El presidente de Bolivia Rodrigo Paz envió el martes al parlamento un proyecto de ley para atraer inversión extranjera, la primera de un paquete destinado a cambiar las políticas de los gobiernos de izquierda que lo precedieron durante 20 años. El centroderechista Paz, en el poder desde noviembre pasado, se posicionó como un duro crítico de las políticas de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Dijo que recibió un país burocrático, corrupto, con millonarias inversiones estatales sin resultados económicos. Comparó al Estado con una “cloaca de dimensiones extraordinarias”. El proyecto de ley de 103 artículos, tiene tres ejes. El primero es “normalizar” al capital privado, debido a que “hoy por hoy la inversión es el hecho atípico en Bolivia”, dijo el martes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en rueda de prensa.

Según el gobierno, el porcentaje de inversión extranjera directa en otros países de la región oscila entre el 20 % y 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Bolivia no supera el 2 % o el 3 %. El segundo y tercer eje es crear un sistema de incentivos y de regulación que permita dar seguridad, estabilidad y confianza al inversionista.

Espinoza dijo que el objetivo es dar seguridad jurídica, tras gobiernos izquierdistas que privilegiaron el rol estatal. Morales, por ejemplo, nacionalizó en su gobierno empresas de hidrocarburos, eléctricas, telefónicas, de pensiones y mineras que estaban en manos de capitales extranjeros. A su llegada al gobierno, Paz propuso abrir el país a las inversiones extranjeras occidentales, con la idea de que “la ideología no da de comer”.

Bolivia, con Morales y Arce, fue amigo de Cuba, Venezuela, China y Rusia y se alejó de las inversiones de empresas privadas internacionales. Tras presentar este proyecto de ley de inversiones, el gobierno anunció que enviará próximamente otras leyes estratégicas para la explotación en hidrocarburos, minería, electricidad y litio. Bolivia busca salir de la peor crisis económica de los últimos 40 años.

Fuente: AFP.

• Por Mônica R. de Carvalho

Hace más de cien años, la econo­mista Katharine Coman publicó un artículo en la American Economic Review (1911), en el que abordaba la “tragedia de los comunes”, un concepto discutido repetidamente a lo largo de la historia desde Malthus. Transcu­rrido tanto tiempo, el pro­blema y la controversia planteados siguen siendo no solo actuales, sino cada vez más complejos. Cuando Coman escribió su artículo, reflexionaba aún sobre los problemas de irrigación de tierras y sobre cómo resol­ver la cuestión de los bie­nes “comunes”: aquellos cuyo uso por parte de una persona impide el uso por parte de otra (bienes riva­les), pero que, al mismo tiempo, son de acceso abierto y están disponi­bles para todos (bienes no excluyentes).

Incertidumbre, dispersión espacial y temporal, larga duración. ¿Cuántos proble­mas de la actualidad se pre­sentan de esta manera? En particular, podemos pensar en los problemas ambien­tales. Las cuestiones de acceso abierto están asocia­das a preocupaciones cre­cientes relacionadas con la calidad del aire y del agua, los residuos peligrosos, la extinción de especies, la preservación del ozono estratosférico y la estabili­dad del clima global frente a la acumulación constante de gases de efecto inverna­dero. Sin embargo, lo más interesante es que, a pesar de los grandes avances en los estudios económicos a lo largo del último siglo, los instrumentos para el desa­rrollo de políticas econó­micas destinadas a con­tribuir a la resolución de estos problemas son, en cierta medida, antiguos. Hablamos, por ejemplo, de impuestos sobre las emisio­nes de carbono o de merca­dos en los que se negocie el derecho a contaminar.

¿Pero realmente fun­cionan? Durante mucho tiempo, la respuesta fue más teórica que empírica. En 2024, un grupo lide­rado por Jan Minx publicó en Nature Communica­tions el artículo Systema­tic Review and Meta-Analy­sis of Ex-Post Evaluations on the Effectiveness of Car­bon Pricing, que analizó 483 estimaciones extraí­das de 80 evaluaciones realizadas sobre 21 siste­mas de fijación de precios del carbono en funciona­miento en distintas partes del mundo. El veredicto es alentador y modesto al mismo tiempo: en al menos 17 de estos casos, la intro­ducción de un precio al car­bono produjo reducciones inmediatas y significativas de las emisiones, de entre el 5 % y el 21 %, alrededor del 10 % en promedio, o cerca del 7 % cuando se corrige el sesgo de publicación típico de esta literatura. Y ello a pesar de que los precios aplicados son, casi siempre, demasiado bajos en com­paración con lo que reco­mienda la ciencia climá­tica. Es decir, la intuición centenaria de que es posi­ble disciplinar el uso de un bien común simplemente cobrando por él resiste la prueba de los hechos y de los datos. El problema no parece residir en el instru­mento, sino en la intensidad con que se aplica, así como en la reticencia política a hacerlo.

En el artículo Global Eco­nomic Exposure to Climate Change Amplified by Spa­tially Compounding Cli­mate Extremes (BIESS, B.; GUDMUNDSSON, L.; SENEVIRATNE, S. I., Nature Communications, marzo de 2026), investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich muestran que el riesgo cli­mático ha dejado de ser un problema local. Cruzando proyecciones de modelos climáticos con datos del PIB distribuidos a escala global, miden no las pérdi­das ya contabilizadas, sino la riqueza expuesta a olas de calor, lluvias extremas, sequías y escasez de agua y, sobre todo, la probabili­dad de que varios lugares sean afectados simultánea­mente.

La conclusión es inquie­tante: las regiones de meno­res ingresos son precisa­mente las más propensas a enfrentar fenómenos extre­mos simultáneos junto con otras partes del mundo, lo que reduce las posibilidades de ayuda externa y ampli­fica la inestabilidad econó­mica. Se trata de la “trage­dia de los comunes” en su versión contemporánea: el gas emitido en un patio trasero presenta la factura en otro, y el seguro natu­ral contra las pérdidas, la diversificación geográfica del riesgo, se desvanece pre­cisamente cuando más se necesita. Después de más de cien años, las solucio­nes siguen siendo conoci­das: impuestos, mercados de cuotas y regulación. Lo que ha cambiado es el costo de seguir postergándolas. Bajo un cielo sin fronteras, el patio es de todos noso­tros.

Texto elaborado por Mônica R. de Carvalho, Core Faculty y profesora asociada de la Fundación Dom Cabral, donde actúa en las áreas de Finanzas y Gobierno Cor­porativo. Mônica es econo­mista y doctora en Estudios Globales por la Sophia Uni­versity (Japón).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró el jueves que su gobierno de centroderecha comenzó a sacar el país de su peor crisis económica en cuatro décadas, en su primer discurso a la nación tras su asunción hace nueve meses. Paz asumió el poder el 8 de noviembre tras 20 años de gobiernos de izquierda, encabezados primero por Evo Morales (2006-2019) y luego por Luis Arce (2020-2025).

“Nos dejaron una patria arrasada y moribunda”, afirmó el mandatario, quien acusó a sus predecesores de haber llevado a Bolivia a una situación en la que “apenas podía respirar”. Paz pronunció su discurso en Sucre, capital constitucional de Bolivia, con motivo del 201 aniversario de la independencia del país.

Aseguró que se tomaron decisiones “impopulares”, pero “necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y sacrificar nuestro futuro”, dijo. Su gobierno enfrentó su mayor desafío entre mayo y junio, cuando varias ciudades sufrieron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos por bloqueos de rutas contra el Ejecutivo.

El gobierno acusa a Morales de haber orquestado esos bloqueos. El expresidente es objeto de una orden de aprehensión por su presunto papel en esas manifestaciones. “Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo”, afirmó Paz.

El mandatario destacó el regreso de la confianza de los mercados, las reformas emprendidas y la apertura diplomática del país andino. También elogió los resultados de su gobierno en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, al resaltar la expulsión de “17 jefes de las organizaciones criminales que vivían en Bolivia con protección y absoluta impunidad”, entre ellos, el buscado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Fuente: AFP.

Una ola de violencia dejó nueve personas asesinadas en los últimos cinco días en la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, que el gobierno atribuyó ayer lunes a una guerra entre mafias brasileñas por el control de una ruta para traficar cocaína. La policía registró la matanza de cuatro personas en una hacienda, el descubrimiento de dos cuerpos decapitados en las cercanías de una carretera y otros tres homicidios, incluido el de un policía.

Los crímenes fueron cometidos por sicarios vinculados a los grupos armados enfrentados de Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, que se expanden en el país andino, según el Ministerio de Gobierno. “Están peleando (por) un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, dijo a la prensa Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior).

El alto funcionario informó que desde el inicio del gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, en noviembre, capturaron y expulsaron del país a 17 “capos” de organizaciones criminales internacionales. Entre ellos se cuenta al narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y entregado a Estados Unidos, además de varios líderes de bandas brasileñas.

También se incautaron 58 avionetas, más de 360 inmuebles, casi 300 toneladas de cocaína y marihuana y se destruyeron 190 pistas de aterrizaje clandestinas, informó el Ministerio de Gobierno a la AFP.

Oviedo anunció que la policía de Brasil instalará oficinas en su país para cooperar en el combate contra estos grupos criminales.

“Exigimos al gobierno nacional la adopción urgente de medidas preventivas”, declaró María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa regional de Santa Cruz.

Unos 250 efectivos policiales se desplazaron ayer lunes a la población fronteriza de San Matías, de unos 15.000 habitantes, en cuyas cercanías ocurrió la mayoría de los asesinatos, según medios locales. Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, según la ONU, después de Colombia y Perú.

Fuente: AFP