios que camina en Paraguay, en la fecha de hoy, 28 de agosto de 2026, a las 7:00, hora de Asunción (12:00 de Roma), nombra como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad a monseñor Gabriel Narciso Escobar Ayala”, indica el documento publicado por la CEP.
Médicos esperan una propuesta escrita del Gobierno y definirán si avanzan hacia una huelga indefinida
La primera semana de huelga culmina este viernes a las 17:00, pero el gremio médico advirtió que la falta de una respuesta documentada sobre sus reclamos podría derivar en nuevas medidas de fuerza. La doctora Karen Figueredo aseguró que los profesionales se mantienen “más unidos que nunca” y no retrocederán en sus exigencias.
La primera semana de huelga de los médicos llega este viernes a su fin, pero la medida podría ser solo el inicio de un conflicto de mayor alcance. Los profesionales de blanco se mantienen en vigilia frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la espera de una propuesta formal y por escrito del Gobierno sobre el reclamo de reajuste salarial.
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El MIC recibe a embajadora peruana y proyecta misión para atraer inversiones
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó sobre el acercamiento a Perú, de manera a atraer inversiones de ese país a Paraguay. Recientemente se dio un encuentro entre la embajadora en Paraguay para analizar el potencial.
Los viceministros de Industria, Javier Viveros, y de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Eduardo Gustale, recibieron a la embajadora del Perú en Paraguay, María Antonia Ida Masana García, y a representantes de la Cámara de Comercio Peruano-Paraguaya, con quienes analizaron oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo de nuevos vínculos comerciales entre ambos países.
Gustale destacó el potencial para ampliar la cooperación en materia de formación técnica para jóvenes paraguayos, así como la oportunidad de aprovechar de manera estratégica la nueva ruta logística de la Bioceánica, que permitirá fortalecer la conectividad y generar nuevas oportunidades para el comercio y la inversión.
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Misión comercial
Por su parte, el viceministro Viveros informó que se trabaja en la organización de una misión comercial a Perú, además de promover la llegada de empresarios peruanos interesados en explorar oportunidades de inversión a nivel local.
Agregó que se busca establecer mecanismos de cooperación en sectores estratégicos, entre ellos la producción frutihortícola, el sector agropecuario, los agroalimentos y el turismo gastronómico, áreas en las que Perú cuenta con amplia experiencia y que presentan oportunidades para el intercambio de conocimientos, tecnología y generación de negocios.
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Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.