Este viernes, el Ministerio de Salud informó que la carga de internación por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) se concentra fuertemente en las edades extremas como adultos mayores de 60 años y niños menores de 2 años, que representan el 53 % de las hospitalizaciones. En lo que va del año reportan 267 los fallecidos asociados a virus respiratorios.

Según el reporte de Vigilancia de la Salud, las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves en las semanas epidemiológicas (SE) 40 a la (SE) 43, un total de 1.079 personas fueron hospitalizadas por infecciones respiratorias en los centros centinelas. De este número, el 18 % ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Las personas de 60 años y más lideran los ingresos hospitalarios con el 28 %, seguido por la franja de niños de menos de 2 años, que representa el 25 %, totalizando el 53 % de los internados. En la última semana se observa un descenso de internados”, resaltaron en el reporte.

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Afirmaron que la proporción de hospitalizados por infecciones respiratorias agudas se ubica por encima de la curva promedio. Siendo el rhinovirus el predominante entre los pacientes en un 57 %. Le siguen en frecuencia

• el metapneumovirus
• el virus sincitial respiratorio (VSR)
• influenza B,
• SARS-CoV-2
• adenovirus
• y parainfluenza e influenza A (H3N2).

En lo que va del 2026, se mantienen en 267 los fallecidos asociados a virus respiratorios. En estas últimas cuatro semanas se confirmaron 19 decesos asociados a la enfermedad. Desde la cartera sanitaria se recuerda no enviar a los niños con síntomas respiratorios a la escuela, colegio ni a la guardería, en cumplimiento de los filtros escolares.

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Por: Adelaida Alcaraz

Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.

El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.

Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.

Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.

Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.

Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.

“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.

El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.

La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.

Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.

Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.

Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.

La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.

El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.

Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.

La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.

La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.

El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.

La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.

Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.

Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.

En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.

El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.

La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.

La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.

El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.

Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.

Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.

Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.

“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.

Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.

De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.

En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.

La inteligencia artificial encontró fallos de seguridad en PHP, un lenguaje de programación que se utiliza en el 70 % de los sitios web en internet, lo que llevó a gobiernos y empresas de todo el mundo a cerrar sus páginas este jueves de modo preventivo para protegerse. Después de que las primeras alarmas saltaran en la víspera, este jueves muchas entidades decidieron mantener sus sitios cerrados.

En el Reino Unido, una alta funcionaria del área de Tecnología informó que 32 servicios gubernamentales estaban fuera de servicio, principalmente debido a “medidas de precaución”, mientras que otras páginas que habían estado fuera de servicio volvieron a estar operativas este jueves.

Creado a principios de la década de 1990, PHP es un lenguaje de programación informática que hace funcionar aproximadamente el 70 % de las páginas web del mundo. A diferencia de una web estática, que siempre envía la misma página a todos los usuarios, un sitio PHP se considera “dinámico”. Esto significa que genera su contenido consultando una base de datos, comprobando si el usuario ha iniciado sesión, mostrando información personalizada o actualizando el contenido en tiempo real.

Es “la columna vertebral de la web”, según la empresa de ciberseguridad Wiz Research, que afirma haber utilizado la IA para detectar vulnerabilidades ocultas en PHP desde hace más de diez años. PHP se utiliza en plataformas de creación de sitios web, como WordPress, Drupal o PrestaShop. Los fallos descubiertos podrían permitir a los piratas informáticos acceder a un gran número de estas webs, desde tiendas online hasta servicios públicos. Por eso muchos de ellos se han desconectado de forma preventiva.

Wiz y otros grupos utilizaron modelos de IA de última generación, como los de los gigantes estadounidenses OpenAI y Google, para sacar a la luz los puntos débiles de PHP en agosto. Este hallazgo se mantuvo en secreto hasta que se desarrolló una solución. OpenAI habla de “una nueva etapa, en la que la IA puede detectar fallos de seguridad con un impacto a escala de internet”.

Al margen de Wiz, la empresa de ciberseguridad Calif descubrió los fallos durante una auditoría del código PHP financiada por OpenAI. “El problema con herramientas como la IA es que, en el momento en que toda la información se hace pública, la gente puede convertirla en un arma con extrema rapidez”, declara a la AFP Steve Kerrison, profesor de ciberseguridad en el campus de Singapur de la Universidad James Cook. “Por eso todo el mundo actúa con tanta urgencia para abordar el problema”, añade.

“Que las páginas web estén fuera de línea no significa necesariamente que hayan sido pirateadas. Puede tratarse de una medida responsable para proteger los sistemas mientras se aplican las actualizaciones de seguridad”, explica Dimitrios Salampasis, de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Australia.

Según la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los fallos descubiertos “a menudo ofrecen acceso directo al sistema de archivos o a la base de datos del servidor”, lo que potencialmente permite a un pirata informático tomar el control de dichos servidores sin siquiera necesidad de introducir una contraseña.

Hasta ahora “los investigadores en seguridad han constatado que nadie lleva a cabo ataques de forma activa”, precisa Salampasis. El investigador Ryan Austin, que ha trabajado en este lenguaje para la empresa de ciberseguridad Calif, declaró a la BBC este jueves que “por el momento no parece que una explotación de esta vulnerabilidad se haya generalizado ni se haya extendido”.

Sin embargo, el equipo Amazon Threat Intelligence, dedicado a las amenazas en línea, informó que detectó un intento de aprovechar las vulnerabilidades incluso antes de la fecha de la divulgación oficial del fallo. “Aún no está claro cómo este actor obtuvo la información” relacionada con estas fallas, agregó la empresa.

La naturaleza compleja de los sistemas en línea, que usan interfaces de terceros, hace que algunos fallos puedan persistir incluso después de que se haya resuelto el problema. Si estas interfaces de terceros utilizan PHP, aunque se haya corregido el problema “sigues siendo vulnerable”, subraya Rahat Masood, profesor de ciberseguridad en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney. Unas medidas de ciberseguridad sólidas deben incluir varias capas de defensa, recuerda Kerrison.

Fuente: AFP.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invita a sus funcionarios a participar de la segunda jornada de capacitación en ciberseguridad, una iniciativa que busca fortalecer la prevención de ataques informáticos y promover el uso seguro de las herramientas digitales dentro de la institución.

La actividad tendrá lugar el jueves 29 de octubre, de 13:00 a 14:30, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, en el marco del Mes de la Ciberseguridad, que se conmemora internacionalmente durante octubre.

Luego de la buena respuesta registrada en la primera jornada, se espera una mayor afluencia de participantes en este nuevo encuentro, que abordará cuestiones clave para la protección de los datos y los sistemas informáticos del Poder Judicial.

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Durante la capacitación, los asistentes podrán adquirir herramientas para reconocer amenazas cibernéticas, identificar riesgos, manejar adecuadamente información sensible y prevenir incidentes de seguridad. También se hará hincapié en la importancia de resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos institucionales.

La propuesta forma parte de la campaña integral de concienciación en ciberseguridad dirigida a los funcionarios judiciales y está a cargo de la Dirección de Ciberseguridad y Protección de la Información (DCPI), responsable de impulsar acciones de formación para reducir los riesgos digitales dentro de la institución.

La participación está abierta a los funcionarios interesados. La inscripción se realizará en línea mediante el escaneo de un código QR al inicio del taller.

Las jornadas cuentan con la aprobación del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad informática institucional.

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