El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó ayer martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados. Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada “ranfla histórica”, la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la “guerra” antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.

El proceso inició contra 485 imputados el 20 de abril, de acuerdo a la cifra oficial más reciente, y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los acusados, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Antes de emitir un fallo, el tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.

Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado. La nota afirma que los pandilleros fueron inculpados de 14.420 crímenes cometidos entre el 2012 y el 2022 y utilizar el sistema de “apertura de válvulas”, cuando los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las prisiones.

Además, presentaron pruebas de la conformación de 230 células de pandillas distribuidas en todo el país.

Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta en X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Además de requerir, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.

Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.

El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”.

“No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.

Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.

Fuente: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida. Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único aspirante.

Publicista de 44 años, el mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo. “Ha sido un cambio significativo, antes teníamos miedo. Vamos a apoyarlo los cinco, diez, 15 años que quiera permanecer. Es el único que puede darnos esta tranquilidad”, dijo el lunes a la AFP Julio Flores, de 40 años, dueño de una venta de comidas de San Salvador.

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales fue a costa de violaciones a los derechos humanos y limitación de libertades.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite de solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una “muerte de la democracia”.

“Aunque ha habido un avance en la seguridad, no es bueno para la democracia que Bukele vaya nuevamente como candidato”, declaró el lunes a la AFP Miguel Hernández, transportista de 35 años, quien resiente además el aumento del costo de vida.

Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El período de Bukele concluirá en 2027, pues fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante derechista se presentará en los comicios en fórmula con su vicepresidente Félix Ulloa.

En las internas, el partido también designó a sus candidatos a diputados y alcaldías.

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo al imponerse con 53 % de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaban en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

Pese a su popularidad de más del 85 % según encuestas, Bukele es señalado por sus críticos de autócrata al controlar el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales.

De estilo sarcástico, se describe como un “dictador cool” y su modelo de seguridad ha llamado la atención de varios gobiernos de derecha en el continente.

Leal a su “amigo” el presidente Donald Trump, su imagen internacional se vio empañada en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados a la megacárcel que construyó para pandilleros. Al ser liberadas, esas personas denunciaron torturas y abusos.

Afianzado por su relación con Trump, el gobierno de Bukele detuvo hace un año a defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental y restricción de libertades.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y otros locales como Cristosal y Socorro Jurídico -ahora en el exilio- aseguran que Bukele usa el régimen de excepción para silenciar a sus críticos.

Fuente: AFP.

La Dirección Técnica de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, emitió un comunicado por la cual, recuerda a los responsables de los Partidos, Movimientos Políticos y Alianzas Electorales que presentarán candidatos a Intendente y/o Miembros de Juntas Municipales en las Elecciones Municipales del próximo 04 de octubre del corriente año, la obligación de comunicar la designación de sus respectivos Administradores de Campaña Electoral, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 278, inc. a) de la Ley Nº7524/25.

En este sentido, señalan que conforme a lo establecido en el Numeral 4, item 63 de la Resolución TSJE Nº 78/2025 “Que aprueba el Cronograma Electoral para las Elecciones Municipales en todos los distritos del país para el periodo 2026-2031”, la citada dirección recuerda que la comunicación de los respectivos administradores se deberá ser realizada en el periodo comprendido entre el jueves 18 y el miércoles 24 de junio de 2026.

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Es importante, recordar que la designación del administrador de campaña, no es un mero trámite burocrático; sino que es una de las piezas centrales del sistema de transparencia electoral. Con esto, la Justicia Electoral exige registrar a los administradores porque el control ya no se hace solo por “partido político” de forma global, sino de manera individualizada por cada campaña.

Teniendo en cuenta que al identificar con nombre, apellido y firma al responsable financiero de cada lista de Intendentes o Juntas Municipales, el Estado busca blindar las elecciones contra el dinero de origen dudoso o ilegal, de tal modo a garantizar que la competencia electoral sea limpia y transparente.

Finalmente, la Dirección Técnica de Financiamiento Político puso a disposición de la ciudadanía el número de teléfono (021) 6180-741/739, ante cualquier duda o consulta, para que puedan solicitar asistencia de la mencionada dependencia.

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• Por Aníbal Saucedo Rodas.
• Periodista, docente y político

La historia del Partido Colorado, a partir de 1954, se escribió desde la apología o la denostación. Desde el fanatismo o los prejuicios. No hubo un término medio centrado en la autocrítica o la valoración serena del peso de los intelectuales republicanos en la construcción de la cultura nacional. Para los militantes de la primera posición, esta asociación política carecía de vicios y errores; para los de la segunda línea, no había virtudes que resaltar ni méritos a rescatar. El pasado no es un simple episodio residual, como pretenden algunos seudoaristócratas de la academia, sino el sustento vital para su constante reconstrucción en tiempos de manoseo ideológico y de desconocimiento doctrinario que conduce, irremediablemente, a su instrumentación programática. El llamado desviacionismo de su programa fundacional, lamentablemente, no concluyó con la caída del régimen autocrático en 1989, sino que se perfeccionó mimetizándose dentro del corpus de su ideario (documentos que son guías para el pensamiento y la acción) bajo el engañoso ropaje de la modernización y la modernidad relativista, donde cada sujeto es el dueño de su propia verdad y su propia moral, descartando evidencias con categoría de universales y normas de convivencia social.

El Partido Nacional Republicano siempre supo renovarse, pero no a costa de su identidad, sus principios y orientación ética. Durante el régimen de terror del general Alfredo Stroessner (1954-1989), aquellos colorados dignos y aquellos paraguayos íntegros conocieron el dolor del destierro, el padecimiento en las salas de torturas y hasta la muerte en las mazmorras de la dictadura. Ahí están las venas, la sangre, el corazón, los huesos y, paradójicamente, las cenizas que permitieron reconfigurar el cuerpo democrático de nuestro país. Si bien la libertad tuvo su entrada por la angosta puerta de un golpe de militar, que tampoco se abrió inmediatamente a la sociedad civil, esos aires de emancipación política no constituyeron un gesto de benevolencia de los poderes fácticos, sino que detrás vivía una historia que necesitaba ser contada para que las nuevas generaciones conozcan el frondoso árbol que dio frutos democráticos. Con sus nombres, testimonios de lucha e imborrables huellas de integridad pública. Pero se optó por la confusión y la desmemoria.

El último bastión de la pureza doctrinaria del coloradismo fue el doctor Luis María Argaña. A poco de su asesinato, durante el atentado del 23 de marzo de 1999, los conceptos programáticos de la Asociación Nacional Republicana fueron mezclados en una licuadora con otras justificaciones ideológicas antagónicas, donde “el Estado, como la objetivación más sublime de la solidaridad social” y el pilar esencial de la libertad, fue invadido por libertarios, neoliberales y hasta nostálgicos fascistas disfrazados de demócratas. Se rompieron los vínculos con el camino andado por los más sobresalientes hombres y mujeres del partido. No puede sostenerse vínculos con la memoria cuando se ignoran o se desconocen los cimientos del edificio doctrinario. Un edificio argamasado con ideas brillantes, anticipadoras de su tiempo y, por tanto, tan lúcidamente vigentes hasta el día de hoy.

El Partido Nacional Republicano no nació por azar, por generación espontánea o por el simple antojo de sus fundadores. Las últimas y desapasionadas internas para elegir candidatos que pugnarán en los comicios municipales del próximo 4 de octubre este año deben convocar a la reflexión. El simple discurso que pretende conmover ya no es suficiente. Fueron mensajes desabridos y sin contenido identitario. El momento exige retornar a la saludable práctica de “agitar ideas”, como reclamaba Ignacio A. Pane.

Tengo la esperanza de que, de tanto citar a Roberto L. Petit, alguien habrá de leerme alguna vez: “Hay que capacitar al pueblo y hacer que la política no solo se sienta, sino que, también, se piense racionalmente, de manera a elevarla a planos superiores, jerarquizarla y hacer de ella lo que necesariamente tendrá que ella ser: una actividad enderezada totalmente al bien público”. Sin memoria, ningún partido, aquí incluyo a todos, tendrá futuro. Buen provecho.