Fuente: Agencia AFP
Uno de los testigos en la investigación por el asesinato de un exmilitar y disidente venezolano el año pasado en Santiago aseguró que el crimen fue perpetrado por orden del ministro y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reveló este jueves la Fiscalía chilena.
El exteniente Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por policías y lo sacaron de su apartamento en ropa interior. Su cuerpo fue hallado nueve días después dentro de una maleta enterrada en una barriada de Santiago.
“Hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano, y al menos uno, que está con identidad reservada, manifestaría que el encargo había venido del señor Diosdado Cabello”, aseguró el fiscal Ángel Valencia, en entrevista con T13 Radio.
En 2023, el gobierno de Gabriel Boric le había concedido refugio a Ojeda después de que el exoficial escapara de una cárcel venezolana donde había sido recluido bajo cargos de conspiración. En sus redes sociales, el exteniente se describía como “preso político”.
Cuando se conoció el secuestro de Ojeda, Cabello rechazó, en su programa de televisión, cualquier relación del gobierno de Nicolás Maduro con el hecho. “Nada tenemos que ver, la sola duda ofende”, dijo el hoy ministro venezolano de Interior.
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Presidente de Colombia militariza ciudad fronteriza con Venezuela por ola de violencia
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización temporal de la principal ciudad de la frontera con Venezuela debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.
En los últimos días, Cúcuta fue escenario del asesinato de un aspirante a la alcaldía y de un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en la urbe donde operan guerrillas y otros grupos criminales, según el gobierno local.
Ordeno “la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, dijo el presidente sobre la capital del Norte de Santander (noreste).
Agrega que la policía y el ejército se desplegarán en la ciudad, sin especificar el número de uniformados.
Esta es la segunda ciudad militarizada por De la Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatados por una banda narcotraficante en septiembre.
La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.
Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.
En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.
- Fuente: AFP
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Investigan otro posible feminicidio tras muerte de una adolescente en Villa Hayes
La Fiscalía investiga un posible feminicidio, tras la muerte de una adolescente de 18 años en Villa Hayes, luego de la denuncia de familiares de presunta violencia y amenazas de muerte de parte de su pareja. La víctima, identificada como Sara Elizabeth Prieto (18), fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda.
Según el fiscal, el cuerpo presentaba hematomas y rastros de lesiones que llamaron la atención de los investigadores. La denuncia fue presentada en la mañana del miércoles, en la sede del Ministerio Público de Villa Hayes. “Aproximadamente a las 9:00 se acerca una familia a comunicarnos que a eso de las 6:40 encontraron a su hija de 18 años en el baño, sin signos de vida”, relató el fiscal César Pujol, en declaraciones a C9N.
Los familiares trasladaron a la joven hasta el Hospital de Villa Hayes, en donde confirmaron su deceso. “Manifestaron que la noche anterior ella había recibido una llamada telefónica y pidió auxilio a su familia porque su pareja le había amenazado de muerte y le había violentado”, detalló el agente fiscal.
Por esa razón, los familiares se acercaron a hacer la denuncia. “Estamos haciendo las investigaciones a fin de determinar la verdadera causa de muerte”, añadió.
El representante del Ministerio Público mencionó que llamó mucho la atención el primer diagnóstico del hospital que determinó como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.
“Llamó mucho la atención porque, conforme a las averiguaciones que conseguimos de las diligencias realizadas, una de las amigas había manifestado que días antes la pareja le había apretado el cuello tratando de ahorcarle, más la amenaza de muerte”, subrayó Pujol.
Una vez inspeccionado el cuerpo, observaron hematomas a nivel del miembro inferior, en la pierna derecha, como también en las rodillas y en los brazos. “Por ese motivo, el médico forense dispuso que se haga la autopsia para determinar la causa de fallecimiento y esclarecer las circunstancias”, apuntó.
El supuesto autor, Carlos Walter Mencia (19), ya se encuentra aprehendido. Todo indica que se trataría de un nuevo caso de feminicidio. “Hay indicios, tanto las declaraciones de las amigas como de la madre y algunos mensajes telefónicos que nos indican que nos encontramos ante un hecho de violencia”, puntualizó el fiscal.
Sin embargo, no hay antecedentes de denuncias anteriores por violencia familiar.
Asimismo, cuentan con imágenes de circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el hecho y de casas aledañas. Ya se encuentra a cargo del personal de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional para su estudio.
“También llamó mucho la atención que en el hogar se encontró una soga en el baño que, según los familiares, no era de la casa, y conforme a las lesiones inferiores, descartamos que se haya hecho pasar como un hecho de suicidio”, manifestó.
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Caso títulos falsos: Fiscalía depura lista de CGR por errores de carga
“Ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas”, señaló el fiscal Francisco Cabrera.
El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos.
Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso. “A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, el día de ayer, al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.
Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.
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Fiscalía abre causa penal para investigar títulos universitarios sin acreditación
En el marco de la denuncia presentada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), desde el Ministerio Público se informó sobre la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones registradas entre 2023 y 2026 de carreras universitarias que no cuentan con acreditación vigente.
Para el caso, el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, conformó un equipo especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción que se encuentra integrado por los agentes Silvia González, Laura Giaucummo y Christian Benítez.
La denuncia impulsada por la Aneaes surge tras un proceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.
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La institución encabezada por José Duarte Penayo remitió los datos a la Fiscalía y requirió analizar el inicio de una investigación para verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas.
El informe entregado por la Aneaes coloca especial atención en las carreras cuya acreditación es obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución también se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irregulares.
De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).