Fuente: Agencia AFP
Uno de los testigos en la investigación por el asesinato de un exmilitar y disidente venezolano el año pasado en Santiago aseguró que el crimen fue perpetrado por orden del ministro y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reveló este jueves la Fiscalía chilena.
El exteniente Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por policías y lo sacaron de su apartamento en ropa interior. Su cuerpo fue hallado nueve días después dentro de una maleta enterrada en una barriada de Santiago.
“Hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano, y al menos uno, que está con identidad reservada, manifestaría que el encargo había venido del señor Diosdado Cabello”, aseguró el fiscal Ángel Valencia, en entrevista con T13 Radio.
En 2023, el gobierno de Gabriel Boric le había concedido refugio a Ojeda después de que el exoficial escapara de una cárcel venezolana donde había sido recluido bajo cargos de conspiración. En sus redes sociales, el exteniente se describía como “preso político”.
Cuando se conoció el secuestro de Ojeda, Cabello rechazó, en su programa de televisión, cualquier relación del gobierno de Nicolás Maduro con el hecho. “Nada tenemos que ver, la sola duda ofende”, dijo el hoy ministro venezolano de Interior.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Fiscalía acusa a Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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Consejo de la Magistratura detectó inconsistencias documentales y promovió denuncia ante la Fiscalía
Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.
La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.
Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.
Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.
La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.
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Venezuela excarceló a tres antiguos presos políticos bajo la ley de amnistía
Venezuela excarceló bajo la ley de amnistía a tres antiguos presos políticos el martes, quienes tenían más de 20 años en prisión, luego del anuncio del jefe del Parlamento sobre la excarcelación esta semana de 300 detenidos. La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington en enero.
"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Entre los primeros liberados mencionó a exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013). Estas excarcelaciones ocurrieron la noche del martes.
“Confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos presos políticos: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003. Nunca debieron estar tras las rejas”, informó la ONG Foro Penal en un mensaje en Instagram. Los exfuncionarios habían sido condenados a 30 años de prisión, acusados de disparar a manifestantes. En marzo se les había negado la amnistía.
“Lo primero que tengo que decir a los familiares de los presos políticos es que mantengan la fe. Fuerza, sí se puede. Pasar por este proceso no es nada fácil”, dijo Erasmo Bolívar en un video publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. “Sé que no va a ser fácil reincorporarnos tras más de dos décadas”, agregó a su salida de la cárcel Fénix, ubicada en la región centro-occidental de Venezuela.
El adiós a Carmen Navas
La promesa de nuevas excarcelaciones ocurre el mismo día en que los venezolanos dieron el último adiós a Carmen Navas de 81 años, cuyo hijo Víctor Quero Navas murió en custodia del Estado tras ser detenido en enero de 2025. Navas buscó incansablemente a su hijo durante más de un año y se le negó su lugar de reclusión en múltiples oportunidades, hasta que las autoridades le informaron el 7 de mayo que el fallecimiento de Quero había ocurrido en julio de 2025.
Días después de reconocer el cuerpo y darle sepultura, Carmen Navas falleció y el martes fue sepultada junto a la tumba de su hijo. Decenas de personas la lloraron en silencio en un cementerio de Caracas. Lanzaban rosas y margaritas desde los flancos de su féretro.
Se convirtió en un “símbolo de resistencia” para familiares, activistas y perseguidos políticos en Venezuela que el martes la despidieron entre llanto y reclamos. “Si algo logró Carmen fue convertirse en símbolo de la resistencia, de la resiliencia, de la terquedad”, consideró su sobrina Fabiola Parra, abogada de 57 años.
Otras excarcelaciones
En la mañana del martes unos 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera recibieron libertad condicional. El grupo es parte de un caso denominado ‘Pdvsa Obrero’ que implica a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación con la compañía estatal.
Todos se encontraban recluidos en Yare, una prisión ubicada a unos 75 km de Caracas. El caso ‘Pdvsa Obrero’ no recibió el beneficio de la amnistía. Las excarcelaciones se gestionaron mediante peticiones enviadas a la Defensoría del Pueblo y a una comisión parlamentaria creada para revisar casos no contemplados por la ley, explicó la abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos.
El lunes fueron también excarceladas una adolescente de 16 años y una mujer septuagenaria. “Bienvenido el anuncio sobre exarcelaciones y/o liberaciones de presos políticos, pero más que las palabras, son los hechos los que importan (...) Que no quede nadie por fuera es la consigna”, escribió en redes sociales Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.
Según Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante esta ley. Los datos contrastan con el parte oficial del gobierno interino, que contabiliza más de 8.000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Foro Penal contabiliza más de 400 personas detenidas por razones políticas aún en las cárceles venezolanas.
Fuente: AFP.