El proyecto de reforma de transporte público establece un servicio para los ciudadanos en caso de que los transportistas tomen alguna medida de fuerza y vayan a paro.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que en la ley de reforma se incorporó una medida que precautela el derecho a la huelga, pero también que respeta el derecho a la movilidad de los ciudadanos.

Según mencionó, durante el tratamiento del proyecto en las comisiones del Senado se solicitó incluir un porcentaje para servicio mínimo de cobertura en casos de huelga. En horario pico, el funcionamiento del transporte público debe ser del 70% y en los demás horarios deberá alcanzar 60 %.

El presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, recordó la historia y la trayectoria de la agrupación política durante el acto central de la celebración de los 138 años de la Asociación Nacional Republicana (ANR) – Partido Colorado, que se desarrolló en el Parque “Gral. Bernardino Caballero” de Asunción, con la presencia de las autoridades partidarias y nacionales.

“Hoy celebramos con orgullo los 138 años de vida gloriosa de nuestro querido Partido Colorado. Una historia marcada por luchas, sacrificios y victorias que nos dieron identidad como Nación”, expresó el exmandatario durante el acto central.

Así también, destacó el rol actual que tiene el partido en la sociedad. “El Partido Colorado no es solo una gran maquinaria electoral, como algunos quieren reducirlo. Es, ante todo, una comunidad viva de valores, de servicio y de compromiso con la patria. Desde nuestras bases, desde cada seccional y cada dirigente, este partido está presente en la vida de la gente, construyendo futuro y esperanza”, afirmó.

El viceministro de micro, pequeñas, y medianas empresas (mipymes), Gustavo Giménez, habló sobre los beneficios del programa Jepytaso para el sector y los productores, destacando que se tendrán beneficios para su inscripción en las instituciones y municipios, así como el acceso a financiamiento, como una continuidad de la Ley de Mipymes.

“Nos permitirá primero que nada darles acceso sin costo para la formalización, a las microempresas en particular. Vamos a darles con Jepytaso la oportunidad de que posteriormente a que se formalicen puedan recibir un crédito con condiciones sumamente favorables e inéditas en el sistema financiero”, explicó a Así son las cosas, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

El programa contará con hasta G. 1.500 millones de disponibilidades de crédito, 36 meses de plazo para productos de capital operativo e inclusive tres años de gracia para aquellos que sean de inversión y hasta 7 años de plazo. “Van a ser productos que van a tener tasas controladas, plazos favorables. También va dirigido a los productores”, comentó.

El director de Itaipú, Justo Zacarías, informó este jueves que la puesta en marcha del plan piloto de la planta solar flotante de Itaipú, localizada en el embalse del lado paraguayo, será el próximo mes de octubre. Detalló que la iniciativa genera un gran interés por parte de las autoridades brasileñas de la entidad binacional.

“Está en fase de finalización. Tengo la manifestación por parte de los compañeros de la margen izquierda de que es positivo y coincidente el interés de explorar con mucha fuerza la posibilidad de generar energía solar desde paneles en el lago Itaipú”, indicó a “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pasado 9 de setiembre comenzó la instalación del primer segmento o conjunto de flotadores de la futura planta solar. En esta oportunidad, se realizó el lanzamiento de 132 paneles solares bifaciales de 705 vatios (W) en la margen derecha. Mientras que las obras civiles y el tendido de cables de media tensión que conectarán el sistema flotante con la sala de celdas se encuentran ya en estadios avanzados.

Un juez del supremo brasileño advirtió este miércoles contra un juicio “político” a Jair Bolsonaro y votó por absolver de golpismo al expresidente, lo que deja el marcador 2-1 por una condena. Para una absolución o condena, es necesaria una mayoría simple de tres de cinco votos. El líder ultraderechista está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años y juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, puede enfrentar una pena de más de 40 años de prisión. Luiz Fux fue el tercer juez en votar durante las audiencias del supremo, previstas hasta el viernes y retransmitidas en vivo al país. Expuso su voto durante más de trece horas.

Fux se pronunció por la absolución del expresidente y otros cinco acusados. Pero culpabilizó al excandidato a vice de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, y a su ex mano derecha y delator en el juicio, el teniente Mauro Cid, por intento de abolición del Estado democrático de derecho.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió un duro comunicado en el que califican de insuficientes las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto al escándalo, pese a que las auditorías confirmaron la existencia del esquema.

El pronunciamiento, dado a conocer tras la sesión plenaria, señala que los resultados de las auditorías son una prueba irrefutable de la mafia que afecta a miles de personas en todo el país. No obstante, la Coordinadora considera que las acciones posteriores de la Corte Suprema “carecen de efectividad” y no responden a la magnitud del problema.

En el documento, las víctimas reprochan que la Acordada 1800 “no es aplicada con la rigurosidad que merece” y lamentan la “interpretación escueta” de la Constitución por parte de la máxima instancia judicial, al declararse incapaz de resolver el problema de forma inmediata. “Dentro de ese supuesto criterio de objetividad solo se evidencia indolencia e indiferencia. La CSJ no ha movido un dedo para gerenciar presupuestos y recursos”, sostiene el texto.

”Esto se debe aprobar en una convención y no a lo mbarete”, señaló Iván Airaldi, dirigente político de CDE, a Arriba Hoy de GEN/Universo970 AM.

El dirigente y precandidato a intendente de Ciudad del Este por el Partido Liberal Radical Auténtico, Iván Airaldi confirmó que a la fecha no han tenido ninguna respuesta al urgimiento que hicieron de convocar a elecciones municipales en su distrito, tras la destitución del exintendente Miguel Prieto.

Ante esta falta de respuesta por parte del titular del Directorio partidario Hugo Fleitas, y del Tribunal Electoral Independiente; la dirigencia liberal esteña anunció que presentarán una acción de amparo constitucional ante la máxima autoridad electoral que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Un juez del supremo brasileño advirtió este miércoles contra un juicio “político” a Jair Bolsonaro y votó por absolver de golpismo al expresidente, lo que deja el marcador 2-1 por una condena. Para una absolución o condena, es necesaria una mayoría simple de tres de cinco votos. El líder ultraderechista está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años y juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, puede enfrentar una pena de más de 40 años de prisión. Luiz Fux fue el tercer juez en votar durante las audiencias del supremo, previstas hasta el viernes y retransmitidas en vivo al país. Expuso su voto durante más de trece horas.

Fux se pronunció por la absolución del expresidente y otros cinco acusados. Pero culpabilizó al excandidato a vice de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, y a su ex mano derecha y delator en el juicio, el teniente Mauro Cid, por intento de abolición del Estado democrático de derecho.

En la corte ya se conformó una mayoría para condenar a ambos. Fux mostró claras divergencias desde el principio, cuando aseguró que “no compete al supremo realizar un juicio político”. El proceso ha dividido a Brasil entre quienes lo consideran un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducen motivaciones partidistas.

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Fux defendió primeramente la “incompetencia absoluta” del tribunal para juzgar a un expresidente. Sostuvo que el caso debería ser examinado en otra instancia inferior. También aseguró que la fiscalía no probó que los acusados constituyeran una organización criminal armada, puesto que no se demostró que se hubiese empleado ningún arma. La trama golpista, dijo, no trascendió la “fase preparatoria”.

Se inclinó por absolver a Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario, de los cinco cargos que se le imputan. Con su voto, el campo bolsonarista atisbó un rayo de esperanza. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, pidió una “anulación total del proceso” al estimar que el magistrado puso en evidencia una “persecución política” contra su padre.

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Previamente habían votado dos jueces por la condena, entre ellos Alexandre de Moraes, blanco de un presunto plan de asesinato que según la fiscalía formó parte del plan golpista. Moraes acusó al expresidente de haber liderado la supuesta organización criminal para dar un golpe de Estado, que no se concretó por falta de apoyo de la cúpula militar.

“Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo el magistrado. Aunque el voto es por mayoría simple, el veredicto no será formalmente adoptado hasta que todos los jueces se hayan pronunciado. Después, votarían una eventual pena, que puede sumar hasta 43 años de cárcel. La sentencia es apelable.

El juicio ha tensado la relación entre las autoridades brasileñas y Washington. El presidente Donald Trump impuso aranceles punitivos de 50 % a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro. Su gobierno también aplicó sanciones contra altos funcionarios, incluido Moraes.

“¿Alguien cree que Mickey (Mouse) va a cambiar un juicio en la corte suprema?”, ironizó el segundo juez en votar y exministro de Lula, Flávio Dino, en alusión a Estados Unidos. Dino presentó este miércoles una denuncia policial por “amenazas”. “Son miles de posteos en redes sociales, incentivando ataques letales a los jueces y sus familias”, dijo la asesoría del magistrado en una nota.

La sociedad brasileña, polarizada, sigue con atención la fase final del juicio. “Tuvimos una dictadura militar (1964-1985), cuyos abusos no fueron castigados. Ahora la población está de enhorabuena por tener una justicia que dice no a la violencia contra el Estado de derecho”, dijo este miércoles a la AFP en Brasilia Nayra Souza, una profesora, de 56 años.

Los seguidores de Bolsonaro, en cambio, defienden una amnistía parlamentaria. La derecha presiona en el Congreso por un perdón a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos del 8 de enero de 2023, que podría incluir al exmandatario. La fiscalía sostiene que Bolsonaro alentó esos hechos como un último intento para mantenerse en el poder.

Fuente: AFP.

Con 2-0 a favor de una condena, la corte suprema de Brasil dejó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro cerca de ir a prisión por golpismo, en un juicio histórico que Donald Trump busca influenciar con sanciones al país. El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución. En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares. El primero en exponer su voto fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.

A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una “organización criminal”, que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados. El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de “liderar” dicha organización. “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo Moraes.

“Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la corte”, cuestionó en rueda de prensa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó igualmente por la condenación. En momentos en que el bolsonarismo presiona por un eventual perdón legislativo para su líder, el magistrado sostuvo que los delitos juzgados “no son susceptibles de amnistía”.

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Bolsonaro, que se declara inocente, y el resto de acusados no comparecieron ante el tribunal en Brasilia, constató un periodista de AFP en la sala. Sus abogados atribuyen la ausencia del excapitán del ejército, que está en arresto domiciliario, a cuestiones de salud. Está acusado de cinco delitos, entre este intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Habría contemplado el asesinato de Lula antes de su investidura, así como de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia en un intento de derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel, aunque una eventual condena es apelable. La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida sobre el juicio. Mientras el 53 % cree que Moraes aplica las leyes, el 39 % estima que Bolsonaro es juzgado por motivos políticos, según un sondeo del instituto Datafolha de agosto.

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Durante el juicio, Bolsonaro ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios como Moraes. Y la amenaza de nuevas sanciones planea sobre Brasil.

“Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el lunes en X un alto funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie. “Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. Este martes, al ser consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo no tener “medidas adicionales para anunciar”.

Pero “el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo”, respondió la portavoz. Poco después, la cancillería brasileña dijo en un comunicado que Brasil “condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza” contra su democracia.

Los bolsonaristas dan por hecho una condena, pero no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para su líder, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el domingo en varias ciudades brasileñas.

Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle. Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección.

Fuente: AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro conocerá esta semana si es condenado por golpismo, en un juicio histórico que ha desatado la cólera de Donald Trump y sacude la derecha brasileña a un año de las presidenciales. Cinco jueces del Supremo Tribunal Federal comenzarán este martes las votaciones para decidir el futuro del exmandatario (2019-2022) y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, fue imputado en febrero por supuestamente haber liderado una “organización criminal armada” que conspiró para tratar de aferrarse al poder tras la derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Es la primera vez que un exmandatario es acusado de golpe de Estado en Brasil, un país donde los responsables de la última dictadura militar (1964-1985) nunca fueron juzgados.

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Bolsonaro tiene previsto seguir el proceso en su residencia en Brasilia donde desde agosto cumple arresto domiciliario. Sus abogados atribuyen su ausencia en el tribunal a cuestiones de salud. Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, el excapitán del Ejército clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”. Entre tanto, ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a jueces del caso, como al relator Alexandre de Moraes. La corte suprema ignorará “presiones internas o externas”, replicó la semana pasada Moraes. Pero la amenaza de nuevas sanciones podría planear sobre Brasil, asegura en sus redes sociales el hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro, residente en Estados Unidos y artífice de la campaña en favor de su padre ante la administración de Trump.

“Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. En vísperas de la sentencia por golpismo, el gobierno estadounidense volvió este lunes a cuestionar a Moraes y prometió seguir actuando contra el juez. “Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el subsecretario de Diplomacia Pública del Departamento de Estado, Darren Beattie, en X.

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Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre estos intentos de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar. Habría contemplado incluso el asesinato de Lula antes de su investidura. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia llamando a una insurrección militar para derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel. El veredicto quedará determinado por una mayoría simple de los cinco jueces, que luego votarían para fijar una eventual pena, que es apelable. Las sesiones se extenderán hasta el viernes en la corte suprema, cuya seguridad ha sido reforzada.

Dando por hecho una condena, los bolsonaristas no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para el ultraderechista, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el fin de semana en varias ciudades brasileñas. Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía.

Freitas cargó además en un acto en Sao Paulo contra el supremo: “No vamos a aceptar la dictadura de un poder sobre otro”, agregó, en referencia a la corte. Esta “ejerce de guardián de la Constitución y del Estado de Derecho”, le replicó el decano del supremo Gilmar Mendes, rechazando que sus jueces sean “tiranos”. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle.

Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección. En Brasilia, un detractor de Bolsonaro aseguró regocijarse con el juicio. “Me da un gran placer vivir este momento de la historia brasileña. Que no quede impune”, dijo a la AFP Mauricio de Aquino Costa, un profesor de 54 años.

La corte suprema de Brasil se apresta a dar su veredicto esta semana en el juicio contra Jair Bolsonaro, el primer expresidente en ser procesado por intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

Sin embargo, cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto antes del exmandatario ultraderechista (2019-2022) fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos, la mayoría por corrupción. A la espera de la sentencia, Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto.

Primer presidente electo por voto universal directo tras la dictadura, Collor (centro-derecha) renunció a la mitad de su mandato luego de que el Parlamento le iniciara un proceso de destitución por corrupción pasiva. De regreso a la política en 2006 como senador, fue condenado en 2023 a una pena de ocho años de prisión por corrupción por la corte suprema.

En el marco del megaescándalo destapado por la investigación “Lava Jato”, fue declarado culpable de haber facilitado “de manera irregular” la firma de contratos entre una empresa de construcción y una filial de la petrolera pública Petrobras. En mayo, Collor fue autorizado a cumplir su pena en arresto domiciliario por motivos de salud.

También objeto de la investigación “Lava Jato”, Lula fue encarcelado 580 días, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, después de haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Acusado de haber recibido un tríplex frente al mar de una empresa de construcción a cambio de contratos públicos, su condena fue finalmente anulada por la corte suprema, que consideró, entre otras cosas, que el juez que lo había sentenciado en primera instancia había sido parcial. Esta anulación permitió a la figura más emblemática de la izquierda brasileña disputar y ganar la elección presidencial de 2022 frente al saliente Bolsonaro.

Heredera de Lula, la primera mujer electa presidenta de Brasil fue destituida durante su segundo mandato consecutivo por el Parlamento, que la acusó de maquillaje de las cuentas públicas. La caída libre de su popularidad, debido entre otras cosas a una recesión y grandes manifestaciones en su contra, prepararon el terreno para su salida. La izquierda brasileña considera aún hoy que ese proceso fue un “golpe de Estado” parlamentario teñido de misoginia.

Rousseff fue reemplazada por su vicepresidente Temer (centro-derecha), quien tampoco demoró en aparecer en las primeras planas de los diarios por sus problemas judiciales. Acusado de corrupción en el marco de la investigación “Lava Jato”, se salvó dos veces en 2017 de un juicio ante la corte suprema, gracias a un voto desfavorable de la Cámara de Diputados. Después de dejar el poder, fue encarcelado dos veces en 2019 por obstrucción a la justicia, pero en ambas ocasiones fue liberado a los pocos días.

Fuente: AFP.