El expresidente de Bolivia Evo Morales ha presentado un recurso ante un juzgado de Santa Cruz para evitar su arresto, en el marco de su investigación por supuesto abuso de una menor en 2016, alegando ser víctima de una “persecución política”.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Leonardo Loza ha confirmado ayer martes el recurso presentado por la defensa legal de Morales un día antes en un juzgado de San Ignacio de Velasco, en contra de la orden de arresto emitida por el juez Nelson Rocabado tras no comparecer el expresidente en una audiencia judicial.
Loza ha explicado que ante la “persecución política” y los “tratos inhumanos e injustos” que viene padeciendo Morales, su equipo legal “ha solicitado una acción de libertad” que “ojalá proceda”, según recoge el canal Red Uno.
“Esperamos que todos los derechos se respeten y se haga el debido proceso y una debida investigación”, ha dicho Loza, quien ha asegurado que el expresidente boliviano se enteró a través de la prensa de que había sido declarado en rebeldía.
El 17 de enero, el juez Nelson Rocabado ordenó la detención de Morales por no presentarse en una audiencia como medida cautelar en los juzgados de Tarija, después de que su comparecencia fuera aplazada anteriormente por motivos de salud.
Desde septiembre de 2026, la justicia investiga un presunto abuso que Morales habría cometido cuando era presidente sobre una joven de 16 años, del cual nació una niña. El padre de la supuesta víctima fue detenido, no así la madre, que sigue desaparecida. La investigación apunta que se habrían beneficiado políticamente.
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Morales se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, quienes ya han advertido a las autoridades que defenderá al expresidente de cualquier intento para detenerle.
Fuente: Europa Press
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Paz tomó decisiones “impopulares, pero necesarias” para sacar a Bolivia de la crisis
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró el jueves que su gobierno de centroderecha comenzó a sacar el país de su peor crisis económica en cuatro décadas, en su primer discurso a la nación tras su asunción hace nueve meses. Paz asumió el poder el 8 de noviembre tras 20 años de gobiernos de izquierda, encabezados primero por Evo Morales (2006-2019) y luego por Luis Arce (2020-2025).
“Nos dejaron una patria arrasada y moribunda”, afirmó el mandatario, quien acusó a sus predecesores de haber llevado a Bolivia a una situación en la que “apenas podía respirar”. Paz pronunció su discurso en Sucre, capital constitucional de Bolivia, con motivo del 201 aniversario de la independencia del país.
Aseguró que se tomaron decisiones “impopulares”, pero “necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y sacrificar nuestro futuro”, dijo. Su gobierno enfrentó su mayor desafío entre mayo y junio, cuando varias ciudades sufrieron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos por bloqueos de rutas contra el Ejecutivo.
El gobierno acusa a Morales de haber orquestado esos bloqueos. El expresidente es objeto de una orden de aprehensión por su presunto papel en esas manifestaciones. “Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo”, afirmó Paz.
El mandatario destacó el regreso de la confianza de los mercados, las reformas emprendidas y la apertura diplomática del país andino. También elogió los resultados de su gobierno en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, al resaltar la expulsión de “17 jefes de las organizaciones criminales que vivían en Bolivia con protección y absoluta impunidad”, entre ellos, el buscado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Fuente: AFP.
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Bolivia: acusan a Evo Morales de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas
El expresidente boliviano Evo Morales rechazó ayer jueves una denuncia penal presentada por grupos de derecha que lo acusan de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas contra el gobierno que desabastecieron a varias ciudades de Bolivia recientemente. En mayo y junio, Bolivia registró durante siete semanas protestas callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.
La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles por los cortes. El presidente Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción. El comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado de empresarios y líderes civiles de derecha, presentó el miércoles ante la fiscalía una denuncia contra Morales, el dirigente obrero Mario Argollo y el indígena Vicente Salazar por el daño económico que causaron los cortes al país.
El abogado de los denunciantes, Diego Coimbra, declaró a periodistas que el recurso también pide la captura de Morales y los dos dirigentes por “riesgo de fuga y obstaculización” de las investigaciones.
El periódico boliviano El Deber afirma que la fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia y abrió una investigación contra Morales y los dos dirigentes, pero el organismo no lo confirmó oficialmente.
“Procesos ha habido tantos... y les he ganado a todos”, dijo Morales ayer jueves en rueda de prensa tras conocerse la denuncia.
El expresidente se encuentra desde fines de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, fugitivo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor, que él denuncia como persecución.
Para el sindicalista cocalero, el grupo que presentó este recurso no tiene “ninguna autoridad para hablar de bloqueos” porque ellos mismos han sido “promotores” de cortes de rutas, como en 2019, afirma, cuando impulsaron su renuncia tras las elecciones en las que fue acusado de fraude.
El gobierno de Paz ha culpado a Morales por las protestas sociales y lo acusó de financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin presentar pruebas. Su gobierno ha dicho que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, sin fijar una fecha.
Fuente: AFP.
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El Chapare, la región cocalera donde se esconde el prófugo Evo Morales
A metros de un regimiento militar donde soldados montan guardia, decenas de cocaleros acampan en protesta pese a que rige un estado de excepción que lo prohíbe: en el Chapare boliviano, los movimientos sociales le disputan el control territorial al gobierno. En esta región selvática y pobre del centro de Bolivia se refugia el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y protegido por pobladores que desde hace semanas conforman el núcleo más duro de manifestaciones contra el actual mandatario de derecha Rodrigo Paz.
El izquierdista Morales anunció la última semana de junio una tregua en los cortes de rutas que desabastecieron de alimentos y combustibles por casi dos meses a ciudades bolivianas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas. Pero los manifestantes permanecen en vigilia a la vera de las precarias carreteras del Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare y de unos 260.000 habitantes, listos para volver a la acción.
Protegidos del sol bajo toldos de lona y provistos de montañas de piedras para frenar el tránsito, estos trabajadores de la hoja de coca -principal motor productivo de la región- muestran carteles exigiendo la renuncia de Paz y reciben aliento de vecinos de la zona. “La lucha sigue hasta que se vaya este maldito gobierno”, dice a la AFP Rosalía Vilca, de 39 años, mientras vende el plato típico “salchipapa” en la plaza del municipio de Shinahota.
“Que Paz venga si es machito, aquí nos vamos a alzar para cuidar al Evito porque con él hemos vivido 14 años de felicidad”, agrega, frente a una amenaza del gobierno de intervenir en el Chapare para capturar al exmandatario (2006-2019).
Sobre Morales, exsindicalista cocalero y primer presidente indígena de Bolivia, pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de menor, que él denuncia como persecución. La Fiscalía lo acusa por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.
“La vida por Evo”
La coca es omnipresente en el Chapare, desde cultivos en comunidades rurales de acceso vedado para extraños hasta tramos de rutas ocupados para el secado artesanal de la cosecha al sol. La planta es la materia prima de la cocaína. Más del 90 % de lo que se produce en la región no pasa por el mercado autorizado, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, aunque no necesariamente todo va al narcotráfico.
Los pobladores defienden su producción para usos heredados de costumbres milenarias de pueblos indígenas, como el “chasqueo”: mascado de coca para mitigar el cansancio, hambre y frío.
“En las ciudades dicen que los chapareños somos narcotraficantes, pero no es así: aquí trabajamos y también sufrimos los bloqueos, aunque son por una causa justa”, dice Zulma Torres, de 42 años y trabajadora de la terminal de buses de Shinahota.
“En el Chapare estamos dispuestos a dar la vida por Evo”, advierte, ante acusaciones no probadas de Paz acerca de que Morales recibiría financiamiento del narcotráfico.
El exmandatario tiene su base de operaciones políticas en Lauca Eñe, un poblado de 900 habitantes dentro de Shinahota donde está la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estructura sindical de los cocaleros.
Sin policías a la vista, a Lauca sólo se puede ingresar con custodia de los asesores de Morales, tras atravesar una barricada de madera y paja con torres de vigilancia y hombres pertrechados con lanzas, escudos de chapa de barril y ‘walkie-talkies’.
En las calles del poblado, familias enteras acampan desde hace meses a la intemperie como escudo humano para el expresidente.
Se alimentan en ollas populares, mezclan el quechua con el español y se turnan para montar guardia en puntos de control.
“No me voy a rendir, el que negocia su sobrevivencia no es digno”, dijo el martes Morales en una entrevista con la AFP.
“Somos discriminados”
En las rutas del Chapare, tiendas improvisadas venden bidones de gasolina a valores exagerados: un mercado ilegal favorecido por una escasez de combustibles que afecta a Bolivia desde antes de los bloqueos. “Somos discriminados por el gobierno central, no nos quiere para nada y la gasolina ya ni entra al Trópico: compramos en la calle a precio alto y estamos jodidos”, dice Nicolás García, un chofer de 52 años.
En los últimos días, los chapareños también sufrieron apagones eléctricos que Morales atribuyó a una supuesta represalia del gobierno. “Así sólo van a convulsionar más al pueblo boliviano, provocan enfrentamientos”, dice Mario Flores, de 51 años, verdulero de Shinahota. “Le achacan al Evo que financia los bloqueos, pero aunque seamos campesinos y no hayamos estudiado, sabemos que el gobierno tiene la culpa”, lanzó.
Fuente: AFP.