La Corte Suprema de Justicia aprobó la uti­lización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económi­cos en Asunción y el depar­tamento Central.

La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacio­nal, que alegó contar con la infraestructura y capa­cidad técnica para monito­rear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cual­quier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medi­das restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.

Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras elec­trónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron recha­zadas por limitaciones técni­cas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.

“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesa­ria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y redu­cir el hacinamiento peniten­ciario, al brindar una opción efectiva al encierro.

Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dis­positivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficia­rio, salvo en caso de insolven­cia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.

La Acordada n.º 1779, recien­temente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obli­gatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que defenderá “la soberanía del pueblo brasileño” ante Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara aranceles punitivos al país sudamericano y sancionara a un juez de su corte suprema.

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La Casa Blanca había reafirmado poco antes que aplicar tarifas del 50 % a productos brasileños, aunque con varias excepciones y con casi una semana de retraso respecto de la fecha original, el 1º de agosto.

Washington también anticipó este miércoles, casi en simultáneo, sanciones financieras a Alexandre de Moraes, juez de la corte suprema a cargo de un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Trump.

Lula prometió “defender (...) la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos” durante un acto oficial en Brasilia.

“Hoy es el día sagrado de la soberanía”, añadió el izquierdista.

Al anunciar su guerra comercial contra Brasil, Trump criticó una supuesta “caza de brujas” contra el Bolsonaro. El ultraderechista es juzgado por una presunta intentona golpista para impedir la asunción de Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.

Estados Unidos tiene superávit comercial con la mayor economía sudamericana, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de países que han sido objeto de los aranceles punitivos de Trump.

El canciller brasileño Mauro Vieira se reunió este miércoles en Washington con el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro de más alto nivel entre ambos gobiernos hasta ahora.

Vieira le dijo a Rubio que Brasil “se reserva el derecho de responder” a las medidas de Trump, una “inaceptable injerencia en la soberanía nacional”, según declaró el canciller a la prensa.

La justicia brasileña “no se inclinará ante presiones externas”, manifestó al secretario de Estado, aunque el gobierno de Lula “está abierto” a seguir negociando por los aranceles.

El gobierno estadounidense informó este miércoles que aplicó a Moraes la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.

La corte suprema expresó su “solidaridad” al juez y afirmó en una nota que “no se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes” brasileñas.

“El juicio de delitos que implican un atentado grave a la democracia brasileña es de competencia exclusiva de la justicia del país”, sostuvo el máximo tribunal en un comunicado

• Fuente: AFP

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Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.

• Por David Sánchez, desde Annecy (Francia), X: @tegustamuchoelc (*).

En el marco del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2025, celebrado del 8 al 14 de junio, Arnaud Miquel, agregado audiovisual para los países andinos desde la Embajada de Francia en Colombia, presentó Otros Ojos, un ambicioso programa que promete transformar el acceso al cine en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Durante una entrevista realizada en Annecy, Miquel explicó que esta iniciativa, financiada por el Fondo Equipo Francia, no solo busca formar nuevos públicos escolares, sino también impulsar la animación regional y fortalecer de manera integral la industria audiovisual andina.

- ¿Podría explicarnos en qué consiste su función como agregado audiovisual en Colombia?

- Soy agregado audiovisual para los países andinos, desde el puesto de la embajada de Francia en Colombia. La embajada de Francia, en varios países, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en algunas de estas embajadas hay agregados audiovisuales, que a veces están asignados a un solo país o a varios. En Sudamérica, los agregados son regionales. Por ejemplo, Antoine Seillière está en Buenos Aires y cubre Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Yo estoy en Bogotá y me encargo de los países andinos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

Mi función es facilitar los vínculos entre estos cinco países y Francia, pero también entre ellos, para fomentar coproducciones, mejorar la formación, reforzar la industria audiovisual local. Somos una especie de punto de referencia para tratar de conectar socios y mejorar el contexto local.

- ¿Qué cubre exactamente el campo audiovisual en su trabajo?

- Casi todo lo que tenga que ver con imágenes en movimiento. Trabajamos con el cine, con la televisión, con la exportación de programas. También con el videojuego y la creación inmersiva. A veces, incluso con el valor de los medios, la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación. Además, algunos agregados audiovisuales también se involucran en la música, porque es una industria cultural importante. En resumen, nuestro trabajo es un poco como el de un agregado para industrias culturales.

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- ¿Cuál es la misión principal de los agregados audiovisuales?

- Nuestra misión principal, sí, es servir a Francia. Trabajamos para el Estado francés, así que nuestro objetivo es promover las obras y la experiencia francesa en el extranjero. Organizamos festivales de cine francés, apoyamos a talentos franceses cuando son invitados a festivales. También colaboramos con festivales y eventos para facilitar la presencia francesa. Pero también apoyamos festivales en Francia, como Cinélatino en Toulouse o Biarritz Amérique latine, para que puedan recibir talentos latinoamericanos que presentan sus películas allá. El 90% de nuestras acciones están en los países donde estamos basados, pero siempre con un enfoque en la diversidad cultural y las colaboraciones futuras.

- ¿Con qué otras instituciones trabajan para llevar a cabo su labor?

- Trabajamos con muchas instituciones. En Francia, trabajamos con UniFrance, que promueve el cine francés en el extranjero. También con festivales, televisiones, radios, y medios públicos como France Médias Monde (France 24, RFI, CFI). Y por supuesto, hablamos con todo el mundo que tenga proyectos, tanto del sector público como privado.

- Cuéntenos sobre el proyecto financiado por el Fondo Equipo Francia que presentaron en Annecy.

- Es un programa que iniciamos hace aproximadamente un año. Es parte de un fondo especial del Ministerio de Asuntos Exteriores llamado “Fonds Équipe France”, que financia durante un máximo de dos años proyectos con impacto fuerte en sectores clave como cultura, agricultura, ecología o paz.

Nuestro proyecto fue diseñado con varios socios para responder al problema del decreciente número de jóvenes que van al cine en los países andinos. Esto afecta al ecosistema completo: exhibidores, productores, talentos. La idea fue dividir el proyecto en dos etapas.

- ¿En qué consiste la primera etapa del proyecto?

- La primera parte es la formación de jóvenes talentos de la animación, para darles herramientas que les permitan financiar y desarrollar proyectos con vida cultural y económica tanto local como internacionalmente. Para ello, trabajamos con M6 y el Campus internacional del SPA (Syndicat des Producteurs de l’Animation). Organizamos sesiones en Bolivia y Colombia sobre producción, distribución y guion. Dieciocho jóvenes fueron seleccionados y vinieron a Annecy a vivir una experiencia internacional y conectarse con el mundo de la animación.

- ¿Y la segunda etapa?

- La segunda parte es un programa de educación en imagen. Se llama “Autres regards”, y busca cambiar la forma en que los espectadores —y las instituciones— ven el cine local. Hay un problema: las películas colombianas, por ejemplo, se ven un poco en Colombia, pero casi nada fuera del país. Queremos crear un catálogo de películas de los cinco países andinos y de Francia que circule por salas de cine con público escolar.

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- ¿Cómo funciona ese modelo educativo?

- Es un modelo inspirado en el sistema francés. Financiamos proyectos piloto donde estudiantes van al cine no una, sino tres veces al año, dentro del horario escolar. La idea es que los niños vivan la experiencia del cine y que eso despierte su curiosidad, incluso si el cine es considerado caro en algunas poblaciones. A largo plazo, si un día tienen más recursos, podrían optar por ir al cine porque ya conocen y valoran la experiencia.

- ¿En qué países se implementa el programa actualmente?

- Hoy el programa está presente a nivel nacional en Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú. En Ecuador, solo trabaja a nivel de la ciudad de Quito. Actualmente, lo financiamos desde la cooperación francesa, pero esperamos que el año próximo se sumen aliados locales —ministerios de Educación y Cultura— para que el proyecto pueda convertirse en política pública.

- ¿Hay reglas específicas sobre qué películas se pueden proyectar?

- Sí, hemos establecido una regla para esta primera edición: máximo un film nacional por país. La idea es que no se trate solo de promoción del cine nacional. Por ejemplo, en Colombia se puede mostrar un film colombiano, pero las otras dos proyecciones deben ser de otro país andino o de Francia. El catálogo lo forman películas cuyos productores y distribuidores han aceptado participar.

- ¿Podrías contarnos cómo se implementó el programa en Perú?

- En Perú decidieron trabajar con cines en el marco de festivales. Esto les permite valorizar los festivales existentes y, al mismo tiempo, beneficiarse de espacios disponibles, lo que también ayuda a reducir costos. Es un modelo interesante para adaptar el programa al contexto local.

* David Sánchez es un periodista franco español afincado en Toulouse, centrado especialmente en cine iberoamericano, miembro de la crítica internacional Fipresci. Sitio: https://www.tegustamuchoelcine.com.