Una mujer de Tennessee que había sido condenada a la pena capital por asesinato sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada este jueves, anunciaron sus abogados, dando cuenta de la segunda ejecución fallida en ese estado en pocos meses. Horas antes, la Corte Suprema estadounidense había dado luz verde para que Christa Pike, de 50 años, se convirtiera en la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado sureño en 200 años. Pero la ejecución no funcionó.

“Este hecho es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida en la era moderna”, declaró al diario New York Times Robin Maher, directora de la oenegé Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “No hay precedentes”, insistió. El Departamento de Corrección de Tennessee, encargado de administrar los centros penitenciarios, afirmó que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado”, y agregó que Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la cárcel.

Según sus abogados, la reclusa fue trasladada a un hospital cercano, pero, dijeron, no han sido informados de cómo se encuentra. “Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal”, anunció su equipo de defensa en un comunicado. El pasado mayo, Tennessee tuvo que suspender la ejecución por inyección letal de Tony Carruthers porque el personal médico no conseguía encontrarle una vena para administrársela.

Tras el malogrado ajusticiamiento, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de otra ejecución prevista para este año y pidió una “revisión global por parte de terceros” de lo sucedido con Pike, según medios locales. La reclusa debía ser ejecutada a las 10:00 locales (15:00 GMT) en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde varios testigos, incluidos periodistas, estaban presentes para la administración de las inyecciones.

“Parece que esto no salió como se suponía que debía salir”, dijo el periodista de investigación John North, de WBIR, quien presenció la escena. “Cuando salimos del edificio, hasta donde sabíamos, probablemente seguía viva”, añadió.

Siete reporteros que estaban en la sala para presenciar la ejecución dijeron en una transmisión en vivo que la mujer cantaba y se movía en algunos momentos, se quejó de dolor en el brazo después de la inyección y estaba claramente viva y roncando antes de que los funcionarios penitenciarios los sacaran del recinto.

Durante la transmisión en directo, se pudo ver una ambulancia con las luces encendidas saliendo del lugar de la ejecución. No quedó claro si trasladaba a Pike.

El procedimiento de ejecución siguió adelante horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que podía proceder, con las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en desacuerdo.

La última ejecución de una mujer en Estados Unidos fue la de Amber McLaughlin, en 2023 en Misuri, quien fue también la primera mujer transgénero ejecutada en el país. En Estados Unidos, sólo 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La ejecución de Pike debía ser la número 30 desde comienzos de año en Estados Unidos, 16 de ellas tan solo en Florida. Todas se realizaron mediante inyección letal.

Pike fue condenada a la pena capital por el homicidio de una compañera de clase, hace tres décadas, a la edad de 18 años.

Christa Pike y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su pareja, que entonces tenía 17 años, fue condenada a cadena perpetua.

El asesinato en 1995 atrajo la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo que suele asociarse con el satanismo.

“Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave”, escribieron sus abogados en una petición de clemencia al gobernador de Tennessee, que rechazó intervenir. Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.

“Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos”, añadieron. La Corte Suprema ya había rechazado el martes una solicitud para suspender la ejecución. Un grupo de expertos de la ONU había instado al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee a “detener de inmediato” la ejecución y conmutar su sentencia de muerte.

Fuente: AFP.

• Melissa Palacios

La nueva cuota de carne vacuna establecida por Estados Unidos abre una oportunidad para Paraguay, pero también plantea desafíos para el sector cárnico nacional. Referentes del sector productivo, empresarial y sanitario analizaron el alcance de esta ventana comercial y la importancia de aprovecharla para fortalecer la presencia de la carne paraguaya en ese mercado.

La medida contempla el ingreso de 300.000 toneladas de carne vacuna magra sin arancel para el bloque de terceros países (Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos) durante 90 días, desde el 1 de setiembre, distribuidas en tres tramos de 100.000 toneladas, hasta noviembre.

En este contexto, representantes de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) señalaron las oportunidades que genera el mercado estadounidense y los desafíos que enfrenta Paraguay para aprovechar el contingente.

Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), resaltó a La Nación/Nación Media la importancia de esta oportunidad para el sector y señaló que aunque todavía es prematuro medir los resultados, el acceso al mercado estadounidense permite seguir fortaleciendo la presencia de la carne paraguaya.

El gerente de la CPC destacó que uno de los principales valores de esta oportunidad está en la posibilidad de que Paraguay gane reputación y presencia entre los importadores estadounidenses. En ese sentido, mencionó que el mercado de Estados Unidos hoy es prioritario para el gremio y recordó que su apertura cambió la dinámica del comercio exterior de la carne paraguaya.

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“Lo que sí permite es que Paraguay vaya ganando reputación en Estados Unidos, que aparezcamos en el radar de más y más importadores, que los importadores de carne empiecen a mirar a Paraguay como una opción”, sostuvo.

La oportunidad también permitió redireccionar parte de la carne que anteriormente era enviada a otros destinos, y se trata de un mercado que “está necesitando mucha carne que nosotros producimos”.

Sobre los próximos meses, Burt señaló que cada kilo que Paraguay consiga ingresar bajo las condiciones preferenciales será beneficioso. No obstante, remarcó que será necesario aprovechar los tiempos de producción y logística para utilizar la cuota de la mejor manera posible.

En cuanto a la competencia con Brasil, indicó que el país vecino cuenta con ventajas debido a su mayor volumen de producción, capacidad de entrega, escala y condiciones logísticas. Al compartir la cuota y aplicarse el criterio de primeros llegados, primeros servidos, consideró que tendrá una ventaja por su capacidad de abastecimiento, por ello el país debe seguir trabajando para ser considerado una opción de abastecimiento.

Daniel Prieto, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), indicó a LN que la apertura de la nueva cuota representa una oportunidad muy importante para Paraguay, porque Estados Unidos es un mercado de enorme dimensión y, además, atraviesa un periodo de menor disponibilidad de ganado, con una reducción de su hato bovino y de la faena, lo que genera una mayor necesidad de abastecimiento de carne desde el mercado internacional.

“Para nosotros, lo más importante es entender que esto no debe verse solamente como una oportunidad coyuntural. Paraguay ya ha demostrado que tiene capacidad para ingresar y competir en este mercado”, mencionó.

Asimismo, recordó que Estados Unidos adquirió cerca de 49.500 toneladas de carne paraguaya, convirtiéndose en el segundo destino en volumen. Durante 2026, los envíos continuaron creciendo: en el período enero-agosto, se registró un incremento del 55 % en volumen y del 8 % en valor FOB respecto del mismo período de 2025 con un precio promedio de exportación que se situó en USD 5.967 por tonelada.

El desafío ahora es transformar esta oportunidad comercial en una relación de largo plazo, con mayor previsibilidad y mejores condiciones de acceso para nuestra producción, asegurando que es un desafío para toda la cadena.

“Tenemos que mirar esta competencia con realismo. Brasil juega en otra escala: es uno de los principales exportadores de carne bovina del mundo y sus volúmenes de exportación hacia Estados Unidos son muy superiores a los de Paraguay”, dijo.

A su vez, señaló que nuestra fortaleza está en la capacidad de producir carne de calidad, con condiciones sanitarias reconocidas, trazabilidad y una cadena productiva con capacidad de seguir creciendo.

Por eso, sostuvo que Paraguay no debe plantearse esta competencia únicamente en términos de volumen, sino también en términos de valor y diferenciación. “Tenemos la posibilidad de posicionar distintos cortes de acuerdo con las características y exigencias de cada mercado, incluyendo carne proveniente de animales terminados a pasto y en sistemas de feedlot (engorde a corral)”, dijo.

El objetivo debe ser desarrollar una estrategia comercial que permita capturar un mayor valor por los distintos cortes en cada mercado, buscando mejores precios y aprovechando las oportunidades que ofrece cada destino. También se debe aumentar progresivamente la participación en este mercado, aprovechando las oportunidades que se presentan, pero de manera ordenada y sostenible.

Primero, se debe consolidar la presencia de la proteína paraguaya en el mercado estadounidense, trabajando para lograr una cuota específica para Paraguay libre de arancel. “Para ello, necesitamos una coordinación estrecha entre el sector privado y el Gobierno, orientada a negociar mejores condiciones de acceso. La apertura de un mercado es apenas el primer paso; consolidarlo y hacerlo crecer requiere una estrategia permanente”, dijo Prieto.

Segundo, fortalecer la promoción de la marca país y de la carne paraguaya, mostrando al consumidor internacional no solamente el producto, sino también los atributos que lo respaldan: nuestro sistema de producción, la trazabilidad, las condiciones sanitarias y la calidad de nuestra carne.

Y finalmente, continuar aumentando la productividad y la calidad de nuestra ganadería, mejorando los indicadores productivos, la genética, la eficiencia reproductiva, la alimentación y el manejo. “De esta manera, podremos responder a una mayor demanda internacional y crecer de forma sostenible”, dijo.

Por su parte, José Carlos Martin, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), consideró que esta ventana es una oportunidad importante e interesante. “Yo creo que va a ser beneficioso para nuestro país, como para los competidores. Nosotros estamos esperanzados en utilizarla. Nuestra expectativa este año es llegar a utilizar 70.000 toneladas en total”, dijo a LN/NM.

Asimismo, manifestó que los números actualizados de la nueva cuota los maneja EE. UU. y una vez que termine el primer mes se tendrá más información. “La idea nuestra es aprovechar del 7 al 10 %, que vendría a ser unas 30.000 toneladas”, dijo.

Martin recordó que hay que entender que Paraguay está en una fase de transición y un momento de retención de vientres, en la recomposición de su hato ganadero, además de otros países de la región también. “Si bien la faena bajó mucho, ponerse expectativas de cumplir el 7 a 10 % y llegar a 70 mil toneladas, 10.000 más que el año pasado son proyecciones muy realistas”, acotó.

Sumado a ello dijo que desde la institución están siempre en conversaciones con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y cuentan con muy buenas relaciones en cuanto al aspecto comercial, a nivel técnico, y político.

“Tenemos una visita importante en noviembre en todo lo que es el Senacsa con todos los americanos para ver un poco el trabajo que venimos haciendo”, subrayó. Por último, resaltó que hoy se están cumpliendo los requisitos establecidos, entendiendo que si existen problemas se busca solucionarlos lo más rápido posible. Entre ellos citó a las presentaciones y exigencias del ámbito laboratorial que se van ajustando sin contratiempos.

Según la estimación del Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Paraguay podría sumar entre 5.000 y 10.000 toneladas adicionales de carne vacuna a las aproximadamente 60.000 toneladas que inicialmente proyectaba exportar a Estados Unidos durante el 2026, aprovechando la ventana extraordinaria que regirá hasta noviembre.

Desde el organismo los exportadores consideran que el país podría colocar entre 5.000 y 10.000 toneladas adicionales durante todo el período de vigencia de la medida, mientras Brasil apareció con posibilidades de absorber la mayor parte del contingente extraordinario.

Es por ello que señalaron que Paraguay podría terminar este 2026 con aproximadamente 65.000 a 70.000 toneladas exportadas a Estados Unidos, frente a una expectativa inicial cercana a las 60.000 toneladas.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió esta mañana al canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, para evaluar la agenda internacional prevista en Washington donde participará de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realizará este viernes 2 de octubre.

A través de las redes sociales de la Presidencia, informaron que durante este encuentro las autoridades diplomáticas de la región abordarán, entre otros temas, la situación de la democracia a nivel regional; sobre todo una de las principales preocupaciones de los Estados miembros es la situación política de Nicaragua.

Además, el canciller paraguayo tendrá la oportunidad de analizar con sus colegas del hemisferio aquellas amenazas regionales que representen un peligro para los países democráticos.

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El deterioro de la democracia en Nicaragua es un tema que preocupa a toda la región, por lo que desde el organismo regional estarán analizando las eventuales acciones apropiadas a tomar frente a las recientes reformas políticas y restricciones democráticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Reunión de Consultas de Cancilleres de la OEA, fue convocada por el Consejo Permanente y se celebrará sin la participación de Nicaragua, debido a que el país formalizó su retiro del organismo en 2023. Desde el organismo regional explican que esta “reunión de consulta”, es un instrumento poco común en la OEA.

Nicaragua está gobernada con mano de hierro por una pareja presidencial, el exguerrillero izquierdista Daniel Ortega (80 años) y su esposa Rosario Murillo. Ese fuerte control sobre la sociedad aumentó tras las protestas en 2018, que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.

Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno. Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios.

En los últimos cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales, tras una reforma constitucional aprobada a finales de 2024, que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murilo a copresidenta.

Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027, pero Ortega anunció recientemente que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)” puedan tomar el poder. El parlamento nicaragüense ratificó esa medida.

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