Todo el personal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) será puesto en licencia administrativa a partir del viernes, incluidos los funcionarios desplegados en extranjero, según un documento publicado por la entidad en su web el martes por la noche.
La decisión fue tomada luego de que el magnate Elon Musk, el hombre más rico del mundo y polémico asesor del presidente Donald Trump que tiene como tarea reducir el gasto gubernamental, revelara el lunes que la Usaid, que gestiona miles de millones de dólares en cooperación en todo el mundo, “cerrará”.
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El secretario de Estado, Marco Rubio, precisó posteriormente que no desaparecerá, pero que pasará bajo su control ya que Estados Unidos no hace “caridad”. Desde entonces, decenas de altos funcionarios de la Usaid ya habían sido puestos en baja laboral y el acceso a la sede principal de la agencia en Washington fue bloqueado.
“El viernes 7 de febrero de 2025, a las 11:59 p.m. (hora del este) [4:59 GMT del sábado], todos los empleados directamente contratados por Usaid serán puestos en licencia administrativa en todo el mundo”, con excepción del personal considerado esencial, según la nota publicada en internet.
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Los trabajadores desplegados en el extranjero y sus familias disponen de 30 días para regresar a Estados Unidos, añade el memorando, sin dar más detalles. La decisión ha sorprendido y conmocionado a la agencia independiente, creada por una ley del Congreso estadounidense en 1961 y que cuenta con un presupuesto de más de 40.000 millones de dólares para ayuda humanitaria y al desarrollo en todo el planeta.
La Usaid emplea a unas 10.000 personas, dos tercios de las cuales están destinadas en el exterior, según el Servicio de Investigación del Congreso. Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ordenó congelar la ayuda exterior estadounidense, salvo algunas excepciones, mientras se revisa durante 90 días si se ajusta a sus objetivos de política exterior.
Fuente: AFP.
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Unos 200.000 aligátores resguardan el “Alcatraz de los caimanes”
El presidente estadounidense, Donald Trump, recorrió un nuevo centro de detención en Florida llamado “Alcatraz de los caimanes” y bromeó diciendo que los reptiles harán de guardias. La construcción del llamado “Alcatraz de los caimanes” ha provocado indignación entre los críticos de la política migratoria de Trump por considerarlo inhumano, y protestas de ecologistas por hallarse cerca de un parque nacional.
Pero a Trump, impulsor de una política migratoria drástica desde que volvió al poder en enero, le parece una iniciativa fantástica. Se halla en un aeropuerto abandonado, en una zona de bosques de manglares y pantanos en los Everglades. “En muy poco tiempo, esta instalación albergará a algunos de los migrantes más amenazantes, a algunas de las personas más viciosas del planeta”, dijo Trump a periodistas. “Estamos rodeados de millas de pantanos traicioneros y la única salida es realmente la deportación”, añadió el republicano de 79 años, que no ve más que ventajas.
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Los caimanes “policías”
“Muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes (...) no hay que pagarles tanto”, dijo. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, recibió al presidente en la pista. “Queremos eliminar la burocracia (...) para llevar a cabo la expulsión de estos ilegales”, sostuvo DeSantis. Trump miró con admiración las literas en jaulas de metal de la instalación, construida para albergar a 1.000 personas, pero que podría ampliarse más tarde para albergar a 5.000.
¿La idea es que las serpientes y caimanes los ataquen si se escapan?, preguntaron los periodistas a Trump antes de que partiera de Washington. “Supongo que ese es el concepto”, contestó. “Las serpientes son rápidas, pero los caimanes... Vamos a enseñarles cómo escapar de un caimán, ¿de acuerdo? Si escapan de la prisión, cómo huir. No corras en línea recta. Corre así. ¿Y sabes qué? Tus posibilidades aumentan aproximadamente un 1%”, ironizó haciendo un movimiento en zigzag con la mano.
Después de las bromas dijo que le gustaría deportar a los “criminales” que se han naturalizado como estadounidenses. “Es controvertido, pero no me importa en absoluto”, comentó y equiparó falsamente a los migrantes con criminales. El republicano ha enviado a más de 200 migrantes en situación ilegal a una megacárcel en El Salvador, y a otros a la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
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Solo “caimanes y pitones”
El gobierno de Trump asegura que su prioridad es detener a migrantes con antecedentes penales, pero en realidad muchos han sido arrestados sin cargos y de todos modos la administración considera “criminal” a todo aquel que haya entrado sin visa en el país. Unos 200.000 caimanes, que pueden superar los cuatro metros de largo cuando son adultos, habitan en el Parque Nacional de los Everglades.
Los ataques de caimanes a personas son inusuales en Florida. Entre 1948 y 2022 se registraron 453 “mordeduras accidentales no provocadas”; 26 terminaron en muertes, según la Comisión de conservación de la fauna de Florida. Pero las autoridades han exagerado el riesgo. “Si la gente sale, no les espera gran cosa, aparte de caimanes y pitones”, declaró recientemente el fiscal general de Florida, James Uthmeier, al describir el campo de detención.
Mientras el republicano estaba en Florida, el Senado aprobó por estrecho margen su megaproyecto de ley de presupuesto federal bautizado “Ley grande y hermosa”. El texto incluye financiación para un vasto programa de deportaciones de migrantes en situación irregular, que engloba la construcción de más centros de detención.
Fuente: AFP.
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Argentina pide a jueza suspender fallo sobre YPF
Argentina solicitó a una jueza estadounidense suspender el fallo que le ordena entregar el 51 % de las acciones de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para saldar una deuda de 16.100 millones de dólares, según el escrito publicado este miércoles por la prensa local. La solicitud fue presentada el martes por la tarde ante la jueza Loretta Preska de Nueva York en tanto Argentina prepara los argumentos de la apelación.
Si la petición de suspensión no fuera atendida, Argentina recurrirá a tribunales superiores al argumentar que el cumplimiento de la orden de Preska representa para la petrolera un “daño irreparable”, de acuerdo al texto de la presentación. En el escrito Argentina argumentó que el caso tiene “circunstancias extraordinarias” y que no se trata de una “simple disputa comercial entre empresas”.
“Esta disputa afecta la soberanía de Argentina” porque se dirime sobre “activos estratégicos” del país, afirmó el documento. También deja claro que “los demandantes no se verían perjudicados por una suspensión que sólo mantendría el statu quo a la espera de la revisión” de apelación.
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Y explica que Argentina “no puede vender sus acciones en YPF sin la intervención del Congreso” para su aprobación. El lunes, la jueza había ordenado la entrega de las acciones para saldar la deuda que beneficia a dos empresas afectadas por la nacionalización de petrolera en 2012.
La sentencia fija además un plazo de 14 días para la transferencia del paquete de acciones a una cuenta de custodia en el Banco de Nueva York Mellon (BNYM), antes del cambio de titularidad a los beneficiarios. En 2012, Argentina expropió 51 % de las acciones de YPF, entonces parcialmente controlada por la española Repsol.
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Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar el litigio.
Pero accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4 % del capital de YPF, presentaron en 2015 una demanda alegando que Argentina había obviado presentar una oferta pública de adquisición (OPA). El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales. Ahora sería beneficiario del 38 % de la sentencia.
Fuente: AFP.
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Sean “Diddy” Combs fue condenado solo por cargos menores
El rapero y magnate musical Sean “Diddy” Combs fue absuelto el miércoles de asociación ilícita y tráfico sexual, pero declarado culpable de dos cargos menos graves de prostitución, tras un mediático y maratónico juicio en Nueva York. A Combs se le denegó la libertad bajo fianza después de que el jurado lo declarara culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
Sin embargo, el pionero del hip-hop, otrora una de las figuras más poderosas de la música, fue absuelto de un importante cargo de crimen organizado y dos de tráfico sexual que podrían haberlo enviado a cadena perpetua. “Hoy es un gran día, hoy es una victoria, hoy es la victoria de todas las victorias para Sean Combs y nuestro equipo legal”, declaró uno de sus abogados, Marc Agnifilo, y afirmó que continuaría la “lucha” hasta su liberación.
Tras siete semanas de juicio, y poco más de dos días de deliberaciones, el portavoz del jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, anunció al juez Arun Subramanian su veredicto. Aliviado, Combs, de 55 años, juntó las manos como si rezara y las agitó varias veces en un gesto de agradecimiento. Luego se volvió a su familia, que a lo largo del juicio le ha arropado, y murmuró: “Me voy a casa”.
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Pero el juez cortó en seco sus pretensiones. Dispuso que Combs permanezca en una prisión de Brooklyn, en la que está desde su arresto en septiembre pasado, hasta que se dicte la sentencia, posiblemente en octubre.
Subramanian alegó que tanto el magnate como su defensa no han logrado demostrar que Combs “no representa peligro para nadie”, en particular para sus acusadoras, y recordó que, en junio de 2024, cuando estaba bajo investigación, hubo un incidente violento contra una expareja.
Sus abogados habían propuesto una fianza de un millón de dólares y entregar su pasaporte.
La fiscalía acusó al fundador de la discográfica Bad Boy Records de obligar a dos exparejas, Casandra “Cassie” Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane”, a mantener relaciones sexuales no deseadas con prostitutos, con ayuda de empleados.
Ventura, pareja de Combs durante más de una década, lo había denunciado en la justicia civil por violación y agresión sexual. El caso se resolvió extrajudicialmente tras el pago de 20 millones de dólares, pero desencadenó una avalancha de demandas civiles y, finalmente, cargos penales.
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“Cicatrices”
El jurado había llegado a un veredicto parcial el martes, pero no logró el consenso necesario sobre el cargo de asociación ilícita, el más grave de los cinco en contra de Combs. El juez les ordenó continuar las deliberaciones y el miércoles llegaron sorprendentemente rápido a un acuerdo unánime.
El abogado de Ventura, Douglas Wigdor, dijo que su cliente “allanó el camino” en la búsqueda de justicia.
“Este caso ha demostrado que hace tiempo que debería haberse producido un cambio, y seguiremos luchando en nombre de los supervivientes”, dijo en un comunicado enviado a la AFP.
Desde inicios de mayo se presentaron en el juicio testimonios por momentos perturbadores, además de miles de páginas de registros telefónicos, financieros y audiovisuales que pusieron en evidencia un comportamiento violento, controlador y perverso del multimillonario.
Combs se declaró inocente de los cargos y decidió no testificar, una estrategia de defensa común en Estados Unidos.
La fiscalía afirmó en un comunicado que se hizo “un enfoque centrado en las víctimas”.
“Los delitos sexuales dejan profundas cicatrices en las víctimas, y la inquietante realidad es que (...) están demasiado presentes en muchos aspectos de nuestra sociedad”, señaló. En otro juicio emblemático celebrado recientemente, el exmagnate del cine de Hollywood Harvey Weinstein fue absuelto de una de las dos acusaciones de agresión sexual que pesaban sobre él. Volverá a ser juzgado por violación tras las desavenencias del jurado que no se puso de acuerdo.
Fuente: AFP.
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Justicia estadounidense anuló dos absoluciones en caso Fifagate
Una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló ayer miércoles las sentencias absolutorias a un exejecutivo argentino de 21 Century Fox y a la empresa Full Play en el marco del megacaso de corrupción de la FIFA que estalló en 2015. El escándalo conocido como ‘Fifagate’ comenzó ese año con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y operativos policiales en Zúrich, Suiza, en busca de varios responsables de la FIFA involucrados en un vasto sistema de corrupción en las confederaciones Sudamericana (Conmebol) y de América del Norte (Concacaf).
La decisión deja sin efecto el fallo de la jueza Pamela Chen, que el 1 de septiembre de 2023 declaró nulas las condenas a Hernán López, ejecutivo de 21 Century Fox, y a la agencia argentina de marketing deportivo por pagar sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano en negociaciones sobre derechos de televisión y marketing.
“Sostenemos que el tribunal de distrito se equivocó al concluir que la conducta de los demandados no entraba en el ámbito de la ley 1346. Por lo tanto, anulamos las sentencias del tribunal de distrito”, concluye el tribunal de apelaciones del segundo circuito que “devuelve” el caso para que se “lleven a cabo nuevos procedimientos de conformidad con esta opinión”.
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El 9 de marzo de 2023 un jurado popular declaró culpables a López y a Full Play de fraude electrónico y conspiración para lavado de activos en el marco de un esquema para sobornar a ejecutivos de la FIFA, Conmebol y, en el caso de Full Play, la Concacaf.
Por ese fallo, López enfrentaba una pena de hasta 40 años de prisión y millones de dólares en multas. Asimismo, Full Play, propiedad de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, fue condenada a pagar elevadas sanciones. Pero en aplicación de un fallo de la Corte Suprema que determinó que el fraude electrónico no se aplicaba al soborno comercial en el extranjero, la jueza anuló la condena, así como la de lavado de activos.
Este caso se enmarca en el denominado “FIFAgate”, una historia de corrupción masiva que empezó en 1991 y que el FBI, la policía estadounidense, empezó a investigar con ayuda de un dirigente arrepentido, Chuck Blazer (miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y ex secretario general de la Concacaf) que había sido acusado en Estados Unidos de fraude fiscal.
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En 2015, la fiscalía estadounidense acusó a miembros de la FIFA, Conmebol y Concacaf, así como a ejecutivos de marketing deportivo, por su presunta participación en esquemas de soborno. Muchos, se declararon culpables. Otros, murieron en el proceso.
En noviembre de 2017, se sentaron en el banquillo Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol y ejecutivo de fútbol paraguayo, José María Marín, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y Manuel Burga, ejecutivo de fútbol peruano. Napout y Marin fueron condenados, mientras que Burga fue absuelto.
Fuente: AFP.