Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Comisaría 5ª de Hernandarias reportó la detención de Marlon Moisés Álvarez Saldívar (25), contra quien existía una orden de captura y con declaración de rebeldía, por un hecho de robo agravado y otros. La privación de libertad se produjo hoy en el predio del Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, donde se presentó el joven.

Está procesado en la causa abierta contra los supuestos autores por un hecho de robo agravado a una enfermera del Hospital Distrital de Hernandarias, licenciada Miguela Zoraida Galeano, ocurrido en agosto de 2025, en el barrio Las América (Área 6) de la misma ciudad.

En esa ocasión, la enfermera fue tomada por asalto por los dos hombres y como dijo que no tenía dinero consigo, fue llevada a la fuerza en su propio vehículo hasta un cajero automático para cumplir con la exigencia de sus victimarios, pero al llegar al sitio pidió auxilio y eso hizo que sus captores huyeran.

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Los delincuentes huyeron en el vehículo de la enfermera que luego abandonaron en otro lugar y recuperado. El dinero que pedían eran solo 200 mil guaraníes, aparentemente para compra de tocos de droga.

Horas después del hecho fueron detenidos Alexis Javier Urbina Bareiro (30) y Marlon Moisés Álvarez Saldívar como supuestos autores del atraco. En el caso de Álvarez, recuperó su libertad mediante medidas alternativas. La nueva orden de captura había sido dictada el 21 de mayo de 2026 por el Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, firmada por la actuaria judicial Sonia Sánchez López.

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La presidenta encargada de Venezuela anunció el martes la creación de una comisión de “reestructuración” del gobierno para adaptarlo a una “nueva realidad política” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Antes vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió las riendas del país después que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario izquierdista en una operación militar en enero.

Desde entonces, Rodríguez ha cambiado la mitad del gabinete que heredó de Maduro, así como a todos los integrantes del alto mando militar ya gran parte de los comandantes regionales del ejército.

La presidenta encargada designó el martes a Héctor Rodríguez, ministro de Educación y figura del chavismo, como comisionado para “la reestructuración y reingeniería del gobierno”.

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La comisión se crea para lograr “una nueva estructura del gobierno adaptada a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace”, dijo Rodríguez durante una reunión del consejo de ministros en el palacio presidencial de Miraflores.

Debe presentar resultados en “un lapso de 90 días”, precisó la mandataria durante la alocución televisada.

Además, comisionó a Anabel Pereira, ministra de Economía, para la “gestión eficiente” del gobierno. “El basamento administrativo financiero es fundamental para una gestión eficiente”, dijo Rodríguez, sin dar mayores detalles.

La mandataria gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a carga del país caribeño. Rodríguez ha profundizado cambios gubernamentales como la eliminación de varios programas sociales del chavismo.

Asimismo, impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo global a inversores extranjeros.

• Fuente: AFP

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes del Departamento contra el Tráfico de Armas aprehendieron a un hombre en cuyo poder fueron halladas tres armas de fuego y 181 cartuchos sin percutir de distintos calibres. Se trata del comerciante Heriberto Espínola Coronel (40), sin antecedente policial. Fue ayer a las 11:30 sobre la calle Bernardino Caballero y el Corredor Metropolitano del Este, del barrio Tres Fronteras de Presidente Franco.

Una de las armas de fuego incautadas es del tipo carabina, de la marca “Mahely”, procedencia argentina, modelo M-45 calibre 22 con su respectivo cargador, equipado con una mira telescópica. La otra es un arma tipo pistola de la marca Kimber, modelo Stainless II de procedencia Yonkers NY USA, calibre 45 de color antimonio con carcha negra, con su respectivo cargador. La tercera es un arma tipo pistola, calibre 9 x 19 mm, marca Bersa, modelo Thunder 9, color negro, de procedencia argentina, sin número de serie, con su respectivo cargador.

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Las municiones encontradas son las siguientes: una caja de cartuchos de la marca Stopping Power, industria argentina con 20 unidades sin percutir, de calibre 45 y una caja de cartucho de la marca FM Fabricaciones Militares, calibre 9 x19 mm, procedencia argentina con 50 cartuchos sin percutir.

También una caja de cartuchos calibre 22 de la marca Golden Eagle con 25 unidades sin percutir; 20 cartuchos de calibre 45 sin percutir; 30 cartuchos de 9 x 19mm y 11 cartuchos de calibre 22 sin percutir suelto en la bolsa.

La lista de elementos incautados incluye un cinturón de color negro, con dos fundas para pistola de color negro y un aparato celular de la marca Redmi, color azul. El hecho fue comunicado a la Fiscalía y el detenido fue remitido a la Dirección de Policía.

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Los reclusos eran “torturados y golpeados”. María Eugenia Durán denuncia los tratos despiadados que, según le contó su esposo, recibían los presos de una cárcel del oeste de Venezuela antes de amotinarse el domingo. La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más tortura”, según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas. Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos “fueron torturados, golpeados”. Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

“Queremos un listado de nuestros familiares” trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso. El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión. Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP. La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de “golpizas y torturas”. Además de que “presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”, añadió la organización.

“Ese hombre era el diablo”, dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar. El penal “había sido tranquilo”, pero “cambió cuando llegó el director”, contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. “Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está”, lamenta. Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo. “¿Adónde van?”, gritaban familiares apiñados en una entrada. “¡Al Rodeo!”, respondían los presos. El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

“Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares”, se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. “No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos”, pide. El observatorio dijo en X que estos traslados “terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal”.

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la “situación de protesta”. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar “la integridad física” de los reclusos y “escuchar sus demandas”, indicó un comunicado del ombudsman. Las autoridades prometieron a familiares instalar una “mesa técnica” para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades. En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia. Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

Fuente: AFP.