El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró este jueves que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es “una organización criminal”.

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay un periodista le preguntó además por información de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los cárteles de la droga.

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Rubio no lo negó. “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, contestó.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades”, añadió.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos y aseguró que “el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)” de Estados Unidos.

“Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe (...) que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano”, añadió Cabello en una rueda de prensa.

La semana pasada medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

“Esos grupos serán confrontados”, afirmó Rubio sin especificar cómo. Según él, algunos “utilizan el espacio aéreo” para “transportar veneno a Estados Unidos”.

“Es un tema muy serio, tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no”, apuntó.

Días después de que Washington subiera a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro, Rubio dijo que el gobierno del presidente venezolano no es “legítimo”.

“Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana”, estimó el secretario de Estado.

La víspera, la secretaría de Justicia y la fiscal general Pam Bondi también habían vuelto a cargar contra Maduro.

“Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas”, declaró en una entrevista con Fox Noticias.

“También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países ya Estados Unidos”, añadió.

En un comunicado publicado este jueves el gobierno de Guatemala afirma que “no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales”.

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“Rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi”, afirmó la cancillería, recordando que Guatemala no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro.

En la red social X, la cancillería de Honduras calificó de “falsa” la declaración de Bondi.

Fuente: AFP

El senador opositor mexicano Alejandro Moreno presentó ayer lunes ante la Fiscalía General de México una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con narcos mexicanos y con el crimen organizado. El político, líder del exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó en la red social X el documento de acusación, aunque no aportó pruebas ni detalles de la denuncia.

Maduro “debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos”, escribió Moreno. Además, insinuó que el mandatario venezolano estaría ligado en presuntas actividades ilícitas con miembros del partido en el poder en México, el izquierdista Morena.

El documento muestra el sello de recibido de la Fiscalía, lo que sin embargo no significa necesariamente que le dé trámite o inicie una investigación. Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado y miembro de Morena, criticó la denuncia del opositor, al que señaló de “morderse la lengua”, en referencia a las acusaciones contra el senador.

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Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero para ser juzgado por el presunto desvío de unos 85 millones de pesos (4,5 millones de dólares) durante su gobierno en el estado de Campeche (2015-2019).

El PRI, que gobernó el país por siete décadas, sufrió fuertes descalabros en las elecciones generales de 2018 y 2024, y quedó relegado a la quinta fuerza política. Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y el pasado jueves la fiscal general de ese país anunció que duplicaba de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Fuente: AFP.

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El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, informó la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

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Estados Unidos considera fraudulentas las reelecciones de Maduro desde 2018.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.

La administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista, acusado de “narcotráfico” y “corrupción”.

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como “presidente legítimo” de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

En julio el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, muy crítico con Maduro, anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2019 Trump reconoció al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, “presidente interino” de Venezuela e impuso una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída de Maduro.

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La propia oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno interino de Guaidó en enero de 2023.

Fuente: AFP

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció nuevas medidas para proteger los haberes de los jubilados y pensionados, en el marco de una investigación del Congreso Nacional sobre posibles abusos con pagarés y descuentos excesivos.

El titular de la Gerencia General del MEF. Horacio Codas, explicó en conferencia de prensa, que se estableció una nueva reglamentación para los descuentos convencionales, que son aquellos que requieren autorización del beneficiario y se aplican en acuerdos con cooperativas o entidades financieras.

Desde ahora, los jubilados que opten por una protección adicional podrán solicitar que no se les descuente más del 50 % de sus haberes, con el objetivo de evitar sobre endeudamientos. Esta medida no afecta a los descuentos legales ni judiciales que seguirán operando como hasta ahora.

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Otra medida clave es que, si un jubilado solicita la suspensión de un descuento convencional, no podrá volver a habilitarlo por al menos seis meses. Esto se estableció para dar un respiro financiero y evitar que vuelvan a endeudarse sin analizar su situación. Además, se busca garantizar que los beneficiarios tengan información clara sobre los montos que se les descuentan y los servicios contratados.

Actualmente, el 75 % de los 77.767 jubilados y pensionados tiene algún tipo de descuento en sus haberes. Un 10,6 % está sobreendeudado, es decir, tiene descuentos que superan el 50 % de su jubilación. En tanto, el 4,4 % está embargado. Este año, hasta julio, ya se registraron 6.855 solicitudes de cese de descuentos, lo que representa un aumento preocupante respecto a años anteriores.

Desde la Dirección de Jubilaciones y Pensiones destacaron que el derecho al cese de descuentos siempre estuvo disponible, pero que en los últimos meses se dispararon las solicitudes. En enero se registraron 580 pedidos de cese, y en junio y julio se superaron los 1.200 mensuales.

El MEF sostiene que estas acciones buscan dar tranquilidad a los jubilados, asegurar su capacidad de pago y evitar prácticas abusivas por parte de terceros. Las nuevas reglas ya están en vigencia y apuntan a una gestión más transparente, con procedimientos ágiles y trazables para ejercer estos derechos.

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