La Fiscalía de Colombia negó este miércoles que el colombiano detenido en Argentina esté vinculado con el magnicidio del aspirante presidencial Miguel Uribe, dijo a la AFP una fuente del ente acusador.

El Ministerio de Seguridad de Argentina anunció la captura de Brayan Ferney Cruz Castillo en Buenos Aires y aseguró que según Interpol está señalado como uno de los responsables de la logística del homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Pero la fiscalía de Colombia dijo que existe una confusión respecto al crimen y que Cruz está acusado por “un intento de atentado terrorista contra un firmante de paz en junio de 2025”, bajo cargos de concierto para delinquir y terrorismo.

• Fuente: AFP

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio por terminadas el martes las negociaciones de paz con una de las principales guerrillas del país, al mando de “Calarcá”, lo que prácticamente sepulta su política de paz para poner fin al último conflicto armado del continente. El mandatario izquierdista sostenía diálogos desde 2023 con Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la extinta guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

Este mismo martes, la mayor organización armada del narcotráfico descartó un acuerdo de paz con Petro, quien culminará su mandato de cuatro años el 7 de agosto. Ambas negociaciones eran las principales banderas de la Paz Total, un plan diseñado por el primer presidente de izquierda del mayor productor mundial de cocaína para lograr el desarme de todos los grupos armados.

Calarcá, por su lado, continuó atentando contra la fuerza pública y civiles en las zonas en las que opera su guerrilla, principalmente en la frontera con Venezuela y en la Amazonía. Una de sus principales fuentes de financiación es la deforestación para dar paso a la ganadería, así como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Petro aseguró en una reunión con sus ministros transmitida en redes sociales que pidió al consejero presidencial de paz, Otty Patiño, frenar esas negociaciones. “Si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados, pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer?”, dijo. “A mí me gustaría la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, agregó.

Más temprano el abogado del Clan del Golfo, el principal cártel narcotraficante del país, descartó que los diálogos con el gobierno vayan a terminar en la firma de un acuerdo de paz. A menos de cuatro meses de que termine su mandato, casi todos los procesos han enfrentado rupturas, suspensiones o escasos avances.

Petro también intentó pactar el fin del conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la más longeva del continente, pero esas negociaciones de rompieron luego de un ataque de los rebeldes en la frontera que dejó más de 100 muertos a inicios del año pasado. De igual manera con otra disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. El guerrillero más buscado del país decidió levantarse de la mesa y aumentó sus atentados con coches bomba y drones.

Analistas estiman que los grupos armados se fortalecieron durante la Paz Total, muy criticada por la oposición, expresidentes y miliares en retiro en un país con más de seis décadas de conflicto armado. Petro enfrentó presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien le impuso sanciones por supuestamente hacer pocos esfuerzos por frenar al narcotráfico.

Fuente: AFP.

El jefe de la entidad electoral que organizó los comicios generales en Perú renunció ayer martes, poco antes de ser interrogado por la fiscalía por las múltiples fallas en las votaciones de la primera vuelta. Piero Corvetto fue citado para rendir declaratoria por los inconvenientes logísticos en la jornada electoral del 12 de abril, que retrasaron el escrutinio.

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori. El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 15.000 sufragios para el primero con cerca del 94 % del conteo.

Corvetto, al mando de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se apartó del cargo antes de acudir a la fiscalía ayer martes en calidad de funcionario para rendir su versión sobre lo ocurrido. “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, señaló en una misiva que publicó en X.

Corvetto estaba en el cargo desde el 31 de agosto de 2020. En 2024 había sido ratificado en el cargo. Calificó de “problemas técnicos operativos” las irregularidades registradas en el despliegue del material electoral en Lima durante las votaciones. Dichos problemas provocaron demoras en la apertura de las mesas electorales en la capital peruana y dejaron sin votar a más de 50.000 personas, lo que obligó a ampliar por 24 horas el sufragio, algo inédito en Perú.

La misión de observación de la Unión Europea (UE) se refirió a “graves fallos”, pero precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude, como alegó el candidato López Aliaga. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo debido a las demoras en el cómputo que realiza la ONPE. Boletas en un contenedor de basura, actas electorales impugnadas y acusaciones de fraude ensombrecieron la jornada electoral y afectaron el recuento de votos de las presidenciales.

Keiko Fujimori, quien encabeza los conteos parciales con 17 % de los votos, celebró la renuncia de Corvetto. “De cara a la segunda vuelta es una buena noticia para el Perú que este señor haya dado un paso al costado”, dijo a periodistas tras salir de un acto público. El partido Juntos por el Perú, del izquierdista Roberto Sánchez, denunció en un comunicado que la renuncia obedeció a “una perversa acción mediática” que busca instalar “una narrativa” de fraude, para anular las elecciones ante el avance de esa agrupación.

El partido de López Aliaga, Renovación Popular, señaló a través de su candidata a la vicepresidencia Norma Yarrow, que “los responsables, que traicionaron a la patria, asuman las consecuencias por el golpe” a la democracia “con unas elecciones cero transparentes”. Tras dejar su cargo, Corvetto acudió a la fiscalía, donde permaneció 90 minutos. Entregó su pasaporte y se retiró sin dar declaraciones.

La fiscalía no ha informado sobre el tipo de diligencia que cumplió el ahora exfuncionario. La caída del titular de la ONPE era cuestión de horas en medio de una fuerte presión política y mediática para que dejara el cargo. El Jurado Nacional de Elecciones también lo denunció penalmente ante la fiscalía por las fallas en la primera ronda de las presidenciales.

Fuente: AFP.

Boletas en un contenedor de basura, actas electorales impugnadas y acusaciones de fraude: el recuento de votos de las presidenciales del 12 de abril en Perú está estancado, lo que alimenta la desconfianza hacia instituciones ya debilitadas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo.

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori, la única con boleto asegurado. El izquierdista radical Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 14.000 sufragios para Sánchez con cerca del 94% del conteo.

Un gran número de las actas restantes contienen irregularidades y deben ser examinados por los jurados electorales. Se trata de casi un millón de votos repartidos en 5.143 actas observadas, según la autoridad electoral. Las actas objetadas son procesadas caso por caso. “Generalmente toma alrededor de tres días” el proceso de revisión de cada acta, declaró a la AFP Yessica Clavijo, secretaria general del JNE.

Este plazo puede prorrogarse, sin embargo, en caso de disputas. La tarea se complica porque los votantes emitieron su sufragio simultáneamente en cinco elecciones (presidenciales, legislativas y de otros órganos), lo que multiplica el número de actas de escrutinio que deben procesarse.

En una contienda muy reñida por el segundo puesto, donde solo un pequeño porcentaje de votos separa a los candidatos, los partidos suelen presentar numerosas impugnaciones, a veces para retrasar el cómputo final con la esperanza de revertir el resultado. “El objetivo de impugnaciones masivas, incluso en zonas donde el candidato que reclama está relegado, es restar votos al contrincante y alargar todo el proceso”, dijo a la AFP el politólogo Fernando Tuesta.

Las actas pueden impugnarse por diversos tipos de errores, como inconsistencias en las cifras o datos faltantes o ilegibles, algo usual en una votación récord con 35 candidatos y cinco elecciones simultáneas. Cuando estas anomalías no pueden corregirse, la ley prevé un recuento de votos en lugar de la anulación de las actas, como ocurría a veces anteriormente.

Se han reportado varias irregularidades. Los retrasos en la entrega de urnas y papeletas impidieron que unos 50.000 ciudadanos votaran el día de las elecciones, lo que obligó a las autoridades a extender la votación una jornada en algunos colegios electorales. El jueves, por otra parte, se encontraron cuatro cajas con aproximadamente 1.200 papeletas en un contenedor de basura en Lima.

Se han iniciado inspecciones de la fiscalía a las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable del proceso de votación, mientras que el JNE presentó una denuncia contra su titular, Piero Corvetto, y otros funcionarios por violación del derecho al voto.

Rafael López Aliaga, quien se ubicaba segundo detrás de Keiko Fujimori al inicio del escrutinio, denunció “fraude electoral” sin aportar pruebas. Convocó a manifestaciones que congregaron a más de 3.000 personas el domingo en Lima, y ha ofrecido recompensas de unos 5.800 dólares a quien proporcione información sobre irregularidades. La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) se refirió a “graves fallos”, pero precisó que no encontró “ninguna prueba objetiva” de fraude.

López Aliaga ha pedido anular los comicios o realizar una elección complementaria en Lima. Ambas opciones parecen improbables. “La ley electoral solo permite la anulación cuando los votos inválidos, defectuosos o en blanco superan los dos tercios de los votos válidos a nivel nacional”, declaró a la AFP el abogado penalista Roberto Pereira. Tampoco prevé elecciones complementarias, acotó.

Las tensiones alimentan un clima de profunda desconfianza hacia las instituciones en un país marcado por la inestabilidad política crónica, con ocho presidentes en diez años. “Han encontrado votos en la basura... da risa, parece un chiste. ¿Qué dirán en otros países?, qué vergüenza”, dijo Miguel Espino, taxista de 71 años de Lima.

Fuente: AFP.