El Gobierno de Argentina, mediante el decreto 366/2025 firmado por el mandatario Javier Milei, oficializó su reforma migratoria estableciendo criterios estrictos para la residencia de extranjeros y la facilitación de los procesos de deportación para quienes cometan delitos en el vecino país.

“El Gobierno de Argentina ha reconocido la necesidad de adaptar su política migratoria a las nuevas realidades, asegurando que el país siga siendo un destino atractivo para los inmigrantes, pero con un marco legal que garantice la seguridad y el bienestar de todos sus habitantes”, sostiene el documento.

La medida quedó firme ayer jueves tras la publicación de la resolución presidencial en el boletín oficial. La reforma migratoria también fija mayores controles en las fronteras y regularización de la situación de inmigrantes.

Desde el gobierno argentino se argumenta que las modificaciones incorporadas a la normativa de Migraciones 25.871 tienen como objetivo impedir el ingreso de extranjeros que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que las personas que ingresen lo hagan de forma legal y con intenciones claras y legítimas.

De acuerdo a la publicación realizada por el medio argentino Infobae, la reforma aplicada por Milei también establece cambios a la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Ciudadanía 346.

“El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Asimismo se estableció que si aun cuando su condición migratoria fuera irregular, deberán “ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario” ya sea de carácter público o privado.

Con relación al ámbito de la salud, se aclaró que en caso de emergencia “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria”, mientras que los “extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

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Señala que “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el estado nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”.

En la reforma migratoria se ha fijado que los inmigrantes deberán presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina, exponiendo los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos.

Igualmente se ha potenciado el control sobre la documentación presentada por los extranjeros, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se han endurecido las sanciones para aquellos que ingresen de forma irregular o presenten documentaciones falsas.

En el ámbito de la educación superior, el decreto expresa que las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.

Sobre los estudios de grado de gestión estatal, se estableció que “serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.

Se menciona que dichas instituciones “podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.

Aquellas personas que no cuenten con la residencia permanente en el país, podrán acceder y “ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

Entre los puntos principales de la reforma migratoria, se fijo la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, cuyo fin será fomentar la inversión extranjera en el país a través de la concesión de la ciudadanía a aquellos que realicen inversiones significativas. Se busca atraer capitales extranjeros y generar empleo, contribuyendo al crecimiento económico del vecino país.

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• Ushuaia, Argentina. AFP.

Una ráfaga de viento subantártico sacude a la operaria Claudia Tigüel mientras acampa afuera de una fábrica en el extremo sur de Argentina. Allí, miles luchan por mantener la producción de celulares, amenazada por una medida del presidente Javier Milei. “Las fábricas son mi vida”, asegura.

En Tierra del Fuego, una provincia insular a 1.000 km de la Antártida, las industrias instaladas al amparo de exenciones fiscales son en su mayoría del rubro electrónico. Pero un decreto de Milei, un economista ultraliberal que aboga por el libre mercado, determinó el pasado martes una eliminación gradual de los aranceles a la importación de teléfonos para fomentar precios más competitivos.

En respuesta, los trabajadores de las fábricas de Tierra del Fuego donde se producen celulares, que emplean a unas 8.500 personas, llamaron a una huelga general y a una manifestación el miércoles.

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La protesta reunió a miles en Ushuaia, la ventosa capital provincial apodada “la ciudad del fin del mundo”. Bordeó el canal Beagle hasta el centro, bajo una temperatura de -4°C.

“Estamos luchando por nuestras fuentes de trabajo, somos muchas familias que dependemos de esta actividad”, dijo a la AFP Paula Mayor, operaria de NewSan, uno de los principales fabricantes de electrodomésticos y celulares del país.

Desde la semana pasada, cuando se anunció la medida que tomaría el gobierno, unos veinte trabajadores se instalaron en una carpa frente a una planta de NewSan, calefaccionados por tres tachos con fuego.

Entre ellos Tigüel, de 48 años. “La mitad de mi vida está aquí. Tratar de no dramatizar lo que nos pasa es imposible”, dice a la AFP.

En esta región, una ley de 1972 exime de impuestos a habitantes y empresas. La medida fue adoptada para fomentar el poblamiento de una zona de gran relevancia geopolítica, que pasó de 13.000 habitantes en la época a 190.000 ahora.

“Las fábricas son parte de la identidad de este lugar. Muchísimos vinieron a trabajar aquí de todas partes del país. Y gracias a ello se pobló el lugar”, relata Tigüel.

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Los aranceles a la importación de celulares bajarán del 16 al 8 % en una primera etapa y del 8 al 0 % desde enero de 2026.

Esto “pone en riesgo el futuro de la provincia y de miles de familias fueguinas”, dijo en la red X el gobernador Gustavo Melella.

Luis Galli, CEO del grupo Newsan, advirtió que las consecuencias “serán altas”.

El economista Juan Pablo de Luca estima que se comprometerán de “3.500 a 4.000 puestos de trabajo”.

“La industria promocionada explica cerca del 35 % de la economía fueguina, incluyendo uno de cada cuatro empleos privados. Solo en salarios implica 10 millones de dólares mensuales”, dice a la AFP.

Las principales críticas al sistema de producción local radican en su costo fiscal por la exoneración de impuestos.

Según el centro de investigación Fundar, el Estado deja de recaudar “1.070 millones de dólares” anuales por el régimen industrial de esta región, un 0,22 % del PIB.

El instituto provincial de estadísticas informa que en 2024 se fabricaron más de 10 millones de celulares Samsung, Motorola, TCL, ZTE y Alcatel, entre otros, que abastecen el 96 % del mercado nacional.

Pero el jefe de gabinete del gobierno argentino, Guillermo Francos, cuestiona que las fábricas de Tierra del Fuego solo “arman productos que vienen desarmados desde el exterior”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostiene que “en Argentina, un celular con tecnología 5G cuesta el doble que en Brasil o Estados Unidos”, y que los precios pueden bajar hasta un 30 % con la importación, además de “reducirse el contrabando y el robo de celulares”.

Frente a la planta fabril de Ushuaia, los compañeros de Claudia se ponen de pie para atajar la carpa de plástico amenazada por las ráfagas de viento.

“La fábrica es mi vida. Yo me crié acá. Al trabajar tanto tiempo en un lugar los compañeros empiezan a convertirse en familia”, afirma la operaria.

Raúl Caucota, que trabaja hace 35 años en el mismo puesto, asiente a su lado. “En mi caso es todavía peor. Con mi edad no podría conseguir otro empleo”.

Raúl se mudó hace décadas desde el otro extremo del país, la provincia norteña de Jujuy, buscando oportunidades para desarrollarse y formar una familia. “Primero fue un simple empleo pero ahora es parte de nuestra identidad. Un modo de vida que vamos a defender como sea necesario”, asegura.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de la ONU desarrollará una auditoría internacional sobre la elaboración y revisión de los pliegos de la futura licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná.

El organismo de la ONU firmó un Memorándum de Entendimiento (MDE) con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina para participar en la etapa de elaboración de los nuevos pliegos para la licitación que pretende el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, que comprende desde la confluencia del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata, haciendo foco en elaboración de los pliegos; seguimiento del proceso licitatorio; y defensa de la competencia.

El trabajo por parte del organismo internacional busca “asegurar la transparencia y la objetividad en todas las etapas del proceso”, según el comunicado oficial que publicó el medio argentino El Litoral.

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Siguiendo con el comunicado, tras este acuerdo: “Se implementará una auditoría de defensa de la competencia, reforzando el marco de competencia leal, y sin privilegios que puedan afectar la igualdad de oportunidades”. Además, “el memorándum genera un ámbito de cooperación entre la UNCTAD y ANPyN, en el que se destaca el asesoramiento y asistencia técnica en la elaboración de los pliegos para la licitación de la privatización de la Hidrovía”.

El Gobierno argentino había abierto un proceso de licita­ción para concesionar por 30 años la operatoria de la hidro­vía Paraná-Paraguay. Sin embargo, en febrero declaró la nulidad de la lici­tación porque hubo una sola empresa oferente.

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La única empresa oferente fue la firma belga Dregding Environmental & Marine Engineering (DEME), lo que, según el vocero de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, “no deja de llamar atención”. Incluso acusó a la firma de supuestamente haberse “ocupado de teñir el proceso de una supuesta falsa de transparencia y falsos direccionamientos a través de manifestaciones públicas, reclamos administrativos y demandas ante la Justicia”.

Desde el Cen­tro de Armadores Fluviales y Maríti­mos del Paraguay (Cafym) habían expresado la preocupación sobre la deci­sión del Gobierno argentino, ya que afecta directa­mente al transporte fluvial y la competitividad de nues­tro país para la importación y exportación de productos.

“Lo que realmente nos preocupa es la falta de claridad, la falta de definición y lo incidentado que viene siendo esta licita­ción desde el inicio. Es la obra de licitación más importante que va a tener el gobierno de Javier Milei, por ende, está en el foco de todos. Esta falta de definición nos deja muy preo­cupados con respecto a cómo va a seguir, cómo se va a resol­ver”, había dicho en febrero el entonces presidente de Cafym, Raúl Valdez.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

En un modesto departamento en Buenos Aires, Rita López muestra una vieja lata de arvejas -verdes, irónicamente- donde guarda un rollo de dólares, un lugar que le da más confianza que cualquier entidad bancaria. “Yo ni loca pongo mis ahorros en el banco”, dice a la AFP esta mujer de 84 años que pidió usar un nombre ficticio por temor de que le roben.

López no es una excepción. El gobierno estima que 200.000 millones de dólares están fuera del sistema bancario argentino, guardados en casas, cajas fuertes y toda clase de escondites domésticos. Son los llamados “dólares del colchón”, que se calcula suman cinco veces las reservas brutas del Banco Central, de alrededor de 38.000 millones de dólares.

“Los ‘dólares del colchón’ es una metáfora para los dólares no bancarizados”, explica a la AFP Julián Zícari, economista de la Universidad de Buenos Aires. Están “fuera del sistema, no van a las reservas ni generan capacidad prestable a los bancos, lo que crea desventajas para la economía”.

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Con la intención de captar estos ahorros, el gobierno del ultraliberal Javier Milei lanzó el jueves un plan que deja de imponer penalidades para quienes vuelquen en el sistema el dinero sin declarar, a la vez que elimina la obligatoriedad de explicar el origen de los fondos.

También eleva en más de diez veces el umbral de dinero a partir del cual se debe reportar una operación al fisco.

“No me importa en lo más mínimo de dónde se sacan los dólares”, dijo Milei en una entrevista el lunes ante cuestionamientos de que este relajamiento de las normas podría estimular el lavado de dinero.

“Me parece un horror que uno no pueda usar sus dólares libremente”, sostuvo el presidente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que la medida anunciada el jueves bajo la premisa “tu dólar, tu decisión” se trate de una amnistía o que facilite el lavado de activos. El decreto publicado este viernes será acompañado de un proyecto de ley.

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En el tarrito de López hay más que dólares: alberga la memoria de generaciones marcadas por las 16 crisis económicas que Argentina atravesó desde 1860. Siete ocurrieron en los últimos 50 años e incluyeron licuación de ahorros por inflación, retención de dinero depositado o canje por bonos a largo plazo.

“En 2001 yo ejercía como abogada y tuve que ayudar a mucha gente que había puesto su plata en los bancos y quería rescatarla”, recuerda López sobre el “corralito”, cuando en diciembre de ese año el gobierno del expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) restringió el acceso a los depósitos de los ahorristas frente a una corrida bancaria.

“El que guardaba los ahorros en el banco fue mi padre, siempre perdió”, cuenta López, quien decidió evitar las entidades bancarias tras la amarga lección familiar.

Frente al anuncio del gobierno, López ríe con incredulidad: “Un día el gobierno te dice una cosa y después sube otro gobierno y hace otra. No confío. No los pondría en el banco”.

El hábito de ahorrar en dólares en efectivo penetra también la cultura popular.

“¿Nunca te agarró un corralito?”, pregunta un personaje de la serie argentina El Encargado. “Jamás bancaricé: papelito sobre papelito, debajo del colchón”, responde el protagonista de la comedia que retrata la vida del conserje de un edificio en Buenos Aires.

En los últimos 40 años todos los presidentes menos uno, Néstor Kirchner (2003-2007), implementaron blanqueos de capitales para atraer a los “dólares del colchón”. El año pasado el gobierno de Milei consiguió aprobar un blanqueo de capitales por el cual ingresaron 22.156 millones de dólares al sistema, algo que dio impulso a las reservas y sostuvo la calma en el mercado de cambios.

Esta calma es crucial para domar la inflación que atormenta históricamente a los argentinos. En Argentina, el precio del dólar influye en las expectativas económicas de la población y, normalmente, sus saltos se trasladan a aumentos de precios.

Por eso, mantener el tipo de cambio bajo es una de las tareas más importantes que se propuso Milei, quien consiguió reducir la inflación de 211 % en 2023 a 118 % en 2024, aunque a un costo social alto.

El plan para fomentar la bancarización de los dólares del colchón “no constituye una política de normalización financiera”, criticó el economista independiente Pablo Tigani en una columna en el diario Ámbito. Es “una amnistía fiscal encubierta, carente de marco legal, que podría habilitar el ingreso masivo de capitales de origen ilícito”. El periodista argentino Marcelo Longobardi cristalizó esta idea en su programa de streaimng: “Es evidente que en Argentina pagar impuestos no es negocio. Los contribuyentes normales miramos esto con estupor: ¡Otra vez, otra vez!”.